Puntos Clave de la Noticia:

• Los acusados falsearon la capacidad de carga de camiones para inflar cobros municipales.
• El perjuicio fiscal alcanzó un monto superior a los $170 millones en San Esteban.
• El tribunal destacó la posición de influencia de uno de los condenados en el proceso.

La Fiscalía de Los Andes consiguió condenas contra Pamela Donoso y Osvaldo Reyes por el denominado caso “fosas”. La investigación detectó diferencias entre la capacidad real de camiones utilizados para limpiar fosas y la informada en procesos de contratación municipal, provocando un perjuicio fiscal superior a $170 millones.

Un perjuicio que superó los $170 millones, camiones cuya capacidad real era inferior a la declarada y documentación que no coincidía con los certificados originales de la autoridad sanitaria forman parte del denominado caso “fosas”, investigación por la cual la Fiscalía de Los Andes consiguió la condena de Pamela Andrea Donoso González y Osvaldo Sergio Reyes Colarte.

La investigación, encabezada por el fiscal Jorge Alfaro, se inició a partir de un informe de Contraloría relacionado con el servicio de limpieza de fosas contratado por la Municipalidad de San Esteban, comuna donde este servicio adquiere especial importancia debido a la falta de alcantarillado.

La Fiscalía acusó a ambos como autores por delitos relacionados con uso malicioso de instrumento público falso y fraude al fisco, en una investigación donde el perjuicio involucrado superó las 400 UTM.

Camiones tenían menos capacidad que la informada

En el centro de la investigación estuvo la empresa SITA, cuya representante legal es Pamela Donoso y que comenzó prestando servicios de limpieza de fosas al municipio mediante trato directo, para posteriormente participar en dos licitaciones consecutivas.

Según expuso el fiscal Alfaro durante el juicio, a sugerencia del coimputado Osvaldo Reyes, la empresa comenzó a presentar camiones con certificaciones que indicaban una capacidad superior a la que realmente tenían.

La situación fue detectada mediante dos mecanismos.

Por una parte, Contraloría realizó una cubicación de algunos camiones y constató que su volumen era inferior al declarado. Además, contrastó la documentación presentada en las licitaciones con los certificados originales de la Seremi de Salud, detectando que al menos dos vehículos tenían capacidades considerablemente menores a las informadas.

La Fiscalía presentó durante el juicio prueba testimonial, pericial y documental, incluyendo antecedentes relacionados con el volumen y capacidad de carga de los camiones.

El perjuicio fiscal determinado superó los $170 millones.

Tribunal pone foco en rol de Osvaldo Reyes

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes dictó veredicto condenatorio contra ambos acusados y, en su sentencia, realizó una particular reflexión respecto del papel que habría desempeñado Osvaldo Reyes.

El fallo recordó que Reyes reconoció haber sido candidato a alcalde de San Esteban en las elecciones de 2021, proceso en el que resultó electo el actual jefe comunal Christian Ortega.

Para el tribunal, este antecedente, analizado junto al resto de la prueba, daba cuenta de que Reyes no tenía una participación meramente periférica.

La sentencia sostiene que gozaba de una “posición de influencia y poder dentro del municipio” que excedía su función como encargado de adquisiciones y que tenía capacidad de decisión en los procesos licitatorios.

Las condenas

Pamela Donoso fue condenada a 61 días de presidio menor en su grado mínimo por su responsabilidad como autora del delito de falsificación o uso malicioso de instrumento público falsificado.

Además, recibió una pena de dos años de presidio menor en su grado medio y una multa de 140 UTM como autora de fraude al fisco. La pena privativa de libertad fue sustituida por remisión condicional.

En tanto, Osvaldo Reyes fue condenado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, además de una multa de 700 UTM, como autor de fraude al fisco.

En su caso, la pena fue sustituida por libertad vigilada intensiva durante igual periodo. También recibió la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Finalmente, ambos fueron condenados a cinco años y un día de inhabilitación absoluta para cargos, empleos u oficios públicos, además del pago de las costas del proceso.

De esta manera concluye judicialmente una investigación que puso bajo la lupa un servicio esencial para cientos de familias de San Esteban, revelando un perjuicio millonario para las arcas fiscales a partir de diferencias entre la capacidad declarada y real de los camiones utilizados en la limpieza de fosas.

El condenado manejaba bajo los efectos del alcohol y la marihuana cuando perdió el control de su vehículo, atravesó una vivienda y provocó la muerte de un hombre de 84 años que dormía en su habitación. Tras el impacto escapó del lugar.

