• El instituto anuncia evaluación de las acciones del Estado que presentará en 2026 en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Cuando se cumplen seis años de la crisis social de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recuerda que esta es la crisis de derechos humanos más grave vivida por el país desde la restauración de la democracia, afirmación que estableció de manera unánime el Consejo del INDH a través del Informe Anual de ese año.

Con el fin de examinar cuál ha sido hasta ahora la respuesta del Estado en el ámbito de la justicia, el instituto realizó una revisión de las acciones judiciales que interpuso por las graves violaciones a los derechos humanos, que tuvieron lugar entre el 17 de octubre de 2019 hasta el 18 de marzo de 2020. Además, anunció que realizará una indagatoria minuciosa de las respuestas del Estado en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición.

En relación a las querellas interpuestas por el INDH, se trata de 3 mil 247, de las cuales 145 ya se encuentran finalizadas, pero sólo 68 de ellas concluyeron con sentencias condenatorias para los agresores. A través de diversas entrevistas a medios de comunicación, el director del INDH, Yerko Ljubetic ha indicado que estos resultados son preocupantes.

Del total de estas querellas, 2 mil 311 fueron por apremios ilegítimos, 566 por torturas, 249 por violencia innecesaria y 121 por otro tipo de vulneración. Este universo de querellas da cuenta de las denuncias de 3 mil 842 víctimas: 2 mil 861 hombres (75%) y 978 mujeres (25%). Mientras que la edad promedio es de 26 años.

Víctimas registradas por el INDH

Además, del universo total de víctimas registradas por el INDH, mil 492 corresponden a personas de uno o más grupos de especial protección. Entre éstas destacan 605 niños, niñas o adolescentes (16%), 34 personas mayores, 28 que tienen alguna discapacidad, 25 personas LGBTIQ+ y 20 personas migrantes. Es importante señalar que una persona puede ser parte de más de un grupo de especial protección.

Si la cifra de víctimas se analiza por las consecuencias de los ataques, siete personas fallecieron, en tanto que 3 mil 648 (el 95%) sufrieron algún tipo de lesión física. 228 de ellas (6%) fueron afectadas por alguna lesión ocular. Además, el 20% de las mujeres denunciantes indicaron que fueron víctimas de violencia sexual, mientras que en el caso de los hombres, esta cifra corresponde al 10%.

Reparación y garantías de no repetición

En cuanto a las medidas de reparación, es importante recordar a las más de 464 personas con algún tipo de lesión ocular registradas por el Ministerio Público y a las miles que presentaron lesiones graves de otro tipo. Del mismo modo, considerar a las personas que sufrieron violencia institucional en el contexto de la crisis social y que durante los años siguientes se han suicidado.

Al respecto, el INDH ha sostenido que la reparación integral a las víctimas debe considerar medidas dirigidas a la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción. Referido a lo anterior, el director Yerko Ljubetic ha indicado que “los esfuerzos emprendidos en materia de reparación han sido insatisfactorios”.

En esa línea, el instituto ha determinado indagar rigurosamente las medidas que ha adoptado o no el Estado respecto de las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis social, atendiendo especialmente a las recomendaciones formuladas por el INDH en sus informes, de manera de dar a conocer durante 2026 una evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades estatales relativas a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En relación con las garantías no repetición, el instituto ha sostenido que es incuestionable que la violencia de la que fueron víctimas las personas, no puede volver a ocurrir en el país y para eso se necesitan fuerzas del orden capacitadas, con pleno respeto a los derechos humanos.

Informe del Ministerio Público

Además, el director del INDH indicó que “las cifras que ha dado a conocer el Ministerio Público en su balance de lo ocurrido en el contexto de la crisis social, confirman la preocupación planteada desde el INDH a partir del resultado de nuestras propias querellas”, dijo Ljubetic.

Según recordó el director, “del total de casos investigados por el Ministerio Público relativos a violencia institucional, que fueron más de 11 mil 500, sólo en 385 se terminó con una sentencia, y de ellas sólo 219 fueron condenatorias. El resultado desde el punto de vista de establecer la verdad y la justicia es francamente insatisfactorio”, concluyó.

Es importante indicar también que, según el balance del Ministerio Público, más del 90% de las causas por delitos por violencia institucional se encuentran concluidas. Las causas vigentes representan sólo 8,8% del total, el resto ha sido objeto de Decisión de No Perseverar (3.215) o archivo (6.821).

