Según un estudio de Fundación ConTrabajo, entre el 2019 y 2021 aumentaron de un 24,4% a un 39,5% las empresas que contrataron PcD, pero hay escasa información sobre cuántas de éstas pertenecen al sector público. Llamativo, ya que se esperaría que el Estado fuera el primero en cumplir y luego comunicar su progreso, para exigir con mayor propiedad, avances en la materia al sector privado.
Esta falta de data podría explicarse por vacíos observados en la ley, por ejemplo, en cuanto a medidas de fiscalización, las que difieren entre el sector público y privado, generando brechas de exigencias entre ambos. Entonces ¿existe real convencimiento sobre los beneficios de la inclusión laboral? Desde mi punto de vista, ésta enriquece los espacios y si todos los actores de la sociedad -independiente de su naturaleza- la experimentaran, lo comprobarían sin necesidad de leyes que lo exijan.
Ahora bien, para lograr una sociedad realmente inclusiva, el Estado debiera ser el primero en comunicar, con orgullo, sus propios avances en esta materia y mostrar con el ejemplo, los beneficios que trae una real inclusión.
Alejandra Ríos Urzúa
Directora Observatorio para la Inclusión U. Andrés Bello
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