Debate sobre la reducción de la edad de responsabilidad penal en Chile

Dra. María Lorena Rossel, académica investigadora Carrera Derecho UDLA Sede Viña del Mar

Recientes casos sobre la participación de menores en hechos delictivos han reavivado el debate sobre la edad mínima de responsabilidad penal establecida en Chile.

La Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, señala que los menores de 14 años no son penalmente responsables, aunque pueden recibir medidas de protección. En cambio, desde los 14 hasta los 18 años, son responsables penalmente bajo un régimen especial con sanciones diferenciadas, priorizando la rehabilitación y reinserción social.

En la experiencia comparada, la edad de imputabilidad varía: en algunos estados de EE.UU. es de 7 años, en Canadá 12 y en España 14, pero estos países complementan su sistema con programas de educación, formación laboral y apoyo terapéutico. La mayoría busca un equilibrio entre responsabilidad y reinserción social, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, que prioriza la rehabilitación sobre el castigo.

Diversos estudios han demostrado lo perjudicial que puede ser rebajar la edad de imputabilidad penal adolescente, sin adoptar las estrategias señaladas, lo que también podría ser visto como un retroceso en la protección infantil. Del mismo modo, la evidencia en neurociencia sugiere que los niños menores de 14 años aún no han desarrollado completamente su capacidad de comprender las consecuencias de sus actos, controlar impulsos o resistir presiones externas (como de grupos delictivos). Al no poseer un desarrollo moral y cognitivo maduro, responsabilizarlos penalmente como adultos puede ser ineficaz y perjudicial para su desarrollo.

A su vez, la criminalización temprana puede generar estigmatización y aumentar las probabilidades de reincidencia en lugar de reducirlas. Si el sistema no está bien diseñado, los niños pueden ser internados con jóvenes o adultos con antecedentes criminales, exponiéndolos a influencias negativas y empeorando su comportamiento.

En muchos casos, los menores de edad que cometen delitos provienen de entornos de vulnerabilidad social. Sin políticas preventivas, se corre el riesgo de castigarlos por situaciones que son consecuencia de la exclusión social y la falta de oportunidades.

Un niño que ingresa al sistema penal puede quedar con antecedentes que afecten su acceso a educación, empleo y reinserción social. A su vez, puede generar ruptura de lazos familiares y mayor exclusión social, en lugar de facilitar la rehabilitación en un entorno protector.

Las experiencias internacionales sugieren que el enfoque debería estar en programas de intervención temprana, educación y apoyo psicosocial para prevenir la delincuencia juvenil. Criminalizarlos podría generar más problemas a largo plazo que soluciones efectivas.