Puntos Clave de la Noticia:

• Karla Rubilar cuestionó la eliminación del programa escolar en redes sociales.
• Exigió al Gobierno transparentar los antecedentes técnicos que justifican la medida.
• Advirtió que eliminar el beneficio sin una alternativa incrementa la brecha digital.

A través de su cuenta en la red social X (@karlaenaccion), la ex ministra de Desarrollo Social y Familia cuestionó la decisión de terminar con el beneficio y emplazó al Gobierno a transparentar los antecedentes técnicos que la justificarían.

Rubilar apuntó además a una eventual contradicción con el compromiso de campaña de no reducir beneficios sociales y advirtió que eliminar el programa sin una alternativa para enfrentar la brecha digital sería “retroceder”.

La discusión por el futuro de “Yo Elijo Mi PC” escaló desde el terreno presupuestario hacia una controversia política. Porque la ex ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, cuestionó públicamente al Gobierno del presidente José Antonio Kast – a través de su cuenta en X – por la eliminación del programa y puso en duda que los antecedentes técnicos conocidos hasta ahora sean suficientes para respaldar una decisión de esa magnitud.

Su crítica apunta directamente a uno de los flancos políticamente más sensibles para el Ejecutivo: la coherencia entre sus decisiones actuales y los compromisos asumidos durante la campaña presidencial.

“La promesa de campaña fue clara: NO se recortarían beneficios sociales. Por eso, no puede incomodar que le pidamos al Presidente @joseantoniokast que cumpla su palabra. La única lealtad posible frente a esto es con Chile.

En tiempos difíciles, la protección social importa más que nunca. Espero que el Congreso revierta estos retrocesos”. #YoElijoMiPC #LiceosBicentenarios #Melitrén #GORE #Cultura (https://x.com/karlaenaccion/status/2106545510232260982?s=46), escribió Rubilar.

El emplazamiento introduce además una crítica política hacia el interior del propio sector oficialista: para la exministra, respaldar al Gobierno no debería implicar guardar silencio frente a decisiones que, a su juicio, afectan instrumentos de protección social (https://x.com/karlaenaccion/status/2106705151343898685?s=46)

Gobierno de Kast, pérdida de confianza y lealtades malentendidas

Más que defender que el programa sea intocable, la exministra busca obligar al Ejecutivo a responder una interrogante concreta: ¿Qué evaluación técnica reciente justifica ponerle término?

“Si existe una evaluación técnica reciente que se transparente y justifique. Corregir un programa es GESTIÓN. ELIMINARLO sin una alternativa que cierre la brecha digital es RETROCEDER”, señaló en su cuenta de X.

Para Rubilar este punto no es menor políticamente, ya que una cosa es modificar una política pública que presenta problemas de diseño, focalización o gestión; otra distinta es eliminarla sin demostrar que dejó de cumplir su objetivo o sin presentar una política alternativa que atienda a sus beneficiarios.

Los antecedentes correspondientes al desempeño del programa durante 2025 agregan presión a esa discusión. En la dimensión de focalización, se señala que existen criterios claros y objetivos para seleccionar a los beneficiarios. En materia de eficiencia, el programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de los rangos esperados y no registra persistencia de subejecución presupuestaria.

Asimismo, el gasto por beneficiario aparece dentro del rango esperado en comparación con los dos años anteriores, mientras que el gasto administrativo es descrito como correctamente estimado y por debajo o igual al 20% del presupuesto ejecutado.

Estos indicadores no permiten concluir por sí solos que el programa carezca de problemas ni descartan que puedan existir otros antecedentes que sustenten cambios. Sí refuerzan, sin embargo, la exigencia planteada por Rubilar de que el Gobierno explique públicamente por qué se optaría por eliminarlo en vez de corregirlo.

Rubilar también trasladó la presión al Congreso y llamó a los parlamentarios a intervenir durante la discusión de los recursos públicos.

“En tiempos difíciles, la protección social importa más que nunca. Espero que el Congreso revierta estos retrocesos”, declaró.

