El acusado fue condenado por disparar en reiteradas ocasiones contra la víctima tras seguirla en vehículo; su expareja fue absuelta por falta de pruebas.

Un crimen que conmocionó a Viña del Mar en 2023 comienza a cerrarse en tribunales. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad dictó veredicto condenatorio contra el imputado M.C.R.A., hallándolo culpable como autor de los delitos de homicidio consumado y porte ilegal de arma de fuego.

La resolución fue adoptada de forma unánime por los magistrados Fernán Rioseco (presidente), Claudia Ortiz y Roxana Valenzuela, quienes establecieron que el acusado actuó de manera directa y deliberada en el crimen.

Los hechos se remontan a la noche del 7 de junio de 2023, cuando la víctima, Matías Nahuel Fernández, salió a la vía pública en calle 10 Norte para recibir a su pareja, Claudia Sepúlveda San Martín, quien llegaba desde el Terminal de Buses de Viña del Mar.

En ese momento, un vehículo que venía siguiendo a la mujer se detuvo en el lugar. Desde su interior descendió M.C.R.A., quien disparó en reiteradas ocasiones contra la víctima, para luego huir del lugar junto a los ocupantes del automóvil.

El ataque fue letal. La víctima falleció en el lugar producto de una hemorragia interna y externa masiva causada por los impactos balísticos, que además provocaron lesiones de extrema gravedad, incluyendo fractura de fémur, perforaciones intestinales y daño en una arteria de gran calibre.

Durante el juicio, el tribunal dio por acreditados los hechos a partir de pruebas testimoniales de funcionarios policiales, registros fotográficos, análisis de cámaras de seguridad y peritajes balísticos y médico-legales.

En la misma causa, el tribunal absolvió a la imputada V.I.F.S., expareja del condenado, quien había sido acusada como coautora. Los jueces concluyeron que no existían antecedentes suficientes para acreditar que hubiese conocido o participado en el crimen, pese a haber estado presente en el vehículo.

“La ausencia de antecedentes que acreditaran un acuerdo previo o participación activa impide atribuirle responsabilidad penal”, sostuvo el tribunal.

La lectura de sentencia quedó fijada para el 30 de marzo, instancia en la que se dará a conocer la pena que deberá cumplir M.C.R.A., quien arriesga una sanción de alta gravedad por un homicidio cometido con arma de fuego en plena vía pública.

El caso vuelve a evidenciar el impacto de la violencia armada y la gravedad de este tipo de delitos en espacios urbanos.

Tribunal acreditó que el acusado actuó con alevosía: ingresó de madrugada a la vivienda de la víctima mientras dormía y la atacó con un cuchillo, provocándole la muerte tras propinarle doce heridas cortopunzantes.

A 20 años de presidio efectivo fue condenado un hombre de 56 años, tras ser declarado culpable del delito de homicidio calificado, crimen ocurrido en 2024 en la localidad de Laguna Verde, Valparaíso.

El fallo fue dictado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, integrado por el magistrado Danko Koscina Villegas, quien presidió la sala, junto a los jueces Pamela Peralta Farrugia y Williams Vilches Flores, tras un juicio donde la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad del acusado.

Ataque mientras la víctima dormía

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal de Valparaíso, Hernán Martínez Landeros, el crimen ocurrió durante la madrugada del 16 de septiembre, cuando el imputado viajó desde Santiago hasta Laguna Verde con la intención de matar a la víctima.

“El acusado, con la deliberada intención de dar muerte a la víctima y portando un cuchillo, se dirigió hasta la localidad de Laguna Verde. Una vez allí, ingresó sigilosamente al inmueble por una ventana cuyo vidrio se encontraba quebrado”, explicó el fiscal durante el juicio.

La víctima se encontraba acostada y durmiendo al interior del domicilio cuando el agresor irrumpió en el lugar.

“Actuando con ánimo homicida, la atacó con el arma blanca, infiriéndole doce heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo. Producto de dichas lesiones, la víctima falleció minutos más tarde en el mismo lugar”, detalló el persecutor.

La causa de muerte fue establecida como shock hipovolémico secundario a múltiples heridas cortopunzantes.

Tras cometer el crimen, el imputado escapó en su vehículo con dirección a Santiago.

Celos enfermizos detonaron el crimen

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el homicidio tuvo su origen en celos patológicos del acusado, vinculados a una relación sentimental extramarital que había mantenido durante años con una mujer.

Según explicó el fiscal Martínez, la relación terminó en agosto de 2024, un mes antes del crimen. Posteriormente, la mujer comenzó a mantener una amistad con la víctima, situación que el acusado no toleró.

“El móvil del delito fueron los celos enfermizos y de carácter patológico del acusado, los que finalmente derivaron en este trágico desenlace”, expuso el persecutor en sus alegatos.

Incluso, semanas antes del crimen, el acusado había comenzado a vigilarlos, y en una ocasión lanzó una piedra que quebró el vidrio de una ventana del domicilio, la misma por la que finalmente ingresó la madrugada del ataque.

