Por Cristián Martínez, fundador de

Los eventos ocurridos hace solo unas semanas en la costa chilena, han puesto de manifiesto una preocupante realidad que amenaza no solo la seguridad de los residentes, sino que también, puede tener repercusiones en el futuro de las inversiones inmobiliarias en estas zonas. Lo ocurrido en Reñaca, donde un socavón de 30 metros de profundidad obligó a la evacuación de los residentes de un edifico, es solo la punta del iceberg de un problema que requiere atención urgente.

Este hecho, obliga a plantearnos múltiples interrogantes desde diversas perspectivas. Desde el punto de vista ambiental, es evidente que la construcción en terrenos costeros conlleva riesgos inherentes que, si no se abordan de forma adecuada, pueden resultar en daños significativos. La naturaleza de estas zonas, sometidas constantemente a la acción del mar y las condiciones climáticas, exige un enfoque de construcción y mantenimiento mucho más riguroso.

Por otro lado, la imprudencia desde algunas empresas cosntructoras, también ha pasado la cuenta. Muchos proyectos inmobiliarios se han llevado a cabo sin estudios correctos en cuanto a suelo o consideración de infraestructuras subterráneas críticas, como los colectores de aguas lluvias, poniendo en riesgo no solo las inversiones, sino la vida de los habitantes de estos inmuebles.

El mundo político también es responsable, con una falta de claridad en las responsabilidades entre entidades como el Ministerio de Obras Públicas y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) ha creado un vacío de acción que agrava la situación. Aquí, es importante establecer líneas claras de acción para abordar estos problemas de manera efectiva.

Desde la perspectiva de la constructibilidad, es importante señalar que, si bien es técnicamente posible construir en dunas o terrenos arenosos (como lo demuestra el Burj Khalifa en Dubai), la clave está en la calidad de los cimientos y la ingeniería aplicada. El desafío para el futuro radica en garantizar que las construcciones existentes reciban el mantenimiento adecuado y que se implementen medidas preventivas para evitar nuevos incidentes.

Para los inversionistas, la situación actual presenta un panorama complejo, dado que el valor de las propiedades en zonas afectadas por socavones se ha visto significativamente devaluado, lo que representa pérdidas considerables para quienes buscan vender. Sin embargo, para aquellos con apetito por el riesgo y liquidez, podría representar una oportunidad de compra a precios reducidos, con la expectativa de una apreciación futura, siempre y cuando se implementen medidas de mitigación efectivas, lo que puede resultar en una “lotería”.

El mercado hipotecario y de seguros también se verá afectado. Es probable que los bancos y aseguradoras se muestren más cautelosos al otorgar créditos o pólizas para propiedades en estas zonas de alto riesgo, lo que podría limitar aún más el dinamismo inmobiliario en el área.

Considerando todo esto, es importante recordar la importancia económica y turística de zonas como Viña del Mar y Concón. Los gobiernos locales tienen un fuerte incentivo para actuar y proteger estas áreas vitales, para lo que deben implementar medidas de mitigación de riesgos pensando en la seguridad de los residentes, así como también, para preservar el atractivo de estas localidades para futuros inversionistas y turistas. La tarea ahora es de todos.

“Más Seguridad + Comunidad” es una iniciativa conjunta de la SUBDERE y la SPD y contempla una inversión de más de $30 mil millones para atender las necesidades más urgentes de los municipios. Gracias a estos recursos se busca recuperar más de 100 espacios públicos para la comunidad, instalar más de 100 proyectos de luminarias públicas y poner en funcionamiento más de 100 proyectos de cámaras de televigilancia.

“La única manera de trabajar de manera efectiva en construir seguridad es que todos aportemos de nuestra parte. Y aquí eso es exactamente lo que se hizo. Y en el programa Más Seguridad Más Comunidad’ es eso lo que se hace también. En ese programa, que era una iniciativa originalmente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que partió con $2.500 millones, se logró un acuerdo para que, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que trabaja con los programas de mejoramiento urbano y de mejoramiento de barrios, se trasladarán una serie de recursos que son para inversiones en el espacio público”, explicó la Ministra Carolina Tohá.

“A los $2.500 millones originales se agregaron $30 mil millones que se van a ocupar para proyectos como este, de recuperación de espacio público, o para proyectos de instalación de luminarias o de instalación de televigilancia ¿Por qué? Porque la inversión en la ciudad es también una inversión en la seguridad”, enfatizó.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo hizo un llamado a los municipios a involucrarse en este proceso; “Quiero entregar algunos elementos prácticos que me parecen relevantes para poder transmitirle a quienes tienen que escuchar esta noticia, que no son solo las comunidades, sino también a los alcaldes y alcaldesas del país para poder atender oportunamente este proceso. Lo primero, es que tenemos un plazo hasta el día 21 de octubre para poder elevar todas las postulaciones a través de la plataforma habitual de la SUBDERE, que es www.subdereenlinea.gov.cl . Esa es la plataforma en la cual van a tener que llevar los proyectos para luego entrar en la fase de evaluación técnica”.

Mientras que el subsecretario Vergara destacó que el anuncio de este plan de inversión demuestra el compromiso del Gobierno con una política de prevención del delito efectiva, que valoriza el rol de los municipios en la coproducción de seguridad. “Este fondo en particular ‘Más seguridad Más Comunidad’ nace primero porque el objetivo principal que el Presidente de la República nos pidió cuando llegamos al Gobierno: avanzar en seguridad, como también en justicia territorial. Es nivelar la cancha de recursos para llegar a un mínimo común preventivo, porque en una misma región y en un mismo país conviven comunas que tienen presupuestos que no superan los $150 per cápita en prevención del delito, mientras hay ocho que tienen más de $40.000 per cápita en prevención del delito”, destacó.

¿Cómo funciona “Más seguridad + equidad”?

Se financiarán proyectos a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de Seguridad, incluyéndose proyectos que ya están formulados (de FNSP + PMU-seguridad), por ejemplo, iluminación, recuperación de espacios públicos, sistemas de teleprotección. Se presentarán iniciativas hasta por $75 millones.

Para ello, se emitirá una circular a todos los municipios del país invitando a presentar proyectos en las tipologías indicadas.