“Todos los actores del sistema previsional debemos actuar con seriedad y responsabilidad en una discusión que es histórica, pero que se da en el marco de una crisis sanitaria que tendrá claras consecuencias en el ámbito social y económico para las familias chilenas”.
Con esas palabras, la Presidenta de AGAP, Ann Katharine Clark se refirió al debate que se iniciará con el proyecto de ley ingresado a tramitación con el objetivo de permitir el retiro de fondos de pensiones para enfrentar las dificultades económicas que traerá consigo la emergencia por el COVID-19.
En ese sentido la representante de los asesores previsionales del país dijo que “hay que analizar con rapidez, pero con profundidad el proyecto de ley. Desde nuestro punto de vista si se van a retirar fondos es como prestarle recursos al Estado para enfrentar la emergencia, por lo que nos parece del todo razonable que el Estado entregue un bono de reconocimiento de esas cotizaciones efectuadas con el fin de no afectar las futuras pensiones”.
De esa forma la Presidenta de AGAP, dijo que “en esa línea entonces la posibilidad de retirar fondos debiera establecerse como un derecho para todos, porque todas las familias se están viendo afectadas”. Lo anterior, argumentando que “la clase media será un sector con alto impacto desde el punto de vista de la falta de ingresos, el desempleo y tiene un alto nivel de endeudamiento, por lo tanto, es necesario considerar no sólo a los más vulnerables, sino que también a aquellos que no siendo de sectores más pobres van a quedar en grave situación de vulnerabilidad socioeconómica”.
Ann Katharine Clark se manifestó a favor de “que todos los sectores sean escuchados en el debate parlamentario. Los asesores previsionales sabemos lo que pasa en las familias, sabemos de los problemas y dificultades y, por cierto, entendemos que los trabajadores que necesitan liquidez hoy requieren resguardos para asegurar su vejez. Por lo tanto, esperamos ser escuchados y aportar a la discusión legislativa”.
Finalmente, señaló que “desde AGAP creemos firmemente que el Estado debe buscar los mecanismos para mitigar el impacto económico y social de la pandemia y si se evalúa el retiro de fondos por una única vez, debe ser como un derecho voluntario para todos los afiliados y con garantía de devolución por parte del Estado”.
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