El Tribunal Calificador de Elecciones determinó que el partido cumple con los requisitos legales para mantenerse vigente, dejando sin efecto la resolución que ordenaba su disolución.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió acoger el reclamo presentado por el partido Evolución Política (Evópoli), dejando sin efecto la decisión del Servicio Electoral (Servel) que ordenaba su disolución y cancelación de inscripción en el Registro de Partidos Políticos.

La controversia se originó luego de que el Servel determinara que la colectividad no habría alcanzado el porcentaje mínimo de votación exigido por la ley en las últimas elecciones parlamentarias, lo que activaba el proceso de disolución. Sin embargo, Evópoli argumentó que sí cumplía con los requisitos legales, considerando la elección de parlamentarios en distintas regiones del país.

En su fallo, el Tricel concluyó que la normativa debe interpretarse de manera integral, considerando no solo el porcentaje de votos, sino también la representación parlamentaria efectiva del partido. En ese sentido, se estableció que Evópoli cuenta con diputados y senadores electos, lo que permite cumplir con las condiciones exigidas para mantener su existencia legal.

El tribunal también enfatizó que la disolución de un partido político constituye una medida de máxima gravedad dentro del sistema democrático, por lo que su aplicación debe estar debidamente fundamentada y ajustada estrictamente a la ley. En este caso, determinó que la resolución del Servel no cumplía con ese estándar.

Asimismo, el fallo advierte que una interpretación restrictiva podría afectar la representación política y el funcionamiento del sistema democrático, al excluir colectividades que sí cuentan con respaldo ciudadano y presencia institucional.

Con esta decisión, Evópoli mantendrá su inscripción en el Registro de Partidos Políticos y podrá continuar participando en la actividad política nacional, tanto en procesos electorales como en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

El dictamen del Tricel marca un precedente en la interpretación de la normativa sobre disolución de partidos, reforzando la relevancia de la representación parlamentaria y el resguardo del pluralismo político en Chile.

La articulación entre la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura y Corfo Valparaíso permitirá coordinar acciones en gestión hídrica, sustentabilidad e innovación, con foco en mejorar la competitividad y enfrentar los principales desafíos del sector agrícola de la Región de Valparaíso.

Con el propósito de avanzar hacia un desarrollo agrícola basado en la sostenibilidad, la innovación y la eficiencia, el Seremi de Agricultura de la Región de Valparaíso, Nicolás Prado, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de Corfo Valparaíso, instancia en la que se presentaron oficialmente los programas Transforma Gestión Hídrica Valparaíso y Transforma Fruticultura Sustentable (PerfrutS).

El encuentro tuvo como eje central generar una coordinación efectiva entre la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura y las iniciativas impulsadas por Corfo, buscando articular acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento del capital humano, la transferencia tecnológica, la eficiencia en el uso de los recursos y la mejora de la competitividad del sector agrícola regional.

Durante la jornada, Corfo presentó su cartera de instrumentos enfocados en el agro, destacando el rol de los programas Transforma como plataformas de articulación público-privada que, a través de hojas de ruta, abordan los principales desafíos del rubro.

Paulo Díaz, ejecutivo de Corfo Valparaíso, destacó la relevancia de esta articulación institucional: “Para Corfo es clave tener una coordinación con el Seremi de Agricultura, ya que lidera todos los servicios ligados al agro, y así poder tener una visión compartida respecto a lo que los programas Transforma, tanto de Fruticultura Sustentable como de Gestión Hídrica de la Región de Valparaíso, tienen para desarrollar su hoja de ruta en los próximos meses. Hemos tenido una reunión muy enriquecedora, hemos compartido bastantes puntos de vista, y hemos establecido algunos desafíos para el corto y mediano plazo, en los cuales vamos a ir coordinando el trabajo con la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura y todos sus servicios, para que sean parte de las actividades que desarrollan cada uno de los programas y la acción de Corfo en general”.