Más de 10 años de cárcel efectiva deberá cumplir un hombre de 33 años condenado por protagonizar un impactante accidente que terminó con la vida de un adulto mayor de 84 años en la comuna de San Pedro, en la provincia de Quillota.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 19 de noviembre de 2024, cuando Yamil Germán Morales Pailamilla conducía bajo los efectos del alcohol y la marihuana. En esas condiciones perdió el control del vehículo, salió de la vía y terminó incrustándose violentamente en una vivienda.

Lo más dramático fue que el automóvil atravesó la estructura e impactó directamente el dormitorio donde descansaba la víctima, un hombre de 84 años que se encontraba acostado junto a su esposa. El adulto mayor falleció producto de las graves lesiones sufridas tras el brutal impacto.

Lejos de prestar ayuda, el conductor abandonó el lugar y escapó, dejando atrás la escena que conmocionó a la comunidad de San Pedro.

Según explicó el fiscal jefe de Quillota, César Astudillo, la investigación desarrollada por el Ministerio Público permitió reconstruir detalladamente lo ocurrido y acreditar la responsabilidad del acusado mediante evidencia científica, registros audiovisuales y declaraciones de testigos.

Las diligencias incluyeron el análisis de cámaras de seguridad que captaron la huida del imputado tras el accidente, además de un trabajo especializado realizado por Labocar de Carabineros, que permitió levantar muestras biológicas desde el volante del vehículo.

El análisis de ADN confirmó que las células epiteliales encontradas en el manubrio correspondían al acusado, prueba clave para demostrar que era quien conducía el automóvil al momento de la tragedia.

Tras el juicio oral, el Tribunal de Quillota condenó a Morales Pailamilla a siete años de presidio por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y a tres años y un día por incumplir la obligación de detenerse, prestar ayuda y dar aviso a la autoridad.

Además de las penas de cárcel, el condenado deberá pagar multas, quedó inhabilitado de por vida para obtener licencia de conducir y perdió definitivamente el vehículo utilizado para cometer el delito.

Con esta sentencia, que supera los 10 años de privación de libertad, la Fiscalía de Quillota logró una de las condenas más severas aplicadas por este tipo de hechos, cerrando un caso que generó profunda conmoción debido a la forma en que una familia perdió a uno de sus integrantes mientras descansaba en la seguridad de su propio hogar.

Un operativo simultáneo en 12 domicilios dejó al descubierto un inquietante poder de fuego: dos lanzacohetes de origen sueco, armas, municiones y droga en manos de una organización que operaba con estructura jerárquica en la región de Valparaíso.

Un impactante golpe al crimen organizado sacudió a la comuna de Limache luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) desarticulara a la peligrosa banda conocida como “Los Pichulas”, un clan familiar que no solo se dedicaba al microtráfico, sino que además mantenía en su poder armamento de alto poder destructivo, incluyendo dos lanzacohetes de uso militar.

El procedimiento, liderado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Limache en coordinación con la Fiscalía Local y el equipo especializado Mt-0, permitió la detención de seis personas —cinco adultos y un menor de 17 años— todos de nacionalidad chilena, quienes ahora enfrentan cargos por microtráfico y asociación ilícita.

La magnitud del hallazgo encendió las alarmas. Durante el operativo, que incluyó allanamientos simultáneos en 12 inmuebles, los detectives incautaron ocho armas de fuego, de las cuales solo dos estaban inscritas, además de 264 cartuchos de distintos calibres. Sin embargo, lo que más impactó fue la presencia de dos lanzacohetes de origen sueco, armamento de uso militar que ha sido utilizado en escenarios de conflicto y por organizaciones criminales en distintos países.

Peritajes realizados por el equipo Tedax de la PDI confirmaron que se trata de dispositivos altamente peligrosos, capaces de causar destrucción masiva, lo que eleva la gravedad del caso y abre interrogantes sobre cómo este tipo de armamento llegó a manos de la organización.

Pero el arsenal no era el único negocio. En el mismo procedimiento se logró sacar de circulación 33,25 gramos de cocaína base, distribuidos en 66 dosis listas para la venta, además de 134,34 gramos de cannabis. También fueron incautados tres vehículos presuntamente utilizados para las operaciones ilícitas.

Según los antecedentes de la investigación, “Los Pichulas” operaban bajo una estructura organizada y jerarquizada, coordinando reuniones para la compra y venta de armas y utilizando distintos domicilios como puntos de comercialización de drogas, lo que evidencia un nivel de planificación que va más allá del microtráfico común.

