Académico de Derecho U. Andrés Bello, sede Viña del Mar

El fallo judicial favorable para el exteniente coronel Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica no solo cerró penalmente —sin perjuicio de la eventual nulidad judicial que deberá decidir en Ministerio Público en los próximos días— uno de los episodios más emblemáticos del estallido social de octubre de 2019, sino que abrió una crisis política mayor en los partidos políticos que emprendieron desafíos conjuntos en los últimos años como impulsar una Constitución refundacional y ser parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Lo que a primera vista parecía una disputa sobre la valoración de un fallo que acogió la tesis de la legítima defensa terminó evidenciando una fractura más profunda: la incapacidad de la izquierda gobernante para sostener un relato común en materia de derechos humanos, seguridad y responsabilidad estatal.

Si bien, las diferencias entre las dos almas que integran el oficialismo han sido evidentes, el quiebre observado esta semana fue la reactivación del debate en torno a la Ley Naín-Retamal, aprobada con los votos decisivos del Socialismo Democrático y promulgada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Para el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, dicha ley representa un giro normativo que fortalece la presunción de legitimidad del uso de la fuerza policial y dificulta la persecución penal de eventuales abusos. Desde esa perspectiva, la absolución de Crespo no sería un accidente judicial, sino el síntoma de una estructura legal y política que habría debilitado los estándares para hacer efectivas responsabilidades por actuaciones de los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones de orden pública.

La respuesta del Partido Socialista —suspendiendo su participación en instancias de coordinación oficialista— marca un punto de inflexión, porque traslada el conflicto desde el plano del desacuerdo político al de una posible ruptura estratégica.

Las consecuencias de esta tensión trascienden al actual gobierno y proyectan dudas sobre el rol que la izquierda desempeñará como oposición frente a un próximo gobierno de derecha. Es obvio que una oposición eficaz requiere unidad mínima en diagnósticos y prioridades; sin embargo, lo que hoy se observa es una fragmentación temprana, donde derechos humanos, seguridad y Estado de Derecho no funcionan como ejes compartidos, sino como banderas de confrontación interna. Esta cuestión es particularmente crucial especialmente si consideramos que uno de los ejes básicos del Gobierno de Kast será el orden público y la seguridad.

Paradójicamente, la derecha puede emerger como la principal beneficiaria de esta crisis, no solo por contraste, sino porque el oficialismo parece disputar entre sí el sentido del pasado reciente, mientras el futuro queda sin relato claro. La ausencia de una posición común permite que el próximo gobierno se presente como garante de orden, estabilidad y claridad política, incluso cuando impulse agendas que tensionen derechos y libertades. En ese escenario, una oposición fragmentada corre el riesgo de ser reactiva, con un discurso claro en materia de derechos humanos y de garantismo pero estratégicamente ineficaz.

El desafío que deja esta polémica es mayor que el caso Crespo o  del debate por la culpa de la aprobación de la Ley Naín-Retamal: se trata de definir si la izquierda chilena será capaz de ofrecer a sus electores y a la ciudadanía en general un marco común que integre derechos humanos, seguridad pública y respeto por las instituciones, o si entrará al próximo ciclo político profundamente fraccionada. De dicha decisión dependerá no solo su rol opositor, también su potencialidad para alzarse como alternativa de gobierno en cuatro años más.

¿Cómo revertir esta tendencia sin seguir encareciendo el suelo y frenando la inversión? En España surgió una alternativa polémica: la compra de habitaciones individuales dentro de departamentos. En ciudades como Madrid o Barcelona, donde un piso completo supera los 300 mil euros, se venden habitaciones por entre 60 y 90 mil, con escritura propia y acceso compartido a cocina o baño. Promete rentabilidades cercanas al 8 % y una vía de entrada más accesible para nuevos propietarios.

Sin embargo, este modelo no soluciona la raíz del problema: aumenta la densificación, fomenta la especulación y multiplica los conflictos de copropiedad. En Chile, donde la migración y la escasez de suelo urbano presionan el mercado, replicarlo sin regulación solo profundizaría las brechas.

Más que dividir espacios, el país necesita liberar terrenos, reducir trabas burocráticas y promover inversión en vivienda social y proyectos mixtos. Solo así el acceso a la vivienda dejará de ser una aspiración y volverá a ser un derecho alcanzable.