Por su parte, Marcela Carrillo, gerente de PerfrutS, señaló que “Corfo presentó ante el Seremi de Agricultura, Nicolás Prado, la cartera de iniciativas con las que busca fortalecer el agro. Se hizo una presentación extensa de todos los instrumentos que focaliza en el sector agrícola, cuáles son los desafíos y especial énfasis en los programas Transforma Gestión Hídrica y el Programa Transforma Fruticultura Sustentable como iniciativas de contexto que giran en torno al agricultor y que de alguna manera trabajan con sus propios ejes, a través de hojas de ruta que buscan profundizar en los principales desafíos del rubro”.

En tanto, Ricardo Astorga, gerente del Programa Transforma Gestión Hídrica, relevó la importancia de esta instancia, señalando que “este trabajo coordinado entre la Seremi de Agricultura y Corfo permite avanzar en una mirada común para enfrentar los desafíos del sector agrícola. La articulación de esfuerzos en torno a la gestión hídrica, la sostenibilidad y la innovación es clave para fortalecer la competitividad del rubro y generar mejores condiciones para el desarrollo del sector agroalimentario de la región”.

La reunión marca el inicio de una agenda de trabajo conjunto entre ambas instituciones, orientada a impulsar acciones concretas que contribuyan al desarrollo sostenible del sector agrícola en la Región de Valparaíso, abordando desafíos clave como la escasez hídrica, la modernización productiva y el fortalecimiento del capital humano.

La Incubadora de Negocios Chrysalis PUCV, parte de la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, lanzó la convocatoria Impulso Azul, un programa orientado a seleccionar y potenciar emprendimientos con impacto en la Región de Valparaíso y vinculados a sectores estratégicos de la Economía Azul.

La convocatoria, abierta hasta el 13 de marzo, está dirigida a emprendimientos con validación comercial, alto potencial de crecimiento y soluciones innovadoras en áreas como acuicultura sostenible, biotecnología marina, logística portuaria, pesca artesanal y conservación marina.

Impulso Azul busca responder a los desafíos productivos y ambientales de un país oceánico como Chile. Según el Ministerio de Medio Ambiente, se entiende la Economía Azul como un modelo de desarrollo sostenible que integra la utilización de recursos marítimos y costeros de manera responsable, promoviendo la conservación de los ecosistemas, mientras se fomenta el crecimiento económico y la inclusión social. Este enfoque busca equilibrar la explotación de los recursos naturales con la protección de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades costeras.

Los emprendimientos seleccionados serán acompañados por Chrysalis PUCV para postular al instrumento Semilla Expande de Corfo, en el cual podrían acceder a cofinanciamiento de hasta $45.000.000, o $51.000.001 en emprendimientos liderados por mujeres, además de acompañamiento estratégico, mentorías especializadas, acceso a redes sectoriales, vitrinas comerciales y seguimiento post-programa por 24 meses, con proyección a mercados nacionales e internacionales.

El programa contará con la articulación de actores clave del ecosistema, como Kiltro, el Centro de Innovación Tecnológica de la Armada (CiTA), CREAS y la Escuela de Ciencias del Mar PUCV, fortaleciendo la validación técnica, sectorial y territorial de los proyectos.

Francisco Meric, subdirector del Centro de Innovación Tecnológica de la Armada (CiTA), sostuvo que “estamos muy contentos de poder contribuir al fortalecimiento de las redes regionales y colaborar en este programa que pone foco en la innovación con miras a impulsar emprendimientos que nos permitan una gestión estratégica de un espacio y recurso tan importante como es el mar”.

“La Economía Azul requiere soluciones tecnológicas validadas y escalables. Impulso Azul nos permitirá articular capacidades y poner a disposición nuestra experiencia en innovación y validación de alimentos y productos del mar”, destacó Andrea Muñoz, gestora de Proyectos del CREAS.

“Este programa fortalece el vínculo entre ciencia, emprendimiento y mar, impulsando proyectos con impacto real en los ecosistemas y las comunidades marinas”, indicó Felipe Hurtado, director de la Escuela de Ciencias del Mar PUCV.