El caso genera preocupación no solo por la presencia de armas de guerra en una comuna residencial, sino también por el alcance que podría tener esta red y sus eventuales vínculos con otras organizaciones criminales.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia, mientras las autoridades continúan indagando el origen del armamento y el verdadero alcance de esta peligrosa banda que operaba silenciosamente en Limache.

El acusado fue condenado por disparar en reiteradas ocasiones contra la víctima tras seguirla en vehículo; su expareja fue absuelta por falta de pruebas.

Un crimen que conmocionó a Viña del Mar en 2023 comienza a cerrarse en tribunales. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad dictó veredicto condenatorio contra el imputado M.C.R.A., hallándolo culpable como autor de los delitos de homicidio consumado y porte ilegal de arma de fuego.

La resolución fue adoptada de forma unánime por los magistrados Fernán Rioseco (presidente), Claudia Ortiz y Roxana Valenzuela, quienes establecieron que el acusado actuó de manera directa y deliberada en el crimen.

Los hechos se remontan a la noche del 7 de junio de 2023, cuando la víctima, Matías Nahuel Fernández, salió a la vía pública en calle 10 Norte para recibir a su pareja, Claudia Sepúlveda San Martín, quien llegaba desde el Terminal de Buses de Viña del Mar.

En ese momento, un vehículo que venía siguiendo a la mujer se detuvo en el lugar. Desde su interior descendió M.C.R.A., quien disparó en reiteradas ocasiones contra la víctima, para luego huir del lugar junto a los ocupantes del automóvil.

El ataque fue letal. La víctima falleció en el lugar producto de una hemorragia interna y externa masiva causada por los impactos balísticos, que además provocaron lesiones de extrema gravedad, incluyendo fractura de fémur, perforaciones intestinales y daño en una arteria de gran calibre.

Durante el juicio, el tribunal dio por acreditados los hechos a partir de pruebas testimoniales de funcionarios policiales, registros fotográficos, análisis de cámaras de seguridad y peritajes balísticos y médico-legales.

En la misma causa, el tribunal absolvió a la imputada V.I.F.S., expareja del condenado, quien había sido acusada como coautora. Los jueces concluyeron que no existían antecedentes suficientes para acreditar que hubiese conocido o participado en el crimen, pese a haber estado presente en el vehículo.

“La ausencia de antecedentes que acreditaran un acuerdo previo o participación activa impide atribuirle responsabilidad penal”, sostuvo el tribunal.

La lectura de sentencia quedó fijada para el 30 de marzo, instancia en la que se dará a conocer la pena que deberá cumplir M.C.R.A., quien arriesga una sanción de alta gravedad por un homicidio cometido con arma de fuego en plena vía pública.

El caso vuelve a evidenciar el impacto de la violencia armada y la gravedad de este tipo de delitos en espacios urbanos.

Un brutal caso de abuso prolongado quedó al descubierto tras el veredicto del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, que condenó a un hombre de 62 años a 14 años de presidio efectivo por delitos reiterados de violación y abuso sexual contra la hija de su pareja.

Los hechos, acreditados en juicio por la Fiscalía de Quilpué, ocurrieron entre 2015 y 2023 al interior del hogar que compartían en la comuna de Quilpué, cuando la víctima tenía entre 6 y 13 años.

Durante el juicio, el fiscal Víctor Ávila expuso una contundente batería de pruebas, incluyendo peritajes, testimonios y la declaración de la propia víctima, que fue clave para acreditar los delitos. “La prueba rendida acreditó más allá de toda duda razonable los hechos de la acusación. Declaró la víctima, prueba principal del juicio y la restante testimonial no hace sino avalar los dichos de víctima y lo mismo la pericial de cargo. No hay ganancia secundaria alguna en este caso. Máxime si el aporte económico lo proveía el acusado”, sostuvo el persecutor en sus alegatos.

El tribunal descartó además los argumentos de la defensa, que intentó instalar que la denuncia respondía a un interés económico o que la madre de la menor tenía conocimiento de los hechos. En su fallo, los jueces fueron categóricos al señalar que la víctima no obtuvo ningún beneficio con la denuncia.

“Lejos, (MUY) lejos de cualquier ganancia, beneficio o rédito para la víctima o su familia, todo lo atingente y vinculado con los hechos no ha sido más que pérdida y perjuicio para ella (…) Ninguna ganancia, sólo pérdida y detrimento ha sufrido la víctima como consecuencia de estos eventos”, consigna la sentencia.

