Jorge Astudillo, Académico Facultad de Derecho U. Andrés Bello, sede Viña del Mar.

La reciente fuga de tres internos desde un recinto de Gendarmería ubicado en Valparaíso no es un hecho aislado ni un episodio anecdótico. Es un síntoma preocupante que obliga a mirar con atención la realidad de nuestro sistema penitenciario y el papel que cumple Gendarmería de Chile en la seguridad ciudadana.

Se trata de una institución que asume, día tras día, una de las funciones más delicadas y peligrosas del Estado: la custodia y reinserción de personas privadas de libertad, muchas de ellas altamente peligrosas. Cada gendarme se enfrenta a diario con riesgos que la mayoría de la ciudadanía desconoce, trabajando en un entorno donde la tensión y la amenaza son parte de la rutina.

Desde esta tribuna no corresponde emitir juicios de valor sobre la probidad de los funcionarios, pero sí es legítimo —y necesario— exigir al Estado una reforma profunda y urgente del sistema penitenciario chileno. Esta debe apuntar a profesionalizar aún más la labor de Gendarmería, mejorar las condiciones laborales de sus funcionarios, reforzar su seguridad y establecer mecanismos preventivos y represivos de control eficaces que minimicen, en la mayor medida posible, cualquier acto de corrupción.

Tal reforma no debería limitarse a los funcionarios: también debe contemplar medidas que mejoren las condiciones de vida, programas de reinserción y oportunidades para los internos, evitando que las cárceles sigan siendo verdaderas “escuelas del delito”.

Lo ocurrido recientemente —ya sea la liberación de reos de alta peligrosidad por errores e incompetencias del sistema judicial, o la huida de internos desde la cárcel de Valparaíso— se suma a una cadena de señales inquietantes de debilitamiento institucional. Un fenómeno que se agrava con el avance del crimen organizado y que, de no ser abordado con decisión, podría tener consecuencias irreversibles para la seguridad y la convivencia en nuestro país.

Como es habitual en el sistema electoral chileno, el plebiscito constitucional llevado a cabo el 17 de diciembre de 2023, en el que los ciudadanos votaron por segunda vez en menos de dos años sobre un texto constitucional propuesto, transcurrió con normalidad ejemplar y con un sólido comportamiento democrático por parte del pueblo chileno. La opción “en contra” prevaleció con aproximadamente el 56% de los votos válidos, en comparación con cerca del 44% a favor de la propuesta constitucional presentada por el Consejo Constitucional.

Sin duda, desde diferentes perspectivas políticas, se presentarán análisis y se plantearán tesis sobre las causas del resultado del plebiscito y, sobre todo, sus consecuencias.

Probablemente, los discursos de los líderes políticos intentarán capitalizar el triunfo del “en contra” de una manera u otra; sin embargo, la realidad es que después de estos difíciles años, incluido el período del estallido social, no hay ganadores, pero sí un gran perdedor: Chile, que está gobernado por una clase política que ha demostrado ser incapaz de alcanzar consensos básicos que permitan aprobar una nueva Constitución en democracia.

Tras el resultado del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, en el que el “rechazo” a la propuesta de las izquierdas más extremas obtuvo un histórico 62% de los votos válidos emitidos y el triunfo del “en contra” respecto a la propuesta de las derechas, especialmente la derecha republicana, me permito proponer las siguientes ideas:

En primer lugar, el pueblo chileno demostró no ser tan ignorante como algunas voces de izquierda sugirieron tras el rechazo al experimento refundacional de la Convención Constitucional. Por el contrario, la ciudadanía mostró un importante grado de madurez política al desechar dos propuestas que buscaban imponer visiones ideológicas sesgadas aprovechando mayorías contingentes. Ambas propuestas, redactadas desde extremos opuestos, no comprendieron que el pueblo chileno esperaba una Constitución más moderada y representativa, y la ciudadanía se encargó de hacérselo saber. Es de esperar que de una vez por todas se aprenda esa lección.

