Puntos Clave de la Noticia:

• Yáñez plantea que el Estado debe coordinar todas sus capacidades ante la gravedad de la criminalidad actual.
• La propuesta busca apoyo logístico y técnico de las FF.AA. sin reemplazar las labores policiales ni militarizar el país.
• El debate ocurre en el contexto de la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo dentro de la agenda ACOT.

El exgeneral director de Carabineros abordó la discusión que acompaña la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), planteando que las Fuerzas Armadas pueden aportar capacidades logísticas, de inteligencia y de apoyo a las policías, sin reemplazar sus funciones. En tanto, el exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli destacó el nuevo rol que deben asumir las cárceles frente al avance de las organizaciones criminales.

Agosto, 2026. La discusión sobre cómo debe responder el Estado chileno al avance del crimen organizado volvió a instalar en el centro del debate el rol que deben cumplir las distintas instituciones encargadas de la seguridad. La reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) propone, entre otras medidas, un nuevo estado de excepción de seguridad pública y contempla la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apoyen a las policías en labores de vigilancia, logística, control perimetral y apoyo técnico.

En medio de esta discusión, el general (r) y exdirector de Carabineros Ricardo Yáñez planteó en el programa “Punto de Encuentro” de Bio Bio TV, que el escenario actual obliga al Estado a utilizar de manera coordinada todas las capacidades disponibles, diferenciando claramente las funciones de las policías de aquellas que pueden aportar las Fuerzas Armadas.

“Cuando hay situaciones tan graves como las que están ocurriendo hoy día, yo creo que el Estado no puede privarse de ocupar ninguna de las capacidades que puede tener disponible”, afirmó Yáñez, quien sostuvo que el desafío está en determinar cómo organizar y coordinar esas capacidades de manera eficiente.

El exgeneral director apuntó a que la naturaleza de las amenazas actuales es distinta a la que existía cuando se diseñó el actual marco constitucional. “Yo creo que efectivamente cuando se hizo la Constitución del 80 no vivíamos lo que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, los estados de excepción y la regulación que tienen no están acordes a los nuevos tiempos”, señaló.

En esa línea, Yáñez marcó una diferencia entre utilizar las capacidades militares en apoyo de las policías y una eventual militarización de la seguridad pública. A su juicio, las FF.AA. pueden contribuir con inteligencia, medios logísticos y recursos humanos en tareas específicas, como cierres perimetrales en zonas complejas, sin asumir las funciones propias de las instituciones policiales.

“Sin que se militarice un país, sin que los militares vayan a suplir las funciones de la policía, puedan coadyuvar con sus capacidades, inteligencia, medios logísticos, incluso con recursos humanos”, sostuvo.

El planteamiento se produce mientras el Ejecutivo busca avanzar en el Congreso con la reforma constitucional que forma parte de ACOT. El proyecto contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental, entre ellas la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública, un registro de organizaciones criminales y terroristas, regímenes penitenciarios diferenciados para sus integrantes y nuevas herramientas para perseguir sus bienes.

La iniciativa, sin embargo, enfrenta un debate político respecto de sus alcances y de las atribuciones que entregaría al Ejecutivo. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señaló esta semana que el Gobierno está disponible para modificar aspectos de la propuesta con el objetivo de alcanzar acuerdos parlamentarios, enfatizando que el propósito central es dotar al Estado de nuevas herramientas frente al crimen organizado y el terrorismo.

“Las cárceles pasaron a ser el centro de la política de seguridad”

En paralelo a la discusión constitucional, el exsubsecretario del Interior y académico de la Universidad del Alba, Juan Francisco Galli, puso el foco en otro de los componentes de la estrategia de seguridad: el sistema penitenciario.

A propósito de la denominada Operación Cáncerbero, Galli valoró que el Ejecutivo haya puesto énfasis en la segregación de las personas privadas de libertad que son consideradas de mayor peligrosidad o que cumplen roles de liderazgo dentro de organizaciones criminales.

“El énfasis en algo que era muy necesario, que es la segregación de aquellas personas que son realmente peligrosas, aquellas que son cabecillas o participan de organizaciones delictuales o criminales respecto de aquella persona que está privada de libertad por haber sido condenada por un delito común”, explicó.

