La reciente tragedia ocurrida en Valparaíso, donde un hombre mayor intentó quemarse a lo bonzo frente a un edificio municipal, ilustra con crudeza una realidad ineludible: las carencias económicas de las personas mayores están provocando crisis humanitaria en nuestra sociedad. A esto se suma datos estremecedores según estudios recientes: la mayoría de pensiones se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, por lo que un 5,6% de las personas mayores han pasado al menos un día sin alimentarse por falta de recursos.

Este panorama nos obliga a mirar de frente el sistema de pensiones, que debería ser un pilar de seguridad y dignidad en la vejez, pero que para muchos se ha convertido en una sentencia de pobreza. La reforma previsional que hoy se encuentra estancada en el Senado no puede seguir esperando. Su urgencia radica no solo en el impacto económico que tendría en los hogares, sino también en su potencial para mejorar múltiples dimensiones de la calidad de vida de las personas mayores.

Un sistema de pensiones justo no solo garantiza una subsistencia básica; también es un factor protector contra problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, que con frecuencia acompañan las dificultades económicas. Además, contribuye al bienestar físico al permitir acceso a una alimentación adecuada y a tratamientos médicos, elementos críticos para algunas personas mayores.

Más allá de lo individual, mejores pensiones fortalecen el tejido social al reducir la presión sobre las familias y promover la autonomía de las personas mayores. Esta autonomía no es solo un derecho, sino una condición para que las personas mayores puedan participar activamente en la sociedad, en lugar de ser vistas como una carga.

El Senado chileno tiene en sus manos la posibilidad de dar un paso histórico hacia una sociedad que realmente valore y cuide a las personas mayores. Esta no es solo una reforma técnica o económica; es un acto de justicia y humanidad. Es hora de que las prioridades legislativas reflejen las necesidades reales de quienes construyeron este país y que hoy, en su vejez, merecen vivir con dignidad y esperanza. ¡Por las personas mayores de hoy, pero también por las del mañana!

Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de Derecho UNAB, Sede Viña del Mar.

Desde su entrada en vigor el 20 de mayo de 2023, la Ley Nº 21.484 ha marcado un antes y un después en la lucha contra la evasión del pago de pensiones alimenticias en Chile. Esta legislación, con su mecanismo permanente para el seguimiento y cobro de deudas alimenticias, no solo refleja un avance legislativo, sino también una evolución en la percepción social sobre la responsabilidad parental.

La ley autoriza a los Tribunales de Familia a investigar los antecedentes financieros del deudor, incluyendo cuentas bancarias y ahorros previsionales. Esto permite, previa solicitud de la parte afectada, despachar oficios a entidades bancarias y financieras para investigar y, si es necesario, retener fondos del deudor para saldar las deudas de pensión alimenticia.

Uno de los aspectos más destacados y novedosos de esta ley es el procedimiento extraordinario que faculta a los tribunales a ordenar a las Administradoras de Fondos de Pensión la retención de fondos de capitalización individual del deudor, garantizando así el cumplimiento de sus obligaciones parentales. Adicionalmente, la ley impone sanciones severas a quienes incumplen, como la retención de sueldos o la suspensión de derechos civiles, tales como el derecho a conducir o renovar pasaportes.

El establecimiento de un registro público de deudores de pensiones alimenticias es otra herramienta crucial de esta legislación. Este registro no solo incrementa la transparencia, sino que también actúa como una especie de disuasivo contra la negligencia en el pago de pensiones, al exponer públicamente a los infractores.

El impacto de esta ley ha sido significativo. A un año de su implementación, ha informado la Ministra de la Mujer Antonia Orellana, los tribunales han ordenado el pago de más de 830.000 millones de pesos en pensiones alimenticias atrasadas, de los cuales ya se han pagado más de 318.000 millones de pesos. Estas cifras no solo demuestran la efectividad de la ley, sino que también destacan su capacidad para transformar vidas y reafirmar el derecho a la justicia para muchas familias y especialmente para niños, niñas y adolescentes.

La Ley Nº 21.484 no solo ha demostrado ser efectiva, y ha permitido a Chile dar un paso importante en el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas, particularmente las emanadas de la Convención de los Derechos del Niño (1989) sino que también ha cambiado la percepción pública sobre la seriedad del incumplimiento de las obligaciones parentales. Su éxito refuerza la noción de que las leyes no son meras formalidades, sino instrumentos poderosos de cambio social y justicia, cuando han sido bien diseñadas y pensadas. Este aniversario no solo celebra un año de su promulgación, sino también reconoce su papel en la creación de una sociedad más justa y responsable.

