La pandemia de COVID-19 agudizó los problemas de violencia escolar, así lo indica el estudio “Sin miedo en la escuela”, realizado por académicos de varias universidades del país. La investigación sostuvo que el retorno a las clases presenciales en 2022 trajo consigo un aumento en los incidentes violentos y una exacerbación de los problemas de salud mental entre los estudiantes. Este fenómeno, combinado con una carga de trabajo excesiva para los docentes y falta de recursos, ha puesto a prueba las capacidades de respuesta de las escuelas.

Al respecto, se precisó que el Plan de Reactivación Educativa implementado por el Ministerio de Educación, busca atender estos desafíos a través de un enfoque que integra la salud mental y la convivencia escolar. En particular, el programa “A convivir se aprende” ha permitido el acompañamiento a escuelas en temas de violencia, convivencia y salud mental de la comunidad educativa y la capacitación de los profesionales a cargo de esta temática. Sin embargo, el informe subraya que estas iniciativas necesitan ser respaldadas por evaluaciones constantes y mejor financiamiento para asegurar su sostenibilidad y eficacia a largo plazo.

El trabajo -en el que participaron los académicos Paulina Sánchez (Universidad del Desarrollo), Paula Ascorra (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Christian Berger (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Jorge Varela (Universidad Del Desarrollo), evidenció la situación de la violencia escolar en el país. Este estudio forma parte del trabajo del Nodo Latinoamericano de Prevención de la Violencia contra la Niñez en la Escuela del Coalition for Good Schools y se presentó junto con los informes de Argentina, Colombia y Perú, abordando un problema común en la región.

La investigación destacó que Chile ha llevado adelante esfuerzos notables en el desarrollo de políticas contra la violencia escolar. Normativas como la Ley N° 20.536 y la creación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar han sido pasos importantes para abordar el problema. No obstante, la implementación efectiva de estas políticas sigue siendo un desafío. La Superintendencia de Educación (SUPEREDUC) ha jugado un papel clave en la supervisión y en la respuesta a las denuncias, pero se observan limitaciones en la aplicación homogénea de las normativas y en el seguimiento de los casos reportados.

El análisis también subrayó la importancia de que los colegios cuenten con un Comité de Buena Convivencia Escolar y un encargado dedicado a gestionar la convivencia. Estas medidas han ayudado a sentar las bases para un ambiente educativo más seguro, pero el informe señala que las brechas en la formación de los encargados y la falta de recursos en algunas instituciones limitan su eficacia. La desigualdad en el acceso a apoyo especializado y la variabilidad en la calidad de las intervenciones también son puntos críticos a considerar.

Propuestas para un cambio estructural

El documento concluyó con un llamado a la acción que abarca cinco áreas prioritarias. Primero, la necesidad de implementar políticas de manera más coherente y eficaz, asegurando que las leyes sean algo más que un marco teórico. Segundo, se propuso reforzar la prevención y respuesta a nivel escolar, capacitando al personal docente y directivo en estrategias de manejo y prevención de la violencia. La tercera área abordó el cambio de las normas sociales que sostienen la violencia, fomentando una cultura de respeto y diálogo en la comunidad escolar.

La cuarta prioridad es la inversión adecuada de recursos. Sin un financiamiento suficiente, las iniciativas de convivencia y prevención de la violencia corren el riesgo de ser implementadas de manera superficial. Finalmente, el informe enfatizó en la importancia de recopilar y usar datos de manera efectiva para evaluar el impacto de las intervenciones y hacer los ajustes necesarios. La recopilación de evidencia no solo permite monitorear avances, sino que también refuerza la transparencia y la responsabilidad en la gestión de políticas públicas.

“Este informe destacó la necesidad de una colaboración intersectorial en la prevención de la violencia escolar. Invertir en programas de apoyo, salud mental y formación docente no es solo un gasto, es una inversión en el futuro de nuestra sociedad, asegurando que nuestros niños crezcan en ambientes seguros y protectores.” expresó Paula Ascorra, académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Cabe consignar que “Sin Miedo en la Escuela” no solo diagnosticó los problemas actuales, sino que invita a reflexionar y actuar. Sus propuestas ofrecen una hoja de ruta para transformar las escuelas en espacios donde la seguridad y el respeto sean la norma. La colaboración entre el gobierno, las comunidades educativas y otros actores es vital para superar los desafíos y construir un futuro donde los niños, niñas y adolescentes puedan aprender y desarrollarse plenamente. Este es un llamado urgente a todos los involucrados a unirse en un esfuerzo colectivo para erradicar la violencia escolar de manera definitiva.