Para el exsubsecretario, el desafío penitenciario adquiere una relevancia creciente debido a la experiencia de otros países de la región, donde organizaciones criminales han logrado mantener estructuras de mando y operación desde las propias cárceles.

“Las cárceles pasaron a ser el centro de la política de seguridad”, afirmó Galli, quien sostuvo que Chile debe anticiparse a una dinámica que ya se observa en otros países.

En ese sentido, planteó que quienes lideran organizaciones criminales deben cumplir sus condenas bajo condiciones especialmente estrictas. “Aquellas personas que lideran organizaciones criminales estén privadas de libertad, efectivamente incomunicadas y con regímenes muy estrictos de encarcelamiento, porque son de por sí riesgosas”, señaló.

Coordinación como desafío

Para Yáñez, el debate no debería centrarse exclusivamente en qué institución debe asumir determinadas tareas, sino en cómo generar una coordinación efectiva entre las capacidades existentes, por ejemplo, en la persecución del crimen organizado.

“Se trata de que las instituciones coordinadamente puedan trabajar con un fin común, con un objetivo común, que es la seguridad”, afirmó.

El exdirector de Carabineros sostuvo que para avanzar en esa dirección se requieren reglas claras y condiciones que permitan a los funcionarios actuar con respaldo jurídico.

“Voluntad, confianza y por sobre todo respeto”, resumió Yáñez, quien insistió en que ninguna institución debe buscar interferir en las funciones de otra, pero sí poner sus capacidades al servicio de un objetivo común.

La discusión se instala así en uno de los principales desafíos de la agenda de seguridad del Ejecutivo: cómo dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar organizaciones criminales cada vez más complejas, fortaleciendo simultáneamente la capacidad de las policías, el sistema penitenciario y los mecanismos de coordinación institucional.

Puntos Clave de la Noticia:

• El crimen organizado requiere enfoques de inteligencia en lugar de solo aumentar la capacidad carcelaria.
• La corrupción y el lavado de dinero son motores clave de la violencia contemporánea en Latinoamérica.
• La educación para la paz y la convivencia son fundamentales para enfrentar la polarización actual.

En medio del ingreso que el Gobierno hizo de proyectos relacionados con la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo en Chile al Congreso, el rector de la U. para la Paz de la ONU, Francisco Rojas, de paso en Chile invitado por la Universidad del Alba, abordó la realidad latinoamericana del crimen organizado y advirtió que su combate requiere más inteligencia y capacidades policiales. También se refirió a la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas.

El avance del crimen organizado, la aparición de nuevas formas de conflicto y el debilitamiento de las instituciones internacionales configuran, a juicio de Francisco Rojas, rector de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, un escenario que obliga a repensar la manera en que los países enfrentan la violencia y construyen seguridad.

De paso en Chile invitado por la Universidad del Alba, lugar donde dictó una conferencia titulada “De la seguridad a la convivencia: por qué educar para la paz en el siglo XXI”, Rojas abordó el fenómeno del crimen organizado que afecta a todo el continente, advirtiendo que sus nuevas formas de operación están estrechamente vinculadas con fenómenos como la corrupción, el comercio ilícito y el lavado de dinero.

“Enfrentamos problemas nuevos, guerras de distinto tipo, guerras híbridas, en las cuales el crimen organizado entra, porque la corrupción abre oportunidades junto con el comercio ilícito que lava dinero, que permite el ingreso de armas y, por lo tanto, genera graves problemas de violencia”, señaló.

Algo que complementó Rafael Rosell, rector de la Universidad del Alba: “Vivimos tiempos extraordinarios. La humanidad posee más tecnología que nunca, más información que nunca, más capacidad científica que nunca, y sin embargo también enfrenta nuevas formas de violencia, polarización, intolerancia (…) Por eso necesitamos volver a conversar sobre convivencia, porque la paz no comienza en las cancillerías de los países, comienza en las salas de clases.”

