El largometraje dirigido por Ricardo Carrasco Farfán y producido por su hijo, Joaquín Eyzaguirre, repasa la vida, carrera y legado de una de las grandes figuras del teatro y cine chileno.

Tras dos funciones con alta participación de público, el ciclo de cine chileno en Quintero continúa este mes de mayo con un documental sobre la icónica actriz nacional Delfina Guzmán. La película se proyectará este viernes 22 de mayo a las 18:00 horas en el Centro de Actividades Comunitarias, con entrada liberada e ingreso por orden de llegada.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, además del auspicio de la Municipalidad de Quilpué y la colaboración de EFE Trenes y la Municipalidad de Villa Alemana.

Dirigida por Ricardo Carrasco Farfán y construida a partir de un amplio material de archivo y testimonios de la propia actriz, además de personas cercanas a su extensa trayectoria, Delfina: ¡Cállese, apúrese y no se luzca! es una película especial para quienes crecieron viendo sus trabajos actorales y mantienen un profundo cariño por su figura.

Al respecto, el director señala: “Más que una película sobre una actriz, es un viaje profundamente humano hacia la memoria, la fragilidad, la lucidez y la enorme fuerza interior de una mujer que ha atravesado la historia cultural de Chile con una voz única y rebelde. Es una película que conmueve, que hace reír y reflexionar, pero sobre todo que deja una sensación difícil de olvidar: la de haber compartido un momento íntimo con alguien profundamente libre. Ver Delfina es encontrarse también con nuestras propias memorias, con el paso del tiempo y con aquello que todavía nos emociona del ser humano”.

La producción fue realizada por su hijo, Joaquín Eyzaguirre, y tardó cuatro años en realizarse. Con una duración de 80 minutos, el documental explora la intimidad de la actriz a través de emotivos recuerdos que recorren distintos momentos de la vida de Delfina.

A través de su voz, archivos y memorias, el documental reconstruye el itinerario de una mujer que rompió moldes, desafió la moral de su tiempo y pagó el precio de su libertad. Se trata de un retrato íntimo sobre la vejez, el arte y la inquebrantable voluntad de ser uno mismo.

Tras esta función, se llevará a cabo la última proyección del ciclo de cine chileno en Quintero, donde se exhibirá Me rompiste el corazón, película dirigida por Boris Quercia y protagonizada por Daniel Muñoz, quien interpreta a Roberto Parra y sus andanzas de amor con la Negra Ester.

La actividad se realizará el viernes 29 de mayo a las 18:00 horas en el Centro de Actividades Comunitarias, con entrada liberada e ingreso por orden de llegada.

El Centro Cultural Quilpué Audiovisual forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.

La declaratoria pone en valor el proyecto de conservación desarrollado en un contexto territorial complejo, al interior del predio que alberga la Planta de Lubricantes de Copec, en una zona históricamente marcada por la actividad industrial. La protección de este ecosistema es resultado del trabajo conjunto que desde 2020 llevan adelante Copec y Fundación Kennedy, junto a la Municipalidad de Quintero, consolidando un modelo de conservación que combina gestión ambiental, ciencia y vinculación activa con la comunidad.

“Como Ministerio estamos muy contentos de declarar El Bato como Humedal Urbano, el tercero de la comuna de Quintero. Es un pequeño humedal, pero un verdadero refugio dentro de una zona industrial, con una biodiversidad muy importante, que ayuda a regular el ciclo hidrológico, actuando como una esponja cuando llueve, evitando inundaciones y bajando la temperatura. Además, que este humedal esté dentro de las instalaciones de Copec, es una demostración muy relevante de la importancia de la coordinación, colaboración y las alianzas entre el sector público-privado para proteger nuestro patrimonio natural”, señaló la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

“En Copec creemos que ser parte de Chile implica una responsabilidad con los territorios y las comunidades donde operamos. Por eso, desde 2020 asumimos el compromiso de recuperar y proteger el Humedal El Bato, entendiendo que la sostenibilidad exige una mirada integral y de largo plazo. Este proyecto demuestra que la actividad industrial y la protección de la biodiversidad pueden coexistir cuando hay planificación, ciencia y colaboración público-privada, y hoy nos enorgullece que este esfuerzo se traduzca en la reconocimiento oficial de El Bato como Humedal Urbano,” expresó Alfredo Jalón, Gerente de Operaciones y Logística de Copec.

