Entre el 28 y el 30 de octubre, Valparaíso será escenario del 10º Congreso Mundial sobre Convivencia y Violencia en la Escuela (WCSV2025), encuentro internacional que congregará a especialistas, docentes y autoridades de más de 15 países y 180 universidades. La cita busca avanzar hacia comunidades educativas seguras, respetuosas e inclusivas, donde prime el aprendizaje en entornos de cuidado y paz.

El congreso es organizado por el International Observatory on School Climate and Violence Prevention (IOSCVP) junto al Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (EduInclusiva) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), con el apoyo de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, la Red Chilena de Investigación en Convivencia y Violencia Escolar (compuesta por seis casas de estudios superiores del país), y organismos como UNESCO, UNICEF, el Ministerio de Educación de Chile, la Asociación Chilena de Municipalidades y el SLEP Valparaíso.

“La violencia escolar no es un problema aislado, sino global. Este congreso es una oportunidad para generar respuestas conjuntas que impacten directamente en la vida de millones de estudiantes”, destacó Verónica López, directora de EduInclusiva PUCV y presidenta del IOSCVP.

Un espacio de encuentro global

Durante tres días, la Casa Central de la PUCV será escenario de más de 200 ponencias y nueve conferencias magistrales, con expositores provenientes de América, Europa, Asia y Oceanía. Entre ellos destacan Jonathan Cohen, cofundador del National School Climate Center (EE. UU.); Cecilia Fierro, investigadora de la UNAM (México); y Rosario del Rey, catedrática de la Universidad de Sevilla y referente internacional en ciberacoso.

“El aprendizaje de la convivencia es una oportunidad única para construir paz, practicar la democracia y valorar la diversidad”, subrayó Fierro, una de las voces más influyentes en el ámbito de la educación para la paz en América Latina.

Territorio y participación

El WCSV2025 también incorporará un enfoque local con los Diálogos Intergeneracionales por la Convivencia, realizados junto a UNESCO, UNICEF, el Mineduc y el SLEP Valparaíso, donde 12 comunidades educativas de la región compartirán sus experiencias y propuestas sobre buen trato y participación. Los resultados de estos diálogos serán presentados durante el congreso, integrando las voces de niñas, niños y adolescentes en un debate global.

Un desafío urgente

En Chile, los episodios de violencia escolar y ciberbullying han aumentado en los últimos años, pese a las políticas implementadas tras la Ley de Violencia Escolar (2011). Según los organizadores, el desafío hoy es conectar la evidencia científica con las prácticas cotidianas en las aulas y fortalecer redes internacionales de cooperación.

“El corazón de este encuentro —explicó la Dra. Verónica López— es comprender que la convivencia no es solo un medio para mejorar los aprendizajes, sino un fin en sí misma: aprender a vivir con otros distintos a mí y construir una paz duradera”.

Fechas: 28, 29 y 30 de octubre de 2025.

Lugar: Casa Central, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Más información: www.wcsv2025.cl

Dra. Miriam Pardo Fariña

Académica de Psicología de la U. Andrés Bello, sede Viña del Mar

lamentablemente, las peleas con armas, balaceras blancas y otro tipo de ataques, se están volviendo cada vez más recurrentes en los establecimientos educativos. Dada la gravedad de la situación, se ha formulado la propuesta de colocar detectores de metales en las entradas de los colegios con la intención de detener a tiempo sucesos de considerable gravedad. Cabe preguntarnos, ¿por qué hemos llegado a estos niveles de violencia?, ¿por qué la anomia de nuestra sociedad va acrecentándose hacia niveles cada vez más degradantes?

Es importante señalar que esta realidad expresa la fractura de los vínculos sociales, familiares y escolares. La anomia, carencia de normas sociales, da cuenta de una historia sociocultural deshilvanada, siendo los niños, adolescentes y jóvenes los portadores de actos violentos que carecen de palabra, porque no ha sido posible tramitar los sufrimientos por vías simbólicas y afectivas. Esto da cuenta de deshumanización.