Y elevó aún más el tono frente a las críticas que ha recibido por cuestionar al Gobierno de Kast, afirmando que “y aunque nos critiquen, no nos vamos a quedar callados. Lealtades malentendidas tienen a este gobierno perdiendo la confianza ciudadana”, concluyó la ex Secretaria de Estado.

Las tres asociaciones de municipalidades (ACHM, AMUCH y AMUR) llegaron a “La Moneda Chica” para poner a disposición del futuro gobierno el trabajo técnico de los municipios para la implementación de la Ley de Seguridad municipal, realizar cambios a los SLEP y revisar recursos de los gobiernos locales.

En una reunión inédita realizada en “La Moneda Chica”, el Presidente electo, José Antonio Kast recibió hoy al alcalde Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), quien encabezó una delegación de alcaldes para sostener su primera reunión de trabajo con el nuevo Mandatario.

El objetivo del encuentro fue establecer las urgencias del municipalismo para el próximo periodo de gobierno, poniendo énfasis en la crisis de seguridad, la falencia en la educación pública, recursos para los gobiernos locales y la recuperación de la confianza ciudadana.

El encuentro marca un punto de inflexión en la relación entre el poder central y el local. Por primera vez, los alcaldes presentaron una agenda unificada de “Urgencias de Estado”, advirtiendo que la crisis de seguridad y la gestión pública requieren soluciones técnicas inmediatas y no experimentos ideológicos.

En dicho contexto, Gustavo Alessandri, valoró el gesto y la disposición del Mandatario electo para trabajar de manera conjunta. “Hemos venido a saludar al Presidente electo y a ofrecerle nuestra total colaboración. Los municipios somos la puerta de entrada del Estado con los vecinos y queremos que a este gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien a nuestros vecinos y vecinas”.

El presidente de la ACHM enfatizó el rol preventivo de los municipios y anunció una colaboración técnica inmediata para los primeros días del nuevo mandato en materia de Seguridad.

“La seguridad se construye desde y con los gobiernos locales. Valoramos esta reunión y seremos los más estrechos colaboradores del gobierno para fortalecer la prevención y erradicar a los narcotraficantes de los barrios. El 11 de marzo entregaremos al nuevo ministro de Seguridad Ciudadana nuestra propuesta de reglamento para que la Ley de Seguridad Municipal pueda estar operativa lo antes posible”, señaló Alessandri.

Otro de los puntos críticos abordados en el encuentro fue la crisis en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Los alcaldes solicitaron una auditoría exhaustiva y detener el traspaso de colegios hasta corregir las fallas estructurales.

“Pedimos al Presidente Kast que paralice la expansión de los SLEP porque a 7 años de su implementación vemos que tienen graves fallas y sólo perjudican a los estudiantes. Tampoco queremos que se transformen en una bolsa de trabajo para quienes hoy les toca dejar sus cargos en el gobierno. Saquemos la ideología y los operadores políticos de los SLEP, necesitamos expertos en educación para esos espacios”, enfatizó el líder de los alcaldes.

Haciéndose cargo de la crisis de confianza que atraviesa el país, las asociaciones se comprometieron a liderar una agenda de probidad proactiva. Reconociendo que existe una crisis de legitimidad institucional, los alcaldes aseguraron que elevarán los estándares de rendición de cuentas para garantizar a la ciudadanía que cada peso municipal se gasta con eficiencia y transparencia.

Durante el encuentro también se habló sobre las trabas legislativas y financieras que asfixian a las comunas. En la minuta entregada a Kast, los alcaldes denunciaron la existencia de cerca de 150 proyectos de ley en trámite que aumentan las responsabilidades municipales sin transferir los recursos necesarios, práctica que solicitaron detener de inmediato.

En materia económica, la propuesta unificada incluyó la solicitud de devolución del IVA a los municipios y una reforma estructural al Fondo Común Municipal (FCM) para corregir inequidades territoriales.

Finalmente, en un gesto de defensa de la ética pública, los líderes comunales pidieron al Presidente electo poner freno al proyecto de ley que permitiría a los parlamentarios renunciar a sus escaños para postular a cargos regionales o municipales. “Es impresentable. Deben cumplir su mandato porque ese fue el encargo ciudadano”, sentenciaron los alcaldes, cerrando la jornada con el anuncio de que en marzo de 2026 iniciarán el trabajo para diseñar la nueva normativa de los “Municipios para el 2050”.