“Para Fundación Kennedy, los significativos avances en la recuperación del Humedal El Bato son un claro ejemplo de la sinergia posible. Este proyecto demuestra con contundencia que industria y conservación no solo pueden, sino que deben ir de la mano, generando un impacto positivo tangible tanto en la biodiversidad como en el bienestar de la comunidad. La clave ha sido un trabajo colaborativo ejemplar que ha permitido restaurar un ecosistema vital dentro de un predio industrial, protegiendo su riqueza natural y creando espacios de conexión con la naturaleza para todos. Es un modelo a seguir,” comentó Denis Kennedy, Presidente de Fundación Kennedy.

Sobre Humedal El Bato

El Humedal El Bato alberga 178 especies registradas hasta 2025, incluyendo flora endémica, fauna nativa y macrohongos. Entre ellas se destacan: Lagarto de Zapallar (Liolaemus zapallarensis), Ratón Oliváceo (Abrothrix olivacea), Petra (Myrceugenia exsucca), Crepidotus brunswickianus y Toromiro (Sophora toromiro), así como una recientemente avistada bandurria (Theristicus melanopis).

Desde 2020, el proyecto ha logrado avances relevantes en la conservación del humedal, manteniendo su superficie y funcionalidad ecológica pese a estar emplazado en una zona de alta escasez hídrica, manejando las amenazas identificadas, como la presencia de flora y fauna exótica. Además, ha fortalecido la participación comunitaria, involucrando a más de 859 personas en actividades educativas, ambientales y recreativas, y capacitando a 21 personas, incluyendo trabajadores de la Planta de Lubricantes de Copec, en conservación y manejo de humedales.

Este ecosistema aporta servicios ecosistémicos fundamentales para la comunidad local, como la regulación del ciclo hidrológico, el control de inundaciones y la generación de espacios de educación ambiental y recreación.

La auditoría incluyó a municipalidades de la región como Concón y Quintero. El informe concluye que ninguna de las 73 instituciones fiscalizadas —del Gobierno Central y del sector municipal— pudo acreditar la confiabilidad de sus estados financieros, configurando una crisis de alcance nacional.

La Región de Valparaíso aparece directamente involucrada en el Segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA N°2) de la Contraloría General de la República, que revisó los estados financieros de 73 entidades públicas entre los años 2020 y 2024. En el listado figuran municipalidades como Concón y Quintero, lo que evidencia que el desorden financiero detectado también afecta al aparato público regional.

El informe es categórico: en el 100% de los casos se aplicó la figura de “abstención de opinión”, lo que significa que la Contraloría no pudo confirmar que las cifras presentadas fueran razonables ni confiables, debido a la falta de respaldo suficiente y adecuado de los registros contables.

Las causas identificadas se repiten de forma transversal en ministerios, servicios públicos y municipios: controles internos débiles o inexistentes, inconsistencias contables no aclaradas, ausencia de análisis que explique los saldos informados y deficiencias graves en los sistemas informáticos y en los controles de tecnología de la información. Estas falencias impiden asegurar la confiabilidad de la información financiera y revelan riesgos relevantes de mala gestión, errores graves o eventuales fraudes.

La magnitud del problema es nacional. La Contraloría cifró en $15,9 billones de pesos —equivalentes a US $17.300 millones— los recursos comprometidos, monto que representa cerca de un sexto del presupuesto público proyectado para 2026. De ese total, el 91% corresponde a entidades del Gobierno Central y el 9% a municipalidades, confirmando que la crisis atraviesa todo el Estado.

