Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de Derecho UNAB, Sede Viña del Mar

El anuncio del Mercado Mayorista Lo Valledor sobre la exigencia del carnet de identidad chileno para ingresar a sus dependencias a partir del primero de abril de 2024 ha generado un debate sobre la juridicidad e incluso, sobre las implicancias  éticas de esta medida. Esta decisión surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en espacios públicos y privados, impulsada por la percepción de un aumento en la delincuencia.

Lo Valledor, siendo un espacio privado con acceso público, tiene la facultad de establecer ciertos requisitos para el ingreso de las personas, siempre y cuando estas medidas se alineen con las normativas constitucionales y legales vigentes y no incurran en prácticas discriminatorias. La solicitud de identificación se presenta como una medida razonable en este sentido, considerando que es una obligación ciudadana portar una identificación en Chile. Además, esta práctica no es ajena a otros espacios y contextos dentro del país.

Sin embargo, la preocupación surge cuando esta medida parece limitar el acceso únicamente a quienes poseen un carnet de identidad chileno, excluyendo potencialmente a personas que, aunque no poseen este documento, no se encuentran en situación irregular en el país, como los turistas. Esta exclusión podría interpretarse como una forma de discriminación, lo cual contravendría los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la legislación chilena y en los tratados internacionales ratificados por Chile.

No obstante, si la intención de Lo Valledor y su administración nunca ha sido prohibir el ingreso a extranjeros, sino asegurar que todas las personas, sean chilenas o extranjeras, presenten un documento oficial emitido por el Estado de Chile al ingresar, la medida cumple cualquier estándar de razonabilidad que descarta discriminación. En este sentido, la medida buscaría contribuir a mejorar la seguridad  del espacio sin incurrir en discriminación, especialmente considerando que los extranjeros residentes en Chile están obligados a acatar las normativas de extranjería del país.

A pesar de estos argumentos, es probable que la medida termine siendo judicializada  ante los tribunales, quienes finalmente van a determinar si ella se ajusta a los principios constitucionales  y  de no discriminación. Este caso podría sentar un precedente importante en la forma en que los espacios privados con acceso público abordan cuestiones de seguridad y derechos individuales en Chile. Mientras tanto, la comunidad y los visitantes de Lo Valledor estarán atentos a cómo se implementa esta medida y a las implicaciones que pueda tener para el acceso al mercado y para la convivencia dentro de dicho espacio.

La comercialización en la pequeña agricultura fue, entre otros, uno de los grandes desafíos que se planteó la administración saliente. Hoy, y tras cuatro años de trabajo, se pueden observar importantes frutos que han permitido, por ejemplo, que más de 1.400 pequeños productores comercialicen sus productos en los más de 141 mercados campesinos que existen en nuestro país. Además de esto, 199 agricultores participaron durante el periodo 2018-2021 del convenio INDAP – Lo Valledor, lo que permitió comercializar más 154.811 toneladas de alimentos sanos y frescos. 

De este trabajo, destacan diversas acciones que impulsan la asociatividad entre los productores y la consolidación de los procesos de comercialización directa entre los pequeños agricultores y los diferentes agentes del mercado. La consolidación de la Red de Mercados Campesinos que en 2022 cuenta con 141 espacios de comercialización en los que participan más de 1.400 agricultores, gracias a convenios de colaboración con municipios, centros comerciales (Mall Plaza, Espacio Urbano y Open Falabella).

“Esta es una gran oportunidad para poder vender y ofrecer a la comunidad productos frescos que vienen directamente de los predios. La gente nos dice que está contenta con este Mercado; nosotros también estamos felices con la nueva imagen porque la esperábamos, queríamos tener una nueva cara”, expresó Cecilia Zambrano, productora de huevos y paltas, además de representante de los agricultores que integran el Mercado Campesino de INDAP en La Cruz, región de Valparaíso.