Con estos antecedentes, el tribunal condenó al acusado como autor de delitos reiterados de abuso sexual y violación de menor de 14 años, imponiéndole una pena única de 14 años de presidio mayor en su grado medio, que deberá cumplir de manera efectiva.

La víctima fue encontrada con graves lesiones en el rostro en plena vía pública. El Ministerio Público ordenó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI mientras se espera el informe del Servicio Médico Legal.

Una violenta agresión terminó con la vida de un hombre de 61 años durante la noche del sábado en la comuna de Quilpué, en la Región de Valparaíso. El hecho ocurrió en plena vía pública y ya tiene a un sujeto de 29 años detenido como presunto responsable.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima habría sido atacada con un objeto contundente, agresión que le provocó graves lesiones que finalmente derivaron en su fallecimiento.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia de equipos especializados de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer el crimen.

Hasta el lugar llegó personal de la Brigada de Homicidios (BH) junto al Laboratorio de Criminalística (Lacrim), quienes realizaron las primeras pericias tras constatar la presencia del cuerpo en la intersección de las calles General Cruz y Cañas.

Desde la policía civil informaron que la víctima no registraba antecedentes penales.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios, explicó que el examen médico preliminar reveló la existencia de lesiones en el rostro.

“El examen médico indica que la víctima presentaba lesiones contusas a nivel del rostro. No obstante, su causa de muerte se encuentra indeterminada y deberá ser investigada por el Servicio Médico Legal de Valparaíso”, señaló el oficial.

Respecto del procedimiento policial, Gallardo confirmó que Carabineros logró detener a un sospechoso por el hecho.

“El personal de Carabineros mantiene un hombre chileno de 29 años detenido por este hecho”, informó.

Los antecedentes recopilados en el sitio del suceso, junto con las evidencias levantadas por la policía científica, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que deberá formalizar al imputado mientras se esperan los resultados de la autopsia del Servicio Médico Legal, peritaje que permitirá confirmar la causa exacta de la muerte.

Tribunal acreditó que el acusado actuó con alevosía: ingresó de madrugada a la vivienda de la víctima mientras dormía y la atacó con un cuchillo, provocándole la muerte tras propinarle doce heridas cortopunzantes.

A 20 años de presidio efectivo fue condenado un hombre de 56 años, tras ser declarado culpable del delito de homicidio calificado, crimen ocurrido en 2024 en la localidad de Laguna Verde, Valparaíso.

El fallo fue dictado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, integrado por el magistrado Danko Koscina Villegas, quien presidió la sala, junto a los jueces Pamela Peralta Farrugia y Williams Vilches Flores, tras un juicio donde la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad del acusado.

Ataque mientras la víctima dormía

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal de Valparaíso, Hernán Martínez Landeros, el crimen ocurrió durante la madrugada del 16 de septiembre, cuando el imputado viajó desde Santiago hasta Laguna Verde con la intención de matar a la víctima.

“El acusado, con la deliberada intención de dar muerte a la víctima y portando un cuchillo, se dirigió hasta la localidad de Laguna Verde. Una vez allí, ingresó sigilosamente al inmueble por una ventana cuyo vidrio se encontraba quebrado”, explicó el fiscal durante el juicio.

La víctima se encontraba acostada y durmiendo al interior del domicilio cuando el agresor irrumpió en el lugar.

“Actuando con ánimo homicida, la atacó con el arma blanca, infiriéndole doce heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo. Producto de dichas lesiones, la víctima falleció minutos más tarde en el mismo lugar”, detalló el persecutor.

La causa de muerte fue establecida como shock hipovolémico secundario a múltiples heridas cortopunzantes.

Tras cometer el crimen, el imputado escapó en su vehículo con dirección a Santiago.

Celos enfermizos detonaron el crimen

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el homicidio tuvo su origen en celos patológicos del acusado, vinculados a una relación sentimental extramarital que había mantenido durante años con una mujer.

Según explicó el fiscal Martínez, la relación terminó en agosto de 2024, un mes antes del crimen. Posteriormente, la mujer comenzó a mantener una amistad con la víctima, situación que el acusado no toleró.

“El móvil del delito fueron los celos enfermizos y de carácter patológico del acusado, los que finalmente derivaron en este trágico desenlace”, expuso el persecutor en sus alegatos.

Incluso, semanas antes del crimen, el acusado había comenzado a vigilarlos, y en una ocasión lanzó una piedra que quebró el vidrio de una ventana del domicilio, la misma por la que finalmente ingresó la madrugada del ataque.