Respecto a lo anterior, se piensa en el detector de metales como una medida urgente para evitar este descontrol desmedido; Sin embargo, es una señal paradójica si consideramos que el sistema educativo debe formar a sus estudiantes integrando los ámbitos referidos a lo educativo, emocional y comunitario. Se trata de un trabajo que toma un largo tiempo y en el cual no se vislumbra cómo abordarlo cuando el tejido social se ha roto, por lo que los niños, adolescentes y jóvenes actúan de manera “irreflexiva”, con actos violentos, porque desde mucho antes, desde sus entornos familiares y sociales, no han sido escuchados, o han sufrido maltratos de diversa índole, incluyendo sentimientos de abandono. En tales circunstancias, atacar al otro es la solución más fácil para destruir cuando es el mismo niño o joven violento que ya se siente destruido, sin poseer herramientas cognitivas, afectivas, emocionales, entre otras, para cambiar la mirada de la vida.

Frente a estos hechos, presentar un escenario con detectores de metales, es mostrar a la sociedad de que no hemos sabido encontrar las formas de abordar este problema de manera integral promoviendo la comunicación y el encuentro con el otro. Tampoco hemos sabido reparar y acompañar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Sólo quedan instrumentos concretos, como un detector de metales, para obtener una sensación de seguridad normalizando que somos sospechosos de posibles actos que algunos cometen.

La educación no debería reducirse a la lógica de la seguridad, sino cuestionar cómo se pueden establecer vínculos sanos, cómo reformular los Programas de Convivencia Escolar, cómo trabajar con las familias, cómo se puede expresar la frustración sin causar dolor a los demás. Esto no es sólo una tarea para el sistema educativo, es un replanteo que debiéramos tener todos, porque formamos parte del tejido social, para buscar caminos sin permitir que la brutalidad ciega se tome las calles y nuestros establecimientos educativos.

Durante su intervención, Velasco advirtió que “el proyecto, tal como está formulado, impone exigencias y responsabilidades desproporcionadas a los establecimientos educacionales sin otorgarles los apoyos necesarios para cumplirlas”. En su opinión, esto no solo genera una sobrecarga burocrática innecesaria, sino que además erosiona la autoridad pedagógica de los docentes, esencial para mantener un clima de aprendizaje y respeto en las aulas.

La Asociación manifestó su preocupación por una creciente judicialización de las relaciones dentro de las comunidades escolares. “Se pretende reemplazar los vínculos educativos, basados en la confianza y el diálogo, por relaciones puramente jurídicas, mediadas por protocolos y coerciones”, señaló Velasco. Ejemplificó esta situación con casos en que profesores han sido denunciados y suspendidos simplemente por intervenir en peleas entre estudiantes.

ASEDUCH afirmó que el actual enfoque normativo no ataca las causas de fondo de la violencia escolar y que solo aumentará los costos y cargas administrativas en los establecimientos sin resolver los conflictos que afectan la convivencia diaria. Además se “generará una sobrecarga de trabajo, aumentará el estrés y posiblemente la frustración en las comunidades educativas”, indicó Aseduch.

Un llamado a un nuevo pacto educativo

La Asociación aprovechó la instancia para reiterar la urgencia de construir un gran acuerdo nacional por la educación, que involucre a todos los actores del sistema: familias, educadores, estudiantes, gremios, Estado y sociedad civil. “Necesitamos una ley que devuelva a los educadores las atribuciones necesarias para enseñar y formar en ambientes seguros y ordenados, no más reglamentos que limitan su acción y autoridad”, sostuvo Velasco.

En este contexto, ASEDUCH reafirmó su compromiso con una educación centrada en los estudiantes y en el respeto a la labor docente, y advirtió que sin cambios reales, las políticas públicas seguirán desconectadas de la realidad que se vive en las salas de clases a lo largo del país.

La pandemia de COVID-19 agudizó los problemas de violencia escolar, así lo indica el estudio “Sin miedo en la escuela”, realizado por académicos de varias universidades del país. La investigación sostuvo que el retorno a las clases presenciales en 2022 trajo consigo un aumento en los incidentes violentos y una exacerbación de los problemas de salud mental entre los estudiantes. Este fenómeno, combinado con una carga de trabajo excesiva para los docentes y falta de recursos, ha puesto a prueba las capacidades de respuesta de las escuelas.

