El fallo, desconocido hasta ahora, fue dictado el 5 de julio del 2017 por el  Séptimo Juzgado Civil de Santiago, beneficiando a una pareja casada en 2010 en Connectituc (Estados Unidos) y que luego contrajo el Acuerdo de Unión Civil en Chile. La pareja, chilena-estadounidense, había adoptado dos niños en 2014, y su proceso en Chile fue representado por la abogada Daniela Hirsch, de Albagli Zaliasnik. El fallo fue refrendado en julio del 2019 por la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Felicitamos a la pareja y a sus hijos por este triunfo pionero, inédito e histórico y que era desconocido hasta ahora. Valoramos su fortaleza, en particular al considerar que el Registro Civil recurrió en los últimos tres años a  diversas artimañas para desconocer un fallo de un tribunal de la República, lo que deja muy mal a este órgano gubernamental en materia de derechos humanos.  Solo la Corte de Apelaciones de Santiago terminó por confirmar el fallo de primera instancia”, sostuvo la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

Añadió que es “tiempo ahora de terminar con la hipocresía estatal en torno a los derechos de las familias homoparentales, avanzando con la aprobación de la adopción  y filiación homoparental y el matrimonio igualitario, para que estos derechos, que solo llegan a quienes puedan pagar abogados, se extienden a todas las personas, sea cual sea su orientación sexual o identidad de género”.
El Fallo
En su fallo, la entonces jueza suplente, del Séptimo  María Soledad Oyanedel, sostuvo que “en el caso de los menores, estos han sufrido una evidente discriminación al negárseles el vínculo de hijos respecto de (uno de sus padres), motivada únicamente en el hecho de que son hijos de dos padres varones. Es así, que la negativa a reconocer ambos padres como progenitores de los menores se funda en una discriminación ilegítima causada por orientación sexual de sus padres, discriminación que no puede ser admitida bajo las normas legales ya citadas”.

A su juicio, con el  rechazo a la doble  paternidad el Registro Civil “ha incurrido en un acto de discriminación arbitraria e injustificada que vulnera los derechos fundamentales de los menores, desconociendo el estado civil de padres y de hijos”.

“Teniendo presente el principio rector de todas aquellas materias que involucre y afecte a menores, esto es, el interés superior del niño, tendiente a asegurar el bienestar del niño tanto en lo físico, lo psíquico como en lo social; las garantías constitucionales y la proscripción de la discriminación, deberá acogerse la solicitud de rectificación de partida de nacimiento de los menores”, finalizó.

La plataforma permite acceder a registros básicos de la institución –como nombres, defunciones, fallecimientos-, lo que es considerado un avance por el Consejo para la Transparencia (CPLT).

Ante críticas que apuntan a que permite acceder sólo a cifras totales y no a causales de muerte, Jorge Jaraquemada, presidente de la entidad, sostuvo que para entregar datos desagregados estos deben pasar por un proceso de “anonimización”, considerando el peligro que reviste para la protección de datos sensibles, como el estado de salud, en particular en comunas pequeñas donde podría ser factible asociar el fallecimiento de una persona al Coronavirus.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, consideró un avance la implementación por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRC) de un portal de datos que permitirá acceder a información en línea de la entidad, como por ejemplo nacimientos y defunciones. Sin embargo, ante las críticas que apuntan a que no se publican datos como las causales de fallecimiento, la entidad planteó que para hacerlo se requiere profundizar el anonimato, impidiendo que se entregue información que permita identificar o hacer identificable a la persona.

“El Consejo reconoce la voluntad del Servicio de Registro Civil de disponibilizar, de manera proactiva, información agregada y actualizada sobre sus registros, contribuyendo a transparentar datos estadísticos, empleando un lenguaje claro y una interfaz simple”, afirmó el titular del CPLT.  En paralelo recordó que “el acceso a la información pública es un derecho fundamental” haciendo hincapié en que “la disponibilización de datos que obran en poder de los órganos de la Administración del Estado debe hacerse velando por la adecuada protección de los datos personales, especialmente cuando éstos revisten el carácter de sensibles”.