A su vez, el Programa Alianzas Productivas que impulsa el acceso a nuevos y mejores mercados, en la temporada 2020-2021 vinculó directamente al poder comprador con cerca de 5.000 productores de la Agricultura Familiar Campesina, por medio de 125 alianzas productivas con ventas de $20.000 millones. Iván Quinchaleo es de Nueva Imperial, en La Araucanía; produce avena, trigo y lupino. Hace dos años participa en una Alianza Productiva con Saprosem, empresa a la que vende su producción. “Gracias a este convenio puedo asegurar la venta de mi producción, lo que en este tiempo es complejo. Además, tenemos asesoría técnica de un profesional que está pendiente de los trabajos que desarrollamos en el campo. Es una oportunidad única e interesante, porque apenas sembramos sabemos a qué precio nos comprarán el producto y así evitamos especulaciones y tenemos entrega segura”, precisó.

Otra acción destacada en el periodo 2018-2022 fue el impulso a la suscripción de Acuerdos Comerciales que permitieran acompañar a los pequeños agricultores en el ingreso a mercados de mayor volumen. Ejemplo de ello es el Convenio INDAP – Lo Valledor, desde 2016 permite a productores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins acceder a espacios preferenciales de venta en el principal mercado hortofrutícola del país. Al cierre de la Temporada 2020 – 2021, 137 agricultores concretaron ventas por un valor estimado de $13.795.000.000, comercializando 47.035 toneladas de productos. En total, durante el periodo 2018-2021, 199 agricultores participaron de este acuerdo y comercializaron 154.811 toneladas de productos que significaron ventas estimadas de $37.629.000.000.

El Programa de Compras Públicas promueve la incorporación de pequeños agricultores como proveedores de los mercados públicos de alimentos para aquellas instituciones o empresas públicas que demandan servicios de alimentación o compran directamente alimentos. Desde 2018, Compras Públicas ha focalizado su crecimiento en las ventas y aumentar el número de usuarios participantes del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb. Para ello se ha potenciado la Empresas Asociativas Campesinas (EAC) y Grupos, entregándoles apoyo por medio del Programa de Asociatividad Económica (PAE), del Gestor Comercial e inversiones por más de $1.300.000.000.

Complementariamente operan alianzas con supermercados Unimarc, arrocera Tucapel, Fundación Artesanías de Chile, Fedefruta, ChileAlimentos, Vinos de Chile, Empresas Carozzi, Mall Plaza, ANPROS y Gendarmería de Chile, que permiten a pequeños agricultores acceder a convenios especiales que les aseguran volúmenes de venta, a precios justos y pagos oportunos.

El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, al referirse a los logros obtenidos durante esta gestión, destacó que por medio de los distintos programas institucionales se buscó potenciar el trabajo que en el plano de la Asociatividad y Mercado permitía mejores oportunidades a los pequeños agricultores. Destacó que “en Chile, nueve de cada 10 agricultores pertenecen a la Agricultura Familiar Campesina y diariamente enfrentan desafíos comerciales posibles de resolver trabajando de forma colaborativa”. La autoridad agregó que “durante estos cuatro años, INDAP ha fomentado la asociatividad, que ha demostrado ser un camino exitoso para que los pequeños agricultores superen juntos distintos obstáculos que les impiden abrirse paso a mercados de mayor valor”.

“Entregamos herramientas que resultan indispensables para que los productores obtengan mejores niveles de productividad, mayores volúmenes de producción y que, además, tengan acceso a nuevos mercados. Así, el programa Alianzas Productivas es un instrumento que se ha transformado en una palanca de encadenamiento productivo y de comercialización para las Empresas Asociativas Campesinas (EAC)”, señaló. A ello se suma la implementación de asesorías comerciales entregadas a través del Programa de Asociatividad Económica (PAE) que otorgan estabilidad y presencia permanente de la Agricultura Familiar Campesina en los distintos mercados, incluidos algunos de exportación”, detalló la autoridad.