Durante el año 2025 aumentó considerablemente la presencia de embarcaciones chinas en costas chilenas, porque mientras el 2024 se registraron 8, en lo que va de este año ya van 117. Precisamente este hecho prendió las alarmas del sector artesanal que ven con preocupación la presencia de la flota china, especialmente las calamareras

Esto porque, así como en el pasado su presencia impactó a Perú, hoy existe el temor que afecte la pesca artesanal de la jibia.

Precisamente la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y vigilancia pesquera fue el tema central del encuentro internacional, “Avances y retos de la fiscalización y vigilancia en Perú y Chile” que se realizó el pasado 23 de octubre y que fue organizado por la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (CALAMASUR) y la Fundación Innovations for Ocean Action (I4OA).

Consultado sobre el tema, Alfonso Miranda, presidente de CALAMASUR pidió los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú consolidar una postura común para fortalecer las medidas de manejo del calamar gigante (Dosidicus gigas), recurso clave para zona norte del país.

En la misma línea, Pascual Aguilera, dirigente nacional y delegado de Chile en CALAMASUR afirmó que, “la pesquería de la jibia no solo representa una fuente de sustento para miles de pescadores artesanales en el país, sino que también sostiene una red de pequeñas y medianas empresas transformadoras y exportadoras que generan empleo local y valor agregado. Proteger este recurso y asegurar condiciones equitativas frente a la operación de flotas extranjeras es una tarea urgente y estratégica para Chile.”

Desde el SERNAPESCA, el subdirector Jurídico, Felipe Ruiz destacó que Chile cuenta con una cobertura del 100% en la fiscalización de embarcaciones extranjeras que operan en la zona económica exclusiva del país. Sin embargo, reconoció que persisten desafíos estructurales, como la fragmentación normativa y la falta de integración entre los sistemas de monitoreo satelital, las cámaras a bordo, las bitácoras electrónicas y la trazabilidad.

Ruiz subrayó que uno de los principales puntos de mejora es la necesidad de recibir en tiempo real la señal satelital de las embarcaciones extranjeras, tal como exige Perú a aquellas naves que deseen ingresar a sus puertos.

“Una de las dificultades que pudimos notar a propósito de este fenómeno es que la data del VMS la estamos recibiendo con horas de desfase. Una de las grandes posibilidades de mejora tecnológica que identificamos es la necesidad de que, al igual que en Perú, la información se transmita en tiempo real directamente hacia los servidores de SERNAPESCA y de la Autoridad Marítima”, señaló.

Por su parte, Piero Rojas, asesor legal de I4OA destacó la importancia de avanzar hacia insistió en que la vigilancia de las flotas extranjeras debe entenderse no solo como medida de control, sino también como instrumento de seguridad y sostenibilidad.

El evento concluyó con un llamado a consolidar una arquitectura normativa integrada, que permita a los países ribereños del Pacífico Sur responder de manera efectiva al desafío que representa la operación de flotas extranjeras en sus aguas y puertos.

“La fiscalización pesquera no puede seguir siendo reactiva; debe ser estratégica, preventiva y articulada con los actores del territorio”, sentenció Alfonso Miranda.

La principal confederación de trabajadores de la salud pública calificó como “aberrante e inconsistente” el proyecto que elimina derechos históricos del sector público, como el pago del 100% desde el primer día de licencia médica, equiparando las condiciones al sistema privado.

La Confederación FENATS Unitaria, que agrupa a trabajadores y trabajadoras de la salud pública de todo el país, manifestó su completo rechazo al proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca homologar las condiciones de las licencias médicas entre el sector público y el privado.

El proyecto, ingresado al Congreso bajo el Boletín N°17.678-11, propone unificar criterios respecto al subsidio por incapacidad laboral, limitando el pago al trabajador mediante una fórmula de cálculo diaria y estableciendo un tope imponible, además de regular el tiempo de cese por salud incompatible y reforzar la fiscalización de la COMPIN para prevenir fraudes.