Por su parte, Cristhian Aldayuz, gerente de Chrysalis PUCV, comentó: “Impulso Azul refleja no solo nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, sino también la convicción de que desde la Región de Valparaíso pueden surgir soluciones de alto impacto para Chile y el mundo. Queremos acompañar a emprendimientos que transformen la economía azul en oportunidades reales de crecimiento, innovación y bienestar para nuestros territorios”.

Una auditoría de alto impacto sacudió a Valparaíso. El Informe Final N°151-2025 de la Contraloría General de la República reveló casi $18 mil millones sin rendir, desorden contable de gran magnitud y actividades de campaña política realizadas en horario laboral durante el tramo final de la administración del exalcalde Jorge Sharp, correspondiente a los años 2023 y 2024.

El documento, que ordena sumarios administrativos y la remisión de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), concluye que la cuenta municipal “Deudores por rendición de cuentas” mantiene un saldo acumulado de $17.965.143.939, sin que existieran gestiones eficaces para exigir su rendición o devolución.

Desorden financiero y controles básicos ausentes

Uno de los puntos más críticos del informe apunta al manejo contable del municipio. La Contraloría constató que las conciliaciones bancarias se realizaban mediante simples planillas Excel, un mecanismo considerado vulnerable y no autorizado como sistema oficial de control.

Esta práctica derivó en situaciones especialmente graves: giros globales no contabilizados por más de $13.738 millones y cheques caducados por sobre $1.100 millones que aún figuran en los registros municipales. Según el organismo fiscalizador, estas irregularidades impiden conocer con certeza el saldo real disponible en las cuentas corrientes del municipio.

Campañas desde el municipio

En materia de probidad administrativa, el informe es categórico. La Contraloría acreditó que el entonces alcalde Jorge Sharp y la exdirectora de Desarrollo Comunitario (Dideco), Carla Meyer, realizaron actividades de carácter proselitista utilizando sus cargos y horarios laborales.

El caso de Meyer resulta particularmente delicado. Solo en mayo de 2024, se detectaron 57 horas y 40 minutos de atrasos que no fueron descontados de su remuneración. Además, se constataron manipulaciones manuales en los registros de asistencia y el pago íntegro de su sueldo, pese al incumplimiento de la jornada laboral. Estos períodos coincidieron con actividades de campaña política.

Denuncias que se confirman

Las conclusiones del informe ratifican denuncias que ya habían sido planteadas con anterioridad por concejales. El concejal Dante Iturrieta (UDI) señaló que “el informe de Contraloría clarifica que efectivamente hubo situaciones que eran faltas a la probidad, a la ética y a todo. Hubo intervención electoral y situaciones que denunciamos y que hoy son ratificadas”.

Iturrieta agregó que espera que la nueva administración municipal “corrija estos errores y adopte las medidas necesarias, especialmente respecto de los sumarios pendientes”.

Respuesta del exalcalde

Consultado por La Estrella de Valparaíso, el exalcalde Jorge Sharp respondió mediante una declaración escrita, cuestionando el alcance de las observaciones. Señaló que el informe “descarta irregularidades graves” y que muchas denuncias tuvieron “un fin político”, agregando que el documento también contiene recomendaciones administrativas que deberían ser abordadas por la nueva administración.

En tanto, la exdirectora de Dideco, Carla Meyer, declinó emitir declaraciones por el momento.

El informe de Contraloría deja un escenario complejo para Valparaíso: millones sin rendir, controles débiles y uso político del aparato municipal, antecedentes que ahora deberán ser esclarecidos en sede administrativa, civil y eventualmente penal.

Fuente: Emol.com

Publicación sobre “libre determinación de la nación rapanui” genera críticas transversales en el Congreso y abre debate político que deberá retomarse tras el receso legislativo

La publicación realizada en redes sociales por la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, en la que manifestó su apoyo a la “libre determinación de la nación rapanui”, continúa generando una fuerte controversia política y diplomática, con repercusiones que alcanzan al Congreso Nacional y que son observadas con atención desde la Región de Valparaíso, sede del Poder Legislativo.

