Docente de inglés fue condenado por abuso sexual reiterado, almacenamiento de pornografía infantil, amenazas y maltrato. La justicia dictó una pena efectiva de prisión tras una investigación que priorizó proteger a las víctimas.

Un profesor de inglés de 35 años fue condenado a 10 años de cárcel efectiva luego de que la Fiscalía de Villa Alemana lograra acreditar una serie de graves delitos cometidos contra ocho víctimas menores de edad. Los hechos, que generaron profundo impacto en la comunidad, ocurrieron mientras el imputado se desempeñaba como docente en un establecimiento educacional de la comuna.

La investigación permitió establecer que el hombre incurrió en abuso sexual reiterado, almacenamiento de material pornográfico infantil, amenazas reiteradas y maltrato reiterado, delitos que habrían ocurrido en fechas indeterminadas entre el año 2022 y el primer semestre de 2023. La gravedad de los hechos motivó una exhaustiva indagatoria por parte del Ministerio Público.

La condena se logró mediante un procedimiento abreviado, decisión adoptada tras escuchar a las familias de las víctimas. Siete de las ocho madres solicitaron evitar un juicio oral, debido al fuerte impacto emocional que implicaría que los niños debieran revivir los hechos en un tribunal.

El fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, explicó que el proceso siempre tuvo como prioridad el bienestar de los menores. “Nosotros nos enfrentamos a un proceso en donde hay ocho víctimas, ocho niños, ocho madres. Siete de ellas querían aceptar un procedimiento abreviado porque no querían llevar a sus hijos a un tribunal oral en lo penal, porque no querían revictimizarlos”, señaló.

El persecutor agregó que obligar a los niños a declarar nuevamente podía provocar estrés emocional severo, angustia y retrocesos en sus tratamientos psicológicos. Por esta razón, se optó por una vía judicial que permitiera alcanzar una condena sin exponerlos a nuevas instancias traumáticas.

“En definitiva, no se quiso exponer a los niños a retrocesos, a revictimización y al estrés”, sostuvo Basso, enfatizando que el interés superior del niño fue el criterio central para tomar la decisión procesal.

Durante la audiencia se presentaron pruebas testimoniales, informes psicológicos, pericias especializadas y material fotográfico, además de antecedentes relacionados con material pornográfico infantil encontrado en el teléfono del acusado. Estos elementos permitieron acreditar los delitos incluidos en la acusación del Ministerio Público.

Tras analizar los antecedentes, el tribunal resolvió condenar al profesor por todos los ilícitos imputados. La magistrada determinó que existían suficientes pruebas para establecer su responsabilidad en abuso sexual reiterado, almacenamiento de pornografía infantil, amenazas reiteradas y maltrato reiterado.

La sentencia establece una pena única de 10 años de presidio efectivo, lo que significa que el condenado deberá cumplir la totalidad de la sanción en la cárcel. Además, se decretaron diversas penas accesorias que buscan impedir que vuelva a acercarse a menores de edad.

Entre ellas se incluye la incorporación de su ADN al registro del sistema CODIS, la prohibición de trabajar con niños por un prolongado periodo y la prohibición de acercarse a las víctimas. Todas estas medidas buscan proteger a los menores y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

El fiscal Osvaldo Basso destacó que la condena representa una señal clara de justicia para las víctimas. “Diez años en procedimiento abreviado es una sentencia reparatoria porque es justicia, no es en libertad, es de cárcel. No tiene opción de ninguna pena sustitutiva”, concluyó.

El máximo tribunal ratificó la pena contra Kevin Flores Martínez por tráfico de drogas en pequeñas cantidades y descartó irregularidades en el actuar policial.

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Kevin Alfredo Flores Martínez y confirmó la sentencia que lo condenó a 541 días de presidio, pena sustituida por libertad vigilada por igual período, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, cometido en la comuna de Quilpué en mayo de 2023.

En fallo unánime (causa rol 58.915-2024), la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Cristina Gajardo y los abogados integrantes Raúl Fuentes y Eduardo Gandulfo, descartó que existiera infracción al debido proceso durante el control de identidad y registro practicado por la policía.