Para FENATS Unitaria, se trata de un retroceso en materia de derechos laborales y de seguridad social. “El proyecto propone una forma de ‘nivelar hacia abajo’, en desmedro de un sector históricamente precarizado y que, por la propia naturaleza de su trabajo, está más expuesto a enfermedades, riesgos e infecciones”, señaló Ricardo Ruiz Escalona, presidente de la Confederación.

Una de las principales críticas apunta a la eliminación del pago del 100% de las licencias desde el primer día, beneficio vigente actualmente para los trabajadores públicos. Ruiz explica que con esta reforma, “se reemplazaría este pago por una fórmula de cálculo diaria sujeta a un tope imponible, sin considerar funciones críticas propias de un sector estratégico del sistema de salud”.

Desde la organización gremial acusan una contradicción en el discurso del Ejecutivo. “El presidente Boric dijo que no bastaba con palabras de agradecimiento. Sin embargo hoy firma un proyecto de ley con el que cercena conquistas laborales significativas y se castiga a quienes fueron aplaudidos y tildados de ‘héroes’ por su enorme sacrificio durante la pandemia”, afirmó Ruiz.

Respecto a la justificación del Gobierno —combatir fraudes en licencias médicas—, desde FENATS recalcan que el problema afecta solo a una minoría. “El escándalo de las licencias fraudulentas involucra a un 3% de los trabajadores. No se puede penalizar al 97% restante que cumple con compromiso y vocación”, sostuvo el dirigente.

En lugar de medidas punitivas, FENATS propone fortalecer la prevención, mejorar las condiciones laborales y aplicar sanciones efectivas solo a quienes abusan del sistema. Ruiz advirtió: “Será una sanción histórica que un Gobierno que se declara progresista termine su mandato quitando derechos sociales a los trabajadores del Estado”.

Finalmente, la confederación lamentó que el proyecto cuente con respaldo de parlamentarios que se definen como pro-trabajadores. “Adherimos al rechazo planteado por otros gremios nacionales y llamamos a los trabajadores a estar alertas y manifestar su descontento ante esta iniciativa”, concluyó el presidente de FENATS Unitaria.

La candidata presidencial Evelyn Matthei se reunió este domingo con víctimas de la delincuencia y pacientes en lista de espera y criticó al Gobierno tras la Cuenta Pública Presidencial por las crisis de seguridad, salud y empleo que sufren los chilenos.

“Escuchamos la cuenta pública del Presidente de la República y la verdad es que me dio pena y me dio vergüenza. Pena porque he estado acá con personas que han estado contándome de cómo sufren con el tema de la seguridad ciudadana. Y el presidente lo único que hizo fue dar cifras, muchas de las cuales además no son ciertas, tratando de demostrar que hemos tenido un tremendo avance en materia de seguridad ciudadana, cuando en realidad hemos tenido un tremendo retroceso. La gente sabe que estamos mucho peor que antes”, dijo Matthei tras el encuentro con vecinos de Santiago.

Matthei enfatizó que Chile vive una ola de delincuencia y asesinatos y destacó que “debemos reponer el orden, la justicia y penas durísimas. Más cárceles. Los delincuentes, presos. Y más carabineros en las calles”.

La candidata también criticó el ingreso de 130 mil personas de manera ilegal en lo que va del Gobierno. “Han entrado cada vez más personas de manera ilegal a nuestro país. Ellos les han dado prioridades y les han dado beneficios a los inmigrantes ilegales que no se les han dado a los chilenos. Además, han disminuido las expulsiones en un 40%”, dijo.

Matthei prometió sellar las fronteras y custodiarlas con drones militares, helicópteros y satélites para prevenir la entrada de inmigrantes irregulares.

Además, enfatizó que el Gobierno se encamina al menor crecimiento en 35 años, lo que ha castigado a las familias con menos dinero en sus bolsillos y menos oportunidades de empleo.

“Las personas hoy día aquí me contaban que realmente no llegan a fin de mes. No llegan a fin de mes. Y empieza a decir que estamos súper bien en materia de desempleo. Con casi un millón de personas cesantes. Lo han hecho de una manera extraordinariamente irresponsable”, dijo Matthei.

