El nuevo informe semanal de la Empresa Nacional del Petróleo confirmó una disminución en los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos, mientras que el diésel y la parafina registrarán aumentos. El gas licuado vehicular también experimentará una baja.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó este miércoles su informe semanal sobre las variaciones en los precios de los combustibles, que comenzarán a regir a partir del jueves 17 de julio de 2025. El reporte establece diferencias importantes según el tipo de combustible, afectando de manera distinta a automovilistas, transportistas y hogares.

De acuerdo con el informe, las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarán una baja de 26,7 pesos por litro, lo que significa un leve alivio para los conductores de vehículos particulares. Asimismo, el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular presentará una disminución de 14,6 pesos por litro.

En contraste, el diésel tendrá un alza de 17,4 pesos por litro, lo que impactará directamente a los sectores vinculados al transporte y maquinaria. La parafina o kerosene, utilizada principalmente para calefacción en hogares, también aumentará su valor en 1,3 pesos por litro.

Enap aclaró que no tiene un rol directo en la fijación de precios finales al consumidor. A través de un comunicado, precisó que “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Además, la empresa explicó que sus estimaciones consideran factores como los precios de importación de productos desde mercados de referencia, así como otros costos asociados al proceso de importación de combustibles.

Con estas variaciones, los consumidores deberán estar atentos al comportamiento de los precios en los distintos puntos de venta del país, especialmente considerando el uso intensivo del diésel y la parafina en temporadas de invierno.

Resumen express para no perderse:

Combustible
Variación desde 17 de julio

Bencina 93
-$26,7 por litro

Bencina 97
-$26,7 por litro

Diésel
+$17,4 por litro

Parafina (kerosene)
+$1,3 por litro

GLP vehicular
-$14,6 por litro

“Fue muy importante, porque el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica actualmente vigente gran parte de su atención tiene que ver con estas tres mega fuentes que están asociadas a la industria termoeléctrica, a la refinación en Codelco Ventanas y la de Enap Refinería en Concón. Son tres situaciones muy distintas, pero que tienen como hilo conductor provocar que cada una de sus instancias de operación sean mucho más seguras, por un lado, pero también, reducir de forma significativa los aportes de contaminantes no solamente a la atmósfera, sino que también al conjunto del medioambiente”, señaló la autoridad presidencial.

La primera planta en ser visitada fue Codelco en Quintero, donde el delegado pudo conocer en detalle el proceso de cierre de la Fundición Ventanas y la situación de los trabajadores internos y externos afectados por este cese de operación.

“En este momento se encuentra en un proceso de cierre – explicó Villa -, donde particularmente tiene que ver con construir las líneas de base para tramitar de manera formal el cierre ante el Servicio de Evaluación Ambiental, a través de un estudio de impacto ambiental”.

La autoridad nombrada por el Presidente Gabriel Boric a fines de julio de este año, pudo constatar los plazos y etapas del estudio que realizará la cuprífera estatal para el manejo del pasivo existente. “Importa muchísimo, dentro del proceso de cierre, la cautela que tiene que ver respecto al escorial que está al frente de la fundición. Ese escorial es un ámbito negativo, es una externalidad que se generó a partir de la operación de más de 60 años. También esperamos que dentro del proceso de recuperación y de cierre se contemple definitivamente el manejo final de ese pasivo”, manifestó.

Luego, Villa recorrió la planta de Enap en Concón, donde inspeccionó las operaciones que se realizan a través de la nueva tecnología implementada por la estatal, denominada Wet Gas Scrubber, depurador que, en un sistema cerrado, captura por medio de rocío de aguas las partículas contaminantes, con el objetivo de que éstas no se emitan hacia la atmósfera.

“Se ha incorporado una nueva tecnología que tiene por objeto central el poder capturar una gran cantidad de material particulado. De las más de 4 mil toneladas anuales que estaba aportando esta planta a la atmósfera, hoy se va a reducir a cerca de 20 o 22 kilos de material particulado. O sea, estamos hablando de avances significativos”, reveló el delegado.

Además, la autoridad evidenció el proceso de recirculación de aguas que realiza la planta, que tiene por objeto evitar el contacto de eventuales contaminantes con el mar. “Importa mucho esto porque hay que recordar que la planta colinda con el área estuarina de la salida del Río Aconcagua. Entonces es importante el control de aguas y de recirculación de aguas que ellos hacen, de forma tal de reducir la presencia de probables aguas contaminadas”.

