Entre las acciones desestimadas destaca el fallo Rol N° Protección-3249-2026. En este, el recurrente acusaba que la institución actuaba de forma ilegal al utilizar el procedimiento ejecutivo del Código Tributario para emitir requerimientos de pago y dictar órdenes de embargo, argumentando que el CAE posee una naturaleza civil y no tributaria.

Sin embargo, los ministros de la Quinta Sala determinaron que no existe arbitrariedad en el actuar del organismo fiscal. El tribunal argumentó que, una vez que el deudor incumple y se hace efectiva la garantía estatal, TGR está mandatada a perseguir la recuperación de los dineros públicos mediante el proceso de cobro regulado en el Código Tributario.

Este triunfo judicial se suma a recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Arica y a los más de 450 recursos de protección que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles en esta materia a la fecha.

La justicia ha ratificado sostenidamente que el recurso de protección no es la vía idónea para debatir la naturaleza jurídica de esta acreencia ni para cuestionar el procedimiento y tribunal competente para su cobro.

Con ello, TGR reitera el llamado a todas las personas que mantienen deudas asociadas al CAE a informarse y regularizar su situación a la brevedad en tgr.cl/cae o en cualquiera de las oficinas regionales y provinciales del país.

La promesa de campaña del Presidente Gabriel Boric sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) generó un gran respaldo por parte del electorado joven en las elecciones presidenciales. Esta propuesta, que apelaba directamente a miles de deudores de educación superior, fue vista como un compromiso de cambio que aliviaría el bolsillo de muchas familias chilenas. Sin embargo, a medida que avanza el gobierno, la concreción de esta promesa enfrenta obstáculos significativos.

Durante la campaña presidencial, Gabriel Boric captó la atención de la juventud con una opción que prometía cambios estructurales en áreas como la educación, el empleo y los derechos sociales. Entre las propuestas que generaron más apoyo estuvo la condonación del CAE. Para muchos, este compromiso se tradujo en una oportunidad para liberarse de una deuda que, en algunos casos, se ha prolongado durante años.

De hecho, se podría atribuir parte del triunfo electoral de Boric a esta propuesta, ya que representó un cambio tangible en la calidad de vida de muchos chilenos. Además, la posibilidad de dejar de pagar sus cuotas generó un clima de optimismo entre los estudiantes y profesionales endeudados.

Pese a las expectativas generadas, la promesa de campaña de Boric no ha avanzado al ritmo esperado y el ingreso del proyecto de Ley prevé una larga discusión parlamentaria, cruzada por la realidad económica y las limitaciones presupuestarias

Varios deudores, convencidos por el anuncio inicial, dejaron de realizar pagos del CAE, confiando en que pronto se verían beneficiados por la condonación. Tomando en cuenta que ya no existe condonación total como se había prometido y que el proyecto está recién entrando a discutirse, lo que hay para ellos ahora es una situación de incertidumbre y con el riesgo de aumentar aún más su deuda debido a los intereses acumulados.

La falta de cumplimiento de la promesa de campaña tiene implicaciones graves en la confianza hacia las instituciones políticas y los electos.

Desde un comienzo se supo que esta promesa era compleja ya que implicaba recursos que Chile no tiene. Varios expertos señalaron que la condonación masiva de deudas sería un desafío monumental para las finanzas públicas. A pesar de ello, la promesa fue formulada y difundida, sin un plan financiero claro, lo que nos vuelve a poner en el tapete el debate sobre la responsabilidad de hacer propuestas sin el respaldo presupuestario necesario.

Realizar promesas de campaña sin considerar la factibilidad económica es un problema recurrente en la política. Al no cumplir con estos compromisos, los gobiernos no solo arriesgan su credibilidad, sino que también pueden generar efectos adversos en la sociedad y se debiera trabajar en una manera de que no sea gratis el prometer cosas sin bases claras de que se puedan cumplir.

Dr. Danilo Leal Moraga

Director Magíster en Ciencias de la Computación

& Magíster en Ingeniería Informática U. Andrés Bello

Académico de la Ingeniería Civil Industrial, UNAB Sede Viña del Mar

De una promesa de campaña, el Presidente de Chile ha anunciado la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), una medida que beneficiaría a miles de estudiantes y egresados que han acumulado deudas significativas durante sus estudios superiores.

El CAE, implementado en 2006, ha sido un mecanismo fundamental para permitir el acceso a la educación superior a aquellos estudiantes que no contaban con los recursos necesarios. Sin embargo, el aumento de las deudas y la carga financiera sobre las familias ha generado críticas y demandas de reformas. La condonación del CAE es una respuesta directa a estas preocupaciones, buscando aliviar el peso económico y ofrecer un nuevo comienzo a miles de chilenos.

Sin embargo, hay muchas incógnitas aún respecto de lo que contendrá este proyecto de ley y también la forma en la que se pretende abordar esta condonación. Por una parte surge la duda si se aplicará la condonación a aquellos que se encuentran como “deudores” considerando a aquellos que dejaron de pagar debido a que esperaban sería condonado, o “castigar” a aquellos que han cumplido sagradamente con el pago de sus cuotas.

Debemos entender que no existe el concepto de “condonación” si el estado es el que paga, de hecho, esta “condonación” sería pagada por todos los chilenos que pagamos impuestos y que deseamos que los recursos escasos sean utilizados de manera eficiente.

Que este anuncio sea realizado a dos años de gobierno hace pensar que fue una promesa de campaña populista y sin un mayor análisis, de lo contrario habría sido presentado el proyecto de ley con antelación, ya que es una medida que podría haber influido de buena manera en los votantes y que este nuevo anuncio, cuatro meses antes, no sea una manera de aumentar la popularidad del gobierno que no pasa por sus mejores momentos.