Felipe Oelckers, director de Ingeniería Comercial UNAB sede Viña del Mar

Contar cuentos, hacer simulacros y validar emociones son parte de las estrategias recomendadas para acompañar a niños en contextos de crisis.

La alerta de tsunami que afectó a las costas de Chile tras el terremoto en Rusia volvió a poner sobre la mesa la importancia de educar a niños y niñas para enfrentar situaciones de emergencia. En un país sísmico como el nuestro, enseñar desde temprana edad a cómo reaccionar ante un sismo, una evacuación o una eventual alerta es clave para su seguridad y contención emocional.

Para la académica de la Escuela de Pedagogía y directora del programa “Abordaje profesional PUCV ante situaciones de catástrofe”, Tatiana López, es fundamental que la formación en gestión del riesgo comience desde la infancia, incorporando herramientas que ayuden a las y los más pequeños a comprender y actuar ante situaciones adversas.

“Es importante recordar que a los niños primero hay que explicarles cuál es el riesgo que están viviendo. Si se trata de un incendio, un tsunami o un terremoto, hay que ponerle nombre a esa amenaza. Al hacer esto, los niños y las niñas comienzan a comprender qué es lo que se está vivenciando en su entorno”, explicó la docente.

La académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso destacó que esta educación debe ser clara, sencilla y constante. Los adultos juegan un rol clave: deben explicar los fenómenos naturales en un lenguaje que las y los niños puedan entender, utilizando recursos como cuentos, juegos, canciones, dibujos o, incluso, videos educativos breves que ayuden a ilustrar lo que ocurre.

Pero no basta con la teoría. Tatiana López subrayó la importancia de la práctica mediante simulacros familiares o escolares. “Hay que ensayar qué hacer en una situación de riesgo. Por ejemplo, dónde encontrarse, cuáles son los espacios seguros dentro de la casa, a quién llamar. Esto ayuda a que los niños tengan un plan claro”, precisó.

La académica agregó que en contextos de crisis los niños pueden experimentar miedo, ansiedad o confusión, por lo que es crucial enseñarles a reconocer y verbalizar sus emociones. “El adulto también debe expresar lo que siente: si está preocupado, si siente temor. Eso permite que los niños aprendan que está bien sentir y compartir distintas emociones frente a una misma situación”, puntualizó.

ACTIVIDADES EN EL HOGAR

Asimismo, la suspensión de clases por una emergencia suele traer consigo una inquietud inmediata en los hogares: ¿cómo acompañar a niños y niñas durante ese tiempo en casa?

Para Tatiana López, más que llenarlos de actividades, lo esencial es ofrecerles un espacio seguro donde puedan habitar el momento presente a su ritmo. “Es importante no caer en la idea de que hay que mantenerlos ocupados todo el tiempo. Algunos niños pueden necesitar simplemente descansar, dormir o estar en silencio. Eso también es parte de la contención”, explicó.

En vez de distraerlos de lo que está ocurriendo, la recomendación es abrir espacios de escucha y permitir que cada niño exprese, o no, lo que siente, según su propia necesidad. “No todos lo vivirán igual, y permitirles ese margen de decisión es una forma de fortalecer su autonomía y su capacidad de adaptación frente a las crisis”, afirmó.

Finalmente, la académica sugirió que en el hogar se intente mantener una rutina flexible, que combine tareas, descanso, juego, convivencia con lo que está ocurriendo, y un buen descanso nocturno sin exceso de pantallas.

Académico Facultad de Derecho U. Andrés Bello, sede Viña del Mar

Por décadas, el Poder Judicial fue visto como el menos político y peligroso de los tres poderes del Estado. Ya los padres del constitucionalismo norteamericano, desde sus primeros tiempos, entendieron que este poder —al no depender de ciclos electorales ni estar expuesto a las pasiones del momento— podía actuar como el garante más confiable de las libertades de los ciudadanos. Bajo el principio clásico de separación de poderes, el judicial debía ejercer sus funciones con imparcialidad, independencia y un sólido conocimiento técnico jurídico, lo que lo convertía en el principal dique de contención frente a los excesos del poder político y económico.