Para Valparaíso, región con alta concentración urbana, demandas sociales y dependencia de servicios municipales, el informe instala una señal de alerta mayor. Aunque la auditoría corresponde a una muestra, la reiteración de las mismas falencias permite inferir que el problema podría extenderse a otras comunas de la región, afectando la gestión de recursos clave para infraestructura, seguridad, salud y desarrollo social.

La Contraloría informó que, como resultado de estas auditorías, se instruyeron 27 sumarios administrativos, 10 procedimientos disciplinarios internos y 10 remisiones de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, reflejando la gravedad institucional del escenario detectado.

El informe deja en evidencia una falla estructural en los estándares de control y rendición de cuentas del sistema público, abriendo un debate urgente sobre la necesidad de reformular los mecanismos de gestión financiera del Estado para responder con transparencia y eficiencia a la ciudadanía.

Más de un centenar de niñas y niños de esta zona han sido atendidos en los recintos de salud, con diagnósticos de intoxicación por gases, humos y vapores. Las organizaciones ambientalistas exigen que cuando nuevas situaciones de esta naturaleza ocurran se paralicen por completo las operaciones industriales hasta determinar sus causas, para así evitar que cientos de niños, niñas y adolescentes se vean afectados por estas.

Luego que se informara de la presencia de fuertes olores a gas y cloro en la zona (que coincidieron con operaciones de carga y descarga de hidrocarburos en la bahía de Quintero durante la madrugada del pasado 29 de septiembre), se registraron 127 atenciones de salud por cefaleas, vómitos, dolor abdominal, irritación ocular y mareos en estudiantes y docentes de la zona, situación que se repitió en los días siguientes. Desde entonces, casi 200 personas han asistido a los recintos sanitarios aquejados por síntomas coincidentes con intoxicaciones (en su mayoría, menores de edad) y, de ellos, más de un centenar fue diagnosticado con “intoxicación T59”, sistema de clasificación internacional referido al efecto tóxico de gases, humos y vapores.

Por esta razón, el pasado 8 de noviembre, abogadas de AIDA y Greenpeace, en representación de diversas personas menores de edad y sus familias, y organizaciones ambientales de la zona interpusieron un recurso de protección en contra de una serie de instituciones y organismos del Estado producto de las ilegalidades y arbitrariedades cometidas en el contexto de las intoxicaciones ocurridas en Quintero y Puchuncaví, que han aquejado a sus habitantes desde ese día hasta la fecha.

Según Juan Francisco Zapata, abogado de AIDA, estos hechos han afectado gravemente a quienes habitan la zona, particularmente a niñas, niños y jóvenes, vulnerando sus garantías constitucionales, como el derecho a la vida y la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, todas consagradas en la Constitución.

“Es por esto que solicitamos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso restaurar el imperio del derecho y ordenar medidas como la paralización del complejo industrial cada vez que una persona menor de edad sea diagnosticada con intoxicación T59 en la zona”, explica Zapata.

Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, pone en relieve que desde que en 2019, atendiendo la gravedad de la situación vivida en estas comunas, la Corte Suprema ordenó un listado exhaustivo de medidas preventivas, correctivas y de gestión ambiental y sanitaria, dirigidas a las autoridades para hacer frente a este tipo de episodios, las que no sólo no se han cumplido, sino que además los episodios de intoxicación han persistido en los años siguientes e, incluso, se han repetido con alarmante frecuencia hasta la actualidad, con cientos de personas afectadas cada año, en su mayoría menores de edad.

“Es por lo anteriormente expuesto que exigimos que, en primer lugar, se dé cumplimiento pleno a la sentencia de la Corte Suprema de 2019: es insólito que hayan pasado seis años y aún no se acate el dictamen del máximo tribunal, vulnerando los derechos de miles de habitantes de estas comunas”, asegura Núñez. Del mismo modo, para la abogada es necesario generar un protocolo adecuado que permita que cada vez que una persona -sobre todo si es menor de edad- es ingresada a los servicios asistenciales, se paralice por completo la actividad industrial, con el objetivo de, por una parte, evitar nuevas intoxicaciones y, por otra, determinar el origen real de estas.

