El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso dictó veredicto absolutorio en favor de cinco acusados vinculados a los homicidios ocurridos en agosto de 2022 en el sector de Playa Ancha.

En resolución unánime, el tribunal absolvió a Jean Pierre Ángel Mesías Ferreira, Jeremy Damián Conejeros Lara, Eduardo Camilo Matus Garnett y Nicolás Ignacio Leas Achibur, quienes habían sido acusados por el Ministerio Público como autores de dos homicidios consumados y dos frustrados. Asimismo, fue absuelto Brayan Brito Campos, a quien se le imputaba participación como encubridor.

El tribunal —integrado por los magistrados Álex Guzmán, Valeria Echeverría y Pamela Peralta— recalificó los hechos como homicidios simples (dos consumados y dos frustrados), descartando las agravantes de ensañamiento y premeditación, al no existir prueba suficiente que permitiera acreditarlas.

Según se estableció durante el juicio, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 del 22 de agosto de 2022 en la intersección de Baden Powell con Vargas Stoller, cuando sujetos no identificados dispararon contra un vehículo en el que se trasladaban Randall Maganza López y Kimberly Javiera Azola Gallardo, quienes fallecieron en el lugar. Dos menores de edad que también viajaban en el automóvil resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Respecto del imputado como encubridor, el tribunal determinó que, aun cuando se considerara efectivo que intentó gestionar la eliminación de registros audiovisuales del hecho, dichos registros ya habrían sido borrados previamente, por lo que su eventual acción no tuvo capacidad real de incidir en la investigación.

En cuanto a los acusados como autores, el tribunal concluyó que la prueba presentada por la Fiscalía y los querellantes resultó insuficiente para acreditar su participación más allá de toda duda razonable. Entre los elementos considerados, se mencionaron contradicciones en el testimonio del único testigo directo, ausencia de evidencia material clave y la exclusión de una declaración obtenida con vulneración de garantías fundamentales.

Asimismo, el tribunal dejó constancia de que, aunque algunos testigos situaban a uno de los acusados en el lugar de los hechos, no fue formalmente acusado como autor, lo que impidió emitir pronunciamiento sobre una eventual responsabilidad directa sin vulnerar el principio de congruencia del proceso penal.

La audiencia de comunicación de la sentencia, que será redactada por la magistrada Pamela Peralta, quedó fijada para las 08:30 horas del lunes 9 de marzo próximo.

• El instituto anuncia evaluación de las acciones del Estado que presentará en 2026 en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Cuando se cumplen seis años de la crisis social de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recuerda que esta es la crisis de derechos humanos más grave vivida por el país desde la restauración de la democracia, afirmación que estableció de manera unánime el Consejo del INDH a través del Informe Anual de ese año.

Con el fin de examinar cuál ha sido hasta ahora la respuesta del Estado en el ámbito de la justicia, el instituto realizó una revisión de las acciones judiciales que interpuso por las graves violaciones a los derechos humanos, que tuvieron lugar entre el 17 de octubre de 2019 hasta el 18 de marzo de 2020. Además, anunció que realizará una indagatoria minuciosa de las respuestas del Estado en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición.

En relación a las querellas interpuestas por el INDH, se trata de 3 mil 247, de las cuales 145 ya se encuentran finalizadas, pero sólo 68 de ellas concluyeron con sentencias condenatorias para los agresores. A través de diversas entrevistas a medios de comunicación, el director del INDH, Yerko Ljubetic ha indicado que estos resultados son preocupantes.

Del total de estas querellas, 2 mil 311 fueron por apremios ilegítimos, 566 por torturas, 249 por violencia innecesaria y 121 por otro tipo de vulneración. Este universo de querellas da cuenta de las denuncias de 3 mil 842 víctimas: 2 mil 861 hombres (75%) y 978 mujeres (25%). Mientras que la edad promedio es de 26 años.

Víctimas registradas por el INDH

Además, del universo total de víctimas registradas por el INDH, mil 492 corresponden a personas de uno o más grupos de especial protección. Entre éstas destacan 605 niños, niñas o adolescentes (16%), 34 personas mayores, 28 que tienen alguna discapacidad, 25 personas LGBTIQ+ y 20 personas migrantes. Es importante señalar que una persona puede ser parte de más de un grupo de especial protección.

Si la cifra de víctimas se analiza por las consecuencias de los ataques, siete personas fallecieron, en tanto que 3 mil 648 (el 95%) sufrieron algún tipo de lesión física. 228 de ellas (6%) fueron afectadas por alguna lesión ocular. Además, el 20% de las mujeres denunciantes indicaron que fueron víctimas de violencia sexual, mientras que en el caso de los hombres, esta cifra corresponde al 10%.

Reparación y garantías de no repetición

En cuanto a las medidas de reparación, es importante recordar a las más de 464 personas con algún tipo de lesión ocular registradas por el Ministerio Público y a las miles que presentaron lesiones graves de otro tipo. Del mismo modo, considerar a las personas que sufrieron violencia institucional en el contexto de la crisis social y que durante los años siguientes se han suicidado.