Aunque la diplomática eliminó posteriormente el posteo de su cuenta de Instagram tras una reprimenda del Ministerio de Relaciones Exteriores, el episodio no logró descomprimir la molestia entre parlamentarios de distintos sectores, quienes han cuestionado la permanencia de Pakarati en el cargo y la actuación del Ejecutivo frente a este tipo de declaraciones.

El diputado oficialista Raúl Soto (PPD), jefe de bancada de su partido e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, anunció que solicitará la citación del canciller Alberto van Klaveren para que entregue explicaciones formales sobre el incidente. “Hechos como estos, y otros que se han vivido en los últimos años, contribuyen a una degradación de la diplomacia que no es bueno para nuestra democracia”, sostuvo el parlamentario. En la misma línea, añadió que “plantear una opinión política tan disruptiva, como la autodeterminación de un territorio que es nacional, me parece absolutamente inadmisible e irresponsable”.

Desde la oposición, el diputado Stephan Schubert (independiente–republicano), también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, fue más enfático y solicitó derechamente la renuncia de la embajadora. Asimismo, respaldó la idea de citar al canciller, señalando que es necesario que dé explicaciones “para que dé cuenta de por qué una representante de Chile que propone dividir el territorio sigue trabajando en el cargo”.

A esta postura se sumó el diputado Christian Moreira (UDI), quien también integra dicha comisión, y quien pidió la salida de Pakarati. “Ella está para representar a los intereses de nuestro país y no como agitadora separatista”, afirmó el legislador gremialista.

Pese a la escalada de críticas, hasta ahora no se ha ingresado formalmente una solicitud para citar al canciller a la Comisión de Relaciones Exteriores. Esto podría concretarse a partir del 5 de enero de 2026, una vez que se retome el trabajo legislativo tras el receso por las fiestas de fin de año, bastando para ello el respaldo de la mayoría de los integrantes de la instancia.

Desde la presidencia de la comisión, la diputada Coca Ericka Ñanco (Frente Amplio) llamó a bajar el tono de la controversia y sostuvo que el Ejecutivo ya habría adoptado medidas. “Este es un tema que hay que abordar con sentido de Estado, pero sin sobrerreacciones”, afirmó. En esa línea, agregó que “no vemos una necesidad política ni institucional de citar al canciller, sin perjuicio de que la comisión seguirá cumpliendo su rol de fiscalización y seguimiento cuando corresponda”.

La auditoría incluyó a municipalidades de la región como Concón y Quintero. El informe concluye que ninguna de las 73 instituciones fiscalizadas —del Gobierno Central y del sector municipal— pudo acreditar la confiabilidad de sus estados financieros, configurando una crisis de alcance nacional.

La Región de Valparaíso aparece directamente involucrada en el Segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA N°2) de la Contraloría General de la República, que revisó los estados financieros de 73 entidades públicas entre los años 2020 y 2024. En el listado figuran municipalidades como Concón y Quintero, lo que evidencia que el desorden financiero detectado también afecta al aparato público regional.

El informe es categórico: en el 100% de los casos se aplicó la figura de “abstención de opinión”, lo que significa que la Contraloría no pudo confirmar que las cifras presentadas fueran razonables ni confiables, debido a la falta de respaldo suficiente y adecuado de los registros contables.

Las causas identificadas se repiten de forma transversal en ministerios, servicios públicos y municipios: controles internos débiles o inexistentes, inconsistencias contables no aclaradas, ausencia de análisis que explique los saldos informados y deficiencias graves en los sistemas informáticos y en los controles de tecnología de la información. Estas falencias impiden asegurar la confiabilidad de la información financiera y revelan riesgos relevantes de mala gestión, errores graves o eventuales fraudes.

La magnitud del problema es nacional. La Contraloría cifró en $15,9 billones de pesos —equivalentes a US $17.300 millones— los recursos comprometidos, monto que representa cerca de un sexto del presupuesto público proyectado para 2026. De ese total, el 91% corresponde a entidades del Gobierno Central y el 9% a municipalidades, confirmando que la crisis atraviesa todo el Estado.