Las propuestas de Matthei consideran impulsar la inversión y el trabajo para acelerar el crecimiento y mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las familias.

Finalmente, la candidata abordó la crisis en salud, que tiene a más de 2,9 millones de personas en listas de espera y el triste registro de 30 mil fallecidos esperando una atención en 2024.

“Chile puede más y merece estar mejor. Juntos lo vamos a lograr. Con orden. Con progreso. Con esperanza”, concluyó.

• La medida se haría efectiva a partir del lunes 2 de junio, impidiendo el funcionamiento de las áreas silvestres protegidas en todo el país. Frente a esta situación, la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, hizo un llamado al Gobierno a intervenir y advirtió que “se debe terminar con esta mala práctica de cerrar los parques cada vez que se pretende presionar a la autoridad”.

En rechazo a decisiones internas adoptadas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), relacionadas con cambios en su estructura organizacional y recientes incorporaciones, la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF anunció una paralización total a partir del lunes 2 de junio. Esta medida implicará el cierre de todas las áreas silvestres protegidas del país.

La decisión ha generado preocupación y molestia en la industria del turismo, especialmente en una etapa clave de reactivación del sector. La presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, lamentó que “nuevamente se recurra al cierre de los parques nacionales como mecanismo de presión, considerando la enorme importancia que estos espacios tienen para el desarrollo del turismo en todas las regiones del país”.

Zalaquett advirtió que “es muy grave que se instale como práctica habitual este tipo de acciones, que impiden el normal funcionamiento de un sector estratégico para la economía nacional, que genera cerca de 700 mil empleos. Estamos a pocas semanas del inicio de las vacaciones de invierno y de la temporada de nieve, donde la visita a parques y reservas es parte fundamental de la oferta turística. Su cierre podría causar pérdidas millonarias justo cuando el sector comience a levantarse”.

Frente a este escenario, Fedetur hizo un llamado urgente al Gobierno para intervenir para evitar la paralización. Zalaquett enfatizó que hay operadores turísticos con visitas ya programadas, las cuales deberán ser canceladas si no se permite el ingreso a los parques nacionales. “La imagen del país también se ve afectada por este tipo de situaciones, ya que generan una experiencia negativa en los visitantes que ven restringida su programación al recorrer Chile”, concluyó.

Felipe Oelckers

Director de Ingeniería Comercial U. Andrés Bello, sede Viña del Mar

A menos de un año del término del gobierno de Gabriel Boric, es hora de evaluar el legado económico que dejará a Chile. Si bien hay avances en ciertas áreas, el balance general plantea serias dudas sobre la sostenibilidad y el rumbo del país.

El gobierno decidió con un dólar cerca de 670 pesos chilenos, pero las proyecciones para 2025 lo sitúan en torno a los 900 pesos, con picos que han superado los mil pesos en momentos de incertidumbre electoral y global. Este aumento refleja una economía expuesta a factores externos , como la desaceleración china y la política monetaria de la Reserva Federal, así como la percepción de inestabilidad interna, exacerbada por la polarización política y casos de corrupción.

La deuda pública también preocupa. En 2022, representaba cerca del 36% del PIB, pero las estimaciones para 2025 la ubican en torno al 42%, estabilizándose bajo el umbral prudente del 45%, según el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advierte que este nivel, aunque manejable, refleja un deterioro fiscal sostenido desde 2009, con déficits estructurales persistentes y una reducción de activos financieros, lo que limita el margen para afrontar futuras crisis.

Finanzas públicas bajo presión: El CFA ha cuestionado reiteradamente las proyecciones fiscales del gobierno, señalando que los ingresos, particularmente los esperados de reformas tributarias, podrían estar sobreestimados. En 2024, el déficit fiscal alcanzó el 2,7% del PIB, superando las metas, lo que forzó recortes de gasto de última hora. Las proyecciones del CFA indican un estrés fiscal hasta al menos 2028, con poco espacio para nuevos gastos, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Crecimiento económico estancado : El crecimiento proyectado para 2025, según el Banco Central, oscila entre 1,75% y 2,75%, con estimaciones privadas más cercanas al 2,3%. Aunque estas cifras no son las peores desde el retorno a la democracia (el PIB cayó en 2009 y 2020), reflejan una economía estancada, incapaz de recuperar el dinamismo prepandemia.