Algunas de las acciones que incluye el petitorio de las personas afectadas individualizadas en este recurso de protección incluyen la ya mencionada paralización temporal y automática de faenas del cordón industrial ante cada nuevo diagnóstico de intoxicación por contaminación, con foco en niños, niñas y adolescentes; monitoreo continuo y público (Compuestos Orgánicos Volátiles -VOC-, vientos y mareas, por ejemplo) y trazabilidad de estos; cumplimiento total del fallo de la Corte Suprema de 2019 y el establecimiento de un plan de reparación ambiental y sanitaria en la zona, así como de protocolos de atención integral con derivación y seguimiento a personas afectadas, entre otros requerimientos.

“Es tanto el daño que se ha causado a esta zona de sacrificio, que muchos de los vecinos afectados por esta situación simplemente no han querido ser atendidos por los servicios de salud, ya que están cansados y no confían que recibirán una atención de salud integral y reparadora, por lo que han preferido sobrellevar los síntomas en sus hogares”, comenta Núñez.

“Ya ha pasado demasiado tiempo sin que estas personas puedan vivir en paz y con garantías de salud básicas. Es hora de entregarles verdaderas garantías y que el Estado y las empresas que operan el parque industrial de Quintero y Puchuncaví se hagan efectivamente responsables de esta situación”, puntualiza Zapata.

En este escenario, Greenpeace dispuso el sitio web InfanciaEnSacrificio.cl donde las personas pueden firmar para apoyar a las familias afectadas y rechazar este tipo de vulneraciones en la zona de Quintero y Puchuncaví. “Todos podemos contribuir para que este recurso de protección no quede archivado y logremos que tanto el Estado, como las empresas que operan en esta bahía se hagan responsables de verdad por estas vulneraciones. Cada firma ayuda a visibilizar esta crisis, aumenta la presión pública y acelera la instalación de medidas concretas de protección, fiscalización y reparación”, concluye Núñez.

Desde la semana pasada, cientos de personas -especialmente niñas, niños y jóvenes-, han acudido a los servicios de emergencia con síntomas de intoxicación por exposición a contaminantes. Vecinos acusan fuerte olor a gas y cloro en el ambiente.

Una nueva intoxicación masiva afecta desde la semana pasada a los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.

El pasado lunes 29 de septiembre se registraron 106 atenciones de salud para estudiantes y funcionarios de los colegios Alonso de Quintero, Santa Filomena y Valle de Narau, además del Liceo Politécnico de Quintero, las que resultaron en 39 diagnósticos por T59, código de la Clasificación Internacional de Enfermedades utilizado para describir el efecto tóxico de gases y vapores en las personas.

En los días posteriores, se reportaron nuevos casos de niñas, niños y jóvenes intoxicados en colegios de la comuna de Puchuncaví y en la localidad de Horcón, mientras los vecinos acusan percibir “un fuerte olor a cloro” -como informó la Escuela Multidéficit Amanecer, de Puchuncaví, en un comunicado-, razón por la que han tomado las medidas pertinentes para mantener la salud de los niños que asisten a estos centros, entre las que destacan la suspensión de actividades físicas, el uso de mascarillas en el exterior y la utilización de purificadoras de aire en las aulas.

Diversos habitantes de Ventanas aseguraron sentir un “fuerte olor a gas” previo a estas intoxicaciones -el domingo 28 de septiembre-, por lo que muchos vecinos del eje Quintero-Puchuncaví-Concón exigen respuestas desde las autoridades para entender a cabalidad este problema e identificar el gas que han estado inhalando los niños y adultos que habitan esta zona.

Al respecto, Katta Alonso, fundadora de la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia (MUZOSARE), asegura que ante estos hechos resulta crucial detener el complejo industrial para comprender qué contaminantes emite cada empresa y, con esa información, poder tener un diagnóstico claro para tomar las medidas pertinentes.

