Durante el año 2025 aumentó considerablemente la presencia de embarcaciones chinas en costas chilenas, porque mientras el 2024 se registraron 8, en lo que va de este año ya van 117. Precisamente este hecho prendió las alarmas del sector artesanal que ven con preocupación la presencia de la flota china, especialmente las calamareras

Esto porque, así como en el pasado su presencia impactó a Perú, hoy existe el temor que afecte la pesca artesanal de la jibia.

Precisamente la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y vigilancia pesquera fue el tema central del encuentro internacional, “Avances y retos de la fiscalización y vigilancia en Perú y Chile” que se realizó el pasado 23 de octubre y que fue organizado por la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (CALAMASUR) y la Fundación Innovations for Ocean Action (I4OA).

Consultado sobre el tema, Alfonso Miranda, presidente de CALAMASUR pidió los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú consolidar una postura común para fortalecer las medidas de manejo del calamar gigante (Dosidicus gigas), recurso clave para zona norte del país.

En la misma línea, Pascual Aguilera, dirigente nacional y delegado de Chile en CALAMASUR afirmó que, “la pesquería de la jibia no solo representa una fuente de sustento para miles de pescadores artesanales en el país, sino que también sostiene una red de pequeñas y medianas empresas transformadoras y exportadoras que generan empleo local y valor agregado. Proteger este recurso y asegurar condiciones equitativas frente a la operación de flotas extranjeras es una tarea urgente y estratégica para Chile.”

Desde el SERNAPESCA, el subdirector Jurídico, Felipe Ruiz destacó que Chile cuenta con una cobertura del 100% en la fiscalización de embarcaciones extranjeras que operan en la zona económica exclusiva del país. Sin embargo, reconoció que persisten desafíos estructurales, como la fragmentación normativa y la falta de integración entre los sistemas de monitoreo satelital, las cámaras a bordo, las bitácoras electrónicas y la trazabilidad.

Ruiz subrayó que uno de los principales puntos de mejora es la necesidad de recibir en tiempo real la señal satelital de las embarcaciones extranjeras, tal como exige Perú a aquellas naves que deseen ingresar a sus puertos.

“Una de las dificultades que pudimos notar a propósito de este fenómeno es que la data del VMS la estamos recibiendo con horas de desfase. Una de las grandes posibilidades de mejora tecnológica que identificamos es la necesidad de que, al igual que en Perú, la información se transmita en tiempo real directamente hacia los servidores de SERNAPESCA y de la Autoridad Marítima”, señaló.

Por su parte, Piero Rojas, asesor legal de I4OA destacó la importancia de avanzar hacia insistió en que la vigilancia de las flotas extranjeras debe entenderse no solo como medida de control, sino también como instrumento de seguridad y sostenibilidad.

El evento concluyó con un llamado a consolidar una arquitectura normativa integrada, que permita a los países ribereños del Pacífico Sur responder de manera efectiva al desafío que representa la operación de flotas extranjeras en sus aguas y puertos.

“La fiscalización pesquera no puede seguir siendo reactiva; debe ser estratégica, preventiva y articulada con los actores del territorio”, sentenció Alfonso Miranda.

A pocos días de la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal —que agrupa a las principales organizaciones del rubro a nivel nacional— hizo un enérgico llamado al Ejecutivo a cumplir su promesa de terminar con la Ley Longueira, aprobada bajo escándalos de corrupción y ampliamente cuestionada por su sesgo en favor de la gran industria.

“Presidente Boric, usted prometió terminar en su gobierno con la Ley Longueira. La ley de fraccionamiento es un golpe al corazón de la normativa vigente, pero no es su fin. Su cuenta pública es la última oportunidad que tiene de demostrar que está con quienes viven del mar y no con quienes lucraron a costa de él”, afirmó Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza.

Uno de los puntos clave y que está en disputa en el debate de la Ley de Fraccionamiento es la redistribución de la cuota de merluza común. Sobre el punto la Alianza exige restituir el 70% para la pesca artesanal, frente al 30% que quedaría en manos de la industria.

“La merluza debe volver a ser la pesca del pueblo. Cada vez es más cara y escasa. Se requiere una política que piense en las ferias, en los hogares y en las mujeres que trabajan en el rubro artesanal”, enfatizó Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal.

Otro eje crítico sobre el que esperan el Presidente se pronuncie en su cuenta pública es el financiamiento de la plataforma social para el sector artesanal, propuesta que depende de la aprobación de las licitaciones del 15% de la cuota adicional de jurel asignada recientemente a Chile. Dichas licitaciones han sido bloqueadas en el Congreso por sectores de oposición, incluso por parlamentarios oficialistas como el senador Fidel Espinoza.

“Sin licitaciones, no hay financiamiento responsable. Si el Gobierno habla de responsabilidad fiscal, debe defender este mecanismo que no sólo sostiene el proyecto, sino que asegura dignidad para miles de pescadores”, afirmó Pascual Aguilera, presidente de CORANOR.

Por otro lado y en medio del debate por el cierre de plantas industriales como PacificBlu —filial de Blumar, empresa involucrada en el caso Bruma— los pescadores también exigen transparencia real en el empleo industrial y reconocimiento al aporte económico y social de la pesca artesanal, que genera más puestos de trabajo por tonelada capturada que la industria.

