· El organismo contralor estableció que el ex Subsecretario de Pesca, Julio Salas, usó medidas que “no se ajustaron a derecho”, cuestionando el mecanismo impulsado para incorporar nuevos armadores artesanales, sin considerar argumentos técnicos ni respetando las postulaciones que habían realizado otros pescadores con anterioridad.

La Contraloría Regional de Valparaíso concluyó que la resolución exenta N°2.563 correspondiente al año 2025 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) “no se ajustó a derecho”, cuestionando el mecanismo impulsado durante la gestión del exsubsecretario Julio Salas para incorporar nuevos armadores artesanales a distintas pesquerías del país.

El dictamen se originó tras una presentación realizada por Sonapesca y varias organizaciones de pescadores artesanales, quienes acusaron que la medida vulneraba la Ley General de Pesca y Acuicultura, al abrir indiscriminadamente el acceso a pesquerías que se encontraban en estado de plena explotación y bajo régimen de cierre para nuevos ingresos.

Cabe recordar que el “Registro Pesquero Artesanal” (RPA) es un catastro formal para ejercer la pesca artesanal – comercial. Establece un número de pescadores cuyo propósito es ordenar, controlar y hacer sustentable en el tiempo la actividad pesquera.

Pese a que el RPA se encontraba cerrado y en un período de análisis de la solicitud de ingreso de miles de pescadores artesanales a lo largo del país, la administración del expresidente Gabriel Boric, a través de Julio Salas, estableció nuevas reglas manipulando para sus fines la aprobada Ley de Fraccionamiento Pesquero.

En concreto, la anterior administración, abrió el registro pesquero artesanal para que se inscribieran cerca de 12 mil nuevos pescadores, en pesquerías como jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola, pasando por alto los mecanismos técnicos establecidos en la actual legislación y sin respetar las listas de espera de otros artesanales que si habían realizado el proceso en la forma correcta.

Es aquí donde la Contraloría, determinó que las exautoridades de la Subsecretaría de Pesca, encabezadas por Julio Salas, no cumplieron las exigencias establecidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura, actuando fuera de la normativa vigente. Uno de los principales cuestionamientos apunta a que se utilizó la Ley N° 21.752 para justificar nuevas incorporaciones al Registro Pesquero Artesanal, pese a que dicha norma únicamente modificó el fraccionamiento de cuotas entre el sector industrial y artesanal, pero no permite la reapertura de pesquerías cerradas, ni modificar el régimen de inscripción en el Registro Pesquero Artesanal, ni eliminar las restricciones para pesquerías en plena explotación.

Además, además el órgano contralor reiteró que dicha medida exige consultas previas al Consejo Zonal y al Comité de Manejo correspondiente, “eludiendo el mecanismo legal de reemplazo por vacancia y desnaturalizando el carácter cerrado de dichas pesquerías”.

Por último, el dictamen de Contraloría determina que la medida carece de sustento técnico suficiente y que se implementó sin respetar los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

En su conclusión, el organismo fiscalizador instruyó a la actual Subsecretaría corregir la situación observada, recordando la potestad invalidatoria contemplada en el artículo 53 de la ley 19.880, mecanismo que permite dejar sin efecto actos administrativos ilegales. Contraloría otorgó un plazo de 15 días hábiles para informar las medidas adoptadas respecto de la resolución cuestionada.

“El informe de la Contraloría confirma que se adoptó una medida profundamente irresponsable, pues abrió un registro que generó expectativas en miles de pescadores artesanales sin contar con el respaldo normativo correspondiente. Al mismo tiempo, se pasó por encima de muchos otros pescadores que realizaron sus trámites y procesos cumpliendo las reglas vigentes y dentro del marco legal establecido. Como Subsecretaría, vamos a cumplir y adoptar todas las medidas instruidas por la Contraloría, asumiendo que se trata de una ilegalidad cometida por la administración anterior. La orden de la Contraloría consiste en invalidar el acto respectivo. Sin embargo, también queremos ser claros: realizaremos todos los esfuerzos a nuestro alcance para que esta situación, a largo plazo, tenga el menor impacto posible sobre los pescadores artesanales, quienes no son responsables de las decisiones administrativas que originaron este problema. Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad, apegarse a la ley y resguardar los intereses del sector pesquero artesanal”, expresó Osvaldo Urrutia, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

El pronunciamiento representa un nuevo y severo cuestionamiento administrativo a la gestión del exsubsecretario Julio Salas, ya que establece expresamente que la resolución fue dictada fuera del marco legal vigente y sin acreditar requisitos obligatorios establecidos por Ley.

Tras reunirse con representantes de ese organismo público, la autoridad, quien integra el Comité Ejecutivo de la AChM, planteó que “es urgente atacar la asociación ilícita y las líneas de abastecimiento del comercio ilegal. Nosotros hemos marcado un precedente desde Puerto Montt con una ordenanza que impide el comercio ambulante en el centro de la ciudad, pero ahora tenemos que ir por las asociaciones ilícitas y para ello necesitamos la presentación de querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos”.

Ello permitiría identificar a quienes están detrás de esta actividad ilícita, atacando el problema en el origen.

Por su Parte, Gustavo Alessandri, presidente de AChM señaló que “el abordaje de este problema requiere con urgencia, la generación de una estrategia nacional unificada que articule a los diversos actores públicos involucrados y eso incluye a los municipios y Carabineros con la fiscalización directa en las calles, seguimiento judicial efectivo del pago de las multas cursadas ante los Juzgados de Policía Local y el ataque directo a las líneas de suministro, a través de querellas del SII por delitos de comercio ilegal y clandestino”.

Es en este último eje, donde el rol del Servicio de Impuestos Internos resulta insustituible, la ley n° 21.426, vigente desde 2022, amplió las posibilidades de persecución penal del comercio ilegal, permitiendo que las policías puedan denunciar y que los municipios, a su vez, puedan hacerse parte en los procesos, pero siempre y cuando el SII actúe como querellante.

En ese marco, el edil advirtió que “cualquier acción que implementemos requiere que se concrete el desmantelamiento de las estructuras organizadas que operan detrás del comercio ambulante ilegal que muchas veces son controladas por verdaderos grupos delictuales, afectando la recaudación tributaria pero también la seguridad de las comunas”.