Al respecto, se precisó que el Plan de Reactivación Educativa implementado por el Ministerio de Educación, busca atender estos desafíos a través de un enfoque que integra la salud mental y la convivencia escolar. En particular, el programa “A convivir se aprende” ha permitido el acompañamiento a escuelas en temas de violencia, convivencia y salud mental de la comunidad educativa y la capacitación de los profesionales a cargo de esta temática. Sin embargo, el informe subraya que estas iniciativas necesitan ser respaldadas por evaluaciones constantes y mejor financiamiento para asegurar su sostenibilidad y eficacia a largo plazo.

El trabajo -en el que participaron los académicos Paulina Sánchez (Universidad del Desarrollo), Paula Ascorra (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Christian Berger (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Jorge Varela (Universidad Del Desarrollo), evidenció la situación de la violencia escolar en el país. Este estudio forma parte del trabajo del Nodo Latinoamericano de Prevención de la Violencia contra la Niñez en la Escuela del Coalition for Good Schools y se presentó junto con los informes de Argentina, Colombia y Perú, abordando un problema común en la región.

La investigación destacó que Chile ha llevado adelante esfuerzos notables en el desarrollo de políticas contra la violencia escolar. Normativas como la Ley N° 20.536 y la creación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar han sido pasos importantes para abordar el problema. No obstante, la implementación efectiva de estas políticas sigue siendo un desafío. La Superintendencia de Educación (SUPEREDUC) ha jugado un papel clave en la supervisión y en la respuesta a las denuncias, pero se observan limitaciones en la aplicación homogénea de las normativas y en el seguimiento de los casos reportados.

El análisis también subrayó la importancia de que los colegios cuenten con un Comité de Buena Convivencia Escolar y un encargado dedicado a gestionar la convivencia. Estas medidas han ayudado a sentar las bases para un ambiente educativo más seguro, pero el informe señala que las brechas en la formación de los encargados y la falta de recursos en algunas instituciones limitan su eficacia. La desigualdad en el acceso a apoyo especializado y la variabilidad en la calidad de las intervenciones también son puntos críticos a considerar.

Propuestas para un cambio estructural

El documento concluyó con un llamado a la acción que abarca cinco áreas prioritarias. Primero, la necesidad de implementar políticas de manera más coherente y eficaz, asegurando que las leyes sean algo más que un marco teórico. Segundo, se propuso reforzar la prevención y respuesta a nivel escolar, capacitando al personal docente y directivo en estrategias de manejo y prevención de la violencia. La tercera área abordó el cambio de las normas sociales que sostienen la violencia, fomentando una cultura de respeto y diálogo en la comunidad escolar.

La cuarta prioridad es la inversión adecuada de recursos. Sin un financiamiento suficiente, las iniciativas de convivencia y prevención de la violencia corren el riesgo de ser implementadas de manera superficial. Finalmente, el informe enfatizó en la importancia de recopilar y usar datos de manera efectiva para evaluar el impacto de las intervenciones y hacer los ajustes necesarios. La recopilación de evidencia no solo permite monitorear avances, sino que también refuerza la transparencia y la responsabilidad en la gestión de políticas públicas.

“Este informe destacó la necesidad de una colaboración intersectorial en la prevención de la violencia escolar. Invertir en programas de apoyo, salud mental y formación docente no es solo un gasto, es una inversión en el futuro de nuestra sociedad, asegurando que nuestros niños crezcan en ambientes seguros y protectores.” expresó Paula Ascorra, académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Cabe consignar que “Sin Miedo en la Escuela” no solo diagnosticó los problemas actuales, sino que invita a reflexionar y actuar. Sus propuestas ofrecen una hoja de ruta para transformar las escuelas en espacios donde la seguridad y el respeto sean la norma. La colaboración entre el gobierno, las comunidades educativas y otros actores es vital para superar los desafíos y construir un futuro donde los niños, niñas y adolescentes puedan aprender y desarrollarse plenamente. Este es un llamado urgente a todos los involucrados a unirse en un esfuerzo colectivo para erradicar la violencia escolar de manera definitiva.