Al respecto, el INDH ha sostenido que la reparación integral a las víctimas debe considerar medidas dirigidas a la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción. Referido a lo anterior, el director Yerko Ljubetic ha indicado que “los esfuerzos emprendidos en materia de reparación han sido insatisfactorios”.

En esa línea, el instituto ha determinado indagar rigurosamente las medidas que ha adoptado o no el Estado respecto de las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis social, atendiendo especialmente a las recomendaciones formuladas por el INDH en sus informes, de manera de dar a conocer durante 2026 una evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades estatales relativas a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En relación con las garantías no repetición, el instituto ha sostenido que es incuestionable que la violencia de la que fueron víctimas las personas, no puede volver a ocurrir en el país y para eso se necesitan fuerzas del orden capacitadas, con pleno respeto a los derechos humanos.

Informe del Ministerio Público

Además, el director del INDH indicó que “las cifras que ha dado a conocer el Ministerio Público en su balance de lo ocurrido en el contexto de la crisis social, confirman la preocupación planteada desde el INDH a partir del resultado de nuestras propias querellas”, dijo Ljubetic.

Según recordó el director, “del total de casos investigados por el Ministerio Público relativos a violencia institucional, que fueron más de 11 mil 500, sólo en 385 se terminó con una sentencia, y de ellas sólo 219 fueron condenatorias. El resultado desde el punto de vista de establecer la verdad y la justicia es francamente insatisfactorio”, concluyó.

Es importante indicar también que, según el balance del Ministerio Público, más del 90% de las causas por delitos por violencia institucional se encuentran concluidas. Las causas vigentes representan sólo 8,8% del total, el resto ha sido objeto de Decisión de No Perseverar (3.215) o archivo (6.821).

Este fue el inapelable veredicto de la justicia para el imputado que agredió sexualmente a seis mujeres entre 2010 y 2019, siendo el caso más emblemático el de Antonia Barra, que tiempo después del hecho se suicidó.

Este viernes la justicia confirmó la condena de Martín Pradenas, de 31 años, a 17 años de cárcel, por siete delitos sexuales perpetrados contra seis víctimas entre 2010 y 2019.

Tras tres años, se pone fin a un proceso que inició en 2019 tras el suicidio en Temuco de la joven Antonia Barra, a los 21 años, quien se quitó la vida después de la agresión perpetrada por Pradenas, lo que motivó un movimiento liderado por la familia y al que se sumaron grupos feministas y adherentes que clamaban por justicia. La Fiscalía y la familia de Barra pedían 40 años de prisión para el que denominaron como un“depredador sexual”.

Pradenas, quien siempre se declaró inocente, se encuentra en prisión preventiva desde mediados de 2020. Esos tres años se le descontarán a la condena, –que en un primer juicio era de 20 años de presidio– por lo que cumplirá 14 tras las rejas.

Alejandro Barra, padre de Antonia, se mostró en contra de los años de sentencia: “El hecho de que no estemos conformes no significa que vayamos a sufrir más. Solamente es un remedio que no nos calma totalmente. Y ninguna pena, ni los 40 ni los 100 años que se le pudieran dar al imputado, nos calmará la tristeza de haber perdido a nuestra hija”.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la capital regional de La Araucanía  lo declaró culpable a comienzos de julio por dos delitos de violación a personas mayores de 14 años, cuatro abusos sexuales a una mayor de 14 y otro a una menor de 14. Esa fue la resolución del segundo juicio al victimario, después de que la Corte Suprema acogiera el pasado diciembre el recurso de nulidad presentado por la defensa de Pradenas, que acusó falta de imparcialidad por parte de uno de los jueces. El máximo tribunal anuló ese juicio, en el que había condenado a 20 años de cárcel.

El juez José Ignacio Raúl Atria sostuvo al finalizar el segundo juicio que las pruebas de las víctimas, testigos y agente de la Policía de Investigaciones fueron “concordantes, consistentes, complementarias y suficientes”. Pradenas no podrá trabajar de por vida en centros educativos o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo, previo a conocerse la sentencia, que más “más allá de la pena” valoran “la decisión de condena del tribunal, que implica dar por establecidos los hechos que fueron materia de la acusación y también permite reconocer la verdad de las víctimas”.

El caso de Antonia Barra

De acuerdo al relato del fiscal, la joven Antonia Barra llegó el 17 de septiembre de 2019 a una discoteca de Pucón. Desde el recinto se trasladó con Pradenas hacia una cabaña. Entre las pruebas del Ministerio Público, un vídeo la muestra caminando con dificultad junto al condenado, en estado de ebriedad. A la mañana siguiente, la víctima llamó llorando a la amiga con la que fue a la discoteca y le pidió alterada que la busquen en la cabaña en que se encontraba.

Según el fiscal, cuando sus amigos fueron a buscarla, Barra se veía muy afectada y no contó lo ocurrido. El 12 de octubre le relató a su exnovio que Pradenas la había violado, de acuerdo a los mensajes encontrados en su móvil. Al día siguiente, se despidió de él mismo, y a las pocas horas, se quitó la vida.

