La reciente fiscalización realizada en un mall chino de Santiago, donde se detectó la venta irregular de medicamentos, no puede leerse como un hecho aislado ni anecdótico. Es una señal de alerta sanitaria que pone en riesgo directo a la salud de la población y evidencia falencias estructurales en el control del mercado farmacéutico informal.
Los medicamentos no son bienes de consumo cualquiera. Su calidad, almacenamiento, trazabilidad y correcta dispensación determinan su seguridad y efectividad. La venta fuera del circuito autorizado —sin supervisión profesional, sin garantías de origen ni condiciones adecuadas de conservación— expone a las personas a tratamientos ineficaces, eventos adversos y retrasos en diagnósticos oportunos.
Cuando el sistema no asegura el acceso, el mercado informal encuentra terreno fértil, transformando un problema social en un riesgo sanitario.
La respuesta no puede limitarse solo a sanciones. Se requiere fiscalización sostenida, educación sanitaria a la población, un fortalecimiento real del rol del químico farmacéutico como garante del uso seguro de medicamentos y la farmacia como centro de salud. Proteger la salud pública implica asegurar que cada medicamento que llega a las personas cumpla con estándares mínimos de calidad y sea dispensado bajo criterios técnicos y éticos.
La venta ilegal de medicamentos no es un atajo: es una amenaza que debemos enfrentar como país.
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