En este sentido, consultado por los cuestionamientos de algunas entidades vinculado a que la plataforma no informa sobre causales del deceso, el titular del Consejo comentó que ahora es adecuado no publicar en este portal cifras totales y no desagregadas por causales “porque, por ejemplo, al entregar el dato de la causa de muerte en comunas pequeñas podría disponibilizar un dato no anonimizado”. Lo anterior, advierte el CPLT, podría conllevar riesgos de discriminación o ataques -como ocurrió en Vallenar- para las familias de la persona fallecida.

Al mismo tiempo, el Consejo plantea que la salida para permitir la difusión de la información con el nivel de detalle requerido en el contexto de la emergencia sanitaria es profundizar el anonimato de los datos haciéndolo irreversible, impidiendo de esta forma que se pueda identificar a una persona o entregar un dato que permita hacerla identificable.

A juicio del CPLT la medida del servicio adquiere mayor relevancia en un contexto en el que las cifras de fallecidos por Covid-19 ha generado muchas interrogantes y debate público. Al respecto el máximo representante del Consejo afirmó que: “Teniendo presente las especiales y complejas circunstancias en las que nuestro país se encuentra inserto, existe una alta demanda por parte de la ciudadanía y diversos sectores de la sociedad civil de información relativa a la emergencia sanitaria provocada por el brote de COVID-19”.

Los datos del Servicio de Registro Civil han sido cuestionados en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 a partir de diferencias en los casos de fallecidos cuya causa corresponde al Coronavirus contabilizados por esta institución –que fueron entregados tras una solicitud de acceso a la información- y lo informado por el Ministerio de Salud (Minsal).

Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, calificó como “muy grave” el uso de esta herramienta para acceder a un dato personal como es la imagen del rostro y que permite relacionarlo con gran cantidad de información privada de los ciudadanos.

“Lo ocurrido con la herramienta del Registro Civil es muy grave, el disponer de reconocimiento facial para acceder a la Clave Única va en contra de los estándares de seguridad que el Estado debe tener en post de una óptima protección de un dato personal como el rostro de una persona”. Así se refirió el abogado y presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, a la polémica por la utilización por parte de esta entidad de un sistema de perfil biométrico para la entrega de la Clave Única para solicitar permisos de salida de los domicilios en el contexto de la cuarentena por Coronavirus en comunas de la Región Metropolitana.

“El desarrollo de herramientas que faciliten a las personas solicitar por vía remota su clave única no puede implicar un relajo de los altos estándares de ciberseguridad”, reforzó el representante del CPLT. El titular de la entidad explicó que la clave en sí misma es un dato personal, y además es la “llave de acceso” a diversa información relacionada con el titular, incluyendo otros datos personales como el nombre y de carácter sensible como el estado de salud, además de otro tipo de información privada de las personas.

Jaraquemada enfatizó en la necesidad de que “todos los procesos asociados a la clave única, en particular su entrega, requieren la adopción de un enfoque proactivo y preventivo de ciberseguridad y privacidad, desde su diseño”. Además, apunta a la necesidad de analizar “con especial cuidado, todos los riesgos de privacidad que la operación de esta herramienta conlleva, aplicando medidas de seguridad efectivas y proporcionales para abordarlos”. También criticó el que se opte por una tecnología como el perfil biométrico para un fin que podría conseguirse con otro tipo de datos que permitan confirmar la identidad del solicitante de la clave.

“Este tipo de situaciones suma aristas que pueden ser problemáticas a una medida excepcional que debe implementarse en corto tiempo, generando incertidumbre en la ciudadanía”, espetó Jaraquemada. “Nuestro llamado como Consejo es buscar un mecanismo que sea más proporcional y adecuado con el objetivo que se busca, además de informar adecuadamente –a través de las políticas de privacidad- cómo se resguardarán y usarán estos datos por parte de la entidad”, finalizó el titular de Transparencia.