En julio de 2020, los tribunales ordenaron solo el arresto domiciliario a Pradenas, pese a las peticiones de la Fiscalía de decretar la prisión preventiva. La decisión sacó a la calle a miles de mujeres en diferentes ciudades del país. Días después de las protestas, el Ministerio Público revocó la medida cautelar y dictó la prisión preventiva por considerar que Pradenas constituía un peligro para la sociedad. El caso de Barra impulsó a otras víctimas del agresor a contar sus testimonios ante la justicia.

Desde entonces, Alejandro Barra, padre de la víctima, junto con organizaciones feministas, se han movilizado para que el suicidio feminicida tenga persecución penal.

A finales de 2022 se promulgó la Ley Antonia, que tuvo su discusión inicial por el caso de Antonia Garros y que se mantuvo en la palestra por los hechos de La Araucanía, la que establece que la persona que “con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género, cometidos por este en contra de la víctima, cause el suicidio de una mujer, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio feminicida”.

El fiscal de Valparaíso pedía 47 años de cárcel efectiva para Daniel Cerda Bustos, el tribunal lo sentenció a “17 de presidio por delito reiterado de estupro, delito reiterado de explotación sexual y delito reiterado de violación de menor de 14 años”. Aunque el condenado es absuelto “de tres delitos reiterados de explotación sexual impropia a tres víctimas” entre los años 2018 a 2020 y de otras figuras delictuales, nos parece una sentencia importante e histórica.

Hasta hace no mucho, la mayoría de estos explotadores de niñas, niños y adolescentes, quedaban en la impunidad total, por lo que la gran diferencia que hay entre los 47 años de presidio que pedía el fiscal y los 17 que dictó la Justicia no son 30 años, sino un grandísimo avance en el reconocimiento de un delito que hasta hace poco ni siquiera se nombraba por su nombre: explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA es la sigla con que se le cita en los documentos técnicos). Hace muy poco se le designaba “prostitución infantil” o “facilitación para la prostitución”, conceptos que tendían a que el sistema de justicia estigmatizara y responsabilizara por sus conductas a las víctimas, asimilando sus casos al del comercio sexual adulto, lo que no tiene nada que ver con su realidad.

Para el Hogar de Cristo esta sentencia es particularmente significativa porque fueron las jóvenes de nuestra residencia  de protección Anita Cruchaga las acosadas y explotadas por la red que lideraba Daniel Cerda Bustos. La residencia buscaba establecer estándares técnicos de calidad para el cuidado de jóvenes con historias de vulneración y abusos particularmente complejas. Pero desde su instalación en 2017 hasta que se quemó en un incendio en 2019, cuyo origen aún no está claro, fue asediada de manera permanente por estos sujetos.

El sistema de apoyo ciertamente no fue todo lo eficiente y sensible a la urgencia y reiteración de nuestras denuncias, porque este delito históricamente se ha abordado desde el prejuicio y el machismo, propios de una estructura patriarcal que lo contamina todo. Tanto así, que las víctimas no se consideran tales. Han naturalizado esa condición porque han sido abusadas “desde el útero”, como dice Denisse Araya, la presidenta del directorio de la ONG Raíces, que colaboró con nuestros equipos en el abordaje de este tema del que son especialistas.

Cuatro años tomó el proceso judicial.

Hoy esas niñas son mujeres y algunas siguen sintiendo más culpa por los victimarios que por ellas mismas. Eso es lo más dramático y lo que todos como sociedad debemos revertir. Sucesivos estudios del Hogar de Cristo y de  la ONG Raíces, así como el seguimiento al trabajo de reparación del daño a las víctimas, han permitido profundizar en las modalidades de explotación: relaciones sexuales a cambio de dinero, regalos, favores y, sobre todo, falso afecto; además de pornografía, trata, turismo y viajes, y otros. Los explotadores son de distintas clases sociales y profesiones, predominantemente hombres, sin distinción de edad, con una leve tendencia a ser consumidores o productores de pornografía infantil. Son además maestros en manipulación y seducción, aprovechándose de las carencias afectivas de las jóvenes y del daño que ellas acarrean.

A lo menos son dos los focos en los que debemos poner todas nuestras energías como país: nuestros niños y niñas requieren de acciones efectivas de prevención, detección y abordaje terapéutico de la violencia sexual. Por otro lado, se requiere con urgencia una instancia interinstitucional público-privada, con presupuesto y poder de acción, liderada por la Subsecretaría de la Niñez y con la supervigilancia de la Defensoría de la Niñez, que logre contribuir a la persecución y castigo de delincuentes como los que sedujeron y terminaron explotando sexualmente a las jóvenes de la residencia Anita Cruchaga. Esos que hoy empezarán a pagar su culpa. Ojalá sentencias como ésta resulten ejemplificadoras y contribuyan a desbaratar a estas mafias despreciables.