La Fiscalía de Los Andes consiguió condenas contra Pamela Donoso y Osvaldo Reyes por el denominado caso “fosas”. La investigación detectó diferencias entre la capacidad real de camiones utilizados para limpiar fosas y la informada en procesos de contratación municipal, provocando un perjuicio fiscal superior a $170 millones.
Un perjuicio que superó los $170 millones, camiones cuya capacidad real era inferior a la declarada y documentación que no coincidía con los certificados originales de la autoridad sanitaria forman parte del denominado caso “fosas”, investigación por la cual la Fiscalía de Los Andes consiguió la condena de Pamela Andrea Donoso González y Osvaldo Sergio Reyes Colarte.
La investigación, encabezada por el fiscal Jorge Alfaro, se inició a partir de un informe de Contraloría relacionado con el servicio de limpieza de fosas contratado por la Municipalidad de San Esteban, comuna donde este servicio adquiere especial importancia debido a la falta de alcantarillado.
La Fiscalía acusó a ambos como autores por delitos relacionados con uso malicioso de instrumento público falso y fraude al fisco, en una investigación donde el perjuicio involucrado superó las 400 UTM.
En el centro de la investigación estuvo la empresa SITA, cuya representante legal es Pamela Donoso y que comenzó prestando servicios de limpieza de fosas al municipio mediante trato directo, para posteriormente participar en dos licitaciones consecutivas.
Según expuso el fiscal Alfaro durante el juicio, a sugerencia del coimputado Osvaldo Reyes, la empresa comenzó a presentar camiones con certificaciones que indicaban una capacidad superior a la que realmente tenían.
La situación fue detectada mediante dos mecanismos.
Por una parte, Contraloría realizó una cubicación de algunos camiones y constató que su volumen era inferior al declarado. Además, contrastó la documentación presentada en las licitaciones con los certificados originales de la Seremi de Salud, detectando que al menos dos vehículos tenían capacidades considerablemente menores a las informadas.
La Fiscalía presentó durante el juicio prueba testimonial, pericial y documental, incluyendo antecedentes relacionados con el volumen y capacidad de carga de los camiones.
El perjuicio fiscal determinado superó los $170 millones.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Andes dictó veredicto condenatorio contra ambos acusados y, en su sentencia, realizó una particular reflexión respecto del papel que habría desempeñado Osvaldo Reyes.
El fallo recordó que Reyes reconoció haber sido candidato a alcalde de San Esteban en las elecciones de 2021, proceso en el que resultó electo el actual jefe comunal Christian Ortega.
Para el tribunal, este antecedente, analizado junto al resto de la prueba, daba cuenta de que Reyes no tenía una participación meramente periférica.
La sentencia sostiene que gozaba de una “posición de influencia y poder dentro del municipio” que excedía su función como encargado de adquisiciones y que tenía capacidad de decisión en los procesos licitatorios.
Pamela Donoso fue condenada a 61 días de presidio menor en su grado mínimo por su responsabilidad como autora del delito de falsificación o uso malicioso de instrumento público falsificado.
Además, recibió una pena de dos años de presidio menor en su grado medio y una multa de 140 UTM como autora de fraude al fisco. La pena privativa de libertad fue sustituida por remisión condicional.
En tanto, Osvaldo Reyes fue condenado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, además de una multa de 700 UTM, como autor de fraude al fisco.
En su caso, la pena fue sustituida por libertad vigilada intensiva durante igual periodo. También recibió la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.
Finalmente, ambos fueron condenados a cinco años y un día de inhabilitación absoluta para cargos, empleos u oficios públicos, además del pago de las costas del proceso.
De esta manera concluye judicialmente una investigación que puso bajo la lupa un servicio esencial para cientos de familias de San Esteban, revelando un perjuicio millonario para las arcas fiscales a partir de diferencias entre la capacidad declarada y real de los camiones utilizados en la limpieza de fosas.
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