Para Valparaíso, región con alta concentración urbana, demandas sociales y dependencia de servicios municipales, el informe instala una señal de alerta mayor. Aunque la auditoría corresponde a una muestra, la reiteración de las mismas falencias permite inferir que el problema podría extenderse a otras comunas de la región, afectando la gestión de recursos clave para infraestructura, seguridad, salud y desarrollo social.

La Contraloría informó que, como resultado de estas auditorías, se instruyeron 27 sumarios administrativos, 10 procedimientos disciplinarios internos y 10 remisiones de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, reflejando la gravedad institucional del escenario detectado.

El informe deja en evidencia una falla estructural en los estándares de control y rendición de cuentas del sistema público, abriendo un debate urgente sobre la necesidad de reformular los mecanismos de gestión financiera del Estado para responder con transparencia y eficiencia a la ciudadanía.

Las nuevas normativas tributarias han puesto en alerta a miles de emprendedores que siguen operando de manera informal. Aquí explicamos qué significan estos cambios, qué riesgos implican y cómo prepararse a tiempo.

La fiscalización a los emprendimientos informales se intensificará durante los próximos meses. Ya desde enero de 2025 comenzó a regir la llamada “norma de las 50 transferencias”, que obliga a bancos e instituciones financieras a reportar al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando una cuenta recibe más de 50 depósitos de distintos RUT en un mes, o 100 en un semestre.

El primer reporte, emitido en agosto, identificó a 165.571 contribuyentes con movimientos que podrían corresponder a actividades comerciales no declaradas. El objetivo de la medida —parte de la Ley 21.713— es detectar comercio informal, ventas sin boleta y evasión tributaria.

Esto encendió las alertas entre quienes venden por redes sociales, en ferias y utilizan sus cuentas personales para recibir los pagos, pues podrían enfrentar citaciones del SII, revisiones tributarias o sanciones si no registran su actividad.

A este escenario se suma un cambio decisivo: a partir del 2 de enero de 2026, bancos, medios de pago, marketplaces y organismos públicos deberán exigir que quienes vendan productos o servicios acrediten haber realizado inicio de actividades.  Quienes no cumplan con este requisito no solo corren el riesgo de quedar sin acceso a cuentas bancarias, plataformas digitales o servicios financieros, sino que además pueden enfrentar citaciones, fiscalizaciones y multas por actividad comercial no declarada, que según el SII pueden ir desde 1 UTM por no emitir documentos tributarios hasta sanciones más altas en casos de reiteración o ventas sin documentación.

La formalización —antes postergada— se convierte ahora en un requisito para seguir siendo emprendedor.

Recomendaciones para emprendedores

Frente a estas nuevas exigencias y para evitar sanciones los especialistas recomiendan:

• Revisar tus cuentas: Si tu negocio está recibiendo pagos frecuentes, aunque sean de menor volumen a las “50 transferencias”, lo prudente es regularizar la actividad cuanto antes para evitar citaciones o eventuales multas del SII.
• Evitar vender desde cuentas personales: abre una cuenta para empresa.
• Ordenar ingresos, boletas, clientes y gastos: será clave ante cualquier fiscalización.
• Buscar apoyo si recién estás comenzando: existen plataformas como “Formalízate Hoy” que permiten agilizar y simplifican el proceso.

Según Jorge Welch, presidente de ASECH, el mensaje es claro: “La normativa busca que ser informal deje de ser un buen negocio. Un emprendedor informal nunca podrá acceder a financiamiento bancario ni a beneficios sociales o programas de apoyo. Un negocio fuera del radar tiene un techo: no puede escalar”, subraya.

Alternativa para formalizarse

Para apoyar a quienes necesitan formalizarse antes de que entren en vigencia las nuevas exigencias, la startup chilena Duemint desarrolló Formalízate Hoy, una plataforma que guía a los emprendedores en todo el proceso: desde constituir la empresa y declarar inicio de actividades, hasta comenzar a operar con una cuenta empresarial. Todo se realiza de manera completamente online y con acompañamiento experto.