Chile: debate por la agenda de seguridad

La visita en el país del titular de la casa de estudios de Naciones Unida coincide con la ofensiva del gobierno del presidente José Antonio Kast en materia de seguridad. Hace unos días se le dio curso a la “Operación Cancerbero”, referido al traslado de reos de extrema peligrosidad y líderes del crimen organizado a la cárcel La Laguna en Talca. Y, recientemente, el ingreso que hizo el ejecutivo de proyectos de ley contenidos en el marco de la llamada ACOT, la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo.

Al respecto, el rector de la Universidad de la ONU planteó que la respuesta frente al crimen organizado no puede centrarse exclusivamente en aumentar las penas o la cantidad de personas privadas de libertad. “La violencia del crimen organizado no se resuelve con más cárceles”, sostuvo, apuntando a la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia y policiales.

A su juicio, las Fuerzas Armadas pueden cumplir un papel de apoyo, pero no necesariamente asumir directamente las tareas de seguridad pública. “Se resuelve con más inteligencia, mejor actividad policial apoyada por las Fuerzas Armadas y no por Fuerzas Armadas en la calle, que no están preparadas para combatir el crimen organizado”, afirmó.

Para Rojas, además de las medidas inmediatas, el fenómeno requiere abordar sus causas estructurales y las redes internacionales que permiten el funcionamiento de las organizaciones criminales.

Bachelet y el futuro de Naciones Unidas

El escenario internacional también fue parte de su análisis. Rojas sostuvo que América Latina debería tener un papel relevante en la próxima conducción de Naciones Unidas y planteó que, de acuerdo con una tradición no escrita, la próxima secretaria general debería provenir de la región.

En ese contexto, mencionó entre las posibles candidatas a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, junto a otras figuras latinoamericanas como Rebeca Grynspan y Patricia Espinosa.

“Cualquiera de ellas podría tener la capacidad de liderazgo para esto”, afirmó.

Sin embargo, Rojas advirtió que la elección no dependerá únicamente de las capacidades de las candidatas, sino también de la voluntad política de las grandes potencias, particularmente de los países que cuentan con poder de veto en el Consejo de Seguridad.

Según explicó, una eventual candidatura latinoamericana deberá enfrentar un escenario en que los intereses de las potencias pueden terminar determinando el futuro de la organización.

Una ONU debilitada frente a problemas globales

Las declaraciones sobre el futuro liderazgo de Naciones Unidas se producen, según Rojas, en medio de una crisis más profunda de la propia que vive la ONU.

“El derecho internacional, las normas, dejaron de ser la regla fundamental de la convivencia internacional. Lo que hoy día prima es la fuerza”, afirmó el rector, quien sostuvo que las Naciones Unidas enfrentan un proceso de debilitamiento de sus capacidades.

Rojas apuntó especialmente al funcionamiento del Consejo de Seguridad, donde los cinco miembros permanentes cuentan con derecho a veto, una estructura que, a su juicio, puede impedir que la comunidad internacional adopte respuestas frente a conflictos y crisis globales.

A esto se suma, dijo, la necesidad de que los Estados cumplan con sus contribuciones financieras para garantizar que la organización pueda desarrollar sus funciones.

Pero pese a las críticas, descartó que Naciones Unidas pueda simplemente desaparecer sin que exista una alternativa. “Si desaparece Naciones Unidas, habrá que crear otra entidad”, afirmó.

“El mundo no puede dejar de tener un espacio de interlocución global para enfrentar los problemas globales. El cambio climático, lo que vemos hoy con las inundaciones, o los incendios de Europa, los temas de proliferación nuclear, no lo resuelve ninguna de las potencias (por sí solas). Es necesaria una acción conjunta de la humanidad”, explicó el rector.

Para Rojas, incluso el avance de tecnologías como la inteligencia artificial no sustituirá esa necesidad de cooperación. “La inteligencia artificial no nos va a resolver estos problemas”, afirmó. La respuesta, planteó, dependerá finalmente de la capacidad y voluntad política de los países para generar acuerdos y respuestas colectivas.

En ese escenario, el desafío no sería solamente combatir las nuevas expresiones de violencia, sino también fortalecer las instituciones capaces de coordinar una respuesta internacional frente a problemas que, por su propia naturaleza, ningún país puede resolver por sí solo.

