El derecho a la educación, central en la Agenda 2030 y en el ODS 4, exige garantizar inclusión, equidad y calidad en todos los niveles educativos. A escala internacional, los avances muestran ampliación del acceso, pero también brechas persistentes vinculadas a desigualdad socioeconómica, discapacidad, género y ruralidad. Estos desafíos indican que muchos sistemas aún no logran generar condiciones que permitan el cumplimiento pleno de las metas globales.
En la educación básica, diversos informes subrayan que la inclusión se fortalece cuando las escuelas adoptan enfoques institucionales que reduzcan barreras al aprendizaje, diversifiquen estrategias pedagógicas y consoliden equipos interdisciplinarios.
En este nivel, la labor docente es determinante, su formación, capacidad de adaptación y uso de herramientas de evaluación formativa influyen directamente en la participación y el progreso de los estudiantes. La tendencia internacional enfatiza la necesidad de fortalecer la formación inicial y continua del profesorado para responder a contextos cambiantes y heterogéneos.
En Chile, aunque se ha avanzado en cobertura y marcos normativos, las diferencias territoriales, la disponibilidad de recursos y la falta de docentes influyen en la posibilidad de ofrecer apoyos oportunos y pertinentes tanto en escuelas básicas como en instituciones superiores.
Respecto de la educación superior, el ODS 4 plantea la necesidad de consolidar modelos de gestión inclusiva, promover accesibilidad universal, actualizar prácticas de evaluación y fortalecer el acompañamiento académico. Estos elementos resultan claves para asegurar permanencia y egreso en un estudiantado cada vez más diverso.
Cuando se compara el escenario internacional y el chileno, hay un gran desafío. Se debe avanzar hacia sistemas educativos que garanticen el derecho a la educación mediante políticas sostenidas, prácticas coherentes y profesionales capacitados para responder a la diversidad presente en todos los niveles y áreas formativas, en línea con los compromisos asumidos para el cumplimiento de la Agenda 2030.
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