Empleo un desafío persistente: La creación de empleo formal con seguridad social ha sido decepcionante. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre 2022 y 2024, los empleos formales crecieron modestamente, pero no hay evidencia de que se alcancen 25 mil nuevos puestos con plenos beneficios sociales para 2025. La tasa de desempleo, que cerró 2024 en 8.1%, refleja un mercado laboral con holguras persistentes, donde el crecimiento del empleo no ha acompañado la recuperación económica.

Corrupción, un lastre para la confianza: La percepción de corrupción ha crecido, alimentada por casos de alto perfil que han erosionado la confianza en las instituciones. Aunque Chile sigue siendo líder regional en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, ha perdido terreno desde 2019.

Licencias médicas, un escándalo que agrava la crisis: La Contraloría General de la República detectó que 25.078 funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica, acumulando más de 60 mil cruces fronterizos durante supuestos períodos de reposo. Este fraude, que según estimaciones, costó al Estado más de $380 millones en solo tres subsecretarías, evidencia una falta grave de fiscalización y un abuso sistemático del sistema de licencias médicas, especialmente por motivos de salud mental.

Puntos a favor

La reforma de pensiones: en su fase final de tramitación, es un avance para mejorar las jubilaciones, un problema estructural en Chile. Sin embargo, el componente de reparto, que destina parte de las cotizaciones a un fondo común, va en contra de tendencias globales que priorizan sistemas individualizados, y los fondos generacionales limitan la libertad de los trabajadores para gestionar sus ahorros, lo que podría minar la confianza en el sistema.

La reducción de la jornada laboral a 40 horas es otro logro significativo, acompañado de mayor flexibilidad laboral que beneficia tanto a trabajadores como a trabajadores.

La bolsa, un reflejo mixto: La bolsa chilena ha mostrado un desempeño positivo en 2025, con el IPSA subiendo gracias a las expectativas de un cambio de gobierno que genere mayor estabilidad política y económica. Sin embargo, comparada con bolsas de la región, como las de Brasil o México, la local está más enfocada en empresas orientadas al mercado interno, como retail y banca, y menos en sectores exportadores como la minería. Esto la hace menos sensible a los precios de materias primas, pero también limita su potencial de crecimiento en un contexto global volátil.

En definitiva, el gobierno de Gabriel Boric dejará un legado económico más negativo que positivo. A 300 días del fin de este mandato, el próximo gobierno heredará un país con desafíos estructurales que requerirán pragmatismo, consensos y una gestión eficiente para recuperar la senda del desarrollo.

· El Plan de Reconstrucción de Incendios contaba con 166 medidas de las cuales 34 tenían como plazo de ejecución el año 2024 y ninguna se cumplió en su totalidad.

La candidata presidencial Evelyn Matthei visitó este miércoles la zona de Pompeya Sur en Quilpué afectada por el megaincendio de febrero de 2024 y criticó la lenta reconstrucción y la falta de ayuda para las familias afectadas por el siniestro.

De acuerdo con un informe de Contraloría, se han levantado apenas 40 casas – de un total de más de 6.000 destruidas – y ninguna de las medidas del Plan de Reconstrucción que tenían que estar listas en 2024 se cumplieron en su totalidad.

“Realmente me ha dolido el corazón hablar con todas estas mujeres valerosas. El Gobierno ha fracasado en su reconstrucción. Les da lo mismo lo que pasa con la gente en el terreno. No les importa. A nosotros sí nos importa”, expresó Matthei tras recorrer la zona y conversar con familias afectadas por el megaincendio que dejó 138 fallecidos y 40.000 damnificados en la Región de Valparaíso.

“Nuestro país se levantó mucho más rápido del terremoto del 2010. Es posible, pero falta capacidad de gestión y voluntad de ayudar a las familias”, agregó.