Se espera que el proyecto de ley que se presente tome en cuenta una nueva forma de financiar los estudios superiores en Chile y que el alivio financiero que se busca abordar, sea justo para todos y no un beneficio para algunos.

Director Magíster en Ciencias de la Computación

& Magíster en Ingeniería Informática U. Andrés Bello

Académico de la Ingeniería Civil Industrial, UNAB Sede Viña del Mar

De una promesa de campaña, el Presidente de Chile ha anunciado la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), una medida que beneficiaría a miles de estudiantes y egresados que han acumulado deudas significativas durante sus estudios superiores.

El CAE, implementado en 2006, ha sido un mecanismo fundamental para permitir el acceso a la educación superior a aquellos estudiantes que no contaban con los recursos necesarios. Sin embargo, el aumento de las deudas y la carga financiera sobre las familias ha generado críticas y demandas de reformas. La condonación del CAE es una respuesta directa a estas preocupaciones, buscando aliviar el peso económico y ofrecer un nuevo comienzo a miles de chilenos.

Sin embargo, hay muchas incógnitas aún respecto de lo que contendrá este proyecto de ley y también la forma en la que se pretende abordar esta condonación. Por una parte surge la duda si se aplicará la condonación a aquellos que se encuentran como “deudores” considerando a aquellos que dejaron de pagar debido a que esperaban sería condonado, o “castigar” a aquellos que han cumplido sagradamente con el pago de sus cuotas.

Debemos entender que no existe el concepto de “condonación” si el estado es el que paga, de hecho, esta “condonación” sería pagada por todos los chilenos que pagamos impuestos y que deseamos que los recursos escasos sean utilizados de manera eficiente.

Que este anuncio sea realizado a dos años de gobierno hace pensar que fue una promesa de campaña populista y sin un mayor análisis, de lo contrario habría sido presentado el proyecto de ley con antelación, ya que es una medida que podría haber influido de buena manera en los votantes y que este nuevo anuncio, cuatro meses antes, no sea una manera de aumentar la popularidad del gobierno que no pasa por sus mejores momentos.

Se espera que el proyecto de ley que se presente tome en cuenta una nueva forma de financiar los estudios superiores en Chile y que el alivio financiero que se busca abordar, sea justo para todos y no un beneficio para algunos.

La experta Carolina Erices, profesora Ingeniería Comercial USM, se refiere al anuncio del Gobierno del presidente Gabriel Boric.

La condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) fue una de las propuestas de campaña del presidente Gabriel Boric. Hoy, desde el Gobierno, se avanza en la materialización de un proyecto de ley que abarcará, sin lugar a duda, un cambio profundo en el financiamiento de los estudios superiores.

Desde la creación del Crédito CAE, en el año 2006, más de un millón de personas han accedido a él, mientras que casi la mitad (48%), se encuentran actualmente en condición de morosidad. En tanto el año 2021, fue requerido por 46 mil estudiantes, ya sea para iniciar o continuar sus estudios superiores.

Como toda medida que involucre recursos fiscales, tiene repercusiones macroeconómicas importantes que analizar, considerando que la iniciativa legislativa propone como solución la condonación de las deudas resultantes del CAE.

“Para contextualizar, la medida implica desembolsar un monto cercano a los 10.200 millones de dólares, es decir, 3,34 puntos del PIB. Esto representa el 13% del total del presupuesto nacional. Como todo importante desembolso fiscal, este debe ser estudiado; definiendo prioridades en su ejecución, así como sus múltiples usos alternativos o costo de oportunidad de los recursos; en distintos programas de índole económico como social”, indica Carolina Erices, profesora Ingeniería Comercial USM

Otro aspecto para evaluar, según la experta es que “no todos los beneficiarios son iguales y van a recibir futuros ingresos personales por sobre los del resto de la población que no estudió en la universidad. Según la Comisión Ingresa, 63% de los egresados está al día, pero de quienes abandonan sus estudios, solo un 24% lo está. La deuda promedio es de 6,8 millones de pesos y el 50% debe menos de 5 millones de pesos, pero cerca de 43.000 deudores tienen una deuda de más de 20 millones de pesos. La cuota promedio es de 1,42 UF, pero hay cerca de 20.000 deudores cuya cuota es de más de 4 UF mensuales. La iniciativa propone condonación universal destinando recursos públicos a quienes hoy no lo necesitarían”.

Erices señala que también es importante saber las condiciones en que el Fisco pretende endeudarse para dicha condonación. “Se ha hablado de un crédito del extranjero, que se pagará en cuotas de 300 millones de dólares anuales por 20 años. Se deben analizar, por tanto, los costos de los distintos tipos de financiamientos, intereses asociados, comisiones, mayores impuestos o menores beneficios y prestaciones sociales en el futuro, con la idea de no comprometer las cuentas fiscales, convirtiéndose en deuda pública”.

“El problema del CAE, es que no sólo se enmarca en un criterio político y de gasto público, sino también educativo. La educación superior se ha transformado en un factor estratégico, convirtiéndose en un motor de la movilidad social y en una de las herramientas más efectiva para superar la pobreza y la desigualdad. Según los datos de la OCDE, en promedio en Chile una persona que tiene estudios superiores gana 2,8 veces más que otra que no los tiene”.

La experta indica que lo importante a evaluar no es la decisión de condonar, si no la urgencia de un reemplazo. “La educación superior es un factor decisivo del éxito o fracaso del proyecto país, en su relación con la competitividad, así como con su inserción internacional. Por tanto, el Estado debe seguir entregando mecanismos de crédito como parte de la política de ayuda estudiantil, combinados adecuadamente con la gratuidad y las becas que, en definitiva, entreguen una mejor calidad de vida a las personas que vivimos en este país”.