Prof. Orompello Palacios Pérez, Facultad de Derecho UNAB, Sede Viña del Mar.
Sr. Director:
La aprobación de la reducción de la jornada ordinaria de trabajo a 40 horas semanales nos parece un avance importante para acercar a nuestro país a lo que ya a fines de los años 90 del siglo pasado la Organización Internacional de Trabajo (OIT), dirigida en aquel entonces por el chileno Juan Somavía, ha denominado “Trabajo Decente”, concepto que busca expresar lo que, en el mundo actual, globalizado e intercomunicado instantáneamente, debiera ser un “buen trabajo” o “un empleo digno”
Evidentemente la reducción de la jornada de trabajo, manteniendo el nivel remuneracional del trabajador, significa para éste disponer de mayor tiempo para la realización de actividades importantísimas que van desde el mero ocio a la búsqueda del perfeccionamiento profesional. La persona podrá desarrollar actividades vinculadas con su familia, la corresponsabilidad parental, entre otras.
Pero, sin desconocer el avance que representa la reducción de la jornada para acercarnos al “Trabajo Decente”, a fin de propender, en definitiva, a la construcción de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, que garantice la paz social, debemos, como país, avanzar en la consecución de los cuatro objetivos estratégicos planteados por la OIT: la eficaz protección de los derechos en el trabajo; la igualdad de oportunidades en el empleo; la protección social y un eficaz y permanente diálogo social.
Lo anterior por cuanto cada uno de los objetivos estratégicos cumple, además, una función en la búsqueda del logro de metas más amplias, tales como la inclusión social, la lucha por la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, y, en definitiva, el desarrollo integral y la realización personal de los integrantes de la sociedad, fin último al que debemos aspirar.