“Hablan de empleo femenino, pero ocultan los contratos por temporada, el subcontrato. ¿Y las miles de mujeres que filetean, encarnan y limpian pescado en las caletas? También merecen protección”, apuntó Miguel Ángel Hernández, dirigente de la Federación Nuevo Amanecer.

Finalmente, la Alianza solicitó al Mandatario que ratifique en su discurso frente al Congreso Pleno su compromiso con la tramitación de la nueva Ley de Pesca, que hoy avanza lentamente en la Cámara de Diputados.

“Esperamos que el Presidente mantenga la urgencia legislativa. Chile no puede seguir con una ley manchada por la corrupción y diseñada para unos pocos”, concluyó Cortés.

Al ser aprobada por unanimidad en la comisión de pesca de la Cámara, la idea de legislar para una Nueva ley de Pesca, el proyecto de ley presentado por el Presidente Gabriel Boric dio un importante paso en su tramitación legislativa. La iniciativa busca implementar una normativa marco de la actividad pesquera chilena moderna, transparente, sustentable y equitativa que se encargue de dar respuesta a los principales desafíos que tiene y tendrá la actividad y el sector.
Esta iniciativa, presentada por el Ejecutivo, fue fruto de un proceso ampliamente participativo del sector pesquero nacional artesanal, industrial, de las actividades conexas y de las plantas de proceso, donde, además, participaron científicos, académicos y miembros de ONG´s, entre otros actores.

Tras la aprobación por parte de la totalidad de los diputados asistentes a la comisión, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, expresó sentirse muy orgulloso por el paso que dio hoy el proyecto de la Nueva Ley de Pesca. La autoridad destacó el positivo y enriquecedor clima de debate que se ha generado, lo cual es fruto de todo el proceso de diálogo transversal que se ha dado con los distintos actores.

Asimismo, valoró la buena disposición de todos los parlamentarios por avanzar en la idea de legislar por un nuevo cuerpo normativo para el sector pesquero nacional.
Muestra de lo anterior es el hecho que la comisión de Pesca esté sesionando tres veces a la semana, y que además hayan sesionado en tres ciudades distintas: Caldera, Iquique y Valparaíso. Además, este viernes sesionarán en Maule y próximamente en Biobío, Los Lagos y Aysén.

En relación a los encuentros con la pesca, la autoridad explicó que con el desarrollo de los más de 200 encuentros realizados para la elaboración del proyecto de Nueva Ley de Pesca fueron mucho más de allá de lo que exige la Ley de Lobby; y el resultado es total y completa transparencia, y participación transversal.

“La idea de aprobar en general permite que el debate que hagamos posteriormente en las regiones aborde las materias que también a los territorios le interesan, lo que vimos en Iquique, lo que vimos en Valparaíso son organizaciones que llegan con propuestas (…) y ahora aprobada esta idea de legislar en general vamos a poder avanzar más prontamente en la definición de un plazo para indicaciones para poder ir ingresando algunos elementos que puedan ser incorporados al proyecto”, especificó el subsecretario Salas.
Entre los principales ejes de la iniciativa de ley que emanó desde el Ejecutivo destacan: desarrollo sostenible de la actividad pesquera, equidad en el sector, protección social para las y los pescadores artesanales, enfoque científico técnico e incentivo al consumo humano.
Finalmente, los parlamentarios de la comisión acordaron que el plazo para recibir las indicaciones será hasta el viernes 26 de abril.

· Iniciativa presentada por el Gobierno fue aprobada por unanimidad y ahora pasa a discusión de la sala de la corporación

· Proyecto busca apoyar al sector artesanal a enfrentar los efectos de la interrupción de sus actividades durante la pandemia.

 La comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó, por unanimidad, el proyecto del Gobierno que busca suspender la declaración de caducidades en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) por un tiempo limitado, y por única vez.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, explicó que el fin de esta iniciativa es “apoyar a las y los pescadores artesanales y mitigar los efectos adversos que provocó la interrupción de sus actividades durante la pandemia y el normal funcionamiento de las instituciones competentes en la materia”.

Al respecto, la directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia, precisó que “son 30 mil pescadores y pescadoras que se verían afectados en la caducidad. Como dijo el subsecretario, hemos trabajado todos estos meses en poder informar para que regularicen, pero producto del Covid-19 muchos no pudieron informar oportunamente, tuvieron problemas, muchos de índole administrativo, como ha ocurrido en otras instituciones”.

El proyecto plantea la suspensión de la declaración de caducidad hasta el 31 de diciembre de 2024. La medida permitirá que, en el año 2025, se cuente con toda la información relativa a la realización de actividades de la pesca artesanal, y la documentación, extendida por la autoridad marítima, para los tres años anteriores (2024, 2023 y 2022).

Además, la iniciativa contribuirá a restablecer el normal procedimiento de verificación del cumplimiento de requisitos determinados por la ley, en materia de aplicación de caducidades por parte del Sernapesca, contando, de esta forma, con información actualizada y completa.

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