Al respecto, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) detalló que durante la aplicación de la veda de la merluza se realizaron 41 operativos de fiscalización, de los cuales en el 63% se contó con la participación de instituciones integrantes de la Red Sustenta como Armada, Carabineros, SII y Salud. En ellos se coordinaron acciones orientadas a la difusión, capacitación y operativos conjuntos de fiscalización, en los diferentes puntos de control, tales como caletas, plantas elaboradoras, terminales pesqueros, centros de distribución minoristas entre otros, actividades que se iniciaron en la segunda quincena del mes de agosto.

Fue así que se realizó difusión en terreno en las principales regiones de venta y consumo entre Coquimbo y Biobío, además de efectuar 135 operativos de fiscalización a nivel nacional, de los cuales el 60 % fueron acompañados con la Red Sustenta, sobre 880 agentes: 312 medios de transporte; 223 comercializadoras; 227 embarcaciones; y 118 agentes donde se realizó difusión preventiva.

En total se revisaron 275 toneladas de distintos recursos, entre los que se verificó 191 toneladas de merluza común con su acreditación legal, incluyendo las más de 2 toneladas en inventario que se utilizaron para la realización del famoso encuentro porteño “Fogata del Pescador” realizado en la Caleta el Membrillo de Valparaíso. A su vez, en los operativos se incautó un total de 3,89 toneladas de merluza común por no acreditar su legalidad.

COMPROMISO PARA RESPETAR LA VEDA

Los resultados de la fiscalización durante el mes de la veda de la merluza fueron destacados por Soledad Tapia Almonacid, Directora Nacional de Sernapesca. “Los hallazgos obtenidos durante la veda de la merluza común demuestran la dedicación y el compromiso de nuestros fiscalizadores y fiscalizadoras, que trabajan en conjunto a las instituciones de la Red Sustenta, y también el compromiso de pescadores y pescadoras en el cuidado de este recurso, una de las pesquerías más importantes del país”, manifestó la autoridad.

A contar del 1 de octubre se reanudó la extracción, procesamiento, transporte y comercialización de la merluza común en estado fresco, por lo que las chilenas y chilenos ya pueden volver a disfrutar de las bondades que ofrece de la popular “pescada”, que se destaca por su alto valor nutricional debido a la cantidad de proteínas, vitaminas y ácidos grasos que contiene. “Nuestra recomendación es comprar y consumir en locales establecidos que respeten la normativa vigente, y elegir locales con sello azul de Sernapesca, de modo de apoyar la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, y el trabajo que realizan hombres y mujeres de la pesca artesanal”, agregó Tapia.

Así, la autoridad destacó los esfuerzos realizados por Sernapesca junto a la Red Sustenta para contribuir al manejo sostenible de la pesquería de la merluza común. “En Sernapesca contamos con un programa especial de fiscalización de la merluza común que se ha implementado a nivel nacional para, justamente, trabajar la situación de este recurso desde un enfoque integral, al tomar en cuenta toda la cadena de valor y con una mirada macrozonal, abarcando todo el rango de distribución de la especie, pues hemos detectado actividad ilícita organizada que se dedica al mercado ilegal, poniendo en riesgo la sustentabilidad de este recurso y el trabajo de las más de 3 mil familias que hay detrás”.

En este contexto, según datos de Ciudadanía Inteligente, en los últimos dos años el Ejecutivo ha cumplido un 31% de las promesas legislativas del programa de gobierno que lo llevó a La Moneda.

Frente a esto, el diputado UDI y miembro de la Comisión de Seguridad, Jorge Alessandri, señaló que “el Presidente Boric nos dice que, sin lugar a dudas, estamos mejor. Pero yo le quiero decir al Mandatario que él puede tener sus propias opiniones pero no sus propias cifras”.

El parlamentario hizo énfasis en que “en empleo estamos peor, en inversión estamos peor, en ahorro individual de las personas estamos peor, en déficit fiscal estamos peor, en el costo o facilidad de obtener un crédito hipotecario para la casa propia estamos peor, en seguridad estamos peor. Es verdad que la inflación de alguna manera se ha controlado gracias a que no depende del Presidente, ya que el Banco Central es autónomo, y por eso tenemos una mejor política monetaria”.

Finalmente, emplazó al Mandatario a ceñirse a la realidad del país. “Presidente, realidad y cifras, pero no sus propias sensaciones”, sostuvo.