Patricia Donoso Elices, directora Aseguramiento de la Calidad de la Facultad de Enfermería UNAB.

La pobreza no es solo la falta de ingresos y recursos para garantizar medios de vida sostenibles; es un problema de derechos humanos. Actualmente, alrededor del 10% de la población mundial vive en pobreza extrema, enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso al agua y al saneamiento.

De acuerdo con el último informe de la ONU en 2023, si se mantienen las tendencias actuales, 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema y solo un tercio de los países habrán reducido a la mitad sus niveles nacionales de pobreza para el año 2030. A pesar de la expansión de la protección social durante la crisis de la COVID-19, más de 4 mil millones de personas continúan sin protección alguna. La proporción del gasto público en servicios esenciales, tales como la enseñanza, la salud y la protección social, es significativamente mayor en las economías avanzadas que en las emergentes y en desarrollo.

En Chile, los resultados de la última encuesta CASEN señalan que la pobreza es de 6,5%, lo que equivale a 1.292.521 personas. Casi todas las regiones disminuyeron su tasa de pobreza, sin embargo, las regiones con mayor tasa son Ñuble (12,1%), La Araucanía (11,6%) y Tarapacá (11,0%).

La falta de recursos económicos puede impedir que las personas busquen atención de salud médica oportuna, resultando en diagnósticos tardíos y tratamientos inadecuados. Además, la falta de seguro médico agrava esta situación, dejando a muchos sin la posibilidad de recibir atención especializada. La pobreza también está asociada a viviendas inadecuadas, falta de acceso a agua potable y saneamiento deficiente. Estas condiciones aumentan el riesgo de enfermedades infecciosas y crónicas, afectando especialmente a niños y ancianos.

Asimismo, las personas en situación de pobreza a menudo no pueden permitirse una dieta equilibrada. La malnutrición y la inseguridad alimentaria son problemas prevalentes que contribuyen a una serie de problemas de salud, desde el retraso en el crecimiento infantil hasta enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.

El estrés constante asociado con la pobreza tiene un impacto significativo en la salud mental. La incertidumbre económica, la inseguridad laboral y las preocupaciones diarias sobre la supervivencia pueden llevar a altos niveles de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales. La falta de acceso a servicios de salud mental agrava aún más esta situación.

Abordar la pobreza como un obstáculo para la salud requiere un enfoque integral que incluya políticas públicas efectivas, acceso equitativo a servicios de salud y programas de apoyo social. Todos los profesionales que conforman el equipo de salud desempeñan un rol fundamental y deben seguir trabajando incansablemente para mejorar el bienestar de las personas más necesitadas. Solo así se podrá garantizar que todos tengan la posibilidad de disfrutar de una vida saludable.

Por Liliana Cortés, directora social Hogar de Cristo

La Universidad Católica presentó los resultados de la Encuesta Bicentenario 2023, que, desde 2006, ofrece un panorama sobre el estado de la sociedad chilena.

Solo el 30% de los encuestados cree que en 10 años el país alcanzará o avanzará en la eliminación de la pobreza, mientras que un tercio piensa que en la próxima década se alcanzará o avanzará en la reducción de la desigualdad.

Ambas cifras se mantienen estables en los últimos años, pero aumenta la desesperanza. Si comparamos con otros desafíos como “ser un país desarrollado” o “resolver el problema de la calidad de la educación”, la percepción es más baja.

El escenario es aún más desalentador.

Esta desesperanza se hace más evidente cuando la pregunta apunta al centro de la cuestión. Solo un 19% de los encuestados cree que existe una alta o muy alta probabilidad de que una persona pobre pueda salir de esa situación, mientras el porcentaje de quienes creen que cualquier trabajador podrá comprar vivienda o tener una pensión digna, apenas llega al 13 y al 6 por ciento, respectivamente. Tienen razón de pensar así: las personas en situación de calle viven con unos 60 mil pesos al mes y su vida puede acortarse en 30 años producto de la rudeza de vivir en la calle.

Nos revelamos ante este panorama.

No podemos asumir como parte del paisaje que compatriotas estén condenados a la pobreza extrema y que el trabajo de toda una vida no alcance para tener una vejez digna. No nos gusta la pobreza, le tememos a sus consecuencias, sobre todo cuando sentimos que nos afectar a nosotros o nuestros familiares.

¿Qué hacer para no seguir anestesiados frente al dolor de millones de personas que viven sin las mínimas condiciones en Chile?

Como Hogar de Cristo llevamos 80 años intentando avanzar en mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Para lograrlo, es clave dejar ver y sensibilizarse ante el dolor de quien padecen la miseria y sobreviven en la desesperanza. Ese dolor debe movilizar a la acción, por eso, te invito a conocer lo que hacemos y colaborar con nosotros.

La encuesta Bicentenario entrega luces –o, más bien, sombras– sobre la realidad de las personas de menos ingresos en materia de cohesión social. Mientras el 63% de quienes pertenecen al grupo socioeconómico bajo cree que no puede confiar en la mayor parte de las personas, este porcentaje es de un 39% en el grupo socioeconómico alto.