En segundo lugar, es evidente que existe un desgaste constitucional. Por ello, parece razonable que el sistema político entienda que el proceso constitucional debería suspenderse por un tiempo. Mientras Chile siga estando tan polarizado, se debe descartar cualquier proceso constituyente que incluya una asamblea constituyente u otro órgano similar susceptible de ser cooptado por una mayoría intransigente que nos conduzca a otro fracaso. Lo más adecuado sería realizar ajustes constitucionales para actualizar y modernizar la Constitución vigente, recogiendo los principales deseos de la población sin recurrir a inventos refundacionales que sienten las bases para gobiernos autoritarios.

En tercer lugar, creo que quienes desacreditaban la legitimidad de origen de la actual Constitución tendrán una tarea difícil para mantener el mismo discurso. Las reformas constitucionales realizadas en democracia, junto con dos propuestas constitucionales rechazadas, otorgan una innegable legitimidad democrática a la Carta Constitucional vigente. Esta seguirá en vigor y estará sujeta a las futuras reformas legislativas, de acuerdo con quórums más accesibles.

Por lo tanto, Chile cuenta hoy con una Constitución democrática y un pueblo que parece tener clara su postura frente a los extremos, enviando dos fuertes señales al respecto. Sin embargo, sigue siendo urgente que el Estado y la clase política aborden problemas en salud, educación, vivienda, migración, delincuencia, etc. Chile tiene problemas apremiantes y un marco constitucional y jurídico democrático para enfrentarlos; solo hace falta voluntad política por parte de los gobernantes para trabajar eficientemente y con probidad en mejorar las condiciones de vida de las personas.

Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de la Facultad de Derecho, UNAB Sede Viña del Mar.

En virtud del principio de presunción de inocencia, un individuo objeto de un proceso penal debe tener el derecho de enfrentar su juicio en libertad, a menos que se demuestre su culpabilidad. Este concepto se conoce como libertad provisional, y está expresamente reconocido en el artículo 19 Nº 7 letra e) de la Constitución vigente y en la ley procesal penal. Como norma general, la libertad provisional prevalece, y la prisión preventiva actúa como excepción.

En consecuencia, el tribunal tiene la obligación de respetar el derecho a la libertad provisional de las personas acusadas de un delito, a menos que, tras la formalización de la investigación, el juez decrete la prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público o del querellante. Para que esto ocurra, es necesario cumplir las siguientes condiciones: existencia de evidencias que justifiquen el delito en investigación, indicios razonables de participación del imputado en el delito en calidad de autor, cómplice o encubridor, y evidencias que permitan considerar al tribunal que la prisión preventiva es esencial para el éxito de la investigación o que la libertad del imputado representa un riesgo para la sociedad o la víctima, o bien un riesgo de fuga, según las disposiciones legales correspondientes.

En este escenario, consideramos que la regulación constitucional y legal sobre la libertad provisional y sus excepciones que conducen a la prisión preventiva se ajustan a los estándares sobre derechos humanos. Sin embargo, la disconformidad ciudadana y de una importante parte de la clase política se produce por la aplicación de la norma por los jueces del sistema procesal penal. Por ejemplo, hay casos de personas con un amplio prontuario que siguen quedando en libertad provisional una y otra vez porque un juez de garantía o una Corte de Apelaciones considera que su libertad no es un peligro para la sociedad o la seguridad de la víctima. Decisiones de esta naturaleza son muy poco entendibles para los ciudadanos de a pie e incluso, en algunas ocasiones, para quienes ejercemos el derecho.

Producto de lo anterior, en medio de una crisis de seguridad sin precedentes y en el marco de la agenda de seguridad, el 6 de diciembre de 2023, el Presidente Boric promulgó una ley que introduce modificaciones al Código Procesal Penal, por medio de la cual se amplían los criterios para decretar la prisión preventiva. De esta manera, el juez deberá excepcionar el derecho a la libertad provisional y decretar la prisión preventiva, si concurren algunas de las siguientes circunstancias, a saber: si existen detenciones múltiples durante los dos últimos años, si en el delito se hizo uso de un arma de fuego y si el imputado integra una banda de crimen organizado.