En una democracia basada en el Estado de Derecho, los jueces no son meros intérpretes técnicos de normas. Son, ante todo, protectores de derechos fundamentales y árbitros de última instancia. Cuando todo lo demás falla —cuando el poder ejecutivo se extralimita o aparecen abusos a los más débiles— es el poder judicial el que debe restituir el equilibrio y reparar el daño. Por ello, su legitimidad no solo se mide en sentencias, sino en la confianza ciudadana que debe ser el reflejo de su integridad, imparcialidad y profesionalismo.

Por eso, lo que hemos vivido en Chile en los últimos dos años resulta particularmente grave. No hablamos aquí de simples hechos aislados ni de errores administrativos. Hablamos de corrupción: tráfico de influencias, sospechas de manipulación en los sistemas de asignación de causas y vínculos indebidos entre abogados poderosos, jueces de tribunales superiores y funcionarios públicos. Hablamos del “Caso Audios”, del bochorno institucional que supuso la destitución de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, de la caída del exministro Sergio Muñoz y de la liberación inexplicable de un imputado por sicariato vinculado al crimen organizado transnacional. A estos hechos se suman casos insólitos, como el uso de licencias médicas fraudulentas por parte de jueces y funcionarios judiciales para viajar al extranjero, conducta que no solo transgrede deberes básicos de probidad, sino que daña severamente la imagen pública del Poder Judicial y erosiona la confianza ciudadana en su integridad.

La pregunta que la ciudadanía tiene derecho a formularse es inevitable: ¿estamos ante una crisis del Poder Judicial chileno? La respuesta debe ser cuidadosamente matizada, pero no ambigua. No se trata de una crisis generalizada que afecta a todos los jueces, muchos de los cuales siguen desempeñando su trabajo con independencia y excelencia, sino de una alarma institucional que exige reforzar con urgencia los cimientos éticos y estructurales del sistema judicial, antes de que la excepción erosione la regla y el descrédito sea la normalidad.

Cuando se erosiona la confianza en el poder judicial, lo que está en juego no es solo la reputación de jueces o tribunales. Lo que peligra es la garantía misma de nuestros derechos. Porque si el judicial deja de ser impoluto, si deja de ser un contrapeso real, entonces desaparece el último bastión de protección frente a los abusos de poder. Y cuando eso ocurre, ya no hay derecho, solo fuerza.

Por eso, hoy más que nunca, el sistema judicial chileno debe reformarse con valentía y transparencia. Urge repensar los mecanismos de nombramiento de jueces, establecer controles eficaces frente al tráfico de influencias y asegurar que el principio de probidad no sea solo una consigna ética, sino una exigencia institucional irrenunciable. La historia se encarga de demostrar que la mayoría de las veces la democracia no se derrumba de golpe: se oxida y hueva desde sus pilares. Y el judicial, hasta ahora uno de los más firmes en nuestra historia institucional, muestra hoy señales preocupantes de corrosión y no nos podemos resignar a ello.

La señal estatal busca recaudar más de 11 mil millones de pesos con la venta de propiedades en regiones, incluyendo el inmueble de la Red Valparaíso ubicado en la Ciudad Jardín. Canal asegura continuidad operativa bajo nuevo formato.

Televisión Nacional de Chile (TVN) atraviesa una compleja situación financiera que ha obligado a su directorio a implementar un plan de venta de activos para reducir costos y garantizar la continuidad del canal. Una de las medidas ya en ejecución incluye la venta de cinco sedes regionales, entre ellas la de Viña del Mar, correspondiente a la histórica Red Valparaíso.

La información fue dada a conocer por el Diario Financiero, donde se detalló que el canal espera recaudar más de $11.000 millones de pesos mediante la enajenación de propiedades en Coquimbo, Viña del Mar, Talcahuano, Temuco y Punta Arenas, además de terrenos en Copiapó y Rancagua. La tasación global de estos bienes supera las 283.000 UF, siendo los de Punta Arenas, Talcahuano y Coquimbo los de mayor valorización.

En el caso de la Región de Valparaíso, la sede de TVN en Viña del Mar ha sido durante años un referente informativo para el litoral central, con una trayectoria ligada a la cobertura de hechos noticiosos regionales y nacionales. Su venta no significará el cierre de operaciones, sino un traslado a dependencias más pequeñas en régimen de arriendo, en una fórmula que el canal ya aplicó en otras zonas del país.