Organismo inspectivo cuenta ahora también con 8 aparatos de comunicación satelital.

· En actividad participaron 16 fiscalizadoras que aprobaron cursos de conducción de vehículos todo terreno.

La Dirección del Trabajo (DT) aumentará su capacidad fiscalizadora rural y en zonas remotas gracias a 19 camionetas 4×4 recibidas este martes. La actividad de recepción, efectuada en la explanada del Parque O’Higgins de Santiago, fue encabezada por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el director del Trabajo, Pablo Zenteno.

También participaron 16 funcionarias que aprobaron recientemente cursos de conducción de vehículos todo terreno.

Las camionetas que empezarán a rodar en abril serán distribuidas del siguiente modo: cuatro en la Región Metropolitana, dos en la Valparaíso, dos en la Araucanía y uno en las de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

Junto con las camionetas Mitsubishi, modelos L-200 Katana 2.4 CC Diesel, todas dotadas con kit minero y GPS, la DT recibió también ocho aparatos de comunicación satelital que podrán ser utilizados por los fiscalizadores en zonas con débiles señales comunicacionales.

“La inversión realizada por la DT para modernizar su flota de vehículos fiscalizadores a nivel nacional, tanto la adquisición de las camionetas como todos los dispositivos anexos y los teléfonos satelitales, alcanzó los $655 millones 916 mil 416”.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró la nueva flota de vehículos que operarán a partir de abril: “Con el fortalecimiento que se ha ido haciendo en los últimos dos años por parte de la Dirección del Trabajo, se ha ido renovando más del 40% de la flota de vehículos, lo cual es bastante relevante en una institución que requiere una presencia en el terreno”.

Respecto del nuevo equipo de teléfonos satelitales, agregó que “los habíamos visto algunas veces desplegados en emergencias, pero no en la labor diaria de un servicio público como hoy día lo está haciendo la Dirección del Trabajo y que tiene mucho que ver con que en faenas que se desarrollan, por ejemplo, en medio de cerros, donde muchas veces se pierde la señal y es vital mantenerse conectado”.

Por su parte, el director del Trabajo, Pablo Zenteno, explicó que “con estos nuevos vehículos, que reemplazan a igual número de camionetas con una antigüedad superior a los 8 años, estamos mejorando desde abril nuestros desplazamientos fiscalizadores en zonas rurales o remotas, con un mayor nivel de seguridad para nuestros fiscalizadores y fiscalizadoras, que podrán así cumplir de mejor modo nuestra tarea, que es fiscalizar en todas las zonas del país sin importar su lejanía o difíciles o abruptas características de terreno”.

Para mayor seguridad de los fiscalizadores todas las camionetas recibidas hoy cuentan con kit minero; esto es, barras antivuelco exteriores e interiores, malla protectora, extintor, cadenas rompehielo, baliza led, foco faenero, alarma de retroceso, cono vial, lámina de seguridad, manta isotérmica, linterna, pértiga, porta neumáticos, caja metálica y cuñas.

En la actividad de hoy participaron también 16 fiscalizadoras de las regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins que el 22 y 25 de marzo aprobaron cursos de conducción de vehículos todo terreno, dictados por la Asociación Chilena de Seguridad y la propia DT.

El año pasado fueron capacitados 66 funcionarios de la DT y este año lo serán otros 64, incluyendo a las fiscalizadoras ya mencionadas.

La capacitación teórica, que comprende cuatro horas en la Escuela Técnica de Formación de la DT y cuatro horas de práctica en terreno en cancha de entrenamiento, considera:

· Manejo Defensivo, concepto y contexto normativo.

· Componentes de un vehículo 4×4.

· Factores de riesgo en la conducción.

· Factores psicológicos intervinientes en la conducción.

· Conducción en manejo defensivo de vehículo 4×4.

· Prevenir choques, volcamientos, aplastamientos, caídas de carga, atropellos y sobreesfuerzos.

Dotación vehicular

La dotación vehicular máxima autorizada para la Dirección del Trabajo (DT) es de 167 unidades.

Gracias a un proceso intensivo de renovación, desde el año 2022 se ha logrado reducir progresivamente la cantidad de vehículos con una antigüedad superior a los 8 años:

· 2022 (inicio): 46,7% (78 vehículos);

· 2023: 33,5% (56 vehículos);

· 2024: 22,1% (37 vehículos).

En consecuencia, la actual administración de la DT ha logrado reducir en el 47,3% el parque automotriz mayor a 8 años, lo que aumenta la seguridad de los fiscalizadores y fiscalizadoras de terreno, mejorando la cobertura geográfica con vehículos de mejor rendimiento y una mayor disponibilidad operativa, al reducir los procesos de mantención.

