Caso Democracia Viva: El desafuero de Catalina Pérez

Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de la Escuela de Derecho, UNAB Sede Viña del Mar.

El caso Democracia Viva significó un golpe muy duro al Gobierno, no solo por las consecuencias políticas que este escándalo de corrupción implicó en su momento para La Moneda, sino también porque impactó directamente en el discurso de miembros del Frente Amplio.

Personeros de este grupo se habían alzado como una especie de “seres de luz”, portadores de una moral superior y destinados a conducir al país por el camino correcto hacia la justicia y el desarrollo. Sin embargo, este caso dejó en evidencia que la corrupción no distingue banderas ni colores políticos.

Luego de bastante tiempo desde que se hiciera conocido el caso de las fundaciones, una cuestión que resultó inexplicable (hoy lo sigue siendo) fue que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, no asumiera ninguna responsabilidad política, a pesar de que una red de corrupción se desarrolló ante sus ojos. Posiblemente, su trayectoria política y las amistades y relaciones forjadas en mil batallas en el Congreso lo salvaron de enfrentar consecuencias mayores.

El caso Democracia Viva también ha llevado a personas a asumir responsabilidad penal, y sus procesos se están sustanciando en las instancias correspondientes. Recordemos que Pérez era pareja de uno de los principales implicados en esta red de corrupción, Daniel Andrade, y tenía, al menos, una cercana relación profesional con Carlos Contreras el ex-seremi de vivienda de Antofagasta. Todos ellos eran militantes de la ya disuelta Revolución Democrática.

Catalina Pérez intentó por todos los medios zafarse del escándalo, en más de una ocasión victimizándose ante la opinión pública y acusando persecuciones políticas en su contra.

Desde luego a Catalina Pérez le asiste el principio de presunción de inocencia, tan cuestionado en estos últimos años por su mismo sector. Es más, este principio fue aplicado por el propio Presidente de la República, quien la invitó a una gira presidencial oficial a Paraguay en julio de 2024. Sin embargo, hoy, con nuevos antecedentes a la vista, su situación ha cambiado drásticamente. La Fiscalía ha pedido su desafuero con la finalidad de iniciar acciones penales en su contra.

Esta solicitud de desafuero es importante porque pone de manifiesto el principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, también resulta grave, ya que evidencia una vez más la profunda crisis de ética que afecta a nuestra sociedad. Democracia Viva, desfalcos en Municipalidades, tráfico de influencias (caso Hermosilla) y un largo etcétera dejan al descubierto fallas tanto individuales como estructurales, que permiten que redes de corrupción crezcan y operen impunemente por mucho tiempo.

Es fundamental que las instituciones competentes funcionen adecuadamente, tanto para demostrar la inocencia como la culpabilidad de Catalina Pérez según corresponda. Al mismo tiempo, este caso debe ser un catalizador para que en las discusiones sobre la reforma del sistema político se incluyan normas que desincentiven los actos alejados de la juridicidad.

Es necesario establecer mecanismos que hagan responsables a quienes traicionen la confianza ciudadana. El caso Democracia Viva debe ser un llamado de atención para toda la clase política.

Chile enfrenta una crisis de confianza en sus representantes y en sus instituciones. La respuesta no puede ser tibia. Se requiere justicia efectiva, reformas profundas y un compromiso real con la ética pública.