Al margen de las dudas que genera el sentido y alcance que se dará a esta nueva normativa, de lo que en cierta medida depende su efectividad (por ejemplo, qué se entiende por “detenciones múltiples”), lo cierto es que con esta modificación se amplían de una manera importante las causales de prisión preventiva y al mismo tiempo se restringe en forma considerable el marco decisorio de los jueces a la hora de imponer esta cautela personal. Esta decisión del sistema político seguramente será muy bien recibida por la opinión pública y debería llamar la atención a la judicatura respecto de los criterios que se están utilizando al interpretar y aplicar el derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que la adopción de medidas que busquen dejar a personas que delinquen privadas de libertad, ya sea en forma transitoria (como es el caso de la prisión preventiva) o en forma más permanente (como es el caso de condenas a penas privativas de libertad efectivas) debe contemplar una imprescindible inversión en centros penitenciarios modernos que permitan acoger a un número importante de internos en condiciones adecuadas y que realmente permitan trabajar en la reinserción social, que seguramente aumentará considerablemente, tanto por la aplicación de esta nueva modificación al Código Procesal Penal, como por las medidas que, seguramente se seguirán adoptando en el futuro en el marco de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Cualquier intento de solución que reconozca penas privativas de libertad no será efectivo si con ello se sigue agudizando la crisis del sistema carcelario.

Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de la Facultad de Derecho UNAB, Sede Viña del Mar.

Luego del episodio en que el diputado RN Miguel Mellado grabara y filtrara a la prensa una conversación sostenida de manera privada con el Presidente, en un primer momento condenó el hecho señalando que con ello “se rompían las confianzas” (mintiendo al país), para posteriormente, mediante una declaración pública reconocer su autoría. Mellado indicó a la prensa que “no sentía vergüenza de lo que había hecho, y que consideraba que esta situación era un tema ético y que no habría infringido ninguna ley”.

Hace pocos días se conoció la firma de millonarios convenios administrativos entre la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. La suma de estos convenios ascendió a más de 426 millones de pesos. En este caso, el servidor público que autorizó y firmó estos convenios, Carlos Contreras, ahora ex Seremi, en un pasado reciente fue asesor de la diputada de RD, Catalina Pérez; y, uno de los integrantes de la Fundación beneficiada, no es nada menos que la actual pareja de la misma diputada Pérez, Daniel Andrade (hoy ocupando un cargo en el Ministerio de Defensa). Tras hacerse público este hecho, la diputada Pérez a través de sus redes sociales informó que había oficiado a la Contraloría General de la República para que este órgano se pronuncie sobre la legalidad de la firma de estos convenios.

Tanto en el caso de Miguel Mellado cómo en la situación de los cercanos a la diputada Pérez, se puede apreciar cómo es que los involucrados son incapaces de asumir y entender que el ejercicio de la función pública, que, en buenas cuentas, es el ejercicio del poder político, requiere de un comportamiento exigible que va más allá del piso mínimo, que es respetar la legalidad. El ejercicio de la función pública descansa en la confianza ciudadana. Al fin y al cabo, la actividad política, la conducción del Estado y la democracia misma, sólo se sustentan cuando cuentan con un importante grado de legitimidad, palabra que no es sinónimo de legalidad.

El mensaje que nos dejan Mellado y Pérez es que la ética y la decencia no importan. Daría lo mismo actuar a espaldas del Presidente, cuando reglas mínimas de sentido común y responsabilidad, le exigían al diputado actuar de otra manera. En el caso Pérez, no importa que su ex asesor le haya adjudicado un millonario convenio a la Fundación donde participa su pareja, para ella esto es normal y no importa la ocurrencia de un “pituto” (de esos que ella públicamente se comprometió a combatir), ya que lo único que vale es que el acto sea legal.

Lo anterior, adquiere mayor gravedad, considerando las lastimosas defensas corporativas de los respectivos partidos políticos, RN y RD obviando que, en la medida, que no seamos capaces de entender que el estándar de comportamiento exigible a quien ejerce poder va más allá de sólo respetar la ley, sino que involucra un actuar de buena fe y dentro de la ética pública, nuestra democracia está condenada a seguir deslegitimándose a los ojos de la ciudadanía, lo cual es particularmente grave, ya que una democracia débil abre las puertas a los populismos y autoritarismos.