]]> 15861 https://www.valparaisonoticias.cl/2024/05/14/estrategia-para-mejorar-las-pensiones-en-chile/15596 Tue, 14 May 2024 14:13:48 +0000 https://www.valparaisonoticias.cl/?p=15596 [...]]]> Dr. Danilo Leal Moraga, director Magíster en Ciencias de la Computación & Magíster en Ingeniería Informática U. Andrés Bello. Presidente Comisión Ciencia de Datos Colegio de Ingenieros, Zonal Valparaíso.

Juan Sutil el ex-presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) propuso aumentar los años de jubilación en dos o tres años lo que abrió un nuevo debate sobre quien apoya esta posibilidad.

En respuesta a los cambios demográficos y los desafíos económicos enfrentados por el sistema de pensiones chileno, autoridades y expertos están considerando la propuesta de aumentar la edad de jubilación en el país. La medida, que busca asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, se justifica por el considerable aumento en la esperanza de vida de los chilenos y la necesidad de adaptar las políticas públicas a esta nueva realidad.

La propuesta nace también a raíz de los cambios en la naturaleza del trabajo, que han hecho que muchas profesiones sean menos exigentes físicamente, permitiendo así que las personas trabajen hasta edades más avanzadas. Además, se considera que esta medida podría contribuir a mitigar las disparidades de género en el sistema de pensiones, dado que las mujeres, que generalmente viven más que los hombres, acumulan menos beneficios bajo el régimen actual.

Extender el período de contribución permitiría a los futuros jubilados acumular mayores ahorros en sus cuentas individuales, lo que se traduciría en pensiones mensuales más altas. Además de incrementar las pensiones, esta propuesta podría mejorar la tasa de reemplazo, proporcionando a los jubilados un ingreso que se aproxime más a su último salario activo. Asimismo, ampliar los años de aporte reduciría el riesgo de que los pensionados sobrevivan a sus ahorros, un fenómeno preocupante dado el aumento continuo en la longevidad de la población chilena.

Por otra parte, se puede poner foco en la optimización de los fondos de pensiones que se encuentran restringidos a la hora de la conformación de los portafolios de inversiones, en la reducción de costos y comisiones administrativas. Estos cambios podrían proporcionar un impulso significativo al rendimiento de los fondos, lo que se traduciría en un incremento de los beneficios para los jubilados.

Un 86% de acuerdo con terminar con el sistema diferenciado de jubilación de las FF.AA. y el resto de la sociedad; y un 94% de acuerdo en incluir a la salud como un derecho en la nueva constitución, también forman parte de los resultados de este proceso de deliberación pública, mediante el cual 400 personas de todo el territorio, elegidas aleatoriamente, independientes y representativas de todo el país, entregaron sus visiones en torno a dos temas fundamentales: pensiones y salud, dando continuidad a los resultados de la consulta nacional impulsada por las municipalidades en 2019.

El levantamiento de una línea base de opiniones representativas del país y los resultados de un proceso de deliberación pública basado en información balanceada y libre de sesgos, en el que participaron más de 400 personas de todo Chile para abordar dos de los ámbitos de suma relevancia para el país: salud y pensiones, son parte de la primera entrega de resultados de la iniciativa “LAS Y LOS 400: Chile delibera”, instancia convocada por la Fundación Tribu; la Universidad de Chile; el Senado a través de la comisión Desafíos del Futuro y la Asociación Chilena de Municipalidades; con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y la Embajada de Estados Unidos.

El proyecto, basado en un modelo desarrollado por el profesor James Fishkin, del Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford de EE.UU., y quien participó en Congreso Futuro 2020 en el panel Democracia: Encuestas Deliberativas, convocó a través de un sorteo a chilenos y chilenas de todas las regiones del país, a partir de metodologías que aseguraron independencia, transversalidad y representatividad de quienes participaron del proceso.

Entre los principales resultados del proceso se encuentra que el apoyo a la propuesta de reemplazar el actual sistema de pensiones por un sistema de reparto (No+AFP) baja a un nivel neutral; pasando de un 57% a un 47% de la ciudadanía a favor de esta reforma. Junto con lo anterior, se mantienen apoyos muy mayoritarios a reformas profundas al funcionamiento de las AFP, como eliminar comisiones de intermediación (94%), implementar un impuesto sobre ganancias extraordinarias (84%), pasar a un modelo de comisiones sobre saldo (70%), y establecer representación para las y los afiliados en el directorio de las AFP (70%).

