Karina Saavedra Lyng, académica de Derecho Penal, Escuela de Derecho, UNAB Sede Viña del Mar.
Es evidente y así lo reflejan los números que estamos viviendo una crisis de seguridad y una sensación de miedo invade a la sociedad, sin embargo, me parece que el gobierno ha “recogido el guante” y está tomando acciones. Pero para recuperar la sensación de seguridad se requiere un trabajo en conjunto.
El aumento de las penas como castigo a los delitos o el aumento de la prisión preventiva y llenar las cárceles no son la salida a la disminución de la criminalidad y eso hay que entenderlo. El derecho penal no tiene esa finalidad, debe ser siempre la última razón y no la primera.
Ahora en cuanto a las medidas que se podrían adoptar sería aumentar la presencia policial (que las policías dejen de hacer labores administrativas y salgan a las calles, por ejemplo); mejorar los sistemas de inteligencia de las policías; crear puentes de coordinación entre los gobiernos regionales, municipios, las policías y ministerio público; generar y mejorar políticas públicas de intervención en niños, niñas y adolescentes infractores de ley, lo mismo respecto a personas con consumo problemático; generar verdaderas políticas públicas que aseguren la permanencia escolar y de incentivo del deporte, que es una gran herramienta para romper el círculo de la delincuencia de menores que se encuentren en riesgo social.
Nunca la salida será la autotutela y militarizar o decretar estados de excepción. Me ha llamado la atención que ciertos municipios decreten alerta o emergencia comunal por seguridad, ¿qué sentido tiene eso?, ya el Contralor General de la República ha dicho que no tiene efecto alguno.
A mi juicio esos anuncios y los de crear “batallones de seguridad” sólo generan más inseguridad, miedo y me parece tener más bien fines electorales.