El martes 21 de marzo alrededor de 15 establecimientos educacionales y un par de universidades ubicadas en Playa Ancha (Valparaíso) decidieron suspender sus clases como medida de protección a sus comunidades ante los riesgos que implicaba el desarrollo de un funeral de una persona vinculada a las mafias de narcotraficantes que están presente en Valparaíso y otras ciudades de Chile.
El gran tema de discusión que se produjo luego de este episodio no fue la ocurrencia y preocupante normalización de este tipo de hechos en Chile (lo que demuestra como el Estado se encuentra cada vez más paralizado para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia) sino que la procedencia o no de la suspensión de clases por parte de las autoridades de los colegios y universidades. En este orden de cosas, el Subsecretario Monsalve declaró enfáticamente que esta suspensión “no fue una buena decisión” ya que se trataba de un “funeral de mediano riesgo”. Tras los dichos de Monsalve es necesario plantearse legítimas dudas respecto de la actuación del Gobierno frente a un evento del que se tenían suficientes antecedentes para coordinar adecuadamente los pasos a seguir en materia de seguridad y desarrollo de las actividades estudiantiles (balaceras, fuegos artificiales, un recorrido del cortejo conocido públicamente, etc.). ¿Estaban en conocimiento las autoridades de los planteles educativos que se trataba de un funeral de “mediano riesgo” ?, ¿se les hizo llegar esta información que claramente manejaba el Subsecretario? Por otro lado, también es válido preguntarse: ¿los directores de colegios están facultados para determinar si un funeral narco es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo, para de esta forma tomar una, parafraseando al Subsecretario Monsalve, “buena decisión”?
Lo acontecido el martes en Valparaíso evidencia la incapacidad del Gobierno (y del Estado en general) de cumplir adecuadamente su rol de dar protección a la población, falta de coordinación entre sus personeros y lo que es más grave, una especie de resignación frente al avance de la delincuencia y el crimen organizado (la calificación de la suspensión de clases como una medida viable por parte del Ministro de Educación, las declaraciones de Monsalve indicando la “mediana gravedad” del funeral narco así lo demuestran). También, se vuelve a evidenciar una práctica muy arraigada en la actual Administración: externalizar las responsabilidades evitando cualquier autocrítica por sus deficiencias e incapacidades.
Es muy preocupante pensar en el futuro de Chile cuando al parecer día a día vamos involucionando en nuestro desarrollo y en donde, en diversos escenarios y contextos, los límites de lo permitido y lo prohibido ya no lo coloca el derecho sino grupos violentos que actúan al margen de la ley, con la tolerancia del Estado y de quienes nos deben proteger.
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