Desde TVN explicaron que la decisión responde a un doble objetivo: resolver el déficit estructural que enfrenta el canal y modernizar la infraestructura regional, muchas veces instalada en edificios antiguos que ya no responden a los requerimientos técnicos actuales. “Va a ser un avance en una operación más eficiente en regiones”, indicaron desde la señal estatal.

La experiencia de Rancagua, donde se reemplazó una sede antigua, de gran tamaño y ubicación desfavorable por un espacio más funcional, demostró que este modelo permite optimizar costos operativos sin perder presencia territorial.

TVN destacó en su memoria institucional 2023 ser el único canal nacional con presencia activa en nueve regiones del país, una condición que esperan mantener a pesar de los ajustes. En la Región de Valparaíso, se prevé que el equipo humano y técnico de Red Valparaíso continúe desarrollando contenidos y cobertura local desde un nuevo espacio, reafirmando el compromiso de la señal con el territorio.

La actual 79ª Asamblea General, se ha caracterizado por fuertes críticas a su funcionamiento por los líderes mundiales. No es extraño que abunden posturas divergentes y hasta hostiles entre las delegaciones pero, que se manifieste de manera generalizada es indicativo de algo más serio. Se puede afirmar que esta percepción negativa es la única en que coinciden los Estados Miembros. El Secretario General, António Guterres, ante el plenario ha sostenido que “las Naciones Unidas no puede seguir igual”. Una declaración verdaderamente preocupante. Los latinoamericanos tampoco han dejado de recriminarse entre sí, o responsabilizar a otros de su realidad, mostrando un subcontinente dividido.

No olvidemos que son los propios Estados los responsables de su funcionamiento. La Secretaría, uno de sus órganos principales, se compone de un Secretario General que “será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.” Es “el más alto funcionario administrativo de la Organización” (Artículo 97 Carta). Significa que debe cumplir lo que los países acuerden. Una responsabilidad al menos compartida, pues la Secretaría no actúa por su cuenta sino según los mandatos recibidos. Podrá proponer prioridades y lineamientos sometidos a la decisión de los países. Aquellos, como los Miembros Permanentes del Consejo o los mayores contribuyentes, tienen una clara incidencia.

Por sobre estas consideraciones estatutarias, las críticas han aumentado enfatizando los desacuerdos, sin mayor atención sobre aquellos temas en que el Organismo funciona, o lo hacen los Organismos Especializados dentro de sus competencias cuya labor prosigue.

La virtual paralización del Consejo de Seguridad, encargado de la paz y seguridad internacional se ha hecho sentir fuertemente. Los dos conflictos más visibles, como la agresión de Rusia a Ucrania, hace más de dos años y que continúa; así como la respuesta de Israel en Gaza contra Hamas, y extendida al sur del Líbano, evidencian que entre las grandes potencias no hay coincidencias y ejercen su derecho de “veto” si lo creen necesario. Permite que muchos crean que pueden actuar impunemente y sin consecuencias, es contagioso. Tampoco hay señales de algún arreglo.

Temas sumamente ambiciosos como la Agenda 20-30 con 17 Objetivos sobre el Desarrollo Sostenible, aparece de difícil materialización. Tampoco hay buenas noticias sobre el cambio climático, que ni la Cumbre del Futuro previa a la Asamblea pudo despejar, o el aumento de las aguas que pone en peligro países isleños tampoco logró compromisos significativos. Por tanto, el foco se ha puesto nuevamente en la reforma a la Carta y a la Composición del Consejo. Las iniciativas han resurgido. Con las actuales y profundas divergencias aparece como un buen propósito todavía impracticable y sólo podría transformarse en una distracción.

El clima de desencuentros condiciona el normal funcionamiento de la ONU e impide avanzar en los proyectos previstos. No es el Organismo el que podrá cambiarlo, sino la voluntad de sus miembros. A pesar de todo, sigue siendo el foro más idóneo para discutir y alcanzar soluciones.