En lo que respecta a salud, por su parte, las chilenas y los chilenos quieren mayoritariamente incluirla como un derecho en la Constitución (94%), acuerdo que se observa consistentemente tanto en la medición de línea base como en el resultado de la deliberación de LAS Y LOS 400, así como también una reforma estructural que reemplace el actual sistema de salud por uno de Seguro Universal para todas las personas, con un Fondo Único, dejando a las isapres como una alternativa complementaria (80%).

“El modelo de participación en Chile cambió y es bueno que el Senado y las instituciones así lo entiendan. Desde los municipios, solo reafirmamos nuestro compromiso de colaboración para trabajar con todas las instituciones”, cerró en tanto el presidente de la ACHM, Fernando Paredes.

“Este ejercicio democrático y ciudadano con el que buscamos aportar desde una mirada constructiva al país, demuestra las reales posibilidades que existen en nuestra sociedad de dialogar, informarse y poder deliberar de manera conjunta. En sus resultados vemos que hay más coincidencias que diferencias, y que esta polarización de la que tanto se ha hablado no es tal, que las personas pueden ponerse de acuerdo en temas que nos convocan a todos y todas. Es una experiencia que muestra la importancia de ser escuchados, de ser parte de la toma de decisiones y sin duda deberíamos replicarla para fortalecer nuestra democracia y la participación ciudadana en el proceso constituyente”, señaló el Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, señaló que “cuando se analizan las cosas con apertura, tolerancia y receptividad hacia las ideas, que parecen distintas a las nuestras, no es que se acerquen y se funda en una sola a las opiniones opuestas, sino que avanzan interactivamente hacia otras ideas (..) Viene una serie de instrumentos de participación asociadas a la política pública, ahí se probará la eficiencia y pertinencia de una metodología que se ha enriquecido con la disposición de apoyar en este proceso a la Fundación Tribu”.

El presidente de la comisión Desafíos del Futuro, senador Guido Girardi, indicó que “los 400 son la expresión más fiel, del punto de vista estadísticos, de  lo que es Chile (…) Este proceso construye una inteligencia colaborativa,  desde la inteligencia  distribuida  que está en la sociedad y no en los Estados, gobiernos o Parlamentos. Es un aporte  que le puede dar un sentido de legitimidad a una democracia que está enferma y que responde a un mundo que no existe (…) El desafío es construir y adaptar nuestras instituciones para permitir que la sociedad del siglo XXI sea construida por todos y todas”

La senadora Carolina Goic, integrante de la comisión Desafíos del Futuro y presidenta de la comisión de Trabajo, indicó que “este es un proceso de participación  ciudadana y que desafía a los políticos a escuchar pero de verdad (…) La pregunta que se hacen los 400 es ¿qué pasa con los resultados? Aquí tenemos una muestra de cómo nos hacemos cargo en concreto y ponemos las herramientas para ello. Algo que queremos poner a disposición del proceso constituyente  para demostrar cómo ese sentido comuna se puede poner sobre la mesa, lo que significa derribar barreras ideológicas”

El integrante de la comisión Desafíos del Futuro, Francisco Chahuán, señaló que “este proceso muestra cómo las personas  con información tienden a moderar posiciones y  encontrar acuerdos y consensos  (…) El llamado  que hago es a convertir  estas conclusiones  del proceso deliberativo en indicaciones  legislativas (…)  Frente a un Chile polarizado hay  que reivindicar que la política está al servicio de la dignidad de las personas y cómo somos capaces de buscar a acuerdos saliendo de nuestras trincheras ideológicas (…) Lo que está en juego es si la política está disponible para dar respuestas”.

Desde Fundación Tribu, en tanto, Tomás González destacó cómo en este proceso “personas comunes y corrientes, de toda la diversidad del país, asumieron la responsabilidad de representar al resto de las chilenas y los chilenos durante un fin de semana y ser la voz de Chile, mostrándonos grandes acuerdos. Muchas de estas personas señalan que, de paso, también pudieron darle un sentido real a la palabra ‘democracia’ en sus vidas, y haber vivenciando una gran experiencia de educación cívica. Este mecanismo de deliberación pública es una oportunidad para complementar y profundizar nuestra democracia, brindándole mayor agilidad, legitimidad social y la inteligencia colectiva de todo el país”.