El intercambio observado por Carabineros

De acuerdo con los antecedentes del fallo, los hechos se remontan a un patrullaje policial en el sector del camino al zoológico de Quilpué, donde funcionarios observaron a un hombre entregar dos envoltorios a una mujer a cambio de dinero. Al percatarse de la presencia policial, la compradora reconoció que estaba adquiriendo droga y entregó voluntariamente los paquetes.

Para la Corte Suprema, estas circunstancias constituyeron un indicio claro y objetivo de la comisión de un delito vinculado al tráfico de sustancias estupefacientes, lo que justificó el control policial y el procedimiento posterior.

Descartan irregularidades en el procedimiento

El máximo tribunal señaló que la defensa había desistido previamente del argumento sobre la ilegalidad de la detención en el tribunal de primera instancia, lo que cerró la discusión en instancias superiores. Asimismo, concluyó que la actuación policial no fue arbitraria y se ajustó a la normativa vigente.

La resolución sostiene que la determinación de la existencia de indicios debe ser una estimación realizada por los propios funcionarios policiales según las circunstancias, y que en este caso los antecedentes observados justificaban el procedimiento.

Con ello, la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad y confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, ratificando la condena impuesta al acusado por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Alexis Tamayo Martínez fue condenado por homicidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego y daños. El hecho ocurrió en 2022 y generó gran conmoción en el Cerro Larraín de Valparaíso. Cumplirá su condena bajo libertad vigilada intensiva.

La Fiscalía de Valparaíso obtuvo una condena en contra de Alexis Tamayo Martínez (24 años), acusado de protagonizar un grave incidente armado en las afueras del Colegio Murialdo, en el Cerro Larraín, el 12 de abril de 2022. El hecho, que se originó tras una discusión entre conductores, terminó con una persona herida de gravedad y una víctima fatal.

El fiscal Hernán Martínez, a cargo del caso, relató durante el juicio que las víctimas viajaban en un vehículo cuando, al detenerse en calle Providencia, fueron interceptadas por Tamayo, quien golpeó el automóvil con un objeto contundente, quebrando el parabrisas y otros vidrios. Las víctimas huyeron del lugar, pero fueron seguidas por el acusado en otro vehículo.

“Con el ánimo de matar y premunido de un arma de fuego del tipo pistola, comenzó a disparar en contra de las víctimas desde su vehículo, efectuando al menos tres disparos”, explicó el fiscal en audiencia. Uno de los impactos hirió de gravedad a una mujer que viajaba en el vehículo.

El tiroteo se produjo a metros del establecimiento educacional, en un horario donde transitaban apoderados y estudiantes. “Los hechos probados son graves porque pusieron en riesgo a un número importante de personas. No sólo a las víctimas, sino también a quienes estaban cerca del colegio”, señaló el fiscal Martínez en sus alegatos de clausura.

La Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales, materiales y documentales, incluyendo videos del incidente que circularon en redes sociales.

El Tribunal Oral en Lo Penal de Valparaíso, integrado por las juezas Maureen Patricia Darrouy Palacios (presidenta), Valeria Elena Echeverría Vega y el juez suplente Sebastián Alfonso Báez Hernández, condenó a Tamayo Martínez por tres delitos:

• 541 días de presidio menor en su grado medio por homicidio frustrado.

• 61 días de presidio menor en su grado mínimo por otro homicidio tentado.

• 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo por porte ilegal de arma de fuego.

• Multa de 11 UTM por el delito de daños.

A pesar de la gravedad de los hechos, el Tribunal resolvió sustituir la pena privativa de libertad por libertad vigilada intensiva por un total de 1.697 días.

De acuerdo a lo señalado por el abogado, entre las consideraciones del Tribunal para condenar al acusado esgrimidas en la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2024, se encuentra que no cabe duda alguna acerca de la verosimilitud en las declaraciones prestadas por la víctima, testigos y perito, pues dieron cuenta de manera detallada y extensa los hechos materias del juicio, refiriéndose a ellos en forma consistente, coherente y sin contradicciones.

“Las declaraciones dan cuenta de una dinámica de violencia del padre a hija y en el grupo familiar en general, en el cual se transgredió la indemnidad sexual de la niña, sosteniendo en dicha sentencia la credibilidad de su relato”.