En 2024, Chile atraviesa una profunda crisis de seguridad que ha afectado gravemente no solo a la economía, sino también al bienestar social y la salud mental de sus ciudadanos. Desde las protestas sociales de 2019, la inseguridad ha aumentado, manifestándose en disturbios, violencia rural en el sur del país, narcotráfico en áreas urbanas y un incremento en delitos violentos. Esta situación ha deteriorado la imagen del país como un destino turístico seguro, afectando negativamente a una industria que genera más de 3% del PIB y proporciona miles de empleos en todo el territorio. Zonas como Santiago, Valparaíso y las regiones del sur, que tradicionalmente atraen a turistas internacionales, han visto reducida su afluencia debido a las advertencias de viaje emitidas por varios países que citan la creciente criminalidad como una razón clave para evitar ciertas áreas de Chile.

Durante las Fiestas Patrias de 2024, una de las celebraciones más importantes de Chile, la crisis de seguridad se hizo evidente. A pesar de los refuerzos en seguridad implementados por el gobierno, con un aumento de la presencia policial y medidas preventivas, se registraron múltiples delitos en el país.

Según Sernatur la caída en la llegada de turistas internacionales ha sido significativa, con una reducción del 20% en los últimos dos años. Esto se traduce en una pérdida económica estimada en más de 600 millones de dólares para 2024, afectando gravemente a pequeñas y medianas empresas que dependen del turismo. Este impacto económico se refleja en múltiples sectores, desde el transporte hasta la gastronomía y la hotelería. Las cancelaciones de viajes y la menor ocupación hotelera son solo la punta del iceberg de una crisis que también ha afectado a la confianza de los inversionistas extranjeros en la industria turística chilena.

El gobierno chileno ha implementado medidas de seguridad como el Plan Calles sin Violencia, que incluye el despliegue de Carabineros en zonas críticas y mayor vigilancia en áreas turísticas. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para contener la creciente ola de criminalidad que afecta tanto a locales como a visitantes. Se estima que la inversión en seguridad ha superado los 120 millones de dólares en los últimos años, pero aún queda mucho por hacer para restaurar la percepción de seguridad y confianza en el país.

Programas de salud mental, mayor acceso a servicios psicológicos y campañas de concientización sobre el impacto emocional de vivir en una sociedad insegura son cruciales para mitigar los efectos a largo plazo de esta crisis. Además, es fundamental que el gobierno implemente una estrategia de seguridad más integral que aborde las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad social, la falta de oportunidades y el debilitamiento de las instituciones públicas.

Durante las últimas dos décadas, a lo largo de los gobiernos de Lagos, Bachelet y Piñera, Chile ha venido progresando en el desarrollo y perfeccionamiento de una institucionalidad pública orientada a dar respuesta a la pobreza y a la vulnerabilidad socioeconómica. El actual Ministerio de Desarrollo Social y Familia (ex MDS, ex MIDEPLAN, ex ODEPLAN), cuya misión consiste en erradicar la pobreza y allegar protección social a las personas, es resultado de ese proceso de aprendizajes, sistematizaciones e innovaciones administrativas en materia de política social. De igual forma lo son el “Sistema Intersectorial de Protección Social” (2009) que actualmente alberga subsistemas específicos como “Chile Solidario” (2004, centrado en la pobreza extrema), “Chile Crece Contigo” (2009, centrado en la primera infancia), y “Seguridades y Oportunidades – Ingreso Ético Familiar” (2012, enfocado en empleabilidad de mujeres especialmente vulnerables). Chile saltó, en dos décadas, desde un modelo de Estado socialmente desresponsabilizado, heredado de la dictadura de Pinochet, con una programática social hiperfocalizada y discrecional, hacia una institucionalidad de focalización amplia que integra prestaciones y beneficios sociales en favor de grupos socioeconómicamente vulnerables definidos como derechohabientes prioritarios.

Sin embargo, no todas las problemáticas sociales obedecen a condiciones de vulnerabilidad socio-económica, aunque éstas afecten con mayor intensidad – como todas las cosas – a los grupos más pobres. Hay problemas urgentes y enormes que no podemos abordar a través de una institucionalidad de la pobreza y la vulnerabilidad social. Es el caso de la “crisis de los cuidados”, como se ha denominado a la conjunción de factores demográficos y sociales como el envejecimiento avanzado, la baja natalidad, la atomización familiar y la subordinación femenina doméstica que afectan el bienestar de un muy amplio segmento de la población. Hoy, en Chile, ya se visualiza la pirámide poblacional invertida o regresiva, propia de sociedades posindustriales, pero con una estructura social pre-moderna de familiarización y desinstitucionalización de los cuidados.