Tribunal acreditó alevosía

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó prueba testimonial, pericial y documental, además de otros antecedentes que permitieron reconstruir lo ocurrido.

La sentencia del tribunal señala que la prueba presentada fue suficiente para acreditar los hechos más allá de toda duda razonable, estableciendo además la circunstancia agravante de alevosía, es decir, que el ataque se realizó aprovechando la indefensión de la víctima.

20 años de cárcel efectiva

Tras valorar los antecedentes, el tribunal condenó al acusado a 20 años de presidio mayor en su grado máximo, en calidad de autor del delito de homicidio calificado.

La sentencia también contempla las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, además de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

El crimen quedó tipificado bajo el artículo 391 N°1 del Código Penal, en grado consumado y con la calificante de alevosía, una de las circunstancias más graves dentro de este tipo de delitos.

El condenado disparó en la cabeza a su víctima y fue detenido días después con el arma aún cargada.

Un crimen que estremeció al sector de Llolleo terminó con una condena ejemplificadora. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio sentenció a 17 años de cárcel efectiva a un hombre de 34 años, declarado culpable de homicidio, además de porte y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

El ataque ocurrió en la madrugada del 10 de febrero de 2025. Según expuso el fiscal ECOH Juan Carlos Catalán, el acusado llegó armado hasta el domicilio de la víctima y abrió fuego con intención de matar.

“El día 10 de febrero, en horas de la madrugada, el acusado, premunido de un arma de fuego, se dirigió hasta el domicilio de la víctima, ubicado en el sector de Llolleo, donde le disparó con ánimo homicida. La víctima recibió dos impactos balísticos, uno en el cráneo y otro en el hombro derecho, este último con compromiso del pulmón derecho, falleciendo en el lugar a consecuencia de un traumatismo torácico por proyectil balístico y shock hipovolémico. Posteriormente, el imputado se dio a la fuga”, explicó el persecutor.

El crimen fue inmediato y letal. La víctima murió en el mismo lugar tras recibir un disparo en la cabeza y otro que comprometió gravemente su pulmón.

Quince días después, el 25 de febrero, el agresor fue capturado en la calle Los Huemules. Al momento de su detención, portaba el mismo tipo de arma: un revólver cargado con cinco cartuchos, además de otros siete proyectiles en el bolsillo, todo sin autorización legal.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales, documentales y fotográficas que permitieron reconstruir el ataque y acreditar la responsabilidad del acusado. La sentencia fue clara al señalar que la investigación fue “completa, lógica y concordante”, estableciendo sin dudas la existencia del homicidio y la participación del imputado.

Finalmente, el tribunal —integrado por la magistrada Daniela Herrera Faúndez y las juezas Constanza Encina Zacur y Rosa Caballero Burgos— condenó al acusado a 12 años de presidio por el homicidio y a otros 5 años por la tenencia ilegal del arma y municiones, sumando una pena total de 17 años de cárcel efectiva.

Además, se le impusieron las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos mientras duren las condenas.

La investigación, a cargo del fiscal Stefan Kramar, significó un gran esfuerzo en materia probatoria.

Durante la audiencia, el Fiscal de Viña del Mar, Stefan Kramar, logró acreditar que el acusado,  en compañía de una persona no identificada, interceptó a la víctima en el ‘Parque de la Familia’, ubicado en la variante Agua Santa, en la parte alta de Viña del Mar, cuando debía cumplir con la medida cautelar de arresto domiciliario por una causa de tráfico de sustancias ilícitas en pequeñas cantidades.

En circunstancias que se desconocen, efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en el tórax de Orellana Aguilar, causándole la muerte. Posteriormente, sustrajeron el teléfono celular de la víctima y se dieron a la fuga.

A pesar de que el imputado negó su participación en los hechos, el fiscal a cargo de la investigación, Stefan Kramar,  entregó numerosas pruebas testimoniales, periciales y documentales, que sumadas a las inconsistencias en el testimonio del acusado, permitieron acreditar su culpabilidad ante el Tribunal.

“Efectivamente el acusado fue posicionado previo a la ocurrencia de los hechos en el mismo sector donde se encontraba la víctima, dentro del Parque de la Familia lejano a más de dos kilómetros de distancia de su domicilio razón por la cual no es posible que el polígono que capta su georreferenciación pueda ser asociado al inmueble donde se encontraba habitando el acusado. López Otárola necesariamente se desplazó desde su domicilio hasta el mismo sector donde se encontraba la víctima. Y este indicio no puede ser analizado aisladamente, desde que aquella deriva de una circunstancia también objetiva y justificada, como es que la simcard que utilizaba el acusado desde antes del 9 de junio, fue ingresada por éste en el celular de Orellana Aguilar el 10 de junio” , expone la sentencia.

López Otárola fue condenado a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el homicidio y a 61 días de presidio menor en su grado mínimo por hurto, además de una multa de cinco unidades tributarias mensuales y penas accesorias  Condena que estimó el Tribunal, deberá cumplir de manera efectiva.