Apagón: ¿Y el rol del Estado?

Felipe Oelckers
Director Ingeniería Comercial U. Andrés Bello, sede Viña del Mar

El apagón masivo que afectó a más del 95% de la población de Chile es un recordatorio alarmante de la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica del país.

Este tipo de incidentes no solo interrumpe la vida cotidiana de millones de ciudadanos, sino que también tiene repercusiones en la economía, la salud pública y la seguridad. En este contexto, es fundamental que el Estado ejerza un rol activo en la fiscalización y regulación de las empresas privadas que operan en el sector eléctrico.

La primera medida que el Estado debe imponer es el marco regulatorio que existe y que obligue a las empresas a mantener estándares de calidad y seguridad en el suministro de electricidad. Esto incluye la implementación de protocolos de mantenimiento preventivo y la actualización de infraestructuras obsoletas. Además, es crucial que se realicen auditorías periódicas para evaluar la capacidad de estas empresas para gestionar crisis y responder ante fallos.

La transparencia también juega un papel vital. El Estado debería exigir a las empresas que informen de manera proactiva sobre sus operaciones, así como de cualquier incidente que pueda comprometer la continuidad del servicio. En caso de fallos, es fundamental que se brinde información clara y oportuna a la ciudadanía sobre las causas y las acciones que se están tomando para resolver la situación.

Asimismo, en situaciones de emergencia, el Estado debe estar preparado para activar planes de contingencia que incluyan la coordinación con las empresas para restablecer el servicio lo más rápido posible. Esto implica no solo una respuesta técnica, sino también una comunicación efectiva con la población, informando sobre los tiempos estimados de recuperación y las medidas que se están implementando.

Finalmente, es esencial que se establezcan sanciones adecuadas para las empresas que no cumplan con los estándares establecidos. La responsabilidad social debe ser un pilar en la operación de estas empresas, y el Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de la población, garantizando que el suministro eléctrico sea seguro, confiable y accesible para todos. En resumen, la reacción del Estado ante el apagón debe ser proactiva y orientada a la mejora continua del sistema eléctrico nacional.