Este fue el inapelable veredicto de la justicia para el imputado que agredió sexualmente a seis mujeres entre 2010 y 2019, siendo el caso más emblemático el de Antonia Barra, que tiempo después del hecho se suicidó.

Este viernes la justicia confirmó la condena de Martín Pradenas, de 31 años, a 17 años de cárcel, por siete delitos sexuales perpetrados contra seis víctimas entre 2010 y 2019.

Tras tres años, se pone fin a un proceso que inició en 2019 tras el suicidio en Temuco de la joven Antonia Barra, a los 21 años, quien se quitó la vida después de la agresión perpetrada por Pradenas, lo que motivó un movimiento liderado por la familia y al que se sumaron grupos feministas y adherentes que clamaban por justicia. La Fiscalía y la familia de Barra pedían 40 años de prisión para el que denominaron como un“depredador sexual”.

Pradenas, quien siempre se declaró inocente, se encuentra en prisión preventiva desde mediados de 2020. Esos tres años se le descontarán a la condena, –que en un primer juicio era de 20 años de presidio– por lo que cumplirá 14 tras las rejas.

Alejandro Barra, padre de Antonia, se mostró en contra de los años de sentencia: “El hecho de que no estemos conformes no significa que vayamos a sufrir más. Solamente es un remedio que no nos calma totalmente. Y ninguna pena, ni los 40 ni los 100 años que se le pudieran dar al imputado, nos calmará la tristeza de haber perdido a nuestra hija”.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la capital regional de La Araucanía  lo declaró culpable a comienzos de julio por dos delitos de violación a personas mayores de 14 años, cuatro abusos sexuales a una mayor de 14 y otro a una menor de 14. Esa fue la resolución del segundo juicio al victimario, después de que la Corte Suprema acogiera el pasado diciembre el recurso de nulidad presentado por la defensa de Pradenas, que acusó falta de imparcialidad por parte de uno de los jueces. El máximo tribunal anuló ese juicio, en el que había condenado a 20 años de cárcel.

El juez José Ignacio Raúl Atria sostuvo al finalizar el segundo juicio que las pruebas de las víctimas, testigos y agente de la Policía de Investigaciones fueron “concordantes, consistentes, complementarias y suficientes”. Pradenas no podrá trabajar de por vida en centros educativos o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo, previo a conocerse la sentencia, que más “más allá de la pena” valoran “la decisión de condena del tribunal, que implica dar por establecidos los hechos que fueron materia de la acusación y también permite reconocer la verdad de las víctimas”.

El caso de Antonia Barra

De acuerdo al relato del fiscal, la joven Antonia Barra llegó el 17 de septiembre de 2019 a una discoteca de Pucón. Desde el recinto se trasladó con Pradenas hacia una cabaña. Entre las pruebas del Ministerio Público, un vídeo la muestra caminando con dificultad junto al condenado, en estado de ebriedad. A la mañana siguiente, la víctima llamó llorando a la amiga con la que fue a la discoteca y le pidió alterada que la busquen en la cabaña en que se encontraba.

Según el fiscal, cuando sus amigos fueron a buscarla, Barra se veía muy afectada y no contó lo ocurrido. El 12 de octubre le relató a su exnovio que Pradenas la había violado, de acuerdo a los mensajes encontrados en su móvil. Al día siguiente, se despidió de él mismo, y a las pocas horas, se quitó la vida.

En julio de 2020, los tribunales ordenaron solo el arresto domiciliario a Pradenas, pese a las peticiones de la Fiscalía de decretar la prisión preventiva. La decisión sacó a la calle a miles de mujeres en diferentes ciudades del país. Días después de las protestas, el Ministerio Público revocó la medida cautelar y dictó la prisión preventiva por considerar que Pradenas constituía un peligro para la sociedad. El caso de Barra impulsó a otras víctimas del agresor a contar sus testimonios ante la justicia.

Desde entonces, Alejandro Barra, padre de la víctima, junto con organizaciones feministas, se han movilizado para que el suicidio feminicida tenga persecución penal.

A finales de 2022 se promulgó la Ley Antonia, que tuvo su discusión inicial por el caso de Antonia Garros y que se mantuvo en la palestra por los hechos de La Araucanía, la que establece que la persona que “con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género, cometidos por este en contra de la víctima, cause el suicidio de una mujer, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio feminicida”.