Las cifras oficiales actualizadas estiman que entre 1,5 y 2 millones de personas en Chile (alrededor del 10% de la población) tienen algún grado de dependencia. Más del 70% de ellas reciben cuidados no remunerados de parte de mujeres familiares con independencia de su nivel socio-económico. Las mujeres dedican casi cinco veces más de tiempo que los hombres a tareas de cuidado y otros trabajos domésticos no remunerados y, en contrapartida, dedican alrededor de la mitad de tiempo que los hombres a trabajo remunerado, afectando su inserción y trayectorias laborales así como su autonomía y bienestar económicos. La crisis de los cuidados exacerba las desigualdades de género.

En Chile no hay instituciones, no hay programas y no hay destinación de recursos para afrontar estructuralmente este problema. Existe una oferta programática reducida, dispersa, segmentada y con características asistenciales, de asignación bajo criterios de focalización socioeconómica, que no es capaz de satisfacer estas necesidades y mucho menos de planificar y proyectar en el tiempo políticas públicas con incidencia socio-demográfica. No basta con crear un nuevo “subsistema” de cuidados bajo criterios de focalización socioeconómica que articule y mejore la oferta existente, no sólo porque la crisis de los cuidados no afecta a un segmento homogéneo de la población (requisito legal para la conformación de “subsistemas” de protección social), sino que además porque la condición socio-económica de personas dependientes y cuidadoras no constituye el meollo de este complejo problema social, sino que se requiere de una institucionalidad más ambiciosa, diseñada con criterios de universalidad, con facultades administrativas y capacidad de decisión e integración intersectorial efectivas, y que planifique políticas con impactos sociodemográficos para el próximo medio siglo. La institucionalidad subsistémica de la política social chilena no da el ancho para hacerse cargo de este problema estructural, heterogéneo y en vías de agudización. En este sentido, el Proyecto de Ley presentado recientemente por el Gobierno, que crea un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, no sólo es acertado al contemplar estas dimensiones estructurales e institucionales y perseguir una reorganización social e institucional de los cuidados en torno a la corresponsabilidad de género y conciliación laboral, entre otros aspectos destacables, sino que también se inserta dentro del curso de reformas progresivas y políticamente transversales que Chile ha venido empujando en las últimas dos décadas y que le han permitido ir superando una mera gestión política de la pobreza para dotarse de herramientas e instituciones eficaces, con bases universales, que garanticen y proyecten políticas robustas y permanentes para las próximas décadas y las actuales y futuras generaciones de chilenas y chilenos. Es de esperar, al menos desde la academia, que este debate político y parlamentario se sustente en datos y prospecciones verídicos y confiables, que sea coherente con la naturaleza del problema social y demográfico que hay detrás, y que no se vea contaminado por luchas ideológicas entre referentes políticos o agendas personales de líderes carismáticos, permitiendo que Chile siga avanzando en materia de innovación social y administrativa para dar respuestas eficaces a sus problemas urgentes.

El retraso en el pago ha generado un grave daño a todas las instituciones que ejecutan estos programas, ya que, al cierre del primer trimestre de 2024, SENADIS aun no transfiere los más de 3 mil millones comprometidos en los convenios de colaboración. Debido a esta grave situación, la mayoría de las 34 instituciones afectadas, han debido endeudarse en préstamos con terceros para absorber los costos de lo que significa la atención de las personas con discapacidad profunda y severa; por lo que ya no están en condiciones financieras de seguir continuando con los programas.

Residencias afectadas

En esta situación están el Pequeño Cottolengo (Cerrillos, Rancagua y Quintero), además de Coanil, la Obra de Don Guanella y el Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, entre otras, quienes se encuentran evaluando la continuidad de los programas, puesto que, al entrar al cuarto mes sin el pago de la subvención, se pone en riesgo la sostenibilidad de la atención.

Desde el año pasado, todas las instituciones han venido trabajando intensamente para que SENADIS dé cumplimiento a las obligaciones financieras de los programas, la cual debía ejecutarse en enero de este año. Ante la falta de respuesta, los distintos directores de estas residentes señalan que la situación que están enfrentado es la más crítica que han vivido en los últimos años, donde esperan que la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, pueda darle urgencia a esta crisis y se resuelva a la brevedad para no seguir afectando a una población ya vulnerada.

