Contraloría revela grave desorden financiero del Estado: municipios de Valparaíso entre las entidades que no lograron validar sus cuentas

La auditoría incluyó a municipalidades de la región como Concón y Quintero. El informe concluye que ninguna de las 73 instituciones fiscalizadas —del Gobierno Central y del sector municipal— pudo acreditar la confiabilidad de sus estados financieros, configurando una crisis de alcance nacional.

La Región de Valparaíso aparece directamente involucrada en el Segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA N°2) de la Contraloría General de la República, que revisó los estados financieros de 73 entidades públicas entre los años 2020 y 2024. En el listado figuran municipalidades como Concón y Quintero, lo que evidencia que el desorden financiero detectado también afecta al aparato público regional.

El informe es categórico: en el 100% de los casos se aplicó la figura de “abstención de opinión”, lo que significa que la Contraloría no pudo confirmar que las cifras presentadas fueran razonables ni confiables, debido a la falta de respaldo suficiente y adecuado de los registros contables.

Las causas identificadas se repiten de forma transversal en ministerios, servicios públicos y municipios: controles internos débiles o inexistentes, inconsistencias contables no aclaradas, ausencia de análisis que explique los saldos informados y deficiencias graves en los sistemas informáticos y en los controles de tecnología de la información. Estas falencias impiden asegurar la confiabilidad de la información financiera y revelan riesgos relevantes de mala gestión, errores graves o eventuales fraudes.

La magnitud del problema es nacional. La Contraloría cifró en $15,9 billones de pesos —equivalentes a US $17.300 millones— los recursos comprometidos, monto que representa cerca de un sexto del presupuesto público proyectado para 2026. De ese total, el 91% corresponde a entidades del Gobierno Central y el 9% a municipalidades, confirmando que la crisis atraviesa todo el Estado.

Para Valparaíso, región con alta concentración urbana, demandas sociales y dependencia de servicios municipales, el informe instala una señal de alerta mayor. Aunque la auditoría corresponde a una muestra, la reiteración de las mismas falencias permite inferir que el problema podría extenderse a otras comunas de la región, afectando la gestión de recursos clave para infraestructura, seguridad, salud y desarrollo social.

La Contraloría informó que, como resultado de estas auditorías, se instruyeron 27 sumarios administrativos, 10 procedimientos disciplinarios internos y 10 remisiones de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, reflejando la gravedad institucional del escenario detectado.

El informe deja en evidencia una falla estructural en los estándares de control y rendición de cuentas del sistema público, abriendo un debate urgente sobre la necesidad de reformular los mecanismos de gestión financiera del Estado para responder con transparencia y eficiencia a la ciudadanía.