Tribunal acreditó alevosía

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó prueba testimonial, pericial y documental, además de otros antecedentes que permitieron reconstruir lo ocurrido.

La sentencia del tribunal señala que la prueba presentada fue suficiente para acreditar los hechos más allá de toda duda razonable, estableciendo además la circunstancia agravante de alevosía, es decir, que el ataque se realizó aprovechando la indefensión de la víctima.

20 años de cárcel efectiva

Tras valorar los antecedentes, el tribunal condenó al acusado a 20 años de presidio mayor en su grado máximo, en calidad de autor del delito de homicidio calificado.

La sentencia también contempla las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, además de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

El crimen quedó tipificado bajo el artículo 391 N°1 del Código Penal, en grado consumado y con la calificante de alevosía, una de las circunstancias más graves dentro de este tipo de delitos.

Docente de inglés fue condenado por abuso sexual reiterado, almacenamiento de pornografía infantil, amenazas y maltrato. La justicia dictó una pena efectiva de prisión tras una investigación que priorizó proteger a las víctimas.

Un profesor de inglés de 35 años fue condenado a 10 años de cárcel efectiva luego de que la Fiscalía de Villa Alemana lograra acreditar una serie de graves delitos cometidos contra ocho víctimas menores de edad. Los hechos, que generaron profundo impacto en la comunidad, ocurrieron mientras el imputado se desempeñaba como docente en un establecimiento educacional de la comuna.

La investigación permitió establecer que el hombre incurrió en abuso sexual reiterado, almacenamiento de material pornográfico infantil, amenazas reiteradas y maltrato reiterado, delitos que habrían ocurrido en fechas indeterminadas entre el año 2022 y el primer semestre de 2023. La gravedad de los hechos motivó una exhaustiva indagatoria por parte del Ministerio Público.

La condena se logró mediante un procedimiento abreviado, decisión adoptada tras escuchar a las familias de las víctimas. Siete de las ocho madres solicitaron evitar un juicio oral, debido al fuerte impacto emocional que implicaría que los niños debieran revivir los hechos en un tribunal.

El fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, explicó que el proceso siempre tuvo como prioridad el bienestar de los menores. “Nosotros nos enfrentamos a un proceso en donde hay ocho víctimas, ocho niños, ocho madres. Siete de ellas querían aceptar un procedimiento abreviado porque no querían llevar a sus hijos a un tribunal oral en lo penal, porque no querían revictimizarlos”, señaló.

El persecutor agregó que obligar a los niños a declarar nuevamente podía provocar estrés emocional severo, angustia y retrocesos en sus tratamientos psicológicos. Por esta razón, se optó por una vía judicial que permitiera alcanzar una condena sin exponerlos a nuevas instancias traumáticas.

“En definitiva, no se quiso exponer a los niños a retrocesos, a revictimización y al estrés”, sostuvo Basso, enfatizando que el interés superior del niño fue el criterio central para tomar la decisión procesal.

Durante la audiencia se presentaron pruebas testimoniales, informes psicológicos, pericias especializadas y material fotográfico, además de antecedentes relacionados con material pornográfico infantil encontrado en el teléfono del acusado. Estos elementos permitieron acreditar los delitos incluidos en la acusación del Ministerio Público.

Tras analizar los antecedentes, el tribunal resolvió condenar al profesor por todos los ilícitos imputados. La magistrada determinó que existían suficientes pruebas para establecer su responsabilidad en abuso sexual reiterado, almacenamiento de pornografía infantil, amenazas reiteradas y maltrato reiterado.

La sentencia establece una pena única de 10 años de presidio efectivo, lo que significa que el condenado deberá cumplir la totalidad de la sanción en la cárcel. Además, se decretaron diversas penas accesorias que buscan impedir que vuelva a acercarse a menores de edad.

Entre ellas se incluye la incorporación de su ADN al registro del sistema CODIS, la prohibición de trabajar con niños por un prolongado periodo y la prohibición de acercarse a las víctimas. Todas estas medidas buscan proteger a los menores y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

El fiscal Osvaldo Basso destacó que la condena representa una señal clara de justicia para las víctimas. “Diez años en procedimiento abreviado es una sentencia reparatoria porque es justicia, no es en libertad, es de cárcel. No tiene opción de ninguna pena sustitutiva”, concluyó.

El condenado disparó en la cabeza a su víctima y fue detenido días después con el arma aún cargada.