• El economista y profesor de la UCLA sostuvo que “si no crecemos a tasas más o menos vigorosas, no vamos a poder solucionar los problemas sociales y políticos que enfrenta Chile”, añadiendo que lo que se requiere es dejar de hacer las cosas como las veníamos haciendo, de una manera que para ciertas materias incluso “se pueda partir desde cero para volver a construir”.

• El socio principal de KPMG, Francisco Lyon, por su parte, sostuvo que es la hora de “escuchar y darle espacio de verdad a los técnicos y expertos de manera transversal, dejando a un lado la vereda de la posverdad y los discursos llenos de retórica, pero vacíos en contenido”.

Este miércoles, KPMG realizó el seminario “El Chile que viene, el país que queremos”, instancia que contó con la exposición de Sebastián Edwards, economista y consultor internacional, y un panel compuesto por los destacados economistas Andrea Tokman y Klaus Schmidt-Hebbel, y el abogado Francisco Lyon, socio principal de KPMG, quienes analizaron los principales desafíos que tendrá que enfrentar el país para potenciar el crecimiento económico y retomar la senda de la productividad.

Francisco Lyon realizó un llamado a escuchar con más atención a los técnicos y líderes de las diversas disciplinas, “para consensuar caminos que le hagan bien a Chile. El país atraviesa por momentos que exigen una mirada distinta a la que hemos tenido en los últimos años. Ha llegado el momento de los acuerdos, pero no cualquier acuerdo, sino de aquellos que sean fruto de la excelencia técnica y profesional al abordar las distintas materias. Nuestro país tiene talento de sobra para eso”.

Sebastián Edwards inició su presentación realizando una dura crítica sobre el que, en su opinión, es un estado de emergencia económica del país, que “lleva mucho tiempo. La hemos estado enfrentando como aficionados y dándonos vueltas en la misma discusión sin avanzar mayormente. Y la emergencia que yo veo es el haber reemplazado un verdadero milagro, por una situación de empantanamiento de nuestra economía. Al final de la historia, si no crecemos a tasas más o menos vigorosas, no vamos a poder solucionar los problemas sociales y políticos que enfrenta Chile”.

Por su parte, Klaus Schmidt-Hebbel coincidió en este análisis, explicando que si “lo hacemos tan mal como lo estamos haciendo ahora, no va a pasar casi nada en los siguientes 27 años. Van a ser años perdidos o peor, sentenció.

Discusión tributaria y críticas a Economía

Edwards puntualizó que “Nicolás Grau, por razones políticas o de manera adversa, está poniéndole ‘parche curita’ a diversos temas por encima de los 724 ‘parches curita’ que tenemos. Y eso no va a resultar. Tenemos que ir por el lado de la ingeniería, de los procesos, y simplificar en el sentido de eliminar todas aquellas regulaciones que no sirven. Si no lo hacemos, no vamos a avanzar. Y vamos a seguir cayendo”.

Andrea Tokman coincidió en la necesidad de simplificar los procesos para lograr una correcta fiscalización, sin embargo, para la economista el principal desafío es que “desde el Estado es importante que nos preocupemos de que se gestionen apropiadamente los procesos. Y ahí caemos en autorizaciones, para no llamarlo permisología. Esas autorizaciones que Sebastián dijo ‘eliminémoslas todas’, no creo que sea el camino. Eliminemos totalmente un buen porcentaje. Y eso es lo que está tratando de hacer Grau. El problema es que no hay coordinación, no hay poder de mando”. Asimismo, la economista, se refirió en detalle al trabajo de la comisión que le tocó integrar recientemente, sobre el impacto del crecimiento en la recaudación, manifestándose a favor de que “no hay mejor reforma tributaria que busque recaudación que el crecimiento”.

En tanto, Francisco Lyon, recalcó la necesidad de repensar nuestro sistema tributario, en particular sobre el impuesto a la renta, dando diversos ejemplos de los fundamentos por los cuales se hace ello necesario, fruto de escuchar de verdad a los técnicos y expertos de manera transversal, con tiempo y bajo un proceso serio de análisis y estudio, recalcando que el régimen actual ha sido fruto parches y con la única finalidad de llegar a un numero en recaudación, pero sin abordar la importancia de un buen “sistema tributario” para el país, más allá de la recaudación en sí como objetivo último.