Por último, el delegado llegó hasta dependencias de AES Andes, donde conoció el proceso de retiro anticipado de las Unidades I y II de su central ubicada en el sector de Ventanas, anunciado a fines de agosto de este año, en el marco del proceso de descarbonización de la matriz energética del país y de la transformación a las energías renovables.

“Hay que recordar que esta planta genera esta energía a través del uso y consumo de combustible fósil, particularmente carbón, por lo tanto, el aporte que va a ser el cierre del 50% de la actividad operacional de esta mega fuente va a ser muy importante desde el punto de vista de lo que es restar, cada vez más, carga al medioambiente”.

En cuanto al pasivo que por años ha dejado las operaciones de esta planta, el Delegado Presidencial explicó que la empresa tiene por obligación “hacer un manejo, de acuerdo a la normativa vigente, respecto a los depósitos de los cenizales. Hoy, dentro de la presentación, nos dieron cuenta de cómo está ocurriendo ese manejo de los cenizales, que es muy importante porque es un pasivo donde se depositan justamente la externalidad producto de quemar carbón. Estos cenizales, que están a la espalda de la ciudad, hoy están teniendo no tan solo un manejo, sino que además, cierres programados, reforestando incluso la superficie que antiguamente era de cenizas. Estamos hablando de un manejo bastante interesante, muy esperanzador respecto a lo que van a ser esos depósitos en el próximo tiempo. Ojalá que en algún momento, incluso, esas áreas se puedan convertir en áreas de parques”.

Por último, Villa explicó que estas medidas que el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica obligó realizar a las empresas están siendo permanentemente inspeccionadas por los servicios competentes. “Toda la actividad que hemos estado visitando está siendo vigilada y fiscalizada por los órganos del Estado, particularmente por la Superintendencia del Medio Ambiente. Esto es un trabajo en conjunto, no es solamente de un actor, sino que de un conjunto de actores que han comprometido voluntades y compromisos en el marco de dar inicio de manera definitiva a la recuperación de un territorio que está en estos momentos contaminado”.

La acción fue tomada tras el último episodio crítico asociado con emisiones atmosféricas y que han generado afectación a la salud de la comunidad de dichas comunas.

La Superintendencia del Medio Ambiente ha procedido a dictar Medidas Provisionales por 10 días corridos a 7 empresas del cordón industrial de Concón, Quintero y Puchuncaví, luego de constatar aumento en las atenciones de salud con diagnóstico asociado a contaminación atmosférica (T59) en distintos centros de urgencias de la comuna de Quintero; sumado a la declaración de Gestión de Episodios Críticos (GEC) por parte de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y por datos arrojados por dos de los siete equipos Pyxis instalados en la bahía entre marzo y abril de este año.

Según consignó T13, las medidas que comienzan a regir de manera inmediata están ordenadas a las empresas ENAP Refinerías S.A. respecto de las Unidades Fiscalizables “Terminal Marítimo de Quintero ENAP” y “Refinería Aconcagua Concón”; Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A., “Terminal Marítimo de Quinteros” y la “Planta de Combustibles Concón”; Lipigas, “Planta Lipigas Concón”; Oxiquim S.A., “Terminal Marítimo Quintero Oxiquim”; Abastible, “Planta de Llenado de Cilindros Abastible Concón”; Empresa Nacional de Energía ENEX S.A., “Terminal de Asfaltos y Combustibles ENEX (ex Cordex S.A.)”; y BASF Chile S.A., “BASF Planta Concón”.

Al respecto, la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer explicó que: “Estas medidas provisionales se ordenan en atención a que los episodios de intoxicación registrados durante la jornada de hoy se relacionarían con la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) en el cordón industrial de Concón, Quintero y Puchuncaví”

“Como no es posible todavía determinar a un causante específico de los eventos es que, sobre la base del principio preventivo y precautorio, se proceden a dictar medidas en contra las empresas que más emiten estos compuestos en la zona. Dichas medidas limitan de forma directa su actividad productiva, sin perjudicar el abastecimiento primario”, enfatizó.