“Hay Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), S02, material particulado y gas, y ni siquiera sabemos quién los emite. Tenemos un cocktail de contaminantes que no conocemos, entonces amerita tener la información para solucionar el problema. También es necesario que se fiscalicen los barcos, sus descargas y funcionamiento porque tampoco hay normativa, sobre todo para los hidrocarburos”, afirma Alonso, para quien además es urgente contar con la voluntad política para que se cumpla la sentencia de la Corte Suprema y para que la normativa se adecúe a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “No podemos seguir así, porque es un verdadero genocidio ambiental para nuestros niños y toda la poblacion de esta zona”, sostiene la representante de la agrupación.

Por su parte, Roxana Núñez, abogada y experta en Incidencia de Greenpeace Andino, expresa su preocupación por este nuevo caso de vulneración de derechos a las comunidades de Quintero-Puchuncaví, “sobre todo si se tiene en consideración que estas intoxicaciones afectan con mayor fuerza a mujeres y a adolescentes entre los 10 y 19 años, como se ha comprobado con el paso de los años”. Ante este escenario, la abogada llamó a, al menos, declarar alerta sanitaria, lo que permitiría facilitar la fiscalización y la paralización del complejo industrial, algo que se concretó el pasado miércoles 8 de octubre, cuando el Ministerio de Medio Ambiente anunció esta medida para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

Coincide con este diagnóstico Cristina Lux, abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): “La situación requiere atención urgente. En la zona de Quintero y Puchuncaví, la infancia está desprotegida. Nadie sabe lo que respira y lo que está enfermando a los niños y a las niñas. Presentaremos las acciones que correspondan en tribunales nacionales y ante organismos internacionales para proteger la vida de quienes viven en la zona, especialmente de la infancia”, adelanta.

“Urge que las empresas se hagan responsables de sus residuos y la contaminación que provocan, así como que el Estado se haga cargo no sólo de la salud de los habitantes de esta zona, sino también de su bienestar, garantizando los derechos a un ambiente sano, especialmente para la niñez. En este sentido, resulta inexplicable que las estaciones de monitoreo no presenten registros de alzas que impliquen una situación de emergencia, mientras la realidad evidencia un panorama completamente distinto. Es francamente inaceptable que a 6 años del histórico fallo de la Corte Suprema (que, en 2019, ordenó identificar con precisión los contaminantes presentes en el aire de la zona) las personas sigan sin saber cuáles son los tóxicos que los están intoxicando”, puntualiza la abogada de Greenpeace, quien asegura que en los próximos días presentarán acciones legales con el objetivo de proteger y reparar los daños causados en las comunidades.

La instancia se enmarcó en el Plan de Reactivación Educativa para la Zona Crítica de Concón, Quintero y Puchuncaví, impulsado por la Seremi, y tuvo como propósito entregar herramientas para la incorporación de tecnologías emergentes en la enseñanza, considerando el uso ético de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) y metodologías activas orientadas a fortalecer la práctica pedagógica.

Juan Pablo Álvarez, seremi de Educación, valoró el logro de los docentes y asistentes de la educación y aseveró que “desde el Plan de Reactivación Educativa, estamos entregando estas herramientas, pues esta transformación no solo es tecnológica, sino también ética y pedagógica. Debemos reflexionar sobre el uso responsable de la IA, abordando temas como la privacidad de los datos y el desarrollo de un pensamiento crítico en los estudiantes, para que puedan discernir entre la información generada por IA y el conocimiento real.”

El plan formativo contempló cuatro módulos que abordaron temáticas como conceptos fundamentales de IAG, su evolución y aplicaciones en educación, metodologías activas, diseño de prompts, personalización del aprendizaje, estrategias de evaluación en línea, competencias digitales, bienestar digital y apoyo socioemocional, entre otros.

La ceremonia de certificación se realizó en el Liceo Politécnico de Quintero y contó con la presencia del seremi de Educación, Juan Pablo Álvarez, y la Vicerrectora de UDLA Sede Viña del Mar, Paola Espejo, quien lideró académicamente el programa.

