¿Qué es peor: que 3 mil niños, niñas y jóvenes se encuentren sin matrícula, como han denunciado padres y apoderados de distintos establecimientos de todo Chile? ¿O que 227 mil estén fuera del sistema escolar y que anualmente unos 50 mil abandonen las aulas, como viene sucediendo sistemáticamente post pandemia en el país?

Me impresiona que la primera cifra genere mucha mayor indignación y revuelo mediático que la segunda, siendo las proporciones de ambos problemas tan visiblemente diferentes. Pero no me cuesta explicármelo.

Detrás de los desafortunados estudiantes que, queriendo ir al colegio, no tienen dónde hacerlo, hay adultos significativos –mamás, papás, abuelos, apoderados– que creen en la importancia de la educación. Y, por eso, cumplen con rigor el ritual de buscar un establecimiento adecuado, matricular a sus hijos, ocuparse de que cuenten con uniformes y útiles escolares, ir a las reuniones de curso, incurrir en el esfuerzo económico del copago. Esos padres y apoderados no se quedarán tranquilos hasta que el Ministerio de Educación solucione lo que sus autoridades explican como “un problema de oferta y demanda dispareja en algunos territorios, que se arrastra desde hace años”.

Y aunque el Ministerio descalifique el origen de la cifra, los padres de los afectados estarán encima del tema y habrá que buscarles una solución –buena, mala o más o menos–, a esos 3 mil estudiantes que quieren seguir siéndolo. De lo contrario, esta anomalía del sistema que los tiene sin cupos y marginados, podría terminar por engrosar las cifras de exclusión escolar. El problema hasta ahora insoluble es cómo hacer para que los 227 mil que están fuera del colegio vuelvan a estudiar. Y que vuelvan no a cualquier escuela, sino a una que los comprenda y los acepte, que los estimule a superar sus dificultades y logre reparar los daños que la exclusión les ha provocado.

Conseguir que un joven con dos años de rezago escolar, con experiencia de repitencia, desencanto por bullying, problemas de aprendizaje, con diversas urgencias sociales, económicas, familiares, y con la tentación permanente de la plata fácil que ofrecen el narco y la delincuencia, valore las oportunidades que otorga la educación es una tarea titánica. Un trabajo fino, profesional, dedicado y especializado, que requiere de importantes recursos estables. Por ello indigna saber que en el Congreso descansa sin avances un proyecto de ley que crea la modalidad educativa de reingreso, que podría finalmente visibilizar y tenderle una mano a estos 227 mil niños, niñas y jóvenes, entregándoles el financiamiento adecuado a los especialistas.

Reencantar a los desilusionados de la educación es ciertamente más difícil y costoso que encontrarles un cupo a los 3 mil jóvenes que hoy se encuentran sin matrícula pero que cuentan con el apoyo de sus familias.

Entre esos que hoy claman por entrar a una sala de clases y no hallan cupo, y los 227 mil que abandonaron la escuela sin que a nadie le importara su suerte, el país tiene un enorme desafío. Tal como reza la campaña a la que Súmate te invita a sumarte este próximo abril, hoy la tarea más importante de Chile es lograr que ningún niño, niña y joven esté privado de su derecho a la educación.

¿Eran más de 100 mil o más de 200 mil los niños, niñas y jóvenes excluidos de la educación en Chile?

Hace poco más de un año esta pregunta copó titulares y pantallas de noticieros, cuando presentamos el estudio “Del Dicho al Derecho: Modelo de Estándares de Calidad para Escuelas de Reingreso”. Hoy el Ministerio de Educación ha cifrado la exclusión educativa en 187.000 niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 21 años.

Pero resulta evidente que la magnitud de la exclusión educativa reportada aumentará considerablemente en los próximos meses a causa de la pandemia y de la consecuente crisis económica y social. Según la UNESCO, el 89% de la población escolar en el mundo hoy se encuentra fuera de las escuelas por contexto COVID-19; en Chile son más de 3 millones y medio de estudiantes. De este conjunto, muchos, especialmente los hijos de las familias ubicadas dentro del 40% más pobre de la población, están en riesgo de quedar desescolarizados.

Con la necesaria medida de suspensión de clases, las trayectorias escolares de miles de niños y jóvenes que estaban en riesgo de salir del sistema se fragilizan aún más. Los que ya estaban fuera, descartados, ven aún más remota la posibilidad de retomar sus estudios. ¿Quién piensa en terminar la educación básica, cuando no tiene pan en la mesa? ¿O cuando los 40 metros cuadrados de vivienda donde viven 8 personas apiñadas son un revuelo de gritos y malhumor?

Desde Fundación Súmate proponemos que el Estado se haga cargo de esta problemática ahora, destinando recursos para enfrentarla. Para ello, hacemos dos propuestas concretas: lo primero es diseñar e implementar un plan de contención y desarrollo socioemocional para los niños, niñas y jóvenes que sea puesto en marcha ahora por las comunidades educativas y -al regreso a las clases presenciales- mantenga esos vínculos y fomente el bienestar socioemocional de los estudiantes. Lo segundo es diseñar e implementar estrategias dirigidas a niños, niñas y jóvenes que se sienten alejados o que ya se encuentran excluidos de la escuela. En esto, es clave apurar la creación de una modalidad de reingreso escolar con financiamiento adecuado y estable que permita reintegrar a los estudiantes que van abandonando el sistema por razones económicas y sociales.

El Ministerio de Educación calcula en más de 80 mil los niños y jóvenes que podrían salir este 2020 del sistema escolar debido a la pandemia y a la falta de apoyo social para paliar la crisis. Ante este pronóstico, ¿seremos capaces de hacernos cargo?