Las medidas ordenadas son las siguientes:

• Ante condición de “mala ventilación” y/o dos promedios horarios consecutivos de inversión térmica mayor o igual a 1,5°C: reducir en un 70% sus flujos nominales de cargas y descargas de productos combustibles que emitan COVs. Así también, reducir en 50% cargas y/o transporte de productos combustibles de camiones.
• Ante condición de “regular ventilación”: reducir en un 50% sus flujos nominales de cargas y descargas de productos combustibles que emitan COVs. Así también, reducir en 30% cargas y/o transporte de productos combustibles de camiones.
• En caso de que no exista carga y descargas de combustibles: se aplicará el plan operacional correspondiente a cada empresa, considerando una condición de “mala ventilación”.

• En cuanto al pago de bonos o estipendios, es decir, asignaciones especiales vinculadas por ejemplo a viáticos, 34 integrantes de las planas ejecutivas de distintas empresas públicas recibieron un total sobre los 100 millones de pesos el año pasado. Respecto del caso de ENAP, cuestionada por el pago de un bono a parte de su plana de ejecutivos, el CPLT subrayó la necesidad de imponer obligaciones de transparencia a este tipo de empresas, dado que no habría información en fuentes públicas relacionada con el acuerdo al que aludió la compañía.

Casi 2 mil millones de pesos en pago de remuneraciones líquidas, bonos y otras asignaciones para sus directores –vinculadas a conceptos como movilización, viáticos, entre otros- destinaron 27 empresas públicas (EP) el 2019, acorde a lo que evidenció una fiscalización a esta categoría de empresas realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) a principios de este año.

Según el informe del Consejo, el monto agregado total percibido por todos los directores de empresas públicas durante el 2019 por concepto de dietas y remuneraciones líquidas fue de $1.973.241.001, percibiendo en promedio $20.135.112 cada uno (si es que se mantuvieron en el cargo durante doce meses).

En el desglose de esta cifra pudo establecerse que las empresas que más dinero pagaron a sus directores fueron: Codelco, que destinó $455.201.088 para estos fines y Banco Estado que informó del pago de $432.632.260, concentrando entre ambas un 45% del monto total de remuneraciones líquidas pagadas a integrantes de directorios de EP. Asimismo, son las dos entidades que más recursos destinaron al pago de los presidentes de sus directorios (ranking elaborado comparando sólo estos cargos entre sí, sin considerar otros como el de presidente ejecutivo -existente en el caso de la cuprífera- que recibe remuneraciones más altas que las pagadas a los presidentes de directorio).

Con una diferencia importante aparece en el tercer lugar la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) con $152.076.340, entidad que ha sido foco de cuestionamientos a raíz del pago a 13 de sus altos ejecutivos de un total de $500 millones de pesos por concepto de bono por “retención de talentos” el pasado mes de enero. Esta obligación contractual, acorde a información de prensa, estaría enmarcada en un acuerdo suscrito en 2017 y que se pagaría cada tres años, con el objetivo de retener a ciertos profesionales.

De acuerdo a lo establecido por el Consejo para la Transparencia en esta situación particular “evidenciamos la necesidad de establecer que las empresas públicas cumplan con ciertas obligaciones de acceso a la información”, explicó el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada. Esto dado que “no se encontraron menciones al bono para retención de talentos en las fuentes que chequeó la Dirección de Fiscalización de nuestra entidad y que están a disposición de cualquier ciudadano”. “Sólo sería factible inferir que pueden estar asociados a beneficios establecidos en contratos colectivos e individuales”, agregó el abogado.

Ante ello, dijo el titular del CPLT “necesitamos dar más y mejores herramientas a las personas para ejercer control y monitorear operaciones empresariales, así como hacer un seguimiento a las decisiones que toman los directivos”.

Pero este no es el único caso de ejecutivos que recibieron este tipo de bonos o estipendios, es decir, pagos por asignaciones especiales. El CPLT identificó que 34 integrantes de las planas ejecutivas de distintas empresas públicas habrían recibido este tipo de retribuciones, totalizando poco más de 100 millones de pesos en 2019 ($101.244.980). Según estableció el análisis del Consejo, el monto más alto por asignaciones especiales fue el otorgado al gerente general de la Empresa Portuaria de Valparaíso –bajo el concepto de “renta variable” y contabilizado en la remuneración bruta.  El segundo habría sido el que se entregó al ejecutivo que ocupa el mismo cargo en Casa de Moneda por $8.481.550 y el tercer lugar correspondió al gerente de operaciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) que recibió $8.376.356, estos dos últimos asociado a “viáticos”.

