Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de Derecho UNAB, Sede Viña del Mar.
En un país donde el acceso a una educación de calidad para todos los niños y niñas debería ser una prioridad inquebrantable, nos encontramos con una triste realidad que desmiente las promesas políticas. Resulta paradójico observar cómo, en el gobierno de dirigentes que han surgido enarbolando precisamente este derecho fundamental, existen casos graves y dramáticos de estudiantes a los que se les niega este derecho básico bajo la excusa de la falta de cupo.
Las respuestas que reciben los padres y los niños por parte de las autoridades son, en el mejor de los casos, burdas. Si bien, hay un sistema de educación privada, la gran mayoría de familias no puede acceder a él, por lo que existe un sistema público a cargo del Estado, que no solo tiene por objeto garantizar el acceso al sistema educativo, sino que asegurar que las familias cumplan el estándar de obligatoriedad de la educación impuesto por la propia Constitución. De esta forma, se les traslada a las familias una responsabilidad que es inherente al Estado y a sus organismos. La incapacidad e incluso la indolencia de las autoridades para resolver esta situación ponen en evidencia una desidia preocupante.
Ante este escenario desolador, los padres se han visto obligados a recurrir a la justicia para garantizar que sus hijos tengan acceso al sistema educativo. Este proceso no solo resulta tedioso y desgastante, sino que además implica una pérdida de semanas valiosas de formación para los niños, tiempo que no puede ser recuperado.
Un ejemplo reciente de esta problemática se evidenció el 15 de abril de 2024, más de un mes después del inicio del año escolar, cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta conoció un recurso de protección a favor de tres niños (Rol 242-2024). La sentencia ordenó a la SEREMI de Educación respectiva generar las matrículas para estos niños que habían sido excluidos injustamente del sistema educativo.
La Corte de Antofagasta argumentó que, habiéndose realizado la postulación por los canales oficiales dispuestos por la autoridad educacional, a la fecha del fallo aún no existía certeza respecto a la continuidad de los estudios de estos niños, lo que pone de manifiesto una violación flagrante al derecho a la igualdad ante la ley, ya que el acceso a la educación debe garantizarse en igualdad de condiciones para todos los niños, sin importar su origen socioeconómico o cualquier otro factor.
Finalmente, consideramos que resulta imperativo que las autoridades reconozcan esta problemática y tomen medidas concretas para asegurar que todos los niños y niñas de Chile puedan ejercer su derecho a una educación de calidad. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de una paradoja lamentable, donde las palabras grandilocuentes de la política chocan violentamente con la realidad cotidiana de aquellos que más necesitan protección y apoyo.
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