La Fiscalía de Valparaíso obtuvo una condena en contra de Alexis Tamayo Martínez (24 años), acusado de protagonizar un grave incidente armado en las afueras del Colegio Murialdo, en el Cerro Larraín, el 12 de abril de 2022. El hecho, que se originó tras una discusión entre conductores, terminó con una persona herida de gravedad y una víctima fatal.
El fiscal Hernán Martínez, a cargo del caso, relató durante el juicio que las víctimas viajaban en un vehículo cuando, al detenerse en calle Providencia, fueron interceptadas por Tamayo, quien golpeó el automóvil con un objeto contundente, quebrando el parabrisas y otros vidrios. Las víctimas huyeron del lugar, pero fueron seguidas por el acusado en otro vehículo.
“Con el ánimo de matar y premunido de un arma de fuego del tipo pistola, comenzó a disparar en contra de las víctimas desde su vehículo, efectuando al menos tres disparos”, explicó el fiscal en audiencia. Uno de los impactos hirió de gravedad a una mujer que viajaba en el vehículo.
El tiroteo se produjo a metros del establecimiento educacional, en un horario donde transitaban apoderados y estudiantes. “Los hechos probados son graves porque pusieron en riesgo a un número importante de personas. No sólo a las víctimas, sino también a quienes estaban cerca del colegio”, señaló el fiscal Martínez en sus alegatos de clausura.
La Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales, materiales y documentales, incluyendo videos del incidente que circularon en redes sociales.
El Tribunal Oral en Lo Penal de Valparaíso, integrado por las juezas Maureen Patricia Darrouy Palacios (presidenta), Valeria Elena Echeverría Vega y el juez suplente Sebastián Alfonso Báez Hernández, condenó a Tamayo Martínez por tres delitos:
541 días de presidio menor en su grado medio por homicidio frustrado.
61 días de presidio menor en su grado mínimo por otro homicidio tentado.
3 años y un día de presidio menor en su grado máximo por porte ilegal de arma de fuego.
Multa de 11 UTM por el delito de daños.
A pesar de la gravedad de los hechos, el Tribunal resolvió sustituir la pena privativa de libertad por libertad vigilada intensiva por un total de 1.697 días.
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