Puntos Clave de la Noticia:

• Se crea la ANEI para frenar el impacto del contrabando y las falsificaciones en Chile.
• El comercio ilícito causa pérdidas fiscales de US$ 1.500 millones anuales al país.
• La asociación busca colaborar con el Estado para desincentivar la compra informal.

● *Diversas industrias se unieron para contribuir al combate al comercio ilegal, el contrabando y las falsificaciones, advirtiendo que estos mercados son el motor financiero de otros delitos violentos.*

Esta mañana diversas industrias del sector privado se unieron para formar la primera *Asociación Nacional contra las Economías Ilícitas (ANEI)*, una iniciativa que busca articular una colaboración estratégica con las autoridades para reducir la oferta de productos ilegales y desnormalizar la compra de bienes en el comercio informal en Chile.

La creación de esta entidad responde a un diagnóstico crítico sobre el avance de la criminalidad y la pérdida de los espacios públicos. De acuerdo con el reciente informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, preparado por la Confederación de la Producción y del Comercio, las actividades ilícitas causan un daño al fisco valuado en aproximadamente US$ 1.500 millones al año, y el sector privado gasta casi US$ 2.700 millones para protegerse del crimen organizado.

Ante este escenario, empresas líderes de diversas industrias adoptaron una postura activa y de corresponsabilidad corporativa frente a una problemática que, señalan, afecta por igual a ciudadanos, empresas y al Gobierno, advirtiendo que el contrabando, el comercio ilícito y las falsificaciones se han convertido en los principales motores financieros de otras actividades ilegales.

Esta coalición está integrada por *BAT Chile, Duracell, Empresas SB, L’Oréal Groupe Chile y Penguin Random House Grupo Editorial*. Es presidida por *Arturo Alessandri*, abogado del estudio *Alessandri Abogados*, y busca impulsar iniciativas públicas bajo la premisa de que el sector privado desempeña un rol fundamental en el respaldo de la gestión gubernamental.

“Hoy, el entorno económico castiga a quienes cumplen las reglas y favorece una informalidad que alimenta financieramente a las bandas criminales, facilitando su escalada hacia otros delitos. Contamos con valiosos diagnósticos tanto sobre la merma de ingresos fiscales como sobre el costo del impuesto a la seguridad que debe pagar el sector privado. Buscamos ser un paraguas para compartir información y generar actividades apoyadas por la iniciativa privada, con el fin de encontrar soluciones conjuntas con el Estado, los entes fiscalizadores y la ciudadanía. Creemos que es momento de pasar a la acción”, señala Arturo Alessandri, presidente de la ANEI.

*Respaldo transversal*

El lanzamiento contó con la presencia de representantes del mundo privado, de la sociedad civil y del público, como el subsecretario de las Culturas y de las Artes de Chile, Carlos Lobos Mosqueira, quien instó a “los actores de todos los ámbitos a sumarse a este esfuerzo transversal y contribuir a una nación más segura para todos”.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, agregó que: “Las empresas deben dar un paso al frente aportando datos concretos y experiencia práctica. ANEI permitirá hacer frente a un crimen organizado al que no podremos desarticular utilizando las mismas herramientas de siempre”.

Por su parte, Pilar Lizana, doctora en Gobierno y Administración Pública y miembro del consejo asesor del Observatorio Territorial de Seguridad de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), destacó el valor de la alianza: “El crimen organizado opera con lógica empresarial, busca maximizar rentabilidades y utiliza la violencia como herramienta de negocio. Las economías ilícitas crecen silenciosamente, alimentan este fenómeno y generan un enorme costo social y fiscal para Chile. Para derrotarlas, necesitamos comprender la naturaleza de esta amenaza y responder con una estrategia unificada entre los sectores público y privado. En esto, la creación de ANEI es un paso fundamental”.

*Propuestas gremiales*

La institución propone establecer una política de Estado que perdure más allá de los cambios de gobierno, con el fin de ser un aporte transversal para todas las administraciones.