Esta desconfianza no cae del cielo, nace de la relación cotidiana que las personas de menores recursos tienen con su entorno. La mitad de este grupo dice ser discriminado, menospreciado o sufrir frecuente falta de respeto comparado con el grupo socioeconómico alto. Si la ciudad y sus ciudadanos nos tratamos mal, de qué cohesión social hablamos.

Estos datos refuerzan la necesidad de abordar la pobreza como una urgencia país, porque de su invisibilidad y consecuente desatención surge parte importante de la desconfianza y desesperanza imperantes. Por ahora, en el Hogar de Cristo, seguimos empujando la responsabilidad que tiene la sociedad de garantizar los derechos humanos y la inclusión plena de las personas, especialmente de quienes están en mayor situación de desventaja. Ojalá esta acción no siga siendo una gota en el océano.

Por Paulo Egenau, director social del Hogar de Cristo

¿Qué trae la esperada Encuesta de Caracterización Económica 2020, la famosa CASEN? Malas noticias, sin duda. En una lectura muy inicial (aún no se liberan los resultados de indicadores y dimensiones por separado), hoy en Chile, 2.112.185 personas viven en situación de pobreza por ingresos, 583.901 personas más en comparación con 2017.

También aumentaron las personas que viven en situación de pobreza extrema; es decir, las personas con ingresos que están por debajo de los umbrales mínimos de alimentación y subsistencia. Desde 2017 a 2020, esa pobreza aumentó de 2,3% a 4,3%, lo que significa que pasaron de ser 412.839 personas en esta situación a más del doble, 831.232. Esta es la primera alza de estas cifras, en los últimos 20 años en el país.

Estos no son números; representan hambre, frío, angustia, enfermedad física y mental. Al observar los dos segmentos que constituyen quienes viven en situación de pobreza –“extrema” y “no extrema”–, es posible identificar que el aumento se concentra sobre todo en la pobreza más dura. También vemos que el aumento se distribuye de forma desigual en las regiones, donde algunas no presentaron variaciones con respecto a 2017, mientras otras tuvieron crecimientos dramáticos, como Tarapacá, que pasó de tener un 6,4% de su población en situación de pobreza en 2017 a 14,0% durante 2020. También destacan el incremento en las regiones de Antofagasta (de 5,1% a 9,3%) y Valparaíso (de 7,1% a 11,3%). Y el aumento de la pobreza extrema, que se da con extrema crudeza en Tarapacá (pasó de 1,7% a 6,9%) y en Arica y Parinacota (de 2,4% a 5,9%).

Las razones sanitarias impidieron además medir la pobreza multidimensional –que agrega factores como habitabilidad, educación, salud, entorno, apoyo y participación social, trato igualitario, seguridad–, porque el cuestionario se redujo y se hizo por teléfono, no presencial, lo que dificulta hacer comparaciones. A la luz de esta lectura inicial y dramática, hoy tiene más sentido que nunca la idea de no descansar, de no bajar los brazos, mientras haya un dolor que mitigar. Y no existe mayor dolor que el que te priva de tus derechos básicos, la pobreza.

A fines del pasado junio se dio a conocer el Informe Mundial sobre Drogas 2020 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), donde uno de los puntos más preocupantes para nuestro país es que somos punteros en una lamentable tabla. La de las drogas, especialmente en población escolar, liderando en la prevalencia/año del consumo de marihuana a nivel mundial. Lo más preocupante no es el dato, es que la cifra y el problema no son nuevos.

Esta noticia volvió a aparecer hace algunas semanas a propósito de la dificultad de la ejecución de programas de apoyo, debido al cierre de colegios por la crisis sanitaria. Este dato más lo señalado por el Informe de UNODC, hace pensar que las cifras que ya eran malas, empeorarán en el futuro, ya que habrá generaciones que no han recibido suficiente prevención. Esto, sin embargo, no es así. Uno de los grandes errores es pretender abordar este fenómeno desde un solo lugar, desde el punto de vista de “las drogas”, y no desde el sujeto, la persona, su comunidad, su contexto.

Si la noticia del alto consumo de nuestros jóvenes no es nueva y realizar prevención no es la única solución, ¿cuál es el camino? El mismo Informe Mundial concluye que existe una asociación entre desarrollo de trastornos por consumo de drogas y desventaja social. Esto es: bajo nivel educativo, mayor dificultad para encontrar y permanecer en el empleo, inestabilidad financiera y pobreza, posiblemente los problemas que más se han evidenciados en este contexto de pandemia.

Por lo tanto, el esfuerzo debe estar puesto en la intersectorialidad. Esto no es drogas, es salud, empleo, vivienda, justicia y una serie de dimensiones del bienestar social. Se debe favorecer que la política pública en este tema aborde y logre modificar los aspectos que propician el inicio y desarrollo del consumo. Que pueda dar coherencia a propuestas que complementan lo humano y lo ciudadano, para así dar más base, más apoyo para evitar que las drogas tengan más espacio para abarcar. Eso podría ser finalmente una real forma de prevenir.