El lanzamiento del Sistema de Indicadores de Vulnerabilidad Socioterritorial (SIVUST) y de su Índice Global (IGVUST) marca un cambio profundo en la forma de comprender y abordar las desigualdades en nuestro país.
Durante décadas, Chile ha dependido de instrumentos como el Registro Social de Hogares, centrado principalmente en ingresos y características de los hogares. Sin embargo, esa mirada parcial dejaba invisibles las diferencias entre territorios y realidades locales. El SIVUST busca llenar ese vacío.
Este sistema, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, incorpora siete dimensiones clave —ingresos, empleo y pensiones, salud, educación, vivienda, accesibilidad y seguridad— para generar una radiografía mucho más integral de las vulnerabilidades. No solo mide a las familias, también mide a los territorios: comunas, regiones e incluso unidades vecinales.Y lo hace con datos actualizados mensualmente, lo que permitiría dar un seguimiento casi en tiempo real a las brechas que afectan a las comunidades.
Su implementación puede transformar la política pública en tres aspectos decisivos. Primero, permitiría mayor pertinencia territorial: ya no se diseñarán políticas desde promedios nacionales, sino desde diagnósticos que reconocen particularidades locales. Segundo, ofrecería mejor focalización de recursos: el Estado podrá dirigir la inversión a donde más se necesita, evitando duplicaciones o pérdidas de eficiencia. Y tercero, generaría capacidad preventiva: al detectar señales tempranas de deterioro social, se podrían activar políticas antes de que los problemas se conviertan en crisis.
No obstante, los desafíos son relevantes. La calidad del sistema dependerá de la confiabilidad y oportunidad de los datos; de lo contrario, el diagnóstico corre el riesgo de quedarse en el papel. Además, requerirá que municipios y gobiernos regionales cuenten con equipos capacitados para interpretar esta información y traducirla en planes de acción concretos. Finalmente, será fundamental prevenir la estigmatización territorial: que las zonas catalogadas como vulnerables no sean vistas solo desde la carencia, sino como espacios prioritarios de inversión y desarrollo.
Estamos frente a una herramienta pionera que, bien gestionada, puede redefinir nuestra política social y contribuir a un Chile más equitativo y sostenible. La invitación es clara: que autoridades, gobiernos locales, organizaciones sociales y universidades utilicen este sistema como un aliado para diseñar estrategias basadas en evidencia, que no solo mitiguen la vulnerabilidad, sino que fortalezcan el tejido social y proyecten un desarrollo inclusivo para todos los territorios.
Manuel Cea, director de Ingeniería en Administración de Empresas UNAB sede Viña del Mar
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