La Vicerrectora Paola Espejo, expresó que “ha sido muy significativo acompañar directamente a estos 46 docentes en el proceso de formación en Inteligencia Artificial Generativa. Esta alianza con la Seremi de Educación nos ha permitido entregar herramientas concretas para fortalecer la docencia y enriquecer las prácticas pedagógicas. Agradecemos al seremi Juan Pablo Álvarez por impulsar este trabajo colaborativo que aporta al desarrollo de la educación en la región”.

Uno de los ejes de este esfuerzo colaborativo se materializa a través del proyecto “Aula del Futuro”, una iniciativa de UDLA que ha beneficiado a 46 profesionales de colegios en estas comunas. El curso, que se imparte en el Liceo Politécnico de Quintero, se enfoca en capacitar a docentes y asistentes de la educación en el uso ético y pedagógico de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG).

El objetivo es equipar a los educadores con herramientas digitales y metodologías activas que les permitan innovar en sus prácticas, desarrollar el pensamiento crítico en sus estudiantes y responder a las necesidades actuales del entorno educativo.

En este marco, Juan Pablo Álvarez, seremi de Educación de la Región de Valparaíso, destacó que “esta transformación no solo es tecnológica, sino también ética y pedagógica. Desde el Plan de Reactivación Educativa, estamos capacitando a los docentes para reflexionar sobre el uso responsable de la IA, abordando temas como la privacidad de los datos y el desarrollo de un pensamiento crítico en los estudiantes, para que puedan discernir entre la información generada por IA y el conocimiento real.”

A su vez, Paola Espejo, Vicerrectora de UDLA Sede Viña del Mar y líder académica del proyecto, señaló que “el objetivo del programa es actualizar a los docentes en el uso de la IA Generativa como recurso, actualizando prácticas disciplinares y tecnologías de manera informada y responsable, favoreciendo con ello procesos de innovación sostenibles, equitativos y centrados en las necesidades reales de sus entornos. El curso se estructura en torno a experiencias de aprendizaje activas que promueven el trabajo colaborativo y la reflexión crítica. Al finalizar, los participantes tendrán las competencias para diseñar e implementar de manera innovadora y ética la IAG para el desarrollo disciplinar y en la docencia, comprendiendo su rol en la transformación digital y la innovación”.

La colaboración entre ambas instituciones es un paso clave para asegurar que los educadores de la zona cuenten con el apoyo y las herramientas necesarias para afrontar los desafíos de la educación en un contexto de emergencia ambiental.

Gloria Lucero, profesora de artes visuales y educación tecnológica del Colegio Don Orione de Quintero, indicó que “este curso me ha ayudado a potenciar las aptitudes que tenía y potenciar la Inteligencia Artificial para fomentar una buena cultura de esta herramienta con mis alumnos”.

Alfredo Peña, del Colegio Bicentenario Alonso de Quintero, afirmó que “tenía una aproximación muy tenue a este tipo de temáticas y con este curso quedé motivado a seguir profundizando, sobre todo por la dinámica que se dio en la clase, la maestría de la expositora, la disposición del colegio que nos brindó tanto el espacio como el equipamiento, y por la seremi que nos da esta oportunidad de seguir avanzando en este camino del aprendizaje”.

Curso en Quilpué

En Quilpué, 176 docentes, asistentes y equipos de apoyo de establecimientos educacionales de la comuna participan en una nueva versión del curso que se desarrolla entre agosto y septiembre, gracias a la alianza entre la Universidad y la Corporación Municipal de Quilpué.

El ciclo, denominado “Aula del Futuro: enseñanza inclusiva y apoyo integral a estudiantes autistas, un enfoque colaborativo”, contempla seis clases presenciales y virtuales sobre IAG, fortalecimiento de ambientes inclusivos, adecuaciones curriculares y estrategias de acompañamiento y trabajo con familias.

El Centro Cultural Quilpué Audiovisual en colaboración con la Corporación de Cultura y Turismo de Quintero proyectarán Denominación de origen, película que ha sido todo un fenómeno por llevar a la pantalla grande la batalla por la longaniza entre San Carlos y Chillán. La actividad se enmarca en el cierre del ciclo de cine chileno que se estuvo desarrollando durante junio en Quintero.

