Auditoría reveló que la Central de Abastecimiento concentró el mayor volumen de compras directas del Estado durante la administración anterior. Desde la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos aseguran que llevan años alertando sobre esta práctica y advierten consecuencias para la transparencia y la seguridad del suministro de fármacos.

Una auditoría gubernamental encendió las alarmas en el sector salud tras revelar que la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST) realizó compras por cerca de US$700 millones mediante tratos directos durante la administración anterior, convirtiéndose en el organismo público con mayor concentración de adquisiciones sin licitación del país.

La cifra no solo supera ampliamente a otros organismos estatales, sino que también reavivó las críticas de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, entidad que asegura haber advertido reiteradamente sobre esta situación tanto a CENABAST como a la Comisión de Salud del Senado.

“El número nos sorprendió por su magnitud”, afirmó Claudia Papic, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, quien sostuvo que la diferencia entre CENABAST y el resto de las instituciones auditadas “habla por sí sola”.

Según los antecedentes dados a conocer, el segundo organismo con mayor volumen de compras directas fue el Registro Civil, con US$350 millones, mientras que el tercero alcanzó US$56 millones, cifras considerablemente menores a las registradas por la central encargada del abastecimiento de medicamentos e insumos para la red pública de salud.

Alertan sobre falta de competencia y exclusión de la industria nacional

Desde la Cámara cuestionaron que adquisiciones de tal magnitud se hayan realizado sin procesos competitivos amplios y sin una consideración efectiva de la capacidad productiva instalada en el país.

Papic sostuvo que la industria farmacéutica nacional cuenta con infraestructura, conocimiento técnico y capacidad para responder a las necesidades de abastecimiento del sistema público, por lo que considera que el Estado está desaprovechando un activo estratégico para el país.

La dirigente afirmó que cuando se ejecutan compras por cientos de millones de dólares sin licitación ni competencia abierta, no solo se generan dudas respecto de la transparencia de los procesos, sino que también se pone en riesgo la disponibilidad futura de medicamentos para la población.

Temor por dependencia de proveedores externos

Uno de los puntos más sensibles planteados por la industria apunta a la dependencia de proveedores y cadenas de suministro internacionales.

Desde la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos recordaron que durante la pandemia quedaron en evidencia las vulnerabilidades asociadas a depender exclusivamente de mercados externos para el acceso a medicamentos e insumos críticos.

A juicio del gremio, la ausencia de una estrategia que fortalezca la producción nacional podría traducirse en problemas de abastecimiento, retrasos en las entregas y mayores riesgos frente a futuras contingencias sanitarias.

Piden cambios estructurales

La organización aseguró que la investigación de los antecedentes revelados por la auditoría es necesaria, pero enfatizó que el debate debe avanzar hacia una revisión profunda del modelo de compras públicas en salud.

En esa línea, plantearon la necesidad de diseñar una estrategia de abastecimiento que incorpore de manera efectiva a la industria farmacéutica nacional, fortaleciendo la seguridad sanitaria del país y reduciendo la dependencia de proveedores externos.

“La industria local está disponible para dar respuesta a las necesidades de las personas que atiende la red pública de salud”, señalaron desde la entidad, insistiendo en que una mayor participación de los laboratorios nacionales podría contribuir a mejorar la sostenibilidad y resiliencia del sistema sanitario chileno.

La auditoría incluyó a municipalidades de la región como Concón y Quintero. El informe concluye que ninguna de las 73 instituciones fiscalizadas —del Gobierno Central y del sector municipal— pudo acreditar la confiabilidad de sus estados financieros, configurando una crisis de alcance nacional.

La Región de Valparaíso aparece directamente involucrada en el Segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA N°2) de la Contraloría General de la República, que revisó los estados financieros de 73 entidades públicas entre los años 2020 y 2024. En el listado figuran municipalidades como Concón y Quintero, lo que evidencia que el desorden financiero detectado también afecta al aparato público regional.

El informe es categórico: en el 100% de los casos se aplicó la figura de “abstención de opinión”, lo que significa que la Contraloría no pudo confirmar que las cifras presentadas fueran razonables ni confiables, debido a la falta de respaldo suficiente y adecuado de los registros contables.

Las causas identificadas se repiten de forma transversal en ministerios, servicios públicos y municipios: controles internos débiles o inexistentes, inconsistencias contables no aclaradas, ausencia de análisis que explique los saldos informados y deficiencias graves en los sistemas informáticos y en los controles de tecnología de la información. Estas falencias impiden asegurar la confiabilidad de la información financiera y revelan riesgos relevantes de mala gestión, errores graves o eventuales fraudes.

La magnitud del problema es nacional. La Contraloría cifró en $15,9 billones de pesos —equivalentes a US $17.300 millones— los recursos comprometidos, monto que representa cerca de un sexto del presupuesto público proyectado para 2026. De ese total, el 91% corresponde a entidades del Gobierno Central y el 9% a municipalidades, confirmando que la crisis atraviesa todo el Estado.

Para Valparaíso, región con alta concentración urbana, demandas sociales y dependencia de servicios municipales, el informe instala una señal de alerta mayor. Aunque la auditoría corresponde a una muestra, la reiteración de las mismas falencias permite inferir que el problema podría extenderse a otras comunas de la región, afectando la gestión de recursos clave para infraestructura, seguridad, salud y desarrollo social.

La Contraloría informó que, como resultado de estas auditorías, se instruyeron 27 sumarios administrativos, 10 procedimientos disciplinarios internos y 10 remisiones de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, reflejando la gravedad institucional del escenario detectado.

El informe deja en evidencia una falla estructural en los estándares de control y rendición de cuentas del sistema público, abriendo un debate urgente sobre la necesidad de reformular los mecanismos de gestión financiera del Estado para responder con transparencia y eficiencia a la ciudadanía.