Ellos prometen que en solo dos semanas el emprendedor puede tener su empresa lista: El proceso contempla cuatro pasos:

1. Registro en www.formalizatehoy.cl y entrega de datos básicos.
2. Constitución de la sociedad e inicio de actividades con apoyo legal.
3. Apertura de cuenta prepago empresa conectada con el ecosistema financiero de Duemint.
4. Asesoría contable mensual para mantener el negocio al día y cumplir las obligaciones tributarias.

Webinar: lo que se viene para el 2026

Si quiere saber más detalles respecto a las nuevas normas, este 16 de diciembre, a las 11:00 horas, se realizará un webinar gratuito que contará con la participación de Jorge Welch, presidente de ASECH; Gonzalo Soto, Líder de Emprendimiento, Proyectos y Ecosistema Pyme de Banco BCI; y Félix Said, cofundador de Duemint. Los interesados pueden inscribirse en www.formalizatehoy.cl. La instancia abordará en detalle los cambios normativos del SII, su impacto para los emprendedores y los pasos prácticos que deben seguir quienes necesitan formalizar su negocio a tiempo.

“El objetivo es que cualquier emprendedor, sin importar en qué etapa esté, pueda entender qué debe hacer para formalizarse y qué trabas puede encontrar. En el webinar vamos a explicar el flujo completo, responder dudas y mostrar alternativas para concretar la formalización sin complicaciones”, explica Félix Said.

Desde la CONECH A.G., gremio nacional que agrupa a empresas contratistas que ejecutan obras y servicios para el Estado, sostienen que la situación es aún más alarmante. El análisis de la CGR excluye todas las obras re licitadas de manera inmediata, es decir, aquellas que entran rápidamente a un nuevo proceso pero cuya raíz del problema nunca es analizada ni abordada.

Esto plantea a una pregunta fundamental:
¿Cuál es el análisis de causas que la Contraloría realiza sobre esta crisis?
Porque mientras no se identifiquen las razones de fondo, este fenómeno se repetirá año tras año; obras paralizadas, gastos duplicados o triplicados, retrasos que afectan la vida de miles de personas y una utilización ineficiente del dinero de todos los chilenos.

Un problema que supera la estadística

Que Chile tarde 25 meses en promedio en recontratar una obra pública es una señal inequívoca de una falla sistémica. Dos años sin avances significan consecuencias sociales, económicas y comunitarias que no están reflejadas en ningún cuadro estadístico:

¿Cuántas prestaciones de salud no se entregaron por centros inconclusos?
¿Cuántas mujeres vieron truncado su desarrollo por no contar con una sala cuna o jardín infantil?
¿Cuántos barrios quedaron sin áreas verdes, sedes comunitarias o infraestructura básica?

Las cifras más críticas provienen de organismos como JUNJI, municipalidades y diversos Servicios de Salud, donde se concentran obras con largos retrasos, recontrataciones sucesivas y montos que escalan sin control.
Resulta legítimo preguntar:

¿Qué sanciones se aplicarán a los servicios con estos resultados?
¿A los equipos directivos? ¿A los funcionarios responsables de planificación, control y supervisión?
¿O simplemente seguiremos viendo cómo quienes lideran proyectos fallidos son reasignados o ascendidos sin consecuencias?

El Estado existe para brindar bienestar. Hoy, ese bienestar no llega

La evidencia es clara; se está gastando más dinero, se están demorando más las obras y los beneficios para la ciudadanía no llegan de manera oportuna. Este problema ya no puede atribuírsele solamente a los contratistas, como durante años se ha intentado instalar. La causa es más profunda:
Bases administrativas con errores; planificación insuficiente; criterios distintos entre regiones y servicios; ausencia de estándares mínimos de control; falta de supervisión técnica real; nula evaluación de desempeño de los mandantes; inexistencia de mecanismos de aprendizaje institucional.

En consecuencia, es el propio Estado el que hoy está comprometiendo la entrega del bienestar que tiene el deber de garantizar.

