«A 150 años del Código Penal, su historia en tiempos de cambio» se tituló el congreso efectuado en la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar. Esta actividad tuvo como objetivo generar una instancia de diálogo académico e institucional sobre la historia del Código Penal, las ideas que actualmente se discuten en el foro sobre el papel del sistema y las ciencias penales, analizando el proceso que se ha llevado a cabo en las últimas décadas para su sustitución por otro texto.

Organizadores del Congreso

El 12 de noviembre de 2024 se celebran los 150 años desde la promulgación de este documento de la República, por lo que la Defensoría Penal Pública y la Sociedad Chilena de Historia del Derecho y Derecho Romano, consideraron que era necesario convocar a distintas universidades e instituciones a participar en el desarrollo de diversas actividades. En esa convocatoria la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar, se sumaron como coorganizadoras de este Congreso.

En la iniciativa efectuada en el Campus de la Ciudad Jardín asistieron Paula Gutiérrez Huenchuleo, seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Valparaíso; Sebastián Salinero Echeverría, defensor Regional de Valparaíso; Bernardino Bravo Lira (Premio Nacional de Historia 2010); Francisco Quiero Rebolledo, director de la Escuela de Derecho UNAB de esta Sede; la Dra. Rocío Sánchez Pérez, coordinadora del Área de Derecho Penal de esta Facultad; la Dra. Andrea Pinto Bustos, docente del área de Ciencias del Derecho y Derecho penal, además de académicos, ex alumnos y estudiantes de la carrera de distintas universidades del país.

Palabras de Bienvenida

Francisco Quiero Rebolledo, director de la Carrera de Derecho Sede Viña del Mar, brindó un discurso de bienvenida en representación del decano de la Facultad Dr. Carlos del Río Ferretti.

En la oportunidad, agradeció la participación de connotados docentes nacionales como internacionales, de reconocido prestigio académico, en este Congreso. “Si en la primera jornada realizada en la U. de Chile se examinaron los antecedentes y la influencia de la codificación penal en Chile, en ésta se continuó con el examen de los antecedentes y evolución del derecho penal y Código penal durante su vigencia. Además, se analizó el rol de Andrés Bello en la codificación penal, el estudio de la dogmática para la aplicación del Código penal y sus reformas – en lo que respecta a ciertas instituciones vinculadas con el delito y la pena y, finalmente, se estudiaron las propuestas contenidas en los proyectos de un nuevo Código penal para Chile”, resumió el académico.

Paula Gutiérrez Huenchuleo, seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Valparaíso, destacó la existencia de este tipo de Congresos, y expresó “que espacios como este han permitido ponderar la discusión política, siendo relevantes que se generen desde la academia, incorporando distintos expertos en la materia”.

Invitados de la Segunda Jornada

La quinta mesa de este evento abordó los antecedentes y evolución del derecho y Código Penal durante su vigencia, siendo moderada por Valeska Fuentealba Sepúlveda, académica de la Escuela de Derecho, UNAB Sede Viña del Mar, e integrada por los siguientes especialistas:  Dr. Carlos Salinas Araneda (UNAB y PUCV); Mg. Clara Martner Sota (Fox International Fellowship); Dr. Felipe Westermeyer Hernández (UNAB) y Mg. Carolina Correa Hansen (UNAB). La sexta mesa se tituló “Dogmática para la Aplicación Del Código Penal y Sus Reformas” y fue moderada por Karina Saavedra Lyng, docente de la Escuela de Derecho UNAB. El espacio fue integrado por Dra. Tatiana Vargas Pinto (U. Andes); Mg. Catherine Ríos Ramírez (UNAB); Mg. Gonzalo Agliati Vásquez (PUCV) y Dr. Luis Rodríguez Collao (PUCV). La séptima mesa se denominó “Andrés Bello, la Codificación Penal y el Comiso en el Código Penal”, moderada por John Zuluaga Taborda (UNAB) y compuesta por: Felipe Vicencio Eyzaguirre (Sociedad Chilena de Historia del Derecho y Derecho Romano); Dra. Claudia Castelletti Font (Defensoría Penal Pública); la Dra. Agustina Alvarado Urízar y la Dra. Andrea Pinto Bustos (UNAB). La octava y última mesa “Proyecto(s) de nuevo Código Penal para Chile”, fue moderada por Valentina Cerón Hernández (UNAB) y sus participantes fueron: Dr. Mario Durán Migliardi (Universidad de Atacama); Dr. Carlos Cabezas Cabezas (U. de Antofagasta) y Dra. Rocío Sánchez Pérez (UNAB).

