El estudio de Corporación Miles, realizado durante septiembre de este año en colaboración con el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) a 470 personas, reveló que una de cada tres mujeres   reconoce haber vivido algún tipo de violencia en el contexto del Covid-19. De ellas, un  89% sufrió violencia psicológica que se tradujo en descalificaciones, humillaciones y malos tratos, seguida de un 13.5% que reconoce violencia económica y por expresión de género. 

En ese sentido, una de cada cinco personas menores de 18 años afirmó no sentir la libertad para expresar sus preferencias, gustos o intereses sexuales con su pareja. Y una de cada cuatro, también menores de 18 años, se sintió en riesgo físico durante la pandemia. Asimismo, el 80% de las mujeres encuestadas se vio dificultada para tomar decisiones económicas con autonomía, y un 5.5% fueron víctimas de violencia sexual al tener relaciones sexuales sin consentimiento.

La encuesta también da cuenta de que un 57% de las mujeres prefirió mantener silencio durante una pelea, se sintió criticada o subestimada, o alguien le puso problemas para contactarse con amigos o familiares durante la pandemia.

Por otro lado, la mitad de las personas que se encuentran en alguna situación de discapacidad reconoce haber vivido, principalmente, violencia de índole psicológica y/o emocional y luego económica. En específico, más de un tercio  de las personas en situación de discapacidad ha sufrido al menos una de las siguientes situaciones:  Le han restringido el manejo del dinero como forma de enojo o no pudo tomar decisiones económicas con autonomía.

“Este estudio pretende ser un aporte a la problematización de una situación histórica que la pandemia sólo ha venido a agudizar y busca potenciar las visibilización de otras formas de violencia que ya no pueden continuar en las sombras”, dice Stephanie Otth, coordinadora de investigación de Corporación Miles.

Asimismo, la encuesta de Corporación Miles evaluó los mecanismos de denuncia disponibles y el impacto que tienen en las personas. Si bien las encuestadas conocen los servicios de respuesta institucionales a la violencia, no acuden a ellos: Solo un 1% acudiría a Carabineros, utilizaría los servicios de orientación dispuestos por el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género o los números telefónicos de la policía. El 79% de las encuestadas optaría por sus redes personales frente a una situación de violencia. Este distanciamiento de las personas respecto de los servicios de violencia de género puede explicarse con las malas evaluaciones que hacen quiénes los han utilizado: Según la encuesta de Corporación Miles, sobre un 60% de las personas que han utilizado alguno de estos métodos los evalúan con las peores calificaciones.

Estos datos son alarmantes. Para Corporación Miles, es responsabilidad del Estado promover una cultura libre de violencias,  mediante políticas de educación sexual integral que puedan transversalizar un discurso común de respeto y responsabilidad afectiva en los vínculos humanos, que rechacen las lógicas de pertenencia y control emocional que aún perduran en la actualidad. “L  os resultados de nuestro estudio interpelan directamente al Estado porque reflejan su respuesta parcial y negligente frente a la violencia. El presupuesto para el 2021 de SERNAMEG y el Ministerio es insuficiente, y la pandemia agudizó la violencia contra las mujeres y visibilizó las fallas de un sistema que sólo entiende la violencia en el contexto familiar o de parejas, pero sabemos que no es así. La violencia es un continuo y nuestros resultados lo demuestran. La violencia de género es estructural. Por ello, alentamos a que el gobierno impulse con fuerza el debate legislativo y podamos contar con una ley integral que garantice el derecho a una vida libre de violencia”, dice Anita Peña Saavedra, directora ejecutiva de Corporación Miles.

El viernes pasado, el Instituto de Salud Pública (ISP) ordenó el retiro inmediato de una partida defectuosa de pastillas anticonceptivas de la marca Anulette CD que vendrían mal rotuladas. Frente a ese grave error, que podría tener como consecuencia embarazos no deseados, Corporación Miles sacó esta declaración pública:

“La serie defectuosa de anticonceptivos ANULETTE CD, que fue entregada a usuarias de recintos de salud públicos, es gravísimo. Aún no sabemos el alcance de este tremendo error que podría derivar en embarazos no deseados y abortos inseguros. El responsable es el Ministerio de Salud y este gobierno que no le ha dado importancia a la salud sexual y reproductiva como un servicio vital para las personas. En tiempos de pandemia, los organismos internacionales, como la OMS, recomiendan a los gobiernos poner mayor énfasis en garantizar un acceso oportuno y eficaz a métodos de regulación de la fertilidad que eviten embarazos no deseados, sobre todo en países como el nuestro con leyes tan restrictivas que pueden provocar abortos inseguros y con ello muertes maternas. Pero para el Estado chileno, y específicamente para el Ministerio de Salud, los proyectos de vida de adolescentes y mujeres no son importantes.

Por eso mismo, lo sucedido con la serie defectuosa de pastillas anticonceptivas, es la punta de un iceberg de un problema mucho más grande, como es nuestra deficiente política pública respecto a la salud sexual y reproductiva.  Desde Corporación Miles lo venimos denunciando hace meses. En noviembre de 2019, advertimos al Consejo Consultivo de Género y Salud del Ministerio de Salud que no había stock disponible de Misopostrol y Mifepristona, dos medicamentos esenciales para realizar un aborto en tres causales garantizados por ley. Recién en febrero de este año nos confirmaron que habían restablecido ambos medicamentos en el sistema público.

Adicionalmente, nuestras dos Encuestas de Salud Sexual y Reproductiva en tiempos de pandemia lo corroboran: desde abril en adelante, la falta de stock disponible en anticonceptivos, condones, disponibilidad de horas para atención en la materia, exámenes de VIH/SIDA y tratamiento TARV son, lamentablemente, una realidad de la que este gobierno no quiere hacerse cargo de manera seria.  Uno de nuestros sondeos reveló, por ejemplo, que durante la cuarentena total en la Región Metropolitana el 74% de las personas encuestadas tuvo problemas para acceder a anticonceptivos.

Debido a lo anterior, junto a FENPRUSS y el Colegio de Matronas Regional Santiago, en julio pasado, ingresamos una denuncia a la Contraloría General de la República en contra del MINSAL y sus subsecretarías por falta de probidad y de servicios. Aún esperamos la respuesta oficial.

Por eso mismo, emplazamos al Ministerio de Salud a que ponga en marcha las Normas Nacionales sobre Regulación de  la Fertilidad, promovidas tras el terremoto de 2010, pero que inexplicablemente no se han aplicado en tiempos de Covid-19. Y que evitarían errores como estos que ponen en riesgo los proyectos de vida de cientos de mujeres. Se hace urgente que el ministerio de salud comprenda que la salud sexual y reproductiva en un derecho humano y, como tal, debe ser protegido”.