La cita es para este viernes 27 a las 18:00 horas en en el Salón Francisco Coloane, ubicado en calle Estrella de Chile #210, Quintero. La entrada es liberada y el ingreso es por orden de llegada.

Magdalena Torres, encargada de cultura de la Corporación, se refiere a lo que significa tener la oportunidad de mostrar esta película para toda la comuna: “Cerramos con esta película que ha sido aclamada por la crítica por su originalidad y su humor. Para nosotros es un tremendo orgullo que podamos contar con esta función acá en nuestro territorio y que nuestra gente pueda disfrutar de este espacio gratuito. Así que, agradecidos una vez más, esperamos que el próximo año podamos seguir trabajando de manera colaborativa, para poder traer a nuestro territorio el cine chileno de calidad, y el impacto positivo que tiene, sobre todo en la población adulto mayor”.

Denominación de origen cuenta cómo un grupo de héroes sancarlinos se embarcan en una emocionante aventura para recuperar la codiciada denominación de origen a la “Mejor longaniza de Chile”, que les fue arrebatada por Chillán. Los valientes y carismáticos vecinos organizan un potente movimiento social que con humor, amistad y un toque de picardía, les devolverá a San Carlos la dignidad y el respeto que merecen.

Esta iniciativa es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Quintero y la Corporación Municipal de Cultura y Turismo.

Conoce toda la programación en www.quilpueaudiovisual.cl

La actriz Francisca Imboden estará presente para presentar la película y será parte del conversatorio posterior a la función.

El Centro Cultural Quilpué Audiovisual, en colaboración con la Municipalidad de Quintero y su Corporación Municipal de Cultura y Turismo, organizará por cuarto año consecutivo el ciclo de cine chileno gratuito para toda la comuna. Las proyecciones se realizarán todos los viernes de junio a las 18:00 horas en el Salón Francisco Coloane , ubicado en calle Estrella de Chile #210, Quintero.

Magdalena Torres, encargada de cultura de la Corporación, destacó y agradeció el trabajo conjunto: “Quiero agradecer al Centro Cultural Quilpué Audiovisual por permitirnos nuevamente ser parte de su programación año 2025. Ya es un trabajo colaborativo que llevamos realizando por hartos años y ha sido una tremenda experiencia para nosotros como Corporación, porque es parte también de la estrategia que desarrollamos desde hace un tiempo. calidad a nuestra comuna y esperamos poder seguir realizando este trabajo de manera unánime en beneficio de nuestra gente”.

Esta iniciativa es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Quintero y la Corporación Municipal de Cultura y Turismo.

Programación Quintero

La película que estrena la cartelera este viernes 6 será la comedia ¿Cuándo te vas? del director y guionista Boris Quercia ( Sexo con amor ). La cinta está protagonizada por Álvaro Rudolphy, Luciana Echeverría y Francisca Imboden; y cuenta la historia de Patricio y Érica, una pareja de cincuentones que soñaba con disfrutar su vida en pareja, pero Natalia, su hija de casi 32 años, se niega a dejar el hogar y no tiene planes de independizarse.

Luego, el viernes 13 será el turno de Los años salvajes del director Andrés Nazarala. En esta película el actor Daniel Antivilo realiza su primer papel protagónico y entrelaza a Valparaíso, la bohemia y la música contando la historia de Ricky Palace, un cantante olvidado de 65 años, que sobrevive tocando sus viejos éxitos en un bar de Valparaíso.

En el marco de las vacaciones de invierno, el viernes 20 se proyectará Nahuel y el libro mágico del director Germán Acuña. Esta animación ocurre en la isla de Chiloé, rica en historia, paisaje y mitología, donde Nahuel, un niño que, a pesar de ayudar diariamente a su padre pescador, le tiene fobia al mar y para superarla, decide robar un libro que le otorgaría valentía a través de la magia.