El Plan de Reconstrucción de Incendios contaba con 166 medidas de las cuales 34 tenían como plazo de ejecución el año 2024 y ninguna se cumplió en su totalidad: 11 tienen 0% de avance o no tienen un plan, y otras 10 tienen un avance inferior al 28%. Además, de las 3.503 familias calificadas como hábiles para recibir subsidios habitacionales, un 83,36% aún no cuenta con una solución efectiva.

“Les prometieron que les iban a tener techo en el primer invierno y ya se acerca el segundo invierno y todavía no tienen techo muchos de ellos. Quilpué merece más. Valparaíso merece más. Chile merece más. En mi gobierno vamos a reconstruir con planificación, con rapidez y con respeto por cada familia que hoy se siente olvidada”, concluyó Matthei.

Presidenta Fundación GeroActivismo

A medida que la administración del Presidente Gabriel Boric avanza hacia el cierre de su mandato, es oportuno evaluar los logros y desafíos pendientes en materia de políticas para personas mayores. Chile es actualmente uno de los países con mayor índice de envejecimiento en la región y, según proyecciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), será el país con más personas mayores de América Latina el 2050. La Región de Valparaíso es una de las más envejecidas del país. Viña del Mar es una de las comunas que posee una de las tasas más altas de personas mayores de 75 años.

El gobierno de Boric ha impulsado políticas claves, destacando el Copago Cero, la Reforma Previsional y la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.  Asimismo, se ha fortalecido el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), además del aumento del personal del área sociosanitaria en todos los condominios del país; y un incremento en el presupuesto per cápita para residentes de ELEAM públicos. También la expansión del Fondo Subsidio ELEAM posibilitando aumentar las plazas disponibles en 2024 y atender a 500 personas mayores que se encontraban en hospitales y otros contextos.

Sin embargo, aún existen desafíos importantes que deben abordarse. Uno de los principales retos es garantizar que estas políticas lleguen de manera efectiva a toda la población mayor, en especial a quienes viven en zonas rurales, que son la mayoría en nuestro país. En muchas comunas alejadas de los grandes centros urbanos, el acceso a salud, cuidados y programas sociales es limitado. En estos contextos la brecha digital sigue siendo una barrera importante, muchas veces por condiciones geográficas, impidiendo que muchas personas mayores accedan a los beneficios disponibles. 

Más allá de la protección social, los cuidados y la salud, las políticas públicas deben fomentar el envejecimiento activo, asegurando que las personas mayores puedan seguir participando en la sociedad. Algunos aspectos clave incluyen mayor acceso a cultura, recreación y educación, esto pues muchas ciudades aún no están preparadas para ofrecer espacios accesibles y adecuados para la participación de personas mayores en actividades comunitarias. La alfabetización digital para reducir la brecha digital y fomentar su inclusión en la sociedad.  El aislamiento social es un factor de riesgo para la salud mental que lleva a una soledad no deseada, por lo cual es necesario implementar programas que fomenten redes de apoyo comunitarios y espacios de socialización. 

El envejecimiento no es homogéneo. En Chile, coexisten personas mayores altamente activas y autovalentes con otras que requieren asistencia constante debido a enfermedades crónicas o dependencia severa. Además, grupos como las mujeres mayores, personas mayores LGBTIQ+, afrodescendientes, migrantes o en situación de pobreza extrema enfrentan barreras adicionales en la vejez, lo que requiere políticas públicas inclusivas que respondan a sus necesidades específicas. No basta con implementar: es fundamental garantizar que sean efectivas y bien fiscalizadas. Se requieren mecanismos de evaluación que permitan medir si realmente están mejorando la calidad de vida de las personas mayores y que aseguren la correcta asignación de recursos.

Es crucial consolidar los logros del actual gobierno, pero sobre todo proyectar soluciones de largo plazo tomando en cuenta la heterogeneidad de las vejeces actuales, que enfrenten el envejecimiento de la población con políticas sostenibles e integrales.

El futuro del envejecimiento en Chile dependerá de nuestra capacidad para consolidar un pacto intergeneracional, que garantice derechos, dignidad y bienestar a quienes han construido el país y que, con razón, demandan que su vejez sea una etapa de vida con oportunidades y no solo con dificultades.