Distribución regional

La distribución de la flota a lo largo del país es la siguiente:

· DRT Valparaíso: 17 vehículos

· DRT RM Poniente: 16 vehículos

· DRT RM Oriente: 15 vehículos

· DRT Biobío: 13 vehículos

· DRT Araucanía: 11 vehículos

· DRT Maule: 11 vehículos

· DRT O’Higgins: 10 vehículos

· DRT Coquimbo: 10 vehículos

· DRT Los Lagos: 10 vehículos

· DRT Antofagasta: 9 vehículos

· DRT Atacama: 9 vehículos

· DRT Los Rios: 7 vehículos

· DRT Tarapacá: 6 vehículos

· DRT Aysén: 6 vehículos

· DRT Magallanes: 5 vehículos

· Nivel Central: 5 vehículos

· DRT Ñuble: 4 vehículos

· DRT Arica y Parinacota: 3 Vehículos

La organización ambientalista, se refirió al informe de Contraloría publicado ayer que solicita un sumario el día martes 19 de julio, que detalla el incumplimiento por parte de la Dirección General de Aguas, para las 101 cuencas en Chile.

Greenpeace se refirió a las conclusiones del informe de la Contraloría General de la República, publicado el día de ayer, que señala las graves irregularidades por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas, para la aplicación de medidas que previenen el agotamiento de los recursos hídricos en el país.

Según indica el reporte, que comprende el análisis de los planes de acción entre el 1° de enero de 2016 y el 30 de junio de 2020, el órgano encargado no habría dado “cabal ni oportuno cumplimiento” para prevenir y evitar el agotamiento de acuíferos para cada cuenca.

“Lo que reporta la Contraloría son hechos gravísimos, como que para las 101 cuencas en Chile, hay sólo dos Planes Estratégios de Gestión Hídrica publicados. No hay información, ni estaciones de monitoreo suficientes que permitan saber cuál es la cantidad y calidad, tanto de las aguas subterráneas como de los ríos”, indicó Estefanía González, coordinadora de Campañas en Greenpeace.

Señaló además que “demuestra lo que las comunidades y las mismas organizaciones ambientales hemos denunciado, respecto que el problema del agua en Chile no sólo es por la sequía y el cambio climático, sino que tiene que ver por cómo se gestiona el agua, en un contexto donde sólo el 2% de total del agua del país se utiliza en agua potable y saneamiento”.

La Contraloría en su informe, “corroboró que esa entidad (DGA) no ha ejecutado en forma eficaz y oportuna los aludidos planes para las 101 cuencas del país, toda vez que contaba, al 19 de febrero de 2021, de 2 planes publicados ; 3 planes en proceso de publicación; 9 en ejecución; 13 en proceso de licitación; y 18 en elaboración de bases de licitación, para un total de 45 planes que abarcarían 58 cuencas.

Desde la organización además, puntualizan sobre la falta de acción del Estado, a través de órganos como la DGA, donde hay responsabilidades sobre la crisis hídrica, más allá de la sequía y factores del cambio climático, donde el Estado sigue sin asumirlas, y ha hecho caso omiso de sus facultades”, afirmó la vocera de la organización.

Sobre esto, señalan que desde la propia ONG, se ha solicitado,vía ley de transparencia, conocer cuántas veces se han utilizado facultades que tiene la DGA para suspender temporalmente derechos de aprovechamiento de agua subterráneas cuando se esté afectando la fuentes hídricas,obteniendo como respuesta que dicha facultad nunca ha sido implementada por el este organismo, desde su establecimiento.

González indicó que “esto requiere de acciones concretas; la ciudadanía ya no necesita más excusas asociadas a que no hay presupuestos, a que no hay funcionarios suficientes, ya que hoy las pocas herramientas que hay en los organismos públicos para gestionar de mejor manera las aguas en Chile, no se están utilizando, y como si fuera peor, hay incumplimientos graves respecto a las funciones, como es el caso de la DGA, en un momento en que el 50% de las comunas del país ha estado bajo decretos de escasez hídrica al comenzar el 2022”.

Desde la ONG agregaron que el llamado es al Gobierno a implementar medidas inmediatas, y “no responder a través de excusas y utilizar las atribuciones que hoy la ley permite a los organismos públicos, que permitirán avanzar en esta materia y al mismo tiempo, ver que hay elementos muy importantes como la consagración del derecho humano al agua, la garantía de los equilibrios de los ecosistemas, en los que debemos avanzar de manera urgente”.