Muchas veces las personas mayores de nuestro país forman parte de amargos titulares de prensa que estremecen a la ciudadanía. Hace algunos días se anunció la clausura de una residencia clandestina en la comuna de Independencia.
Dentro del sinfín de falencias halladas, resuena fuerte la frase “administración de medicamentos vencidos”, situación que puede afectar a cualquiera que desconozca las consecuencias de esta práctica.
Los medicamentos son sustancias químicas que requieren de una serie de condiciones para asegurar su adecuado funcionamiento al momento de ser ingeridos. Imagine ¿qué podría pasar si consume un yogurt sin refrigerar durante un mes? Lo menos que podría pasar es sentir malestar estomacal.
Con los medicamentos existe una situación similar, inclusive, cada uno de ellos, incluye un documento con todas las indicaciones, contraindicaciones y reacciones que se podrían sufrir con su ingesta; dentro de estas también se encuentra el modo de conservación y fecha de caducidad.
Si esta última condición es ignorada, los fármacos comienzan un proceso de pérdida de estabilidad, y, por lo tanto, disminuye la eficacia de sus componentes. El primer riesgo asociado a esta práctica se relaciona con no alcanzar el efecto esperado. Si una persona con hipertensión arterial consume medicamentos caducados, la relación sería similar a no estar realizando el tratamiento, ya que es incierta la forma en que actúa en su organismo. En el caso de los anticonceptivos orales vencidos, aumenta la posibilidad de experimentar un embarazo no deseado.
El proceso de inestabilidad genera además la producción de elementos tóxicos, lo que, sumado a algunas variables de contaminación, da cabida a la aparición de intoxicaciones, como al aumento en la cantidad y gravedad de reacciones adversas, lo que se asocia mayormente a antibióticos.
La eliminación de estos medicamentos (sin caja ni empaque) para no usarlos es primordial para evitar cualquiera de estas complicaciones. En los establecimientos de salud y residencias establecidas es una actividad regulada que forma parte de los criterios que aseguran la calidad de atención. Mientras que, en los hogares, queda abierta la premisa a la responsabilidad personal para evitar este tipo de daños.
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