Juan Pedro Eberhard, académico de la Facultad de Economía y Negocios UNAB y CIUDHAD; Francisco Martínez, Ingeniería Comercial UNAB y LETS; y Duam Carvajal, Ingeniería Comercial UNAB y LETS

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) exponen una realidad que está en el centro del debate público: existe una marcada diferencia en la participación laboral entre hombres y mujeres en Chile. Mientras el 71% de los hombres en edad de trabajar participan activamente en el mercado laboral, solo el 52% de las mujeres lo hace, una brecha de casi 20 puntos porcentuales que sitúa a Chile lejos de los estándares de países
desarrollados.

Para entender mejor esta disparidad, es útil examinar cómo se distribuye la población en edad de trabajar. En el caso de los hombres, el 65.78% está ocupado (trabajando), un 5.36% está desocupado (buscando trabajo), y un 28.85% está inactivo (fuera del mercado laboral). En contraste, para las mujeres, solo el 47.61% está ocupada, un 4.77% está desocupada, y un significativo 47.62% está inactiva. Más revelador aún es que un 14.72% de las mujeres están inactivas específicamente por razones familiares.

Esta última cifra cobra especial relevancia en el contexto actual, donde el gobierno ha presentado un proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Esta iniciativa reconoce por primera vez el cuidado como un derecho fundamental y busca abordar lo que se ha denominado “la crisis de los cuidados”, provocada por cambios sociodemográficos como el envejecimiento poblacional y la reducción de las redes familiares
tradicionales.

Si las mujeres que actualmente están fuera del mercado laboral por dedicarse a tareas de cuidado pudieran incorporarse como trabajadoras, la participación laboral femenina aumentaría significativamente, acercándose a los niveles de países desarrollados como Noruega, donde la participación es de 76% para hombres y 70% para mujeres. El nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados propuesto podría hacer esto posible al redistribuir las labores de cuidado entre hombres, mujeres, el Estado y otros actores sociales.

La propuesta gubernamental es particularmente relevante porque eleva los cuidados al nivel de cuarto pilar de la protección social, junto a la educación, la salud y la previsión social. Esto implica un cambio estructural en cómo la sociedad aborda las responsabilidades de cuidado, que tradicionalmente han recaído desproporcionadamente sobre las mujeres, limitando sus oportunidades laborales y de desarrollo profesional.

El proyecto de ley propone una respuesta coordinada y sistémica que podría transformar la realidad que muestran las cifras del INE. Al institucionalizar la corresponsabilidad del cuidado y proporcionar servicios públicos, tiempo, apoyo económico y redes comunitarias, se abriría un camino para que miles de mujeres puedan incorporarse al mercado laboral.

Esta iniciativa no solo beneficiaría a las mujeres que hoy están fuera del mercado laboral, sino que también impulsaría la productividad del país, aumentaría los ingresos familiares y generaría mayores recursos fiscales. El reconocimiento del cuidado como un derecho y su incorporación como pilar de la protección social representa un paso significativo hacia un mercado laboral más equitativo y una sociedad más desarrollada.