Un crimen que estremeció al sector de Llolleo terminó con una condena ejemplificadora. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio sentenció a 17 años de cárcel efectiva a un hombre de 34 años, declarado culpable de homicidio, además de porte y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

El ataque ocurrió en la madrugada del 10 de febrero de 2025. Según expuso el fiscal ECOH Juan Carlos Catalán, el acusado llegó armado hasta el domicilio de la víctima y abrió fuego con intención de matar.

“El día 10 de febrero, en horas de la madrugada, el acusado, premunido de un arma de fuego, se dirigió hasta el domicilio de la víctima, ubicado en el sector de Llolleo, donde le disparó con ánimo homicida. La víctima recibió dos impactos balísticos, uno en el cráneo y otro en el hombro derecho, este último con compromiso del pulmón derecho, falleciendo en el lugar a consecuencia de un traumatismo torácico por proyectil balístico y shock hipovolémico. Posteriormente, el imputado se dio a la fuga”, explicó el persecutor.

El crimen fue inmediato y letal. La víctima murió en el mismo lugar tras recibir un disparo en la cabeza y otro que comprometió gravemente su pulmón.

Quince días después, el 25 de febrero, el agresor fue capturado en la calle Los Huemules. Al momento de su detención, portaba el mismo tipo de arma: un revólver cargado con cinco cartuchos, además de otros siete proyectiles en el bolsillo, todo sin autorización legal.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales, documentales y fotográficas que permitieron reconstruir el ataque y acreditar la responsabilidad del acusado. La sentencia fue clara al señalar que la investigación fue “completa, lógica y concordante”, estableciendo sin dudas la existencia del homicidio y la participación del imputado.

Finalmente, el tribunal —integrado por la magistrada Daniela Herrera Faúndez y las juezas Constanza Encina Zacur y Rosa Caballero Burgos— condenó al acusado a 12 años de presidio por el homicidio y a otros 5 años por la tenencia ilegal del arma y municiones, sumando una pena total de 17 años de cárcel efectiva.

Además, se le impusieron las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos mientras duren las condenas.

La víctima sufrió una fractura expuesta con pérdida ósea tras recibir un impacto de bala en plena vía pública.

Una violenta noche que dejó secuelas irreversibles terminó con una condena ejemplificadora. La Fiscalía de Quillota logró que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dictara una pena efectiva de seis años de presidio contra un hombre de 56 años, declarado culpable del delito de lesiones graves gravísimas tras disparar contra su víctima en septiembre de 2021.

El hecho ocurrió cerca de las 22 horas del 13 de septiembre de ese año, cuando la víctima salió de su domicilio en la población Las Praderas rumbo a una vivienda ubicada en el pasaje John Kennedy. Fue en ese trayecto donde se cruzó con el imputado, quien manipulaba un arma de fuego.

Según expuso el Fiscal Jefe de Quillota, César Astudillo, el encuentro terminó en tragedia. “Alrededor de las 22.00 horas, la víctima salió de su domicilio ubicado en la población Las Pradera, en dirección a una casa ubicada en el pasaje John Kennedy, en ese momento se encuentra con el imputado, quien se encontraba en ese instante manipulando un arma de fuego, efectuando un disparo que impactó a la víctima, particularmente en la zona inferior de su pierna, siendo trasladado de urgencia al hospital San Martín de Quillota. Producto de la acción desarrollada por el acusado la víctima resultó con un trauma músculo esquelético de pierna izquierda por proyectil de arma de fuego, fractura expuesta pierna izquierda de tercio medio e inferior con pérdida ósea y de tejido blanco”.

Las consecuencias fueron devastadoras. El disparo no solo provocó una fractura expuesta, sino también la pérdida de tejido y estructura ósea, configurando un daño permanente que marcó la gravedad del ataque.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó prueba testimonial, pericial, documental y fotográfica que permitió acreditar tanto los hechos como la participación del acusado. La sentencia del tribunal fue categórica al señalar que los antecedentes presentados resultaron “consistentes, coherentes y complementarios”, logrando establecer con claridad la responsabilidad penal del imputado.

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota, presidido por el magistrado Javier Albornoz Hernández e integrado por los jueces Sebastián Videla Aspe y Carolina Encalada Passalacqua, condenó al acusado a seis años de presidio efectivo como autor del delito consumado de lesiones graves gravísimas, sancionado en el artículo 397 N°1 del Código Penal.

Además de la pena privativa de libertad, se le impusieron las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, así como la inhabilitación para ejercer profesiones titulares mientras dure la condena.