Cada 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, una oportunidad para reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes en temas de equidad de género. Chile ha experimentado importantes progresos en los derechos de las mujeres, aunque en materia de salud sexual y reproductiva aún existen brechas que requieren atención urgente.
Durante las últimas décadas, Chile ha avanzado en la protección de los derechos de las mujeres en distintos ámbitos. La promulgación de la Ley 21.030 en 2017, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación), marcó un hito en la historia del país. Esta normativa reconoció, por primera vez, la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos en situaciones extremas, alineándose con tratados internacionales de derechos humanos.
A nivel legislativo, también se han fortalecido normativas contra la violencia de género, como la Ley Gabriela (2020), que amplió la tipificación del femicidio, y la Ley de Violencia Integral, actualmente en discusión, que busca una mayor protección de las víctimas.
En términos de salud, Chile ha logrado mejoras en la cobertura de anticoncepción y en la educación sexual en algunos sectores. El acceso a métodos anticonceptivos en el sistema público ha permitido reducir embarazos no planificados y mejorar la autonomía reproductiva de las mujeres. Según datos del Ministerio de Salud (MINSAL), la tasa de fecundidad adolescente ha disminuido en la última década, lo que refleja avances en políticas de prevención. Asimismo, la Estrategia Nacional de Salud 2021-2030 ha priorizado la reducción de la mortalidad materna, garantizando mayor acceso a controles prenatales y al parto humanizado. Sin embargo, la implementación de estas estrategias aún enfrenta barreras estructurales, especialmente en sectores rurales y más vulnerables.
Aunque han sucedido los avances señalados, persisten importantes desafíos en la salud de las mujeres. La despenalización parcial del aborto no garantiza aún el acceso en todas las situaciones en que se requiere, y sigue pendiente el debate de si debiera ser aborto libre o no, ya que múltiples barreras administrativas, la objeción de conciencia institucional y la falta de información siguen limitando su aplicación. Un informe de Human Rights Watch (2021) advirtió que muchas mujeres en Chile aún enfrentan obstáculos para acceder a la interrupción del embarazo en las tres causales, lo que demuestra la necesidad de fortalecer la implementación de la ley.
Otro tema crucial es la salud mental materna. La depresión perinatal afecta a una de cada cinco mujeres en Chile, según datos del MINSAL, y sigue siendo un problema subestimado en la atención primaria que no cuenta con un programa específico para abordarlo.
Avanzar en políticas de salud sexual y reproductiva con enfoque de género es una tarea que sigue estando pendiente. La universalización del acceso a métodos anticonceptivos, la eliminación de las barreras existentes para el aborto legal en sus 3 causales y el fortalecimiento de la atención en salud mental materna deben ser prioridades en la agenda pública. Es fundamental que el Estado, las instituciones de salud y la sociedad en su conjunto trabajen para garantizar que todas las mujeres en Chile puedan ejercer su derecho a una salud digna, informada y libre de violencia, este es un derecho que no puede esperar.
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