En relación a pagos por asignaciones especiales en el caso de directores de empresas públicas, sólo 7 de ellos –lo que representa un 5% del total de personas que desempeñan estos cargos en esta categoría de entidades- reciben recursos asociados a este concepto. 

Entre los casos destacados aparecen el directorio de la Empresa Portuaria de Antofagasta, constituido por tres directores que recibieron un total de $18.413.173 por concepto de “ingreso adicional líquido”. En tanto, se otorgó el pago de $8.272.000 por “bono de cumplimiento del plan de gestión anual” al director de la Empresa Portuaria de Arica. En ninguno de los dos casos se informa expresamente si dichos pagos son parte de la remuneración líquida anualizada.

Respecto de lo evidenciado por el CPLT Jaraquemada comentó que: “Las empresas públicas enfrentan un gran desafío para conseguir el máximo desarrollo de las áreas en las que intervienen, pero también deben cumplir con ciertas exigencias en planos como la eficiencia administrativa y la ética, o la responsabilidad social”.

“En el contexto en el que estamos, enfrentando de la mejor forma un escenario social y económicamente complejo, nos parece adecuado transparentar los destinos de recursos públicos para permitir el control por parte de la ciudadanía”. Asimismo, subrayó el abogado, “la transparencia ayuda a corregir, en la eventualidad de que se requiera, situaciones que no se condicen con la emergencia que estamos viviendo”, finalizó el titular de Transparencia.

El proceso buscó “caracterizar las remuneraciones, bonos y otros pagos de los directorios y planas ejecutivas de estas compañías durante el año pasado, así como la estructura de sus distintos directorios”, explicó el titular del CPLT. Para ello se revisaron publicaciones que las entidades deben mantener en sus sitios web con acceso público (Transparencia Activa) y en el caso particular de la participación en distintos directorios se levantó información de fuentes abiertas, Comisión para el Mercado Financiero y LinkedIn.

Cabe destacar que la fiscalización del CPLT evidenció además que 6 de las empresas públicas fiscalizadas –de un universo total de 27 que incluyeron tanto a compañías que integran el Sistema de Empresas Públicas (SEP) como las que no- incumplieron obligaciones en materia de transparencia activa. En su mayoría esto deriva de la no actualización de antecedentes sobre “Remuneraciones y/o Dietas de Directorio y Gerentes” o información incompleta relacionada con estos contenidos, por lo que los resultados del proceso se obtuvieron en base a los antecedentes disponibles hasta la fecha de cierre de la revisión realizada por el Consejo.

Directorios: nombres se repiten, no sólo en EP

Con respecto a antecedentes sobre la constitución de los directorios de empresas públicas “de manera de determinar su estructura” -como explicó el máximo representante del Consejo-, el informe del CPLT estableció que en su mayoría (36) están compuestos por personas que a la fecha de la fiscalización integraban más de un directorio (público o privado). En tres casos se evidenció que un director participaba en dicha instancia en más de una empresa pública: Ana Holuigue Barros, Fernando Massú Taré y Víctor Selman Biester. Los dos primeros, además, formaban parte de dos o más directorios de empresas públicas y privadas a diciembre de 2019.

En el caso de Ana Holuigue, además de aparecer como directora en ENAP hasta fines del año pasado también presidía el Directorio de TVN, cargos por los que habría recibido un total de $30.088.812. En paralelo, integraba el directorio de Parque Arauco y la fundación Un Techo para Chile. Un caso similar es el del videcepresidente del directorio de ENAP, Fernando Massú, quien también ocupaba la presidencia del Directorio de Polla Chilena, habiendo recibido $41.559.948 por ambos directorios en el mismo período. Este último además aparecía como parte del directorio de dos entidades privadas, Parque Arauco y BTG Pactual.

En el grupo de directores que desempeñaba este rol en más de una empresa pública, destacan algunos ex funcionarios de Gobierno como Hernán De Solminihac Tampier y Pedro Pablo Errázuriz Domínguez. En ambos casos integraban en 2019 el directorio de una EP –Codelco y EFE respectivamente- y además participaban de dicha instancia en entidades privadas. En el caso del ex ministro de Minería y de Obras Públicas, Solminihac era parte de los directorios de Clapes UC, Cruzados y el Club Deportivo Universidad Católica (CDUC). En tanto, el ex jefe de la cartera de Transportes, aparecía asociado al directorio de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel SA,  EVERIS,  FESUR y Tren Central Grupo EFE.