Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de la Facultad de Derecho UNAB, Sede Viña del Mar.
Luego del episodio en que el diputado RN Miguel Mellado grabara y filtrara a la prensa una conversación sostenida de manera privada con el Presidente, en un primer momento condenó el hecho señalando que con ello “se rompían las confianzas” (mintiendo al país), para posteriormente, mediante una declaración pública reconocer su autoría. Mellado indicó a la prensa que “no sentía vergüenza de lo que había hecho, y que consideraba que esta situación era un tema ético y que no habría infringido ninguna ley”.
Hace pocos días se conoció la firma de millonarios convenios administrativos entre la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. La suma de estos convenios ascendió a más de 426 millones de pesos. En este caso, el servidor público que autorizó y firmó estos convenios, Carlos Contreras, ahora ex Seremi, en un pasado reciente fue asesor de la diputada de RD, Catalina Pérez; y, uno de los integrantes de la Fundación beneficiada, no es nada menos que la actual pareja de la misma diputada Pérez, Daniel Andrade (hoy ocupando un cargo en el Ministerio de Defensa). Tras hacerse público este hecho, la diputada Pérez a través de sus redes sociales informó que había oficiado a la Contraloría General de la República para que este órgano se pronuncie sobre la legalidad de la firma de estos convenios.
Tanto en el caso de Miguel Mellado cómo en la situación de los cercanos a la diputada Pérez, se puede apreciar cómo es que los involucrados son incapaces de asumir y entender que el ejercicio de la función pública, que, en buenas cuentas, es el ejercicio del poder político, requiere de un comportamiento exigible que va más allá del piso mínimo, que es respetar la legalidad. El ejercicio de la función pública descansa en la confianza ciudadana. Al fin y al cabo, la actividad política, la conducción del Estado y la democracia misma, sólo se sustentan cuando cuentan con un importante grado de legitimidad, palabra que no es sinónimo de legalidad.
El mensaje que nos dejan Mellado y Pérez es que la ética y la decencia no importan. Daría lo mismo actuar a espaldas del Presidente, cuando reglas mínimas de sentido común y responsabilidad, le exigían al diputado actuar de otra manera. En el caso Pérez, no importa que su ex asesor le haya adjudicado un millonario convenio a la Fundación donde participa su pareja, para ella esto es normal y no importa la ocurrencia de un “pituto” (de esos que ella públicamente se comprometió a combatir), ya que lo único que vale es que el acto sea legal.
Lo anterior, adquiere mayor gravedad, considerando las lastimosas defensas corporativas de los respectivos partidos políticos, RN y RD obviando que, en la medida, que no seamos capaces de entender que el estándar de comportamiento exigible a quien ejerce poder va más allá de sólo respetar la ley, sino que involucra un actuar de buena fe y dentro de la ética pública, nuestra democracia está condenada a seguir deslegitimándose a los ojos de la ciudadanía, lo cual es particularmente grave, ya que una democracia débil abre las puertas a los populismos y autoritarismos.