El escándalo por el uso irregular de licencias médicas en el sector público, que estalló tras un informe de la Contraloría General de la República, podría dar un giro inesperado. Un reciente y poco conocido fallo de la Corte de Apelaciones de Talca abrió una puerta de escape para miles de funcionarios sumariados por viajar al extranjero o realizar actividades incompatibles con su reposo médico.
Según el informe del ente fiscalizador, se detectaron 25.078 licencias médicas utilizadas de forma irregular y se abrieron más de 6.500 sumarios administrativos a funcionarios públicos de todo el país. Diversos servicios anunciaron medidas drásticas, incluyendo despidos.
Incluso el presidente Gabriel Boric, señaló el medio El Dínamo, respaldó públicamente la línea dura durante la Cuenta Pública 2025: “Toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia médica, debe asumir su responsabilidad y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si renuncia. La sanción que corresponde a una falta grave a la probidad, es la destitución del cargo”.
Sin embargo, el panorama podría cambiar drásticamente tras el fallo favorable a una funcionaria del Hospital de Talca que fue desvinculada luego de que un sumario interno determinara que había trabajado en su emprendimiento durante un periodo de licencia médica.
Pese a que la Contraloría respaldó la medida aplicada por el hospital, la Corte de Apelaciones de Talca consideró que la sanción no era válida, señalando que la única entidad facultada para pronunciarse sobre el uso indebido de licencias médicas es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).
Esta interpretación jurídica podría ser invocada por cientos —o miles— de funcionarios públicos para revertir sanciones similares y dejar sin efecto los procesos disciplinarios impulsados por los servicios afectados.
La sentencia ha encendido las alarmas en distintos organismos del Estado, ya que pone en cuestión no solo la validez de las desvinculaciones, sino también los fundamentos legales de los sumarios en curso.
El escenario abre un nuevo debate sobre los límites de las atribuciones institucionales en materia disciplinaria y la necesidad de reforzar la coordinación con organismos como la COMPIN antes de aplicar sanciones de alto impacto.
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