Pensiones

Sobre el destino del 6% con cargo al empleador, se observa que cuando la ciudadanía tiene la posibilidad de reflexionar y deliberar, sí quiere cierto nivel de solidaridad. El principal cambio  fue con respecto a destinar el 100% de estas cotizaciones adicionales a cuentas individuales, donde la medición de línea base era 63% (en la línea de lo que muestran algunas encuestas de opinión) y el resultado de la deliberación pública fue de 38% a favor de esta alternativa. A la vez, se observa que el nivel de acuerdo respecto de la alternativa de 100% a un fondo colectivo es mayor en el resultado de la deliberación que en la línea base; y, la alternativa que logra un acuerdo mayoritario es la de mitad a cuentas individuales y mitad a un fondo colectivo, con un 53% de aprobación.

Respecto a la moción de ampliar el pilar solidario, creando una pensión base de 200 mil pesos para el 80% de la población con menores ingresos, un 76% está de acuerdo, y la fuente de financiamiento preferida para esto es a través del aumento de impuestos, excluyendo el IVA, lo que logró un 52% de acuerdo; mientras que la opción de financiar esta medida a través de aumentos del IVA tiene un 79% de las personas en contra. A esto se suma el acuerdo del 89% en crear un subsidio que aumente la pensión de los adultos mayores que necesiten asistencia y cuidados de otra persona; y un 87% en crear un subsidio para aquellas personas que cuidan adultos mayores dentro del hogar.

Sobre aumentar la edad de jubilación poco a poco, es decir, aumentar un par de meses cada cierta cantidad de años sin afectar a quienes tengan 50 años o más, la mayor parte de las personas estuvo en desacuerdo (58%); mientras que para la moción de aumentar gradualmente la edad de jubilación de las mujeres hasta igualarla a la de los hombres, pero sin afectar a las mujeres mayores de 50 años, ya que están próximas a jubilar, un 49% estuvo en desacuerdo y un 38% de acuerdo.

A esto se suma que las chilenas y los chilenos quieren un sistema único de pensiones para todo el país: 86% está de acuerdo con que las FFAA y de orden y seguridad pública pasen a tener el mismo sistema que tenga el resto de la población.

Salud

Las chilenas y los chilenos quieren mayoritariamente incluir el derecho a la salud en la Constitución (94%), acuerdo que se observa consistentemente tanto en la medición de línea base como en el resultado de la deliberación de LAS Y LOS 400.

En tanto, se evidencia un alto acuerdo en que los aumentos del presupuesto de salud prioricen la atención primaria por sobre otros ámbitos con un 74%. Junto con lo anterior, existe un acuerdo de un 67% por que se establezca una institución encargada de fiscalizar la labor de los municipios en materia de salud (alternativa que supera a la propuesta de desmunicipalizar la atención primaria).

Ante la propuesta de financiar servicios y atención para problemas de salud mental, tal como se hace con los problemas de carácter físico, un 90% de las y los chilenos están de acuerdo.

En lo que respecta a los medicamentos, un 87% está de acuerdo con crear un laboratorio farmacéutico administrado por el Estado; y un 84% en fijar el precio mínimo y máximo que podría tener un medicamento.

Finalmente, consultados premisas valóricas, las y los chilenos expresaron estar de acuerdo en un 78% con  “una sociedad que se haga cargo de los pobres y necesitados” y un 84% con “que todos paguen su parte justa de impuestos”.

De las y los participantes del proceso, 50,99% corresponden a mujeres y la edad promedio del grupo es 40,57 años. De ellas, un 32,88% de las personas tiene entre 18 y 29 años, 39,1% entre 30 y 49 años y 28,02% mayores de 50 años. El margen de error absoluto para la medición de línea base es de 3,42%, mientras que para los resultados de la deliberación es de 4,32%.

Una próxima entrega de “LAS Y LOS 400” profundizará en el análisis de los argumentos planteados durante las jornadas de deliberación, en las dinámicas de interacción entre las personas, y en la relación de esto con los resultados del proceso. Además, este análisis entregará aprendizajes para el buen diseño de un proceso deliberativo de cara al trabajo de la Convención Constituyente y los mecanismos de participación ciudadana que habrán de incorporarse en su reglamento.