Gloria Ana Chevesich asumió como la primera mujer en liderar el máximo tribunal, en medio de una profunda crisis de credibilidad del Poder Judicial

En un discurso marcado por la autocrítica y el reconocimiento explícito del malestar ciudadano, la ministra Gloria Ana Chevesich juró este martes como presidenta de la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Chile en encabezar el máximo tribunal del país, en un momento especialmente sensible para el Poder Judicial.

Lejos de eludir los cuestionamientos que hoy pesan sobre la justicia, Chevesich abordó uno de los reproches más extendidos entre la ciudadanía: la percepción de que en Chile existe “una justicia para ricos y otra para pobres”. La nueva presidenta reconoció que se trata de una crítica que “muchos comparten” y que ha calado hondo en la evaluación pública del sistema judicial, señalando que esta percepción no puede ser ignorada ni desestimada como una simple mala interpretación.

En su intervención, la magistrada fue enfática en rechazar cualquier tipo de privilegio asociado a la posición social, económica o política de quienes litigan ante los tribunales. Sostuvo que el trato igualitario a todos los justiciables es uno de los pilares que da sentido y legitimidad a la labor judicial, y advirtió que los errores —inevitables en una labor humana— no pueden ni deben opacar el trabajo cotidiano de cientos de resoluciones que sí contribuyen a la paz social.

El discurso se dio en el contexto de una crisis institucional sin precedentes, marcada por la remoción y destitución de ministros de tribunales superiores por faltas a la probidad, hechos que la propia presidenta calificó como graves y determinantes en el descrédito del Poder Judicial ante la opinión pública. No obstante, defendió que estas conductas no pueden transformarse en un estigma para las más de 14 mil personas que integran el sistema judicial y que, a diario, cumplen su función de manera honesta y comprometida.

Chevesich también reconoció otros factores que alimentan la desconfianza ciudadana, como los retrasos excesivos en la tramitación de causas, la deficiente atención a usuarios, y una justicia que, al tardar, “deja de ser justicia”. Admitió que los atrasos, en algunos casos de años, generan frustración y desgaste tanto en las personas que acuden a tribunales como en los propios funcionarios y jueces.

En un mensaje dirigido directamente a la ciudadanía crítica del sistema, la nueva presidenta afirmó que, si bien la opinión pública no debe influir en el contenido de los fallos, sí importa —y mucho— en la evaluación del comportamiento, la ética y la credibilidad del Poder Judicial, ya que sin confianza en la justicia se debilita no solo el Estado de Derecho, sino también la democracia.

Finalmente, Gloria Ana Chevesich destacó el carácter histórico de su nombramiento, señalando que su llegada a la presidencia de la Corte Suprema pone fin a más de 200 años de exclusión femenina en el máximo cargo de la magistratura. En un mensaje dirigido especialmente a niñas y mujeres, sostuvo que no existen límites insuperables y que las barreras de género pueden ser enfrentadas con perseverancia, estudio y convicción.

El discurso, lejos de ser triunfalista, dejó en evidencia el desafío que enfrenta el Poder Judicial para reconstruir su legitimidad, responder a las críticas ciudadanas y demostrar, en los hechos, que la justicia debe ser igual para todos.

Académico Facultad de Derecho U. Andrés Bello, sede Viña del Mar

Por décadas, el Poder Judicial fue visto como el menos político y peligroso de los tres poderes del Estado. Ya los padres del constitucionalismo norteamericano, desde sus primeros tiempos, entendieron que este poder —al no depender de ciclos electorales ni estar expuesto a las pasiones del momento— podía actuar como el garante más confiable de las libertades de los ciudadanos. Bajo el principio clásico de separación de poderes, el judicial debía ejercer sus funciones con imparcialidad, independencia y un sólido conocimiento técnico jurídico, lo que lo convertía en el principal dique de contención frente a los excesos del poder político y económico.

En una democracia basada en el Estado de Derecho, los jueces no son meros intérpretes técnicos de normas. Son, ante todo, protectores de derechos fundamentales y árbitros de última instancia. Cuando todo lo demás falla —cuando el poder ejecutivo se extralimita o aparecen abusos a los más débiles— es el poder judicial el que debe restituir el equilibrio y reparar el daño. Por ello, su legitimidad no solo se mide en sentencias, sino en la confianza ciudadana que debe ser el reflejo de su integridad, imparcialidad y profesionalismo.

Por eso, lo que hemos vivido en Chile en los últimos dos años resulta particularmente grave. No hablamos aquí de simples hechos aislados ni de errores administrativos. Hablamos de corrupción: tráfico de influencias, sospechas de manipulación en los sistemas de asignación de causas y vínculos indebidos entre abogados poderosos, jueces de tribunales superiores y funcionarios públicos. Hablamos del “Caso Audios”, del bochorno institucional que supuso la destitución de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, de la caída del exministro Sergio Muñoz y de la liberación inexplicable de un imputado por sicariato vinculado al crimen organizado transnacional. A estos hechos se suman casos insólitos, como el uso de licencias médicas fraudulentas por parte de jueces y funcionarios judiciales para viajar al extranjero, conducta que no solo transgrede deberes básicos de probidad, sino que daña severamente la imagen pública del Poder Judicial y erosiona la confianza ciudadana en su integridad.