El broche de oro con que culminará el ciclo será el viernes 27 con la exhibición de Denominación de origen, la película del director Tomás Alzamora que ha sido todo un fenómeno por llevar a la pantalla grande la historia de un grupo de héroes sancarlinos, quienes se embarcan en una emocionante aventura para recuperar la codiciada denominación de origen a la “Mejor longaniza de Chile”, que les fue arrebatada por Chillán.

El Centro Cultural Quilpué Audiovisual forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y organizaciones culturales de derecho privado y sin fines de lucro. Este programa además es parte del Sistema de Financiamiento a Organizaciones e Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que integra, articula y coordina de forma transversal los planos, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las organizaciones, de la infraestructura cultural, y de la mediación artística. Todo esto con una vocación descentralizada, mecanismos participativos y la promoción de la creación de redes y asociaciones.

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Los días 10, 11 y 12 de marzo de 2025, se llevó a cabo en el Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar el juicio contra Luciano Hernán Soto Cabrera, hombre de 28 años, imputado por los homicidios de Gabriel Eduardo Vera Flores y Luis Parra Guzmán ocurridos el día 9 de julio de 2022 en la discoteque “Sunshine” del sector de Ritoque, comuna de Quintero.

El juicio estuvo a cargo del Fiscal Rodrigo Berroeta, quien expuso los antecedentes recopilados durante la investigación. Señaló que fue el imputado quien tras una discusión con las víctimas extrae un arma y percuta tres disparos en contra de Vera Flores, dándole muerte en el lugar. Posteriormente, sigue a Parra Guzmán quien había huido hacia fuera del local y le dispara por la espalda en cinco ocasiones, también provocándole la muerte en el lugar.

“Los partícipes se encontraban en una fiesta masiva de música urbana, el acusado tuvo una interacción con una amiga del occiso Gabriel Vera, con quien se produjo una discusión, tras lo cual el acusado sacó un arma de fuego, le disparó y mientras huía le disparó a Luis Parra”, indicó en su alegato de apertura el Fiscal Berroeta.

La defensa intentó eximir a su representado de responsabilidad penal invocando la figura jurídica de legítima defensa, sin embargo, el Tribunal desestimó esta versión debido a falta de pruebas y a que el testimonio de sus testigos resultó contradictorio y poco creíble.

Por su parte,  el Ministerio Público presentó una contundente prueba de cargo que contó con el testimonio de diversos testigos del hecho, además de prueba pericial, documental y de otros medios: “Estos antecedentes, constituyen un conjunto de antecedentes que presentan características de ser inequívocos y concordantes entre sí, en orden a que el acusado fue quien disparó en diversas oportunidades a las víctimas, provocándoles la muerte en el mismo lugar, por lo que no se generó ninguna duda en los miembros del Tribunal respecto de la responsabilidad que le correspondió al acusado en los dos delitos de Homicidio imputados”, señala la sentencia.

En resolución unánime la sala del Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar integrado por los magistrados Mónica López Castillo, quien presidió la audiencia, Manuel Muñoz Chamorro y Alejandra Palma Cid, dio por acreditado tanto la ocurrencia de los hechos, como la participación culpable de Soto Cabrera en ellos.

“Estamos muy complacidos de que el Tribunal haya acogido todas y cada una de las pretensiones del Ministerio Público, por cuanto desde el primer momento se sostuvo que el condenado cometió este homicidio con arma de fuego respecto a ambas víctimas sin que existiera ningún tipo de provocación, agresión o amenaza previa, tal como sostenía la defensa quienes venían manteniendo una legítima defensa ya que ellos alegaban que ambas víctimas habrían golpeado, incluso disparado al condenado durante el desarrollo de la fiesta lo que habría provocado su actuar defensivo. Esta tesis fue desechada por el Tribunal”, indicó el Fiscal Berroeta tras la audiencia de lectura de sentencia.

El imputado fue condenado por dos delitos de homicidio simple a la pena única de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos en oficios públicos y derechos políticos mientras dure la condena, además del pago de las costas de la causa. La pena deberá ser cumplida de manera efectiva descontándole los 933 días que lleva en prisión desde su formalización.