Entre sus propuestas principales, se contemplan:

1. La formación de una *asociación público-privada* (ANEI) que reconozca al empresariado como un aliado estratégico en el combate a las economías ilícitas, capaz de aportar valor mediante herramientas como la cooperación en materia de información y tecnología. 2. Apoyar la creación de un *Sistema Nacional de Información Interinstitucional*, que actúe de manera independiente y guíe los esfuerzos público-privados. 3. *Unificar el discurso público sobre las economías ilícitas* con el fin de contar con una definición, una narrativa y acciones congruentes que terminen con la romantización de este fenómeno, especialmente en el comercio. 4. *Formalizar los mecanismos de cooperación público-privada* en materia de combate a las economías ilícitas para garantizar su continuidad y su evaluación constante. 5. Implementar un *sistema eficiente para la gestión de bienes incautados* que permita aplicar la destrucción temprana o reutilización social de los bienes decomisados, con el objetivo de liberar capacidad operativa en bodegas, juzgados y aduanas.

Puntos Clave de la Noticia:

• Los grafitis en lugares prohibidos buscan reconocimiento social y pertenencia grupal mediante la transgresión.
• Padres deben vigilar cambios de conducta, acumulación de materiales de pintura y una marcada presencia en redes sociales.
• La prevención efectiva implica fomentar espacios autorizados para el arte urbano en lugar de solo criminalizar la actividad.

El reciente caso de dos personas que ingresaron sin autorización a la losa del Aeropuerto de Santiago para pintar un avión volvió a poner en discusión los límites entre la expresión urbana y los actos que ponen en riesgo la seguridad pública.

La acción no solo implicó vulnerar un recinto de alta seguridad, sino también exponerse a accidentes y generar riesgos para terceros. Según la *Dra. Miriam Pardo Fariña, académica de Psicología de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar,* detrás de estas conductas suele existir una búsqueda de reconocimiento, pertenencia grupal y validación social que va mucho más allá de una simple travesura.

“La elección de lugares de difícil acceso, como aviones, trenes o vagones de metro, tiene un valor simbólico dentro de ciertos grupos, porque representa la transgresión de límites y la obtención de prestigio entre pares”, explica la especialista. A ello se suma el papel de las redes sociales, donde estas acciones pueden transformarse en contenido que recibe visibilidad y admiración, reforzando este tipo de comportamientos.

*Señales de alerta* La académica de la UNAB advierte cinco señales que padres y cuidadores deben observar en los jóvenes y que pueden alertar sobre conductas riesgosas: 1. Salidas nocturnas frecuentes sin explicaciones claras: Las intervenciones ilegales suelen realizarse durante la noche o madrugada para evitar controles y vigilancia. 2. Acumulación de aerosoles y materiales para rayados: La posesión reiterada de pinturas en spray, boquillas especiales o implementos asociados puede ser una señal que amerita conversación y supervisión. 3. Fotografías de rayados o intervenciones urbanas: Guardar imágenes de grafitis realizados en lugares prohibidos o compartirlas constantemente puede indicar interés por este tipo de prácticas. 4. Uso de firmas o “tags” recurrentes: Muchos grafiteros desarrollan una identidad propia mediante símbolos o seudónimos que utilizan para marcar espacios. 5. Publicaciones en redes sociales vinculadas a grupos de grafiti: La participación en comunidades virtuales donde se exhiben estas acciones puede reforzar la validación de conductas riesgosas.

*¿Cómo abordar la situación?* La Dra. Pardo enfatiza que la prevención no puede limitarse a la vigilancia, sino que a la acción. “Los padres y cuidadores deben mantener un acompañamiento activo, conocer los espacios que frecuentan sus hijos y promover conversaciones abiertas sobre las consecuencias de sus actos”, señala. Asimismo, recomienda diferenciar claramente entre expresión artística y vandalismo. Explicar las implicancias legales, económicas y de seguridad de estas acciones puede favorecer una reflexión más profunda. Lejos de criminalizar las manifestaciones artísticas urbanas, la psicóloga propone fomentar espacios seguros y autorizados para su desarrollo. “Talleres de muralismo, proyectos comunitarios, intervenciones autorizadas y actividades culturales pueden transformarse en alternativas que permitan expresar creatividad e identidad sin poner en riesgo la propia integridad ni la de otras personas”, destaca. Finalmente, la académica de la UNAB sostiene que “las acciones tienen consecuencias, pero también existen oportunidades de reparación y aprendizaje. Lo importante es promover formas de expresión que aporten a la comunidad y no generen daño”, concluye.