La pregunta que la ciudadanía tiene derecho a formularse es inevitable: ¿estamos ante una crisis del Poder Judicial chileno? La respuesta debe ser cuidadosamente matizada, pero no ambigua. No se trata de una crisis generalizada que afecta a todos los jueces, muchos de los cuales siguen desempeñando su trabajo con independencia y excelencia, sino de una alarma institucional que exige reforzar con urgencia los cimientos éticos y estructurales del sistema judicial, antes de que la excepción erosione la regla y el descrédito sea la normalidad.

Cuando se erosiona la confianza en el poder judicial, lo que está en juego no es solo la reputación de jueces o tribunales. Lo que peligra es la garantía misma de nuestros derechos. Porque si el judicial deja de ser impoluto, si deja de ser un contrapeso real, entonces desaparece el último bastión de protección frente a los abusos de poder. Y cuando eso ocurre, ya no hay derecho, solo fuerza.

Por eso, hoy más que nunca, el sistema judicial chileno debe reformarse con valentía y transparencia. Urge repensar los mecanismos de nombramiento de jueces, establecer controles eficaces frente al tráfico de influencias y asegurar que el principio de probidad no sea solo una consigna ética, sino una exigencia institucional irrenunciable. La historia se encarga de demostrar que la mayoría de las veces la democracia no se derrumba de golpe: se oxida y hueva desde sus pilares. Y el judicial, hasta ahora uno de los más firmes en nuestra historia institucional, muestra hoy señales preocupantes de corrosión y no nos podemos resignar a ello.

En todo sistema democrático, la separación de funciones del Estado es un pilar fundamental para resguardar las libertades individuales y evitar la concentración del poder. Esta división, que distingue los roles del poder legislativo, ejecutivo y judicial, no es meramente teórica, sino una barrera real contra el abuso de poder. Su objetivo es prevenir que una misma entidad controle y monopolice las decisiones sobre las libertades y derechos de las personas, algo que, de no evitarse, podría tener consecuencias devastadoras para la democracia y el Estado de Derecho.

En este esquema, el Poder Judicial se erige como el último bastión de defensa de los ciudadanos frente a los abusos de los otros poderes del Estado y frente a los excesos del poder en general. La existencia de tribunales independientes es crucial para garantizar que todos seamos iguales ante la ley y que nuestros derechos sean protegidos frente a la arbitrariedad. Los principios de independencia e imparcialidad que rigen a los jueces son esenciales para que, en el ejercicio de la jurisdicción, prevalezcan únicamente las normas jurídicas, sin interferencias ni influencias indebidas que afecten la igualdad entre los ciudadanos.

Sin embargo, los recientes acontecimientos conocidos a la luz del “caso Hermosilla” o ” caso audios”, han puesto en evidencia que estos principios han sido vulnerados de manera grotesca. Las revelaciones de que un abogado litigante con profunda influencia en el mundo político y jurídico ha intervenido en la designación de jueces, y que desde el sistema judicial y político se le ha permitido hacerlo, constituyen una afrenta directa a la independencia e imparcialidad de los tribunales. Cuando jueces, quienes deberían ser verdaderos faros de justicia, están expuestos a recibir “órdenes” o “sugerencias” para, por ejemplo, integrar una sala del máximo tribunal del país, porque ello resulta funcional para un abogado y para los intereses de sus clientes, el daño es inmenso, tanto en lo inmediato como a largo plazo.

Esto es justamente lo que ha pasado entre Luis Hermosilla y la Ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, según lo exponen las conversaciones contenidas en los mensajes de WhatsApp del abogado cuestionado. Los hechos revelados son extremadamente graves, pues comprometen la credibilidad de todo el Poder Judicial y erosionan la confianza ciudadana en la justicia chilena. La democracia chilena, y en especial su Poder Judicial, atraviesan una crisis gravísima que no puede ser ignorada. Las instituciones deben actuar con contundencia.

Frente a esta crisis, es imperativo que surjan oportunidades para mejorar y transparentar el sistema judicial. Pero antes de cualquier reforma, debe aplicarse otro principio fundamental en el ejercicio de la jurisdicción: el principio de responsabilidad. No basta con reconocer los errores; quienes hayan vulnerado sus deberes constitucionales y legales deben enfrentar las consecuencias. El sistema político en su conjunto debe dar una señal clara y contundente de que estas prácticas no serán toleradas.

En este contexto, se debe evaluar seriamente la posibilidad de deducir una acusación constitucional, idealmente de forma transversal, en la medida en que se configure el notable abandono de deberes conforme al artículo 52, número 2, letra c) de la Constitución. Además, el gobierno debe considerar la viabilidad de iniciar un procedimiento de remoción en los términos del artículo 80, inciso tercero de la misma Carta Fundamental.

Lo que está ocurriendo en el Poder Judicial pone en riesgo el Estado de Derecho, y frente a una amenaza de esta magnitud, las respuestas deben ser igualmente severas. La ciudadanía espera acciones decisivas que restauren la confianza en nuestras instituciones y aseguren que la justicia sea ejercida de manera transparente y justa, sin influencias indebidas. El futuro de nuestra democracia depende de ello.

Finalmente, esta crisis debe ser considerada como la oportunidad para que el Sistema Político revise en forma detallada y profunda la organización del sistema judicial chileno, sin prisas, de manera seria y profesional, convocando a expertos (as) y sin imposiciones ideológicas ni tratando de establecer intentos refundacionales dirigidos a controlar este poder del Estado. Es una cuestión que la clase política debe a la ciudadanía.