“Nuestro Código Penal es uno de los pocos que ha logrado superar tantos años de vigencia en el mundo. Actualmente existe la necesidad de establecer un nuevo Código, que esté acorde a nuestra realidad actual. Este espacio que nace desde la academia y de la Defensoría Penal Pública, es una instancia de reflexión para evaluar en qué materias hemos avanzado, en cuáles no y cómo nos enfrentamos a las características de la criminalidad hoy en día”, informó la Dra. Rocío Sánchez Pérez, coordinadora del Área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho UNAB.

La conmemoración de los 150 años del Código penal tiene lugar en un escenario en que necesitamos desarrollar una política de persecución penal inteligente y eficaz. Pero también es imprescindible procedimientos procesales-penales coherentes.

La respuesta al problema requerirá examinar la capacidad de la reacción estatal frente a la criminalidad. Uno de esos instrumentos disponibles es el Código penal. Sin embargo, con las innumerables enmiendas que ha recibido en el último tiempo y la ruptura del sistema de determinación de penas ¿es posible justificar adecuadamente la imposición de penas? Observando la práctica, como quedó demostrado en el estudio desarrollado por Wilenmann, Medina, Olivares y Del Fierro, los jueces aplican las penas en el tramo más bajo, admiten las penas sustitutivas cuando se dan razones objetivas, como es la irreprochable conducta anterior, y hay escasa argumentación en el proceso de determinación de la pena.

El problema que se enfrenta es complejo desde la práctica y la teoría. Los esfuerzos codificadores intentaron redactar cuerpos normativos más breves, accesibles, racionales, con reglas lo más generales posibles y con enunciados concisos, para que todas las personas pudieran comprenderlo, y que se aplique en condiciones de igualdad. Hoy enfrentamos una situación en que más leyes penales – en menos de un año se han dictado cinco reformas al Código, propician solo un incremento de las tasas de encarcelamiento, dejando pendientes varias taras como la creación de tribunales de ejecución de penas o de una política de (re)inserción social para personas condenadas.

A ello se le debe la urgencia de revisar seriamente qué capacidades institucionales de persecución penal tiene el Estado.  Se deben mejorar sus condiciones de trabajo para perseguir, juzgar y sancionar adecuadamente los delitos según la realidad geográfica del país. Esto demandará una entrega de mayores recursos junto a una estrategia de implementación eficiente, controles internos adecuados para evitar, entre otras cosas la irrupción de la corrupción y el crimen organizado en las entidades del Estado, sumado a una coordinación interinstitucional que dé cuenta de una modernización en la forma de realizar sus tareas, evitando la superposición de funciones y una conducción clara y coherente.

Como lo muestra nuestra propia experiencia y la práctica internacional, una persecución penal exitosa se consigue cuando la ley penal es fruto de una política inteligente respaldada en evidencia criminológica, desarrollándose persecuciones penales más eficientes en paralelo a estrategias que fomenten efectivamente la (re)inserción social de las personas condenadas.

El tiempo en el que se creía que el derecho aisladamente podría resolver estas problemáticas ya pasó y la complejidad de la criminalidad demanda respuestas integrales para propender a la mejora de la calidad de vida de quienes habitamos el país, entre las que el futuro Código penal servirá como una herramienta fundamental para sustentar el sistema.