Recientemente, la Cámara de Diputadas y Diputados elevó al Ejecutivo la solicitud de traducir al inglés todos los sitios web de los servicios públicos y las instituciones de gobierno, junto con las cifras e información económica oficial. Además de fomentar el aprendizaje de una segunda lengua, como propone el texto de la Cámara, la ejecución de esta iniciativa tendría un valioso efecto positivo en la imagen que proyectamos al extranjero.
Facilitar el acceso a nuestra información en el idioma más hablado del mundo favorecería el intercambio de conocimientos con otros países y organizaciones, permitiría cumplir con estándares internacionales y abriría nuevas oportunidades comerciales. En otras palabras, esto nos convertiría en un país más atractivo para los turistas, los inversionistas y la comunidad internacional en general.
Pero ¿quién traduce? Lamentablemente la respuesta no siempre es obvia. A veces, las tareas de traducción se dejan en manos no especializadas y los errores no tardan en hacerse virales, sobre todo cuando los textos tienen un alto alcance público. Por consiguiente, un proyecto como el que proponen los congresistas deberá ajustarse al más alto estándar de trabajo para garantizar los resultados esperados.
En Chile existe una amplia variedad de programas de estudios de traducción e interpretación que se ofrecen en universidades e institutos distribuidos de norte a sur. Cada año se titulan centenas de profesionales preparados para abordar las tareas traslativas más complejas en diversas áreas de conocimiento. En ese sentido, la propuesta de los parlamentarios supone otro importante beneficio: es una potente plataforma para esta disciplina y una oportunidad para impulsar el trabajo de los traductores.
A medida que aumenta la visibilidad de nuestra profesión, es de esperar que la pregunta anterior se responda cada vez con más rigurosidad.
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