Si pensamos que el patrimonio cultural, tal como lo señala Mead (1993), se remite a las posesiones culturales transmitidas de generación en generación, existe la necesidad imperiosa de poner en el centro los actos de transmisión intergeneracional, reconociendo que es en este proceso colectivo donde nos jugamos la protección y gestión de nuestros recursos culturales.
Si comprendemos que el patrimonio es nuestra herencia y que es allí donde se disputa la construcción de nuestra identidad y sentido de pertenencia, resulta relevante que se reconozca como un derecho, para el pleno goce de la dignidad humana.
Su conservación nos permitirá entender la historia, las formas de vida en los diversos territorios, así como desarrollar políticas que incorporen la diversidad cultural y el reconocimiento de las múltiples identidades culturales, étnica y políticas que conviven en los diversos territorios.
Hoy, más que nunca, debemos repensar la forma en que nos vinculamos con el patrimonio, dado que proteger el derecho a la cultura trasciende a la idea del deber, del no destruir, sino que nos obliga a ser partícipes de forma colectiva en el levantamiento de nuevas políticas de gestión patrimonial, teniendo presente la descentralización, el desarrollo desde lo local, donde las comunidades se transforman en actores relevantes en la conservación del patrimonio material e inmaterial, pero también velando por que cada habitante de nuestro territorio pueda acceder al ejercicio pleno de este derecho.
Rosa Villarroel Valdés
Directora Trabajo Social U. Andrés Bello, sede Viña del Mar