CONECH: tres años denunciando lo mismo que hoy confirma Contraloría

Lo que hoy refleja la CGR no es nuevo. Desde hace tres años, la CONECH ha trabajado incansablemente para visibilizar estas falencias: oficios, reuniones, informes técnicos, presentaciones públicas y acompañamiento directo a decenas de empresas afectadas, donde se ha insistido que:
– Las paralizaciones no son exclusivamente responsabilidad de los contratistas.
– Existen fallas graves de origen en la planificación de los proyectos públicos.
– Los mecanismos de control y fiscalización no están corrigiendo el problema.
– La pérdida de recursos públicos, los sobrecostos y los retrasos se están normalizando.

Hoy, el informe de la CGR confirma públicamente lo que miles de empresas han sufrido en silencio durante años. Por eso, como gremio, la CONECH hace un llamado a establecer responsabilidades administrativas y técnicas reales. Revisar y corregir los procesos de planificación y licitación. Exigir estándares mínimos en fiscalización y control. Incorporar a los contratistas en la discusión técnica, en lugar de responsabilizarse en solitario y transparentar públicamente la información de paralizaciones y recontrataciones.

Desde CONECH señalan: “El país no puede permitir que miles de millones sigan perdiéndose en obras inconclusas mientras las comunidades esperan. A las empresas contratistas que han vivido paralizaciones, retrasos injustificados o recontrataciones interminables, les decimos:
No están solas.
Este es el momento de unirse, de fortalecer la voz colectiva y de exigir un sistema que funcione. En la CONECH A.G. estamos comprometidos en seguir empujando cambios reales, aunque incomoden, aunque revelen verdades difíciles. Porque Chile se construye con hechos, no con obras abandonadas”.

El llamado de CONECh es a afiliarse de forma gratuita: “discutimos tu caso y buscamos soluciones funcionales. Sé parte del gremio que defiende a los contratistas frente al Estado”.

El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, señaló “el presupuesto contempla una significativa disminución de los recursos disponibles para los Servicios Locales de Educación Pública, SLEP.  Esto nos parece gravísimo porque precisamente lo que se necesita es exactamente lo contrario, se necesita más presupuesto para la educación pública, no menos”.

El líder gremial docente acusó que “esta medida va con la orientación que está dando la Dirección de Presupuesto, la DIPRES, que, de aquí a marzo, los SLEP deben ajustar la dotación, por lo tanto, en términos prácticos, sin eufemismos, eso significa despido de docentes”.

Mario Aguilar enfatizó “no se necesita despedir más docentes en el sistema público, por el contrario, se necesita dar estabilidad para que la Educación Pública pueda seguir teniendo desarrollo, porque todo el mundo entiende que los profesores y profesoras; asistentes y funcionarios, son claves para el desarrollo de la educación en cualquier establecimiento. Estoy diciendo una obviedad, pero parece que hay gente que no entiende estas obviedades, solo son capaces de ver cifras y números”.

El líder docente denunció “nosotros nos oponemos terminantemente a estas directrices que está dando la Dirección de Presupuesto, donde incluso amenazan a los directores de los servicios locales de educación pública, de los SLEP, que, si no implementan los despidos masivos de profesores, los van a despedir a ellos. Eso es amenazante, eso es actuar como en dictadura”.

El líder docente expresó “no corresponde que un Gobierno que se dice cercano a los trabajadores, esté amenazando y exigiendo a los SLEP, pasando por sobre sus propias atribuciones, que tienen que despedir profesores, porque eso de ninguna manera es lo que se necesita. ¿Qué están haciendo? Disminuir la calidad de la educación, con cursos con 45 estudiantes, cursos fusionados, quieren cerrar escuelas. Ese no es el camino para mejorar la educación en Chile”.

Por último, el Presidente Nacional del Gremio Docente, Mario Aguilar, instó al Congreso Nacional a rechazar el Presupuesto de la Nación “nosotros como Colegio de Profesoras y Profesores nos oponemos terminantemente y exigimos a los parlamentarios de todos los sectores